En cierto modo, Reino Unido se siente atacado en el extranjero tras sus peores revueltas de las últimas décadas. Titulares como los leídos en el Pravda ruso, que rezaba 'Revueltas de Londres: ¿Justicia divina?', o que hayan corrido ríos de tinta en la prensa internacional cuestionando la seguridad de los Juegos Olímpicos de 2012 no han agradado en absoluto. Pero sin duda, lo que más escuece en la isla es ver cómo dirigentes del Partido Comunista chino se congratulan por los disturbios sugiriendo un "ya te lo dije" al sostener que éstos son los frutos amargos que se recogen cuando se concede tanta libertad en internet y las redes sociales.

El ministro de Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparast, ha lanzado un mensaje de moderación al Gobierno de Cameron y Scotland Yard, invitando al diálogo con los violentos y sugiriendo que sea una organización independiente quien investigue la muerte de Mark Duggan, "para proteger los derechos y libertades". Y esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Reino Unido no está dispuesto a recibir lecciones de países como Irán, cuyo respeto por los Derechos Humanos (DDHH) está en continua cuestión por las principales organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch a Amnistía Internacional.

No han caído nada bien estas declaraciones. En absoluto. Pero más allá de quién las realiza, ¿son acertadas? Diría que no, al menos del todo, pues hasta el momento la actuación policial en Londres y el resto de las ciudades no ha destacado por su dureza, incluso en algunos focos la propia ciudadanía ha reclamado una mayor contundencia. A pesar de ello, la última jornada se saldó, sobre todo en la capital, con mejores resultados de lo esperado: 16.000 policías desplegados tienen mucho que ver en ello. Respecto a la transparencia en las investigaciones por la muerte de Duggan, hasta la fecha no es cuestionable: la comisión encargada ha hecho público el informe de la autopsia, que revela que la bala alcanzó al joven en el pecho, y ha confirmado que éste no disparó y que el proyectil que impactó en la radio de un agente y que inicialmente se le atribuía a él procede, en realidad, de la propia policía. Las pequisas continúan para esclarecer por qué murió Duggan.

Pero ¿hay motivos para dudar de la transparencia de Scotland Yard? La verdad es que sí. Basta recordar la muerte de Menezes en 2005, el joven brasileño tiroteado en el metro por agentes de la policía al confundirle con un terrorista. Dos años más después de su muerte, los informes de la Comisión Independiente de Quejas a la Policía (IPCC), encargada ahora del caso Duggan, revelaron que Scotland Yard gestionó de manera deficiente lo sucedido con Menezes, mintiendo a la opinión pública. Antecendetes como éste y, más recientemente, la dimisión de su jefe Paul Stephenson por su presunta implicación en el caso de escuchas ilegales de News of the World, no son precisamente la mejor hoja de servicio. A pesar de ello, encargar la investigación a un organismo independiente abriría un peligroso precedente que no haría sino cuestionar gravemente la justicia británica.

Si bien es verdad que Reino Unido no es la imagen de una sociedad perfecta -prueba de ello y de que el Gobierno de Cameron hace aguas en algunos frentes son las propias revueltas-, no es menos cierto que se trata de una democracia madura con procedimientos perfectamente engrasados para que se haga justicia. ¿Pueden países como Irán permitirse el lujo de dar consejos de moderación y respeto de los DDHH a otros paises? Sí, porque todos los países, sean del continente que sean, tienen parcelas que mejorar en este campo. Lo que sucede es que el peso específico de esos consejos no es el mismo en todos los casos, aunque siempre escuecen para quien los recibe, como hemos visto sobradas veces al criticar gobiernos como el estadounidense, el venezolano, el chino o, ahora, el británico.