Hoy son las elecciones presidenciales en Egipto, un país en donde si ha quedado algo patente es que la transición que no ha habido en la política sí se ha producido en la sociedad, al menos en términos de descontento, de protesta, de lucha contra el autoristarismo. Pero, ¿es real esta transición social o sólo un espejismo? Cuando menos, podemos hablar de dudas al respecto.
Los 50 millones de electores que están llamados hoy a las urnas podría votar como su presidente a Abul Futuh, un ex Hermano Musulmán (expulsado en 2010 cuando anunció su candidatura), médico jubilado de 61 años y defensor de la sharía. Este musulmán moderado se presenta como independiente y, siempre jugando con un lengua político flexible para unos, con la demagogia para otros, ha calado en buena parte del tejido social. Entre sus promesas, que la mitad de sus altos cargos sean ostentados por jóvenes. ¿Es Abul Futuh un clavo ardiendo?
Si repasamos el proceso electoral, vemos que hasta hace poco, cuando la Alta Comisión para las Elecciones Presidenciales decidió expulsarle, uno de los candidatos era Omar Solimán, ex jefe de los servicios secretos y vicepresidente con el dictador -sin el ‘ex’, porque será dictador hasta el día que se muera- Mubarak. Y adivinen, en abril según los sondeos -poco fiables, pero los únicos que manejamos-, con un 38% de indecisos declarados, Solimán era el virtual ganador con un 20% de los votos. Dice poco sobre una transición social.
Expulsado Solimán -y otros nueve candidatos-, comprobamos cómo el segundo y tercero con más opciones de ganar las elecciones tras Abul Futuh son ex ministros de Mubarak. ¿Qué legitimidad pueden tener? En realidad, si son elegidos, toda, pues lo habrán sido por la vía democrática. Moralmente, ninguna. Pero la democracia es así de engañosa: Solimán aseguraba que Egipto no está preparada para la democracia pero no dudó en presentarse a las elecciones; en Occidente a otros líderes, incluso, presidentes de Gobierno, se les llena la boca de democracia y luego no la ponen en práctica.
Salga quien salga, el 1 de julio tendrá que asumir responsabilidades y afrontar varios retos: el primero, la transferencia de poder desde el SCAF (Consejo Supremo de Fuerzas Armadas); el segundo, la redacción y puesta en práctica de una constitución que se está haciendo esperar con una asamblea constituyente compleja. Y todo ello con la amenaza disfrazada de apoyo y diplomacia de las interferencias de Occidente.
La polémica por la cancelación de última hora del viaje de la reina Sofía a Londres con motivo de los actos de celebración del 60 aniversario del reinado de Isabel II no se ha hecho esperar. ¿El motivo? Las recientes tensiones en torno a Gibraltar y la prohibición a los pesqueros españoles de faenar en aguas gibraltareñas. En menos de 48 horas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo -que no pierde ocasión para apuntar que un cuadro del Peñón preside su despacho- pasó de calificar el viaje de “privado” y, por tanto, sobre el que el Gobierno no tenía opinión, a desaconsejar su realización.
Parte de las tensiones diplomáticas venían, a su vez, por otro viaje privado sobre el que el Gobierno británico tampoco tiene nada que opinar, según su ministro de Exteriores: el viaje a Gibraltar programado en junio del hijo menor de la reina (y conde de Wessex) con motivo del Jubileo real. Un viaje sobre el que la semana pasada el Gobierno español se quejó formalmente al embajador británico en Madrid. No sé si citó también oficialmente (públicamente sí lo ha hecho) su malestar por el hecho de que la banda de música del Regimiento de Gibraltar toque en Londres durante el Jubileo.
¿Cuál es la situación a pie de calle? Sinceramente, los ingleses vieron con peores ojos que los reyes no vinieran a la boda del príncipe Carlos y Lady Di en 1981 -por razones similares- que esta ausencia de la reina Sofía que, por cierto, es tataranieta de la reina Victoria. La prensa británica ha cargado un poco más las tintas contra el “desaire” de la reina española y todos los medios aprovechan la ocasión para hablar de un tercer viaje privado -sobre el que ni Gobierno, ni PP, ni PSOE tuvieron opinión, aunque sí sobre las posteriores disculpas-: el del rey cazaelefantes a Bostwana, en el que se rompió la cadera, por lo que con anterioridad ya había declinando la invitación de Londres.
En realidad, Gibraltar ni siquiera es un asunto menor para los ingleses, sencillamente, no es un asunto. Eso es un hecho y algo me dice que para buena parte de los españoles ya tampoco lo es. Puestos a preocuparse por antiguos territorios, España debería mirar quizás al Sáhara Occidental, del que sigue siendo oficialmente la potencia administradora según el Derecho Internacional. Allí, en los territorios ocupados, Marruecos continúa deteniendo ilegalmente a 22 presos saharauis desde octubre de 2010, cuando se desmanteló violentamente el campamento de Gdeim Izik, y permanecen sin ni siquiera fecha de juicio. Ese sí parece un tema para activar la diplomacia, pero España guarda silencio.
En realidad, los distintos Gobiernos españoles que han pasado por Moncloa siguen empeñados en negar un derecho esencial como es el de la autodeterminación de los pueblos. Lo hace con el Sáhara Occidental permitiendo que se vulnere sistemáticamente ese derecho al pueblo saharaui y lo hace con Gibraltar, negando la propuesta de Reino Unido de que sean los gibraltareños quienes decidan su destino.
Mañana se celebra el aniversario del 15M (aunque realmente sea el martes que viene), un movimiento ciudadano espontáneo que no sólo convulsionó a España, sino al mundo entero, dando lugar a otros similares como Occupy London. La celebración del primer año de esta indignación colectiva cumplirá varios cometidos. En primer lugar, insuflar nuevas fuerzas a la revolución social –que no resucitar, porque nunca murió-, pues en los últimos tiempos ha sufrido como ninguna otra el asedio institucional del Gobierno -con el ministro Fernández Díaz a la cabeza-, y la represión –en ocasiones brutal- por parte de la Policía.
En segundo lugar, la manifestación global que tendrá lugar este sábado servirá para poner de manifiesto que ni los recortes salvajes, ni los “forzamientos del ordenamiento jurídico” por parte de Interior, ni la explotación laboral legalizada, ni la destrucción de la Educación pública gratuita y de calidad han sido ni serán suficientes para acabar con el 15M. Más bien al contrario, le da alas para que el movimiento antisistema se contagie, se extienda todo el país, por todo el continente, sembrando el miedo entre quienes sostienen un sistema que se desmorona por los cuatro costados y cuyas reuniones se blindan ahora con cordones sanitarios de tufo militar.
Justo tres meses después de que tuviera lugar el desalojo, aquí en Londres la cita es mañana a las 13:00 horas en la plaza de la Catedral de St. Paul’s y, como sucede con su progenitor, el 15M español, la sombra de una nueva acampada sobrevuela sobre la City. De hecho, los Occupiers ya han aconsejado vía Twitter que quienes acudan a la Catedral lo hagan provistos de tienda de campaña y, al igual que en España, los sectores más conservadores de la política ya han puesto el grito en el cielo, exigiendo que tanto la Policía de la City como las autoridades de la Catedral estén a la altura para evitar una nueva acampada. Quizás, si realmente estuvieran a la altura, la permitirían.
Mañana se manifestarán cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos por todo el mundo, unidos por una causa común, o por mil causas comunes, como lo quieran ver, pero un mismo enemigo: el actual sistema, la dictadura del capital. Y, paradójicamente, a pesar de tamaño clamor popular, tanto quienes dicen gobernar –aunque son en realidad gobernados- como quienes gobiernan realmente, no sólo harán oídos sordos sino que, además, tratarán por todos los medios de acallar esos millones de voces. Y a ese acto tan irresponsable, tan extraordinariamente inmoral, le aplicarán una fina capa de Democracia. Puro maquillaje, pues los actos de mañana tienen más de fiesta democrática que las mismas elecciones cuyos índices de participación cada vez son más pobres. Dicho de otro modo, mañana serán muchos los poderosos que pretendan defender la Democracia, precisamente, atacándola en su línea de flotación.
Definir qué es y qué no es el 15M es complicado, muy complicado, aunque un grupo de personas, como usted, como yo, como cualquiera con el que uno puede sentarse en el metro, ha tratado de plasmarlo en un documento. Su resultado, de acceso libre y gratuito en Google Docs y en ISSUU, es una prueba más de cómo la unión hace la fuerza, de cómo el 15M continúa rompiendo el aislamiento y la división a la que nos quieren someter los mercados a través de sus ejecutores políticos para perpetuarse en lo alto de la pirámide. Acabemos con esa pirámide.
Santiago Alba lo explicaba muy bien en uno de sus últimos artículos publicados en Diagonal: “en las situaciones de crisis, no son los datos sino la atmósfera lo que cuenta” y, definitivamente, el 15M “ha modificado la composición del aire”. Y seguirá haciéndolo.
Uno podría dejarse llevar por el título de este post y pensar que son los españoles quienes necesitan a Rajoy. No es el caso. Es Merkel quien parece que se lo arrimará -ni siquiera será ella la que se arrime al líder del PP-, más por necesidad que por gusto. Que Merkel no se fía un pelo de Rajoy es un hecho y la mejor prueba de ello son los constantes bandazos e incumplimientos de promesas electorales que nuestro presidente se está viendo obligado a ejecutar para pelar la pava a la alemana. Nada parece ser suficiente, no obstante.
Mientras, Merkel ve peligrar su dictadura de austeridad con la presumible caída de Sarkozy y el ascenso de Hollande en Francia, dispuesto a liderar la revuelta pro-estímulo en Europa. Una revuelta, por otro lado, cada vez más apoyada por los diferentes organismos, instituciones y Premios Nobel de Economía. Caído el apoyo de Sarkozy, ¿qué le queda a Merkel? Cameron hace tiempo que está fuera de juego con su euroescepticismo y ni siquiera Monti le sigue ya el juego, reclamando más medidas de estímulo… y, así las cosas, Rajoy es el premio de consolación.
Rajoy, mientras, oposita con todas sus fuerzas al reemplazo del pequeño Napoleón, convencido de que Merkel y sus postulados son la salida de la crisis o, al menos, el manteniento del euro. Pero, ¿realmente es así? Probablemente ni lo uno ni lo otro. Las políticas seguidas hasta la fecha no han dado sus frutos e, incluso, han acentuado aún más la crisis. En cuanto al euro y a sabiendas del enorme sacrificio que nos supondría la salida, ¿nos está ayudando a escapar de la recesión? Quizás los sacrificios necesarios para mantener el euro sean mayores que los afrontados para dejarlo atrás… y me refiero a los que ha de afrontar el ciudadano medio, no las grandes fortunas y poderosos, a los que el mantinimiento del sistema beneficia en sumo grado.
Además, de volver a la peseta, Montoro estaría encantado con la cantidad nuevas regularizaciones de dinero negro que se realizarían…
Flota cada vez con más fuerza en Europa la sombra de la privatización de la Policía. En Reino Unido ya hay algunos departamentos híbridos, con uniformes con los dos logos -los de la Policía y la empresaa privada- y en Alemania podría darse el salto en breve. Las medidas de austeridad se encuentran detrás de estos movimientos, apoyándose en esa teoría neoliberal tan falsa de que no se privatiza un servicio sino su gestión.
¿Seguirá España estos pasos? A corto plazo, diría que no, al menos por el momento y en vistas al 12-M y todo lo que se mueve a su alrededor. Al ministerio del Interior, con el reaccionario Fernández Díaz al frente, le interesa tener bien atadas a sus Fuerzas del Orden, o del Desorden en los casos en los que su respuesta a manifestaciones no sigue los criterios de proporcionalidad. Sólo así puede defender con cierta solvencia -carente de moralidad, eso sí- reformas del Código Penal que se asemeja cada vez más al Fuero de los Españoles o poner en marcha páginas webs que vulneran la presunción de inocencia de los individuos. Ya hay quien asemeja este tipo de webs con la sección ‘El Paredón’ del semanario antisemita Der Stürmer en la Alemania de los años 30, cuando publicaba fotos de alemanes que compraban en comercios judíos para su identificación ciudadana.
¿Tiene alguna ventaja el modelo de privatización de la Policía? En absoluto. La esencia de una empresa en este sistema capitalista es el crecimiento desenfrenado. Crecer, crecer y crecer a contrarreloj. Y cuando hablamos de las Fuerzas del Orden, ¿cómo se puede crecer? Sólo de un modo, si se incrementa antes la tensión social, los desórdenes ciudadanos, estén éstos justificados o no. Ya vimos en el pasado indicios capitalistas en la gestión y evaluación de la eficacia policial, medida por el número de arrestos o multas, lo que dio lugar a, por ejemplo, redadas de inmigrantes en locutorios o con criterios raciales. Al otro lado del charco, las multinacionales de mercenarios que utiliza el Gobierno de EEUU en sus guerras ya han dado pruebas sobradas del peligro de corrupción que tienen estas prácticas. ¿Por qué insisten ahora los Gobiernos europeos en caer en el mismo error con las fuerzas locales?
La primera vuelta de las elecciones francesas nos deja varias lecciones. En primer lugar, su índice de participación, superior al 80% que invita a nuestros gobernantes a reflexionar por qué en España estamos a años luz de esas cifras. En segundo lugar, lo engañoso que pueden ser los sondeos, que se estrellaron en las previsiones que daban al izquierdista Jean-Luc Mélenchon bastante más que el 11,13% de los votos obtenido. Durante mucho tiempo le situaron por encima de Le Pen y su Frente Nacional y, sin embargo, éste le ha superado con un 17,90% de los votos.
Así las cosas, que Hollande se haya impuesto a Sarkozy -raspadamente, pero lo ha hecho- no sorprende tanto. Es el décimo gobierno que se lleva por delante la crisis, a la que no se está sabiendo hacer frente. No será el único y, viendo la caída de puntos del PP en España, hasta no resulta descabellado pensar que la crisis se meriende a más de un gobierno en un mismo país. Lo que sí ha sorprendido es cómo Le Pen ha conseguido captar casi un 18% de los votos con sus mensajes populistas.
Alguien en Twitter me escribía anoche negando los tintes fascistas del Frente Nacional, llegando incluso a calificarlo de ser el único partido, uno que no se pliega a los mercados. Le Pen, no cabe duda, ha hecho bien su trabajo, porque precisamente ese era el mensaje que quería transmitir y el que parece que tristemente ha calado en buena parte de la clase obrera y del nuevo voto joven.
Si uno hojea el programa de Le Pen verá cómo califica de laxa la política de inmigración de Sarkozy, el mismo que prácticamente echó a patadas a la población romaní de Francia. Leyendo su programa, verá cómo llama a “detener tan pronto como sea posible la inmigración tanto legal como ilegal”, incluso, “retirando del Derecho francés la posibilidad de regularización de inmigrantes ilegales”; cómo llama a suprimir la reunificación familiar, a reestablecer controles fronterizos, crear un Código de Inmigración, suprimir la Sanidad para inmigrantes y hasta a prohibir las manifestaciones de apoyo a los ilegales. ¿Les suenan algunas de estas medidas?
¿Qué le lleva a un obrero o a un joven a votar a un partido como el Frente Nacional? Pues fundamentalmente la falta de formación e información. La cultura, la educación son básicos para madurar, para forjarse un criterio propio, emitir juicios de valor y, sobre todo, no ser víctima de populismos. No es casual que Gobiernos de todo el mundo estén cargando, precisamente, contra la Educación, pues a través de ella es cómo peligran buena parte de quienes ostentan el poder o quienes quieren llegar a él.
La segunda vuelta de las elecciones francesas serán un duro test para Sarkozy, que se ve abocado a radicalizar su mensaje para captar el voto de Le Pen, marcada antieuropeísta, por otro lado. No le queda otra, considerando que en un gesto inédito en España -impensable, diría yo-, la izquierda se unió sin negociación contra el avance de la ultraderecha: Mélenchon y Bayrou daban su apoyo a Hollande, superando así al tándem Sarkozy-Le Pen.
Y mientras, Merkel cruzando los dedos por la permanencia de Sarkozy porque, si bien Hollande no supondrá un cambio hacia las políticas de crecimiento en Europa tan determinante como muchos quieren ver, sí que imprimirá cierto freno a la austeridad sin límites y acosta del pueblo. En mayo lo sabremos.
El colapso moral en Europa es total. Ninguna de sus instituciones se ha salvado de la dictadura del capital: lo justifica, lo aplaude, lo encubre y lo protege. La crisis no ha llegado por culpa de la inmigración y, por tanto, la salida no pasa por culpar -si no criminalizar- a los inmigrantes. Los señores feudales de Europa, Merkel y Sarkozy, propusieron ayer terminar con una de las razones de ser de la Unión Europea: la libre circulación de personas.
Al mismo tiempo, nuestro ministro del Interior no encuentra mejor solución para frenar posibles actos violentos durante la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona (2 al 4 de mayo), que reestablecer los controles fronterizos. En un zafío uso del lenguaje, quizás por malintencionado, quizás por ignorante, Jorge Fernández Díaz identifica ‘antisistema’ con violento. Se equivoca, lo uno no implica a lo otro, y viceversa. Podrá parar a los antisistema de fuera, pero no a los de dentro. Mal que le pese.
Ambas medidas, la del tándem Merkozy y nuestro propio Gobierno, establecen un cordón sanitario para ladrones e ineptos. A fin de cuentas, es el BCE el que no quiso supo ver cómo venía la crisis a pesar de que los expertos encendían las luces de alarma. Fue el BCE y la UE quienes no ejercieron los controles necesarios previos en los países intervenidos y es el BCE quien inyecta dinero en bancos a fondo perdido mientras Gobiernos y UE toleran que esos mismos bancos se forren comprando deuda soberana y cerrando el grifo al crédito para pymes y familias. Y el dinero que se esfumó, el dinero que se ha estafado al pueblo sin aparecer y sin intento alguno de que aparezca.
Dicho de otro modo y tirando de refranero español, “reunión de pastores, oveja muerta”. Huelga decir quiénes son los pastores y quiénes las ovejas… o los borregos. Y yo no quiero ser borrego. ¿Y usted?
La expropiación de YPF se ha consumado. Ahora, prueba de fuego para las duras palabras del Gobierno español, para unos amenazas, para otros advertencias. ¿En qué quedarán esas “medidas claras y contudentes” que los ministros Soria y Margallo han repetido hasta la saciedad? ¿Cómo serán esas medidas que, según nuestra vicepresidenta, “no se anuncian, sino que se adoptan”?
España por si sola no podrá hacer nada. No tiene el peso internacional para ello; estamos hartos de comprobarlo y esta cuestión no será distinta. Por eso el Gobierno busca desesperadamente apoyos externos, habiendo encontrado únicamente el de Méjico. El resto son ambigüedades, puesto que la misma Unión Europea ya habla de conflicto bilateral y la Comisión Europea ha reconocido que “la UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina”. Tan sólo podría ejercer presión pero al borde del colapso del euro, ¿le conviene? o, sencillamente, ¿se atreverá?
Tras Brasil, Europa es el segundo mercado para Argentina y la UE el segundo inversor en el país austral con más de 44.000 millones de euros. Mucho dinero implicado que también, lógicamente, beneficia a las empresas Europas, escleróticas de números negros y que cada vez más han de mirar fuera del Viejo Continente para contentar con dividendos a sus accionistas -mientras despiden exprés a los trabajadores.
Lo mismo sucede con España, cuyas exportaciones a Argentina son de unos 1.000 millones de euros al año y las importaciones del doble. ¿Se va a arriesgar el Gobierno español a perjudicar los intereses de grandes empresas en Argentina como BBVA, Telefónica, Endesa, Gas Natural, OHL, ACS, NH Hoteles o Inditex? Diría que no. Y diría que Cristina Fernández lo sabe… como sabe que además del ya declarado apoyo de Venezuela, cuenta con el de la práctica totalidad del mercado latinoamericano.
Por todo ello y tras la actitud de gallito peleón, España terminará por agachar la cabeza en el asunto de YPF. Y, siendo honestos, es lo que toca. Queríamos capitalismo y nos han dado dos tazas. Nadie es rico si no es a costa de otro. Es una máxima que igual sirve para el ámbito doméstico como empresarial o de relaciones internacionales. Y cuando las tornas se dan la vuelta, escuece, pero hay que apechugar porque ese el estadio original que nos corresponde. Todo lo demás, artificio.
Esta semana se están escribiendo ríos de tinta sobre Repsol YPF y la posible nacionalización de YPF por parte del gobierno argentino. A fin de cuentas, uno no ve todos los días al ministro Soria envalentonado, hablando en términos casi bélicos, y llamando posteriormente a consultas al embajador argentino en España.
En realidad, en el tema de YPF todo apesta (perdón por ser tan directo). A muchos, diarios incluidos, se les llena la boca hablando del poderío empresarial español, de la joya de Repsol y de cómo la posible nacionalización, total o parcial -podría ser sólo el 51%- espantará la inversión extranjera en Argentina. No entraré en valoraciones sobre si es correcta o no la nacionalización, pero mirando a la que se marca como modelo, la de Petrobras en Brasil en 2006, tan sólo decir que entre 2006 y 2010 Brasil lideró la atracción de inversión extranjera en Latinoamérica con más de 170.00 millones de dólares.
Siguiendo con YPF, ¿ha sido correcta su gestión? Se subraya que supone el 60% de la producción de Repsol pero ¿y la letra pequeña? Si uno echa un ojo a los informes presentados en la Bolsa de Nueva York podrá comprobar con estupor que a fecha 31 de diciembre de 2011 y tomando 2008 como punto de partida, los activos de YPF crecieron un 45%, mientras que su pasivo -lo que adeuda, vaya-, un 204%. ¿Cómo es posible?
En 2008 entró en YPF Ernesto Eskenazi, que acapara el 25,46%, aunque no pagó un solo dólar por ello. Entró a través de créditos bancarios que serían devueltos con dividendos. Quizás por eso, con el beneplacito de los gestores españoles, se llegó al inaudito acuerdo de repartir en dividendos el 90% de las ganancias netas durante una década (de media, una petrolera reparte un máximo del 30% de las ganancias), por lo que si era necesario afrontar nuevas inversiones se recurriría a nueva deuda. Así, en 2008, YPF repartió el 250% de sus ganancias: por cada dólar que ganó, repartió 2,5 dólares en concepto de dividendo. Como consecuencia, YPF debe tanto como vale: su valor es de unos 8.300 millones de dólares (21 dólares por acción) y su deuda también.
Por cierto, la entrada de Eskenazi estuvo auspiciada por su amigo y presidente Néstor Kirchner, en un intento por ‘argentinizar’ el cuadro directivo de YPF, aunque tiene gracia que Petersen Energía, la sociedad de Eskenazi, tiene su domicilio social en el número 9 de la calle Velázquez de Madrid. ¿Por qué ahora la presidenta Cristina se lo quiere quitar de en medio? Muchos aseguran que por las promesas incumplidas, contrapartidas por facilitar su entrada en YPF.
¿Beneficiaría a Argentina la nacionalización? En su favor, la recuperación de la soberanía energética, que falta le hace porque por segundo año consecutivo importará más energía de la que exporta. En su contra, el dinero que le hará falta para explotar adecuadamente YPF. Y por eso sobrevuela la sombra de la sospecha: ¿saldrán beneficiados los amigos petroletos de los Kirchner, los Cristobal Pérez, Lázaro Baéz y, sobre todo, la familia Bulgheroni, socia de excepción de la petrolera China National Offshore Oil Corporation?
Y rizando el rizo de por qué todo este asunto apesta, un clásico argentino: Roberto Dromi. El que fuera ministro de Obras y Servicios Públicos con Carlos Ménem en los 90 y se autodefiniera “gerente de privatizaciones” por haber liderado ese proceso de ‘desnacionalización’ de empresas, ahora se ha convertido en el cerebro jurídico de la nacionalización.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha movido hoy en arenas movedizas al anunciar que trabaja en una reforma legal por la que se incluirá como “delito de integración en organización criminal” a quienes alteren “gravemente el orden público” o concierte concentraciones violentas a través de las redes sociales en internet. Incluirá como delito, además, “la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad”.
¿Por qué son arenas movedizas? Porque si algo ha quedado demostrado con las denuncias populares y el centenar de vídeos y fotografías de los disturbios vividos en pasadas manifestaciones es que el ministro no es objetivo ni imparcial en sus valoraciones. Es un hecho que se han producido actitutes violentas y, por tanto, sancionables por parte de muchos manifestantes, pero no es menos cierto que se han producido abusos policiales que, no sólo no ha sancionado el Gobierno, sino que ha justificado y aplaudido.
¿Qué comportamientos contemplará el ministro en “alterar gravemente el orden público” o en “resistencia pasiva grande”? ¿Cómo medirá una convocatoria pacífica en internet que deviene en actos violentos porque, en parte, la Policía no tiene una respuesta proporcionada? Compleja la redacción de su reforma, que habrá de ser mucho menos ambigua que otras publicadas hasta la fecha, como la inconsistente Ley de Transparencia, sino quiere darse de bruces con el artículo 21 de nuestra Constitución, que reconoce “el derecho de reunión pacifica y sin armas” sin que éste requiera de “autorización previa”.
Habrá quien me tache de temerario, pero escuchar hablar a Fernández Díaz me retrotrae al Fuero de los Españoles de Franco, que igual apuntaba que “ los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes” que después matizaba que “los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien común de la Nación”, con lo que terminaba por prohibir todas las manifestaciones que no compartieran sus dictados… que vayan contra la Marca España, vaya.
España ni es el primer país que trata de amputar el derecho de manifestación -el ministro italiano de Interior, Roberto Maroni, ya lo intentó el año pasado- ni que amenaza con monitorizar las comunicaciones de los ciudadanos por internet para usarlas en su contra -el elogiado Gobierno de Cameron en Reino Unido ya lo hace-. Así las cosas, ¿a cuántos pasos de distancia nos colocaríamos de una dictadura como Arabia Saudí, que retiene en prisión desde hace más de un año al menos a seis hombres sólo por haberse manifestado contra el régimen, por alterar a sus ojos el orden público?
