La suspensión del acto en favor del referéndum del 1-O que se iba a celebrar en Madrid este domingo en una sala del Matadero ha instalado definitivamente y con todas las de la ley al independentismo catalán en la categoría de crimen de pensamiento. El PP había recurrido a la justicia por considerar que dicho acto se trata de una "apología" de la consulta.

Hemos visto cómo en este país se permite tranquilamente, en nombre de la libertad de expresión, insultar a los colectivos homosexuales por tierra, mar y aire, por no hablar de celebrar eventos de marcada exaltación fascista con símbolos nazis y banderas franquistas. Sin embargo, tolerar que unos ciudadanos madrileños se reúnan en un local público para mostrar su apoyo al derecho a decidir de los ciudadanos catalanes es otra cosa muy distinta. Ciscarse en lesbianas y maricones, cantar el "Cara al sol" en una iglesia, alzar el brazo derecho en alto en recuerdo del Caudillo, cagarse en la memoria de las víctimas enterradas en las cunetas, pase, pero tocar la sacrosanta unidad de la patria, ni pensarlo. Hasta ahí podíamos llegar, al derecho a decidir.

El catecismo católico establece cuatro categorías de pecados -de pensamiento, palabra, obra y omisión- y, al parecer, el independentismo catalán está a punto de traspasarlas todas a la vez, una proeza que no es tan fácil como parece. De abortarse la consulta, tal y como pretenden las últimas andanadas de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, los díscolos catalanistas habrán conseguido un pleno absoluto no ya contra la legalidad constitucional sino contra los cimientos mismos de una estructura judicial que, durante siglos, se empeñó en jurar la verdad sobre la Biblia. Lo han pensado, lo han dicho, lo han intentado y no van a poder.

Astutamente, los teólogos papistas concluyeron que, para atentar contra los mandamientos, ni siquiera hay que intentarlo: basta simplemente con la fantasía, con el deseo, con la verbalización. En esto van a la par de algunos tribunales islámicos que, para condenar a una mujer por adulterio a la lapidación, admiten como prueba, simplemente, que el marido lo haya soñado. Esta exaltación del anhelo y de la ficción a una categoría criminal explica tanto el encarcelamiento del marqués de Sade como la dimisión atropellada del concejal Zapata, igualando los autos de fe del Santo Oficio con la picota popular de las redes sociales, donde se castigan sin piedad chistes, parodias, gracietas, y mofas de pésimo gusto.

Celosos de esta potestad, algunos magistrados han intervenido directamente para arrogarse la capacidad de juzgar un crimen antes de que se cometa, una posibilidad que ya apuntara Orwell en 1984: el crimental (thoughcrime), en el que basta con imaginar una traición al Gran Hermano para que la Policía del Pensamiento empiece a actuar. Cuando Philip K. Dick inventó la Unidad de Precrimen, que resuelve los delitos antes de su realización, no podía suponer que algún día iba a hacerse realidad. Tampoco nadie podía prever que el futuro iba a parecerse tanto a la Edad Media.