En los últimos meses venimos siendo testigos de diversas sentencias que ponen en evidencia a políticos del PP. Me refiero a esas decisiones judiciales que confirman lo que para buena parte del pueblo es una evidencia cristalina desde hace mucho tiempo: los Gobiernos del PP, ya sean locales, autonómicos o central, vulneran derechos constitucionales de los ciudadanos.

La última sentencia carga contra el ayuntamiento de Salamanca al que, al parecer, no termina de gustarle que los ciudadanos convoquen con carteles manifestaciones de protesta y les multan por ello. En esta misma línea se encuentra la campeona de la represión, Cristina Cifuentes, que acumula varias sentencias en contra por haberse extralimitado en su estrategia del miedo contra el pueblo llegando, incluso, a impedir el derecho de reunión.

Llegados a este punto, uno se pregunta por qué en casos como los referidos se juzga a los organismos que representan estos políticos en lugar de ser ellos mismos quienes se sienten en el banquillo. A fin de cuentas, son ellos y sólo ellos los que tienen la responsabilidad última. ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos las costas de unos juicios que, en realidad, condenan a quienes nos quisieron amedrentar pisoteando la Constitución?

La verdad es que el castigo que reciben sujetos como Cifuentes se reduce a la frustración de no haberse salido con la suya y la imagen pública de, como poco, ser antidemócratas. Eso es todo, incluso, en casos en los que la conducta fascistoide se produce de manera reiterada como sucede con la delegada de Gobierno en Madrid.

Dicho de otro modo, se van de rositas aún cuando cometen lo que, a mi entender, es uno de los peores delitos a su alcance como representantes del pueblo que son: atentar contra la libertad de quien es fuente de la soberanía y el poder del que ellos hacen gala, es decir, el pueblo. Hay pocas acciones menos democráticas que tratar de amordazar e intimidar la voz de la ciudadanía y eso es, precisamente, lo que en repetidas veces -diría que de forma sistemática- hacen personajes como Cifuentes.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues el camino ha venido marcado por la perversión que el propio Gobierno de Rajoy ha hecho de la política. Si uno de los principios básicos de la democracia consiste en escuchar y atender constantemente al pueblo que se gobierna, Rajoy y los suyos han convertido esta máxima en la última de sus prioridades, llegando incluso a tratar de eliminarla por la fuerza.

Y es que este tipo de políticos actúa desde el convencimiento de ser el jefe, el dueño y señor de todo un país. No resulta difícil imaginárselos teniendo sueños húmedos al creerse poderosos con todo un pueblo a su servicio cuando, realmente, son ellos nuestros empleados. Por este motivo resulta crucial, hoy más que nunca, conseguir que estos sueños húmedos se conviertan en su peor pesadilla, volviendo contra ellos mismos su estrategia del miedo. Dado que hoy por hoy la justicia parece estar de su lado aún cuando falle en su contra, es labor del pueblo poner en jaque a quienes bajo el maquillaje de la democracia no esconden más que el rostro de la dictadura.

Cueste lo que cueste, porque siempre será una ganga comparado con seguir bajo el yugo.