Crónicas insumisas

Es necesaria la limitación y el control de armas

Tica Font
Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Existe la tendencia de asociar el comercio de armas con otros como el de las drogas. Los estupefacientes, a diferencia de las armas, son productos ilegales, tanto en su fase de producción y de distribución como en su fase de consumo. Las armas, a diferencia de las drogas, se producen legalmente en empresas constituidas y dotadas de personalidad jurídica. Una vez producidas, pueden venderse legalmente a personas, a empresas o a los cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, tenemos un mercado legal de armas que está regulado por ley. Puede pasar que la legislación impida que una persona o un grupo (insurgente) no cumpla con las condiciones que exige ésta para adquirir armas y por ello no puede comprarlas legalmente. Así pues, existe un mercado ilegal o mercado negro. Tanto en el comercio de armas como en el de drogas hay que diferenciar entre la valoración moral y ética de estos mercados y la legalidad de los mismos.

Cuando el destino de las armas son las Fuerzas Armadas de un país distinto al que las produce, la ley Europea o Posición Común establece que no se venderán a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, que no condenan el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar delicado. En estos casos, aunque el comprador tenga personalidad jurídica, no estará permitido autorizar ni llevar a cabo la venta. En la práctica, las razones geopolíticas pueden anteponerse al cumplimiento de la ley y el gobierno del país productor puede autorizar exportaciones que vulnerarían el espíritu de la normativa.

Cuando el comprador es un grupo terrorista, un grupo insurgente o un grupo opositor armado, la legislación prohíbe vender armas a estos colectivos, con lo cual tendrían que acudir al mercado ilegal o mercado negro para conseguir las armas que desean adquirir para usarlas en su lucha.

La Posición Común, la ley que rige a los 28 miembros de la UE, contempla solamente el comercio y/o exportación de armas que pueden ser utilizadas por las Fuerzas Armadas, dejando fuera del marco normativo de esta ley la tenencia y uso de estos objetos por parte de particulares. El nuevo Tratado sobre Comercio de Armas, amplia su ámbito que queda sometido al mismo de las armas cortas y ligeras.

Tanto la Posición Común, la ley española sobre la exportación de este armamento y el Tratado sobre Exportaciones de Armas abordan solo el comercio internacional. Las leyes que regulan la venta y la tenencia y uso de éstas por parte de particulares queda regulado por la legislación de cada país.

En el caso europeo, este mercado interno de compraventa no está regulado. En cada país, el abanico de armas que se pueden comparar en una armería y los requisitos exigibles al comprador (edad, uso, pruebas psicológicas, etc) no están armonizados. Además, parece que costará llegar a acuerdos comunes que limiten este negocio al que pueden acceder los ciudadanos.

Lo que ha sucedido en Orlando es grave, muy grave. El debate en Estados Unidos es el de limitar las armas, ciertas armas, las armas automáticas a los ciudadanos. El problema radica en que los norteamericanos consideran que la seguridad es un tema personal, no público, y que cada persona tiene que responsabilizarse de la seguridad de su familia.

En el caso europeo, el tema es más fácil. La seguridad es una cuestión de Estado, ya que es éste quien tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. Ahora bien, de manera esporádica se han dado casos de personas que han tenido acceso a la compra de armas y éstas han sido utilizadas para venganzas masivas. En la Unión Europea, el tema hay que centrarlo en evitar el acceso a grupos radicales o yihadistas. El reto radica en reducir las categorías o tipos de armas a las que puedan acceder los ciudadanos y los controles médicos y policiales periódicos a los que hay que someter a aquellos que posean armas en sus casas.

Está comprobada la relación directa de tenencia de armas y muertes por impacto de las mismas. Cuantas más armas hay en manos de los ciudadanos, más víctimas por esta causa se producen. La mejor manera de prevenir estas muertes es impedir que las personas tengamos armas en casa.

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