Apatrullando el internet

El ministro Zoido y el ministro Catalá andan muy preocupados con los delitos de odio a raíz de un montón de comentarios ofensivos tras la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Cristian Fernández, de Podem Catalunya, anunciaba la defunción en su cuenta de twitter brindando con dos copas de champán, mientras Arran, la organización juvenil independentista vinculada con la CUP, publicó una foto del fallecido cabeza abajo. Desde la cuenta oficial de la Guardia Civil se advertía que “alegrarse de la muerte de una persona no es delito”, aunque sí demuestra “más mezquindad, bajeza moral y estulticia que ideología”. Una observación muy sensata aunque pase por alto la última reforma del Código Penal, que reclama investigar, como señala Catalá, “el uso de las redes sociales y los sistemas telemáticos en la comisión de delitos de infamias, de injurias y de calumnias”. Dicho de otra manera, desde ahora los patanes, los irrespetuosos y los berzas van a tener que andarse con mucho cuidado.

A menos, claro está, que dirijan sus peligrosas chanzas y sus intolerables chistes de mal gusto hacia los sujetos habituales de irrisión, es decir, muertos enterrados en las cunetas, víctimas del franquismo, políticos de izquierdas, mendigos, vagabundos, prostitutas, inmigrantes sin papeles, proletarios, independentistas catalanes, gente de mal vivir y transeúntes en general. Para ese amplio sector de la población sigue habiendo barra libre de odio y los cavernícolas ilustrados podrán seguir haciendo mofa y befa de ellos en cualquier sitio, desde las columnas de opinión hasta las tertulias del casino, pasando también por twitter y por facebook. Así, últimamente hemos visto a unos policías avisando de cómo iban a poner a Oriol Junqueras mirando a Cuenca en las duchas de la cárcel y a un millar de españolazos de pro reservando turno para ir a mear en la tumba de Puigdemont.

Odiar antes era gratis, pero ahora va a salir muy caro. El odio era una de los pocos lujos que podía permitirse un pobre junto con la tapa del bar y ojear el periódico. El odio disimulaba la rabia, la impotencia, el asco de saberse ignorado por el gobierno, asado vivo a impuestos y pisoteado por los bancos; el odio era la válvula de escape a fin de mes, la espita de la olla a presión mientras se acercaba otro bocado de la hipoteca; el odio era, en cierto modo, un consuelo, una compensación por siglos de injusticia, un cheque del Monopoly con el que pagar la tristeza de ser un cero a la izquierda y aguantar otro plazo. Pero el poder ya no permite siquiera ese resquicio, el del desahogo, ahora no se puede dejar rastro de esas maldiciones monumentales que sacuden el televisor cuando aparecen los sospechosos habituales del desfalco, los chorizos de las cajas de ahorros y los benefactores casi anónimos que festonean los papeles de Bárcenas. Mejor seguir pintando mensajes en los retretes públicos y reservar los comentarios inconvenientes para la vida privada.

Quizá sea arriesgado cerrar esa válvula de escape, puesto que lo que no sale por un sitio, tarde o temprano explotará por otro. Para eso se inventó Podemos. Mientras tanto, al ministro Catalá en el papel de Jessica Fletcher (“Se ha escrito un crimen”) y al ministro Zoido en el de Torrente (“Apatrullando el internet”) no les molesta lo más mínimo que unos policías municipales, entre alabanzas a Hitler e iniciativas para quemar con napalm a los inmigrantes, amenazaran de muerte a la alcaldesa Manuela Carmena (“Que se muera la vieja zorra ya” o “Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”). Está visto que alegrarse de la muerte de un fiscal general muy de derechas constituye un delito de odio, mientras que desear “un accidente” y “una muerte agónica” a una alcaldesa de izquierdas no es más que una muestra excelsa de libertad de expresión. La justicia es ciega, como se ve, y desde que Catalá está al cargo, sordomuda.