Dos años de cárcel para David Bollero

Permítanme que roce la vanidad titulando así este artículo. Si hablo de mi persona, no es por presunción, sino por creer que, en esta ocasión, represento a much@s periodistas anónimos que padecen situaciones similares, cuya labor informativa se ve amenazada en uno de los ámbitos en los que más periodismo con mayúsculas se realiza: la prensa local.

Pena de dos años de prisión, por el delito continuado de calumnias, y subsidiariamente pena de multa de 14 meses a razón de 150 euros diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, por el delito de injurias”. A ello habría que sumar, además, una indemnización de 90.000 euros por la vía de responsabilidad civil por otro delito de injurias.

Esta es la pena que solicitaba para mí, en la querella criminal que me interpuso, José Mª Gómez Muñoz, concejal del Partido Andalucista (PA) del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Dicho de otro modo, parece como si Gómez Muñoz estimara su honor en encarcelar dos años a un periodista y obligar al pago de cerca de 200.000 euros.

Afortunadamente, tanto la Fiscalía como el juez instructor no son de esa opinión. El fiscal solicitó el archivo de la querella “por no tener fundamento jurídico alguno” y fue muy claro al manifestar que “se ha acreditado la certeza y veracidad de los hechos expresados en sus medios de comunicación [en referencia a mi web de información política local y al periódico local en papel que confundé hace un año], y además es su deber informar a la ciudadanía de unos hechos de interés y relevancia política”.

Por su parte, la setencia del juez es, sencillamente, demoledora, acordando “el sobreseimiento libre de las actuaciones al no ser los hechos constitutivos de delito”. En referencia a lo que recogía una de mis informaciones, en las que explicaba cómo había modificado unos documentos internos de la Intervención municipal este concejal, reprobado dos veces por dos corporaciones distintas, el juez indica que “constituye una auténtica aberración pretender el querellante obtener el auxilio judicial cuando no justifica ni antes ni ahora las razones de haber cercenado parte del documento que exhibió públicamente en un Pleno del Ayuntamiento, ya que ni siquiera justificó  razonablemente ante el mismo el hecho de haber cercenado el documento”.

Libertad de prensa

Año a año, España baja escalones en el ránking de libertad de prensa. Esto no sólo se debe a leyes restrictivas como la polémica Ley Mordaza, sino que también es consecuencia de la intimidación, de las presiones de todo tipo que recibimos los periodistas. Las querellas criminales son una de estas armas que, en muchas ocasiones, emplean quienes entienden la política como una instrumento al servicio de su interés personal y no del servicio público.

Lo cierto es que el hecho de que un concejal, que fue expulsado del Partido Popular y en esta misma legislatura ha sido cesado fulminantemente del equipo de Gobierno por lo que sus compañer@s consideraron “deslealtades” y “chantaje”, deseara encarcelarme durante dos años y obligarme al pago de unas cantidades que no ganaré en toda mi vida, no ha conseguido intimidarme. Todo lo contrario, me ha dado alas para seguir con mi labor informativa, la misma que ha ratificado la Justicia.

La querella y los propósitos que con ella tenía Gómez Muñoz han logrado que, no sólo yo, sino que la ciudadanía tenga una imagen aún más precisa de su verdadera naturaleza. Que cada cual extraiga sus conclusiones… porque las mías, incluso, trascienden a este edil…

Y alcanzan al Partido Popular. A pesar de que la setencia del juez expone que “la propia nota del Partido Popular ya reflejaba que trabajadores del EMMSA [Empresa Mixta de Medio Ambiente del Ayuntamiento coparticipada con FCC] les han avisado de que les exigían donar tres mil euros a una asociación impuesta por el Concejal de Medio Ambiente que en ese momento era José María Gómez”, los populares no se prestaron a declarar como testigos de mi defensa.

En realidad, no hizo falta, pero antes de saberlo y cuando armaba mi defensa, consulté con el PP si declararían, dado que ellos mismos habían denunciado en nota de prensa estas presuntas irregularidades e, incluso, su número uno, Francisco Salado (también vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga), había asegurado en un Pleno municipal tener diversas grabaciones de empleados de EMMSA denunciándolo.

Se negaron. ¿Por qué? Porque negociaban en esos momentos la moción de censura -que finalmente prosperó y les ha devuelto a la alcaldía- con Gómez Muñoz. Desde mi punto de vista, antepusieron sus opciones de llegar al poder en compañía y con el apoyo del que ellos mismos habían denunciando públicamente; eso, era más importante que aportar su granito de arena a mi defensa.

Así pues, esta querella nos ha puesto a todos en nuestro sitio. A Gómez Muñoz como sujeto que debe aceptar que la prensa libre informe de sus actuaciones, aún cuando éstas pudieran no dejarle en muy buen lugar, siempre y cuando, como era mi caso, dé “a conocer lo acontecido de forma veraz”. Es hora de que las personas encajen que no somos quienes lo contamos quienes las deshonramos, sino que son sus propios actos los que lo hacen.

Al PP como formación carente de honestidad, al menos, en lo que a libertad de prensa se refiere, omitiendo su deber moral de defender la verdad con tal de que ésta no dinamitara una moción de censura… aún cuando eso podía privar de libertad a una persona durante dos años.

Y a mí mismo, que me reafirma en mi compromiso con la información, con dar a conocer todo lo que l@s de arriba no quieren que contemos, a conseguir que quienes nos leen se interesen por los hechos que les han sido ocultados previamente… En definitiva, me estimula aún más a seguir siendo un personaje incómodo para algun@s en Rincón de la Victoria y más allá y, con esta sentencia judicial,  confío en que también estimule al resto de mis colegas, sobre todo, en sus horas más bajas.