El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, parece haberse marcado el objetivo de recuperar valores y acciones pretéritos, no sólo en su área de competencia, Interior, sino más allá de las fronteras españolas. Si cuestionables eran sus "forzamientos del ordenamiento jurídico" para retener a activistas de los movimientos sociales o su reforma del Código Penal, que prácticamente eleva a la categoría de terrorista al manifestante que haga una sentada pacífica, ahora arremete en política internacional con el conflicto de Gibraltar.

La semana que viene se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores español y británico. Abordarán, sin duda alguna, la cuestión de Gibraltar. Fernández Díaz, en lugar de aguardar a entonces, lanzó ayer duras e irreflexivas declaraciones advirtiendo que "España no va a aceptar humillaciones ni intimidaciones", declaraciones que hoy recoge toda la prensa británica.

Este bombardeo del ministro del Interior en la diplomacia internacional refleja su amplío desconocimiento de la materia. En la cuestión de Gibraltar y, sobre todo, en el tema de la jurisdicción de sus aguas, nadie y todos parecen tener razón en espera de que alguien lo resuelva internacionalmente. Dicho de otro modo, todos barren para casa con sus argumentos si bien el arranque del conflicto es el artículo X del Tratado de Utrecht que indica que "el Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno".

Dicho esto, y simplificando la polémica en lo que a las aguas se refiere, España asegura que se cedió Gibraltar y su puerto pero no sus aguas. Reio Unido, por su parte, reclama 3 millas marítimas de aguas (Territorial Waters Jurisdictional Act) al sostener que "el hecho de que solamente el puerto de Gibraltar fuera cedido sin ninguna mención a una cesión de aguas territoriales es irrelevante, ya que es una posición mantenida desde hace tiempo que una cesión de territorio automáticamente conlleva la cesión de las aguas territoriales a menos que lo contrario se haya establecido específicamente".

Paralelamente, elartículo 15 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 apunta que cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial mas allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. Juzguen ustedes.

Y mientras, Fernández Díaz mandando a la Guardia Civil -frente a la Royal Navy, es decir, barcos de 18 metros de eslora con armas ligeras frente a los británicos de 70 metros de eslora,con carro de combate Leopard y metralladoras de 120 milímetros-, para escoltar a los pesqueros que, en lugar de esperar a notificación oficial se atreven a faenar "para ver si los ingleses han cambiado de opinión". Dada la escalada de tensión, parece más sensato, tengan o no razón en su reivindicación de las aguas para faenar, esperar a notificación oficial antes que dar alas a la Royal Navy a considerar la incursión como una clara provocación.

Veremos cómo se suceden los acontecimientos. No olvidemos que desde hace diez días, el nuevo embajador de España en Londres es Federico Trillo... y ya vimos qué talante tiene en el asunto Perejil.