La prisión permanente como venganza

David Bollero

Coincidiendo en el tiempo con el juicio por el asesinato de Diana Quer, ha vuelto a cobrar fuerza el debate sobre la cadena perpetua, disfrazada convenientemente por el Partido Popular como ‘prisión permanente revisable’. No sólo eso, sino que los de Rajoy quieren aprovechar la coyuntura para extender la lista de delitos susceptibles a contar con este tipo de penas. Legislar en caliente siempre es un error; hacerlo, además, guiad@s por la venganza y el revanchismo, es una atrocidad.

En torno a la cadena perpetua se han escuchado muchas mentiras para no admitir lo que en realidad es: el deseo de que una persona se pudra en la cárcel. Se ha faltado a la verdad, incluso, por parte del padre desolado de Diana Quer, lo que sin duda no ayuda a hacer las cosas correctamente. Juan Carlos Quer, en una emotiva entrevista de radio, promocionaba su campaña de recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable. Lo hizo mintiendo, asegurando que el resto de padres y madres que han sufrido una tragedia de este tipo y que se suman a esta iniciativa no habían pertenecido ni pertenecen a ningún partido político.

De este modo, quería despolitizar su campaña, pero el hecho es que el segundo de abordo, Juan José Cortés -padre de la asesinada Mari Luz Cortés- es un hombre PP. El que ahora es ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lo nombró cargo de confianza cuando era alcalde de Sevilla. Con anterioridad ya había contado el PP con él para la reforma del Código Penal y, de no haberse visto implicado en un tiroteo, quizás habría ido en lista del PP de Huelva en 2011 (él se ofreció, tanto para Senado como para Congreso).

La cadena perpetua que tenemos en vigor en España entró en vigor gracias al voto a favor del PSOE. Fue el precio que tuvo que pagar para que Pedro Sánchez se hiciera su fotografía de precampaña electoral firmando un cosmético Pacto Antiyihadista. Iba todo en un pack y los socialistas, venidos a menos, pasaron por el aro.

Ahora nos encontramos con una prisión permanente revisable que atenta contra nuestra propia Constitución y su artículo 25.2 que establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Nada dice la Carta Magna de la venganza o el revanchismo. Si cuando entró en vigor en 2016, sin ningún tipo de debate político o social, ya hubo un firme rechazo por parte del Consejo General de la Abogacía Española, buena parte de l@ catedrátic@s de Derecho Penal y las organizaciones de Derechos Humanos (DDHH), ahora se suman, incluso, el funcionariado de prisiones.

Mantener una cadena perpetua es convertir las prisiones en meros almacenes de personas deseperanzadas, nos sitúa a un paso de la pena de muerte y, en todo caso, nos hace retroceder, una vez más, en el camino hacia una democracia madura y moderna.