Ayer, como sólo la cobardía aconseja, el Gobierno eludía registrar en el Congreso una proposición de ley para reformar la actual legislación del aborto y prefería hacerlo a través del Grupo Popular. Debió salir escaldado el año pasado, cuando en noviembre el Consejo de Estado tiró por tierra sus planes de modificar la ley mediante un rodeo legislativo con una ley de infancia. Sea como fuere y en pleno año electoral, los de Rajoy están decididos a contentar a su ala más dura, obligando a las jóvenes de 16 y 17 años a contar con el permiso de sus padres o sus tutores para poder abortar.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, manipulaba la información ayer mismo al asegurar que "se trata de garantizar que los padres acompañen a las niñas". Se equivoca, lo que hace su propuesta es imponerlo, independientemente de las circunstancias personales de las mujeres. Ello puede llevar a que una joven, a la que la legislación vigente no obliga a abortar, sí sea obligada a dar a luz por las creencias religiosas de sus padres o por situaciones derivadas de familias desestructuradas -que el austericidio del PP ha incrementado- con violencia o alcoholismo de por medio.

Así las cosas, de nuevo incumple el PP su programa, porque no parece que ésta propuesta "proteja especialmente a las mujeres embarazadas que se encuentran en situaciones de dificultad", más bien al contrario, agudiza su dramática situación. Por otro lado, ni siquiera contenta a su ala dura, puesto que ayer algunas de las organizaciones bautizadas como 'pro-vida' calificaron la proposición del PP de "tomadura de pelo" y reclamaron "castigo electoral" para los de Rajoy.

Llegados a este punto, ¿en qué se basa el PP para querer imponer su voluntad a las mujeres? En nada, más allá de sus creencias. Como sucede cada vez que las estadísticas estorban, los populares se las quitan de en medio. Lo vimos cuando intentaron privatizar la Sanidad alegando que la gestión privada era más rentable y de mayor calidad que la pública y no aportaron una sola cifra que avalara tal afirmación... lo hemos visto más recientemente cuando, después de más de un año, el ministerio que lidera Alfonso Alonso no había movido un dedo para censar a los enfermos de Hepatitis C en España. Lamentable.

Ahora, si uno acude a las cifras oficiales de interrupciones voluntarias del embarazo puede comprobar que el Gobierno no tiene ni idea del número de mujeres de 16 y 17 años que abortan, pues las agrupa en menores de 15 años y, a continuación, de los 15 a los 19 años. Lo que uno sí puede comprobar es que desde que tuvimos en España un año completo con la ley de plazos en vigor en 2011, el número de abortos ha caído en más de un 8%.

Dado que el Gobierno no facilita datos, para saber cuántos abortos se practican en jóvenes de 16 y 17 años hemos de acudir a informes como el que presentó a finales de 2014 la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Datos fiables, por otro lado, porque en nuestro país y según el propio ministerio de Sanidad, más del 91% de los abortos se realizan en clínicas privadas. Pues bien, este informe revela que el número de interrupciones voluntarias del embarazo entre mujeres de 16 y 17 años no sólo es bajo (tan sólo un 3,60% del total) sino que, además, de ese escaso número casi el 88% lo hace con el consentimiento de sus padres. Es decir, que el PP quiere cambiar una ley que no afectará a 9 de cada 10 jóvenes que abortan y a la que afecta, lo hará muy negativamente, condenándola en muchos casos a las clínicas clandestinas poniendo en peligro su vida.

Todas estas cifras no las escucharán en boca del PP y mucho menos del Gobierno. No interesa, no forma parte de su realidad, que moldean a placer para adaptarla a sus fines particulares. Y tanto la han manipulado, que se les escurre entre los dedos, adentrándose cada vez más en el fanatismo y la represión que, a buen seguro, se volverá en su contra.