El último Real Decreto del confinamiento contempla medidas para paliar la pérdida de empleo de las empleadas del hogar, a las que no se les está permitido hacerse autónomas. Sin embargo, el subsidio que recoge el decreto, deja fuera a cientos de miles de personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social y sobre las que l@s empleador@s tienen una responsabilidad, no sólo legal, sino moral. Por ello, aunque no acudan a su casa a trabajar, deben pagarles su sueldo; así debería ser, de lo contrario, no sean tan cínic@s de hablar de solidaridad en tiempos de pandemia.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA, en nuestro país hay cerca de 580.000 empleadas del hogar. Sin embargo, si acudimos a los datos de la Seguridad Social, el número de altas en el sistema especial que se creó para este colectivo no llega a 395.000: es decir, que más de un 32% de las empleadas del hogar vive de la economía sumergida.

En lugar de pensar que se trata de unas espabiladas que cobran en negro, deberíamos mirar en la otra dirección: las personas empleadoras. Ellas, incluso si reciben un servicio por horas y éstas son inferiores a 60 al mes, están obligadas a formalizar por escrito su relación con la trabajadora y, en caso de que termine la relación, es quien tiene que comunicar la baja, aunque haya sido la empleada la que realizara el papeleo de alta y se encargara del pago de las cuotas.

Para las casi 200.000 mujeres (porque es un trabajo feminizado) no ha habido bajas, sencillamente, porque no hubo altas. Vivían en la economía sumergida porque, en muchos casos, les resultaba mucho más cómodo a sus empleador@s que, de un modo un otro, se aprovechaban de la precariedad en que viven las empleadas del hogar.

Cortar ahora de golpe sus ingresos, abandonarlas a su suerte sin subsidio, después de haberlas condenado -en contra de lo que dicta la ley- a subsistir de la economía sumergida, sería ruin. Este no pretende ser un artículo incriminatorio, aunque evidentemente haga sentir culpables a un buen puñado de personas. Este artículo es una llamada a la reflexión, a que ahora quienes pagaban en mano y si te he visto no me acuerdo recapaciten sobre los efectos de esa relación ilegal, de cómo deja en la estacada a esas buenas personas que, posiblemente, llevan años cumpliendo diligentemente con sus tareas.

Esas empleadas del hogar que se han quedado al margen, que ya lo estaban en gran medida porque sus empleador@s así lo deseaban, merecen otra cosa. Todo el tiempo que nunca dedicaron a pensar en el modo en que habían formalizado la relación con su empleada del hogar es el que les pido ahora que inviertan a lo que pueden hacer por ellas, a que esos 20 o 40 euros a la semana que venían pagando a esas mujeres, sigan ingresándose en su cuenta, a que no sean cómplices activos de su miseria (más aun, aunque antes no le dedicaran gran cosa a pensarlo, si es que alguna vez lo hicieron).

El lunes pasado fue el Día Internacional del Empleo Doméstico, pero sus trabajadoras, incluso las regularizadas, tienen poco que celebrar. Su régimen especial es un auténtico despropósito, con despidos sin causa, sin derecho a paro, en contra de lo que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y si ellas, regularizadas, tienen poco que celebrar, imaginen las que no lo están.

En su mano está, empleador@s, materializar la solidaridad que aplauden, de la que hablan tanto estos días y, cuando todo esto haya pasado, plantearse si están haciendo las cosas como es debido o son una pieza más del puzzle de precariedad e injusticia social que en esta pandemia muestra su cara con total brutalidad.