Tags: ciencia política tecnologíaMIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Hay muchas razones para desear que no instalen un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el patio trasero de tu casa. Por ejemplo, prefieres dedicar tu patio a cultivar flores. Así que, si estás en esa situación, es comprensible que prefieras que tus concejales no se apunten a la carrera por conseguir el ATC, por la misma razón que te opondrías a la instalación de una batería de aerogeneradores: no quieres que te alteren el entorno. Y si lo hacen, tienes derecho a negociar compensaciones. También puedes oponerte al almacén de residuos porque crees que es altamente peligroso, o simplemente porque eres antinuclear. Las tres opciones son legítimas, aunque la más racional es la primera (sopesar las compensaciones, con información adecuada). La segunda se basa en información, en mi opinión, errónea; y la tercera es inconsistente: si eres antinuclear deberías ayudar a resolver el problema del almacenamiento de residuos.
Estas reflexiones deben haber sido muy comunes entre los vecinos de los municipios que se han planteado presentar su candidatura para acoger el ATC. Todos los que han participado en el proceso merecen respeto. En esto España ha mejorado mucho. Durante años ha sido imposible dar una respuesta adecuada al problema del almacenamiento de los residuos de las centrales nucleares y en cambio ahora, por primera vez, se vislumbra una solución eficiente, segura y consensuada. Sin embargo, aún quedan rastros de irracionalidad en el proceso de decisión colectiva sobre estos temas.
En primer lugar, hay un conflicto entre la política de compensaciones económicas y la gestión correcta de la información científica para hacerla accesible a los ciudadanos. Ciertamente las compensaciones pueden ayudar a que se tomen decisiones con criterios racionales. Pero también contribuyen a complicar la situación. El argumento más obvio reza así: a falta de otra información, si las compensaciones son tan altas debe ser que el riesgo que se asume es muy serio. Sin embargo, esto no es cierto: la probabilidad de que el ATC cause la muerte de una persona por contaminación radiactiva es, sin duda, menor que la de que esa persona muera atropellada por un tractor agrícola. La importancia de las compensaciones no tiene nada que ver con la gravedad del riesgo real, sino con el riesgo imaginado, que es muy alto precisamente porque no se utiliza de forma adecuada la información científica relevante.
En segundo lugar, resulta impresentable la frivolidad con la que casi todas las fuerzas políticas han afrontado este proceso. Partidos que defienden la energía nuclear amenazan a sus ediles si participan en un concurso abierto que esos mismos partidos reclamaron que se pusiera en marcha. Presidentes de comunidad autónoma, relevantes personalidades del partido gobernante, que podrían alardear de estar contribuyendo a solventar un problema importante para toda España, aducen ahora cuotas de solidaridad territorial (solidaridad ¿frente a qué?) para escurrir el bulto.
Tenemos derecho a rechazar un ATC en nuestro patio trasero, pero por favor, que sea sin hipocresía, con buenas maneras, información adecuada y razones dignas.
Tags: políticaCARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
Que el Foro Social Mundial (FSM) está en crisis es un secreto a voces. La principal de las explicaciones al respecto parece obvia: aunque los diagnósticos que desde el FSM se han formulado en lo relativo al derrotero del planeta han demostrado ser puntillosamente certeros, mientras la corrosión del capitalismo va a más, la capacidad de los movimientos para articular respuestas efectivas sigue siendo reducida. Y ello es así pese a que, del lado de aquellos, hay una conciencia clara en lo que se refiere al hecho de que la corrosión no afecta sólo al neoliberalismo, sino que alcanza, antes bien, al propio capitalismo como un todo.
Es verdad, claro, que la crisis del Foro Social Mundial tiene otra dimensión que afecta a la propia condición del proyecto. Desde bastante tiempo atrás se ha subrayado, con buen criterio, que las reuniones que han ido celebrándose en lugares del sur del planeta –así, Porto Alegre, Mumbai o Nairobi– en los hechos daban más cancha a los santones intelectuales y a los activistas del norte que a las propias redes de los países pobres. No sólo eso: esas reuniones han acabado por ofrecer un espacio muy goloso para que fuerzas de la izquierda tradicional –incluida la socialdemocracia más rastrera– encontrasen un eco que a buen seguro no merecían. Al final, el panorama ha resultado ser un tanto lamentable: las mismas fuerzas que en el trabajo sórdido y poco vistoso de cada día están dramáticamente ausentes se han servido a menudo del repetidor del FSM para aparentar, durante unas horas, lo contrario.
No está de más agregar, por cierto, que la multitudinaria presencia, en sucesivas sesiones del FSM, de presidentes de un puñado de países de América Latina no ha dejado de ser, también, un problema, en la medida en que ha facilitado la confusión entre los movimientos de base y realidades institucionales varias, y ello por muy respetables que estas puedan ser. En un escenario como el que acabamos de retratar no es difícil explicar por qué del Foro Social Mundial –una mezcla confusa en la que se dan cita ONG asistenciales, fuerzas políticas tradicionales y movimientos rompedores– no ha salido nada que huela a un programa mínimamente unificador de realidades tan extremadamente distintas.
Más allá de todo lo anterior, lo suyo es afirmar que el FSM arrastra de siempre una delicada relación con los movimientos de base. Reconozcamos, eso sí, que la proliferación de foros descentralizados ha servido para rebajar un tanto la intensidad del problema, aun cuando no falten los ejemplos de cómo esos foros de rango geográfico menor han acabado por reproducir los problemas de la matriz de escala planetaria. Parece claro, de cualquier modo, que ante las señales de naufragio de un proyecto en exceso cupular como al cabo ha resultado ser el Foro Social Mundial, sólo queda reivindicar el trabajo, a menudo heroico, que en tantos lugares siguen realizando esos movimientos de base de los que hablamos. Subrayemos, en cualquier caso, que el futuro de la contestación de la globalización capitalista no se dirime en Porto Alegre sino en el día a día de la vida de barrios y pueblos en todo el planeta.
Tags: religión sociedadÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Es curioso cómo la familia, que es una institución a la que todos los individuos se sienten en mayor o menor medida gratamente ligados, puede ser utilizada por algunos para sembrar la semilla del conflicto y la discordia. La foto sociológica española refleja que los matrimonios civiles y las uniones de hecho prácticamente superan a los matrimonios religiosos, y que en nuestra sociedad conviven, junto al modelo de familia tradicional, familias monoparentales, homosexuales, parejas de hecho, o las que son el resultado de sucesivos matrimonios, separaciones o uniones. Por este motivo, cualquier posición que pretenda reducir el concepto de familia exclusivamente al modelo católico comete dos graves errores. De una parte, ignora que la Constitución española reconoce a las parejas, con independencia de su orientación sexual y estatus matrimonial, el derecho a fundar una familia.
Y de otra, reabre viejas heridas que nos recuerdan el modelo de familia que estuvo vigente durante el régimen franquista, ya que la posición que ahora esgrime la Iglesia católica no ha variado un ápice desde entonces.
Las religiones han concedido tradicionalmente un papel capital a la familia. Ahora bien, ¿de qué modelo de familia estamos hablando? La respuesta es tan simple como contundente, ya que casualmente las religiones han venido defendiendo aquellos modelos de familia que sirven a sus intereses institucionales, y la católica no es una excepción en este terreno. De acuerdo con el derecho canónico, aquellos que quieran fundar una familia deben contraer matrimonio canónico con la finalidad de engendrar hijos y educarles en la fe católica; de esta manera, se crea un potente efecto multiplicador que explica el interés de la Iglesia por la familia, pues a más familia más fieles y a más fieles más poder para la Iglesia.
Puede que el modelo de familia cristiano esté en peligro de extinción, pero, por mucho que se empecine la Iglesia, los culpables no son los poderes públicos, ya que estos sólo se han limitado a permitir que los individuos puedan elegir libremente como quieren articular sus relaciones familiares en el marco del Estado democrático. De ahí que el mensaje apocalíptico lanzado de que el futuro moral de Europa pasa por la defensa del modelo familiar cristiano sea injustificable, ya que precisamente la construcción de una identidad común europea sólo ha sido factible gracias al
establecimiento de un marco de convivencia válido para todos y, en consecuencia, soportado en el pluralismo religioso y el respeto al libre desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos, incluido el de la familia.
El verdadero problema que representa el discurso de la Iglesia católica no es su contenido sino sus verdaderas intenciones, ya que, de no ser por la separación entre el Estado y las confesiones religiosas que ordenó la Constitución del 78, los españoles todavía seguirían sin poder ordenar libremente sus relaciones de pareja y familiares. Por todo ello, no estaría de más que algunos leyeran un poco a Víctor Hugo, quien acuñó la frase de que la tolerancia es la mejor religión.
Tags: economía políticaRAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Esta crisis, cuya existencia negó Zapatero durante meses perdiendo un tiempo precioso para combatirla, es producto de la política neoliberal que las sociedades avanzadas llevan años practicando. Su responsabilidad inmediata recae sobre los especuladores, financieros y banqueros, el meollo del capitalismo bandolero contemporáneo que llevó su codicia al límite de lo delictivo o lo traspasó. Esto es obvio y sólo quienes siguen lucrándose con la catástrofe lo niegan y llevan su desvergüenza a proponer como remedio las recetas del desastre.
En la mayoría de los países ha habido recesión, aumento del paro y crisis bancaria y financiera que los gobiernos han combatido rescatando las entidades en riesgo con cargo a los dineros públicos. En España, en cambio, el Gobierno aseguró que el sistema bancario era sólido y, sin embargo, en línea con el entorno, creó un fondo de rescate de los bancos y derivó cuantiosos fondos públicos en su favor que, junto a los irresponsables dispendios de la época del superávit presupuestario, algo habrán hecho para convertir este en un déficit insoportable.
Aparentemente los bancos se sirvieron de esos fondos no para incentivar la economía, sino para sanear sus cuentas y mantener sus beneficios. La mayoría padece la crisis y la minoría se lucra con ella.
Con una tasa de paro que duplica o triplica la de otros países, el Gobierno empezó aplicando lógicas medidas keynesianas clásicas, además de las perversas de financiar a la banca, según su declarado propósito de impedir que paguen los más desfavorecidos. Luego de algún tímido esbozo del tipo del Plan E y mucha huera retórica, el mismo Gobierno ha claudicado ante el chantaje de las instituciones financieras y las agencias de calificación (cómplices y autoras directas del desastre), abrazando las recetas neoliberales causantes de la crisis, con lo que esta ya la pagan y la pagarán más los sectores desfavorecidos. Y no es de ahora: el Gobierno que aprobó la directiva de la vergüenza y que no hizo ascos iniciales a la jornada de 65 horas ha eliminado los incentivos y beneficios que otorgó en su día, ha incrementado la presión fiscal indirecta, quiere subir el IVA, pretende prolongar la edad de jubilación, rebajar las pensiones aumentando el periodo de cálculo (los políticos tienen uno de once años, que ya es sangrante), recortar el gasto público, precisamente el eje de la respuesta keynesiana, y realizar una reforma laboral que, salvo sorpresas, irá en detrimento de los trabajadores.
En el otro lado: se ha ido al rescate de la banca, se mantiene el abuso de las Sicav, hay un alto fraude fiscal (nadie ha tocado los paraísos fiscales en el exterior), la renta media declarada de los empresarios en España es inferior a la de los trabajadores, se mantienen los desorbitados primas y sueldos de los altos cargos (políticos incluidos) y nadie osa gravar los beneficios del capital industrial y financiero.
Con un Gobierno socialdemócrata la crisis la pagan los desfavorecidos y de ella se lucran los privilegiados. “Zapatero, no nos falles”.
Tags: política sociedad urbanismo viviendaFRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
La impugnación por el presidente del Gobierno del decreto-ley valenciano sobre el Cabanyal debería ser suficiente para evitar que se produzcan nuevos derribos en ese barrio. Por un lado, la impugnación, con invocación expresa del art. 161.2 de la Constitución (CE), provocará la suspensión automática de la disposición autonómica, con lo que esta no se podrá invocar para avalar futuras actuaciones para la destrucción del barrio. Por otro lado, si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede levantar la suspensión, no parece que esto vaya a ocurrir si aplica su propia doctrina. En el ATC 336/2005, de 15 de septiembre –mencionado por el Consejo de Estado en su Dictamen 60/2010– el TC apreciaba, para mantener la suspensión de una disposición autonómica impugnada, “un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales”.
Es justamente el bloqueo de las competencias estatales para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (art. 149.1.28ª CE) lo que pretende el decreto-ley. De título involuntariamente irónico (“de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia”), el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, está orientado a impedir la aplicación de la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabanyal. Esa orientación es manifiesta en su art. 3 cuando, al habilitar los actos de ejecución (léase “derribo”), especifica: “Sin que tales actos de ejecución puedan verse menoscabados de cualquier modo por los actos o acuerdos de otras Administraciones Públicas”.
Si la suspensión de los derribos parece asegurada hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo, también parece claro que, en el conflicto jurídico planteado, es al Estado a quien le asiste la razón, toda vez que los pronunciamientos judiciales realizados hasta ahora se han mantenido en los términos de un juicio de legalidad ordinaria y lo que ahora se está discutiendo es si el Estado puede hacer valer sus competencias constitucionales para evitar la expoliación del patrimonio cultural. A esta cuestión central se unen otras deficiencias formales del decreto-ley como la de inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad (art. 44.4 del Estatuto de la Comunidad Valenciana). Sin embargo, lo que tiene mayor relevancia es la indubitada competencia estatal y el hecho de que el Consell, en lugar de impugnar la Orden del Ministerio de Cultura, que es lo que debía de haber hecho si no estaba de acuerdo con su contenido, ha procedido, de manera ilegítima, a intentar impedir su aplicación por medio de este peculiar decreto-ley.
¿Debería tranquilizar todo esto a las personas que se han manifestado en contra de los derribos? Claramente no: el destino del Cabanyal sigue estando en peligro porque hay intereses muy poderosos que van a permanecer siempre activos. A medio y largo plazo, la movilización ciudadana es la única esperanza de salvación del barrio.
Tags: economía políticaJUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Fue precisamente en Davos, hace más de una década, cuando Tietmeyer, entonces gobernador del poderoso Bundesbank, decretó el fin de la soberanía popular. “Los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”, dijo. Era el grito de guerra de un nuevo capitalismo triunfante que, fundamentado en la libre circulación de capitales, se postulaba sin límites ni barreras y que exigía que todo se rindiese a la lógica del mercado.
Se ha visto a dónde nos ha conducido tal sistema: al borde del abismo. El año pasado, en febrero, las fuerzas económicas y sus satélites acudieron también a Davos, aunque en esta ocasión fueron humildemente, recubiertos todos ellos con el sayal de penitente y dispuestos a implorar al sector público que los protegiese del caos. Pero ha bastado un año, sólo un año, para que vuelvan a las andadas y, una vez salvados, sin importarles un ápice los cadáveres que dejan atrás, han regresado desafiantes a la ciudad de los Alpes dispuestos a plantar cara a los gobiernos, a imponerlos sus condiciones y a impedir cualquier regulación.
Como manifestación de su poder, han sentado en el banquillo de los acusados a tres países, no del Tercer Mundo sino de la Unión Europea –España, Grecia y Lituania–, escogiendo como fiscal al presidente del Banco Central Europeo y como jueces, a las agencias de calificación, las mismas que contribuyeron a la crisis dando la máxima valoración al papel basura que infectó la economía internacional. Y lo peor es que, al menos en el caso España, su estrategia ha tenido éxito, porque el Gobierno –tras caer inocentemente en la trampa de comparecer en tal foro– se ha apresurado a dar un giro a la derecha y a asumir las tesis de las fuerzas más conservadoras.
El Gobierno presenta un plan para realizar fuertes recortes del gasto en un presupuesto que apenas lleva un mes en vigor. Poco importa que la economía española se encuentre aún lejos de salir de la crisis y que estas medidas contradigan los planes de estímulo y obstaculicen la recuperación. De nada vale que el stock de deuda pública sea de los más bajos de la Unión Europea y que nuestras dificultades provengan del endeudamiento privado y no del público. No cuenta que nuestro déficit se haya originado fundamentalmente por la contracción de la recaudación, causada en parte por la baja actividad y en parte por una política fiscal que durante estos últimos 12 años ha
desarmado los tributos progresivos. Qué más da que la congelación de la oferta pública de empleo lo único que consiga sea incrementar el enorme paro existente. Es igual, los mercados han hablado y hay que obedecer.
El Gobierno ha asumido la tesis de la derecha de que el sistema público de pensiones es inviable y hay que reducir, por tanto, las prestaciones. Resulta lo mismo que las proyecciones demográficas sean todas cuestionables. De nada vale afirmar que en ninguna parte esté dicho que sean únicamente los trabajadores los que tengan que sostener con sus cotizaciones las pensiones, como si los otros impuestos no contasen, principalmente los que se giran sobre las sociedades y las rentas de capital. Es igual, los mercados se han manifestado y hay que inclinarse ante ellos.
Tags: inmigración políticaANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Los ciudadanos entrevistados telefónicamente están de acuerdo con la integración de los inmigrantes. Según el Publiscopio publicado el pasado sábado en este diario, son más los ciudadanos que se muestran partidarios de que todos se empadronen. De ese modo habrá inmigrantes en situación irregular, pero no invisibles ni indocumentados. En otras palabras, los encuestados rechazan una política de exclusión y prefieren tener vecinos que estén atendidos en sus necesidades básicas a extraños que se hallen socialmente marginados.
La pesquisa fue levantada en plena ofensiva contra el empadronamiento y es probable que una parte de los interrogados camufle sus rechazos para quedar bien en la foto. Sin embargo, la diferencia de puntos entre los favorables a la inscripción y la de aquellos que rechazan esta obligación legal y moral es suficientemente amplia (50% frente a 34%) para darla por buena. Y se agranda más aún cuando se trata de asegurar la asistencia sanitaria y el acceso a la educación a los hijos de los inmigrantes en situación irregular.
Sólo hay una pregunta que nos divide en dos mitades. Cuando se nos interroga acerca del grado de saturación. En ese punto, se responde con convicción (es la respuesta con menos no sabe y no contesta) que no podemos aceptar más inmigrantes. Esta idea resume el conjunto de la encuesta, a saber: medidas de integración para los que ya están aquí, pero puertas entornadas para los que estén dispuestos a venir.
El Publiscopio da un paso más y pregunta cuál es el grado de acuerdo con la política de inmigración de Rodríguez Zapatero y de Rajoy. Sólo un 30% de los entrevistados está conforme con la política del presidente del Gobierno y sólo un 21% con la del líder del Partido Popular. El resultado es claro: alrededor del 43% está en desacuerdo con la de uno y otro. Probablemente porque no se ve la diferencia y eso quiere decir que no se explican bien y que no son tan distintas. En política, lo que se percibe es lo que importa.
¿Qué apoya el electorado? Al parecer sostiene que la integración es el principio que debe vertebrar la política de inmigración, pero es consciente de las limitaciones actuales y plantea la necesidad de atemperar los flujos estableciendo criterios de admisión. En definitiva, se opta por un modelo mixto compuesto de ciudadanos inmigrantes y de mano de obra temporal. Un escenario social en el que se combine el arraigo familiar con los trabajadores de ida y vuelta.
La disyuntiva está entre un “modelo de inmigración irregular”, que es el que predican los partidarios de no empadronar a quien pierde el empleo, o bien un “modelo mixto”, que armoniza habitantes con trabajadores ocasionales. Los encuestados saben que la inmigración no es una hoja volandera y que para la convivencia es más rentable tener vecinos con derechos que papeles para pocos. Los consultados están en contra de iniciativas políticas cuya consecuencia sea la de aumentar la zona oscura de la clandestinidad. La mayoría apuesta por una política de inmigración que aminore los riesgos de exclusión y repudia la política de extranjería que los agranda.
Tags: economía políticaJOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
El optimismo acompañado de diagnósticos irreales, a la postre, defrauda. Es lo que ha ocurrido con el optimismo conformista del Gobierno que empezó por negar la existencia misma de la crisis para minimizarla después y afirmar que la actividad económica repuntaría a lo largo del pasado año, lo que evidentemente no ocurrió. ¿Tendrá lugar por fin en 2010, como ahora se dice, la prometida recuperación? En lo que sigue repasaremos algunos hechos que condicionarán la evolución de la actividad económica. Pues por mucho que se presente un futuro de color de rosa y que se soslayen los hechos más incómodos, estos seguirán ahí, condicionando la marcha del organismo económico.
El primer hecho a resaltar en un diagnóstico veraz es que la burbuja inmobiliaria fue el motor que aceleró sobremanera el pulso de la coyuntura económica reciente en nuestro país y que ahora lastra su recuperación. El pinchazo de la burbuja no sólo ha dado al traste con la pujante actividad inmobiliario-constructiva y las plusvalías que animaban la actividad económica y la recaudación de impuestos, sino que deja como herencia un enorme endeudamiento privado y, finalmente, público. Ya que, tras haber devorado el ahorro interno, la burbuja se siguió financiando irresponsablemente con cargo al exterior durante los últimos cuatro años del auge, recurriendo a titulizaciones y deudas a largo plazo que hoy los mercados internacionales no admiten. Sobre todo si estas proceden de cajas de ahorros que mantienen créditos al promotor y morosidades bien superiores a los bancos.
Habría que anunciar que en 2010, además de proseguir la cadena de suspensiones de pagos de empresas inmobiliarias, será el año en el que las cajas tendrán que empezar a sanear su excesiva concentración de riesgos en el sector inmobiliario, acometiendo un proceso de reestructuración a gran escala que alterará el panorama financiero del país. La fusión de entidades –orientada a cerrar sucursales y reducir gastos– y la inyección de dinero público para reflotarlas tendrá dos posibles salidas. Una, la reconstitución de la desaparecida banca pública. Otra, la privatización de esos últimos vestigios de entidades público-cooperativas que son las cajas. La opacidad con la que se está acometiendo la operación sugiere que será esta última salida la que se acabará imponiendo.
En este contexto se debería advertir también que no cabe esperar un repunte significativo de la marcha de la coyuntura económica general. El consumo de los hogares no va a estar muy boyante con el aumento del paro, con la eliminación de desgravaciones y de subvenciones diversas, con el mayor crecimiento de los precios, con la subida de impuestos y tal vez del tipo de interés. Al igual que las potentes inyecciones de liquidez y apoyos públicos practicados hicieron repuntar las bolsas, el oro, los mercados de materias primas… y la compra de empresas, pero no la inversión productiva, ni el mercado inmobiliario, que en España seguirá durante largo tiempo purgando sus excesos. No, no cabe esperar ningún milagro para 2010. Lo mejor que puede pasar es que sea un año de estancamiento.
Tags: justicia sociedadÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Es lógico y comprensible que los familiares de las víctimas de algunos delitos reclamen a los poderes públicos la implantación de penas como la cadena perpetua; pero es inaceptable que los políticos hagan la misma propuesta con una frivolidad y falta de rigor notable, especialmente cuando su implantación no es factible porque colisiona con el mandato constitucional de que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
En este contexto, y probablemente para aportar al debate fundamentos más sólidos, también se ha defendido la implantación de la cadena perpetua pero sujeta a revisión, tal y como han hecho otros países de nuestro entorno europeo. Esta posición ignora dos cosas. Primero, en países como Francia o Alemania este tipo de condenas pueden ser revisadas y conmutadas por la libertad condicional cuando los reclusos han cumplido 15 años de internamiento, por lo que en la práctica es muy excepcional que los condenados sean recluidos a perpetuidad. Y segundo, la última reforma del Código Penal amplió las penas privativas de libertad hasta los 40 años para los delitos más graves y ordenó su cumplimento integro. En otras palabras, nuestra legislación penal es más dura y rigurosa que la de muchos de los países que establecen la cadena perpetua revisable.
Las sanciones que los ordenamientos jurídicos prevén para la comisión de delitos tienen una triple finalidad: punitiva, coercitiva y educativa. La imposición de una pena pretende disuadir a los individuos de que comentan delitos, así como aprovechar el tiempo que dura la condena privativa de libertad para que el delincuente comprenda los perjuicios que su actividad ha generado a la sociedad, y prepararlo para su reinserción una vez cumplido su castigo. La cadena perpetua carece de finalidad educativa y su carácter disuasorio es muy discutible. El internamiento a perpetuidad supone que el condenado no volverá a disfrutar de libertad, lo que hace inviable y carente de sentido educarle para que se integre en una sociedad de la que ha sido desterrado de por vida.
Asimismo, la cadena perpetua no tiene un carácter exclusivamente disuasorio; es más, en algunos casos, tal y como demuestran numerosos estudios científicos, su implantación explica la comisión de algunos delitos. Imaginemos que los delitos de violación o de asesinato fueran castigados con la cadena perpetua. Desde el punto de vista del reproche penal, a los delincuentes que cometan estos delitos les saldría gratis asesinar a la víctima de la violación o a los potenciales testigos del homicidio, toda vez que la tentación de cometer los nuevos delitos se vería incentivada por el hecho de eliminar pruebas o testigos de la comisión del delito principal.
La sociedad demanda una protección eficaz frente a la delincuencia, de ahí que los actores políticos tengan la obligación de trabajar en este sentido, pero para que este debate sea fructífero es necesario que se acompañe de propuestas soportadas en razonamientos sólidos, serios y rigurosos. Es lo mínimo que se merecen las familias de las víctimas.
Tags: economía economía impuestos políticaNÚRIA BOSCH
Catedrática de Hacienda Pública
El gasto que realizan los municipios españoles representa aproximadamente el 11% del total del gasto público español. Si a este porcentaje le añadimos el gasto de las demás administraciones locales (diputaciones, áreas metropolitanas, comarcas, etc.), la cifra llega al 13%. Este porcentaje es más pequeño que en otros países también con tres niveles de gobierno (central, autonómico o intermedio, y local) como España. En Suiza, el peso del gasto local sobre el total de gasto público es de un 22%; en Canadá, del 16%, y en Estados Unidos, del 26%.
Otras diferencias entre los gobiernos locales españoles y los de estos países derivan de la tipología del gasto. En lo referente al gasto social, España tiene una estructura de gasto local en la que tanto en sanidad como en protección social y, especialmente, en educación se encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE. Así, el gasto local en educación representa un 4% del gasto público total de los gobiernos locales españoles. En cambio, en Canadá y Estados Unidos se eleva a más del 40% del gasto local; en Suiza, al 23%, y el gasto local medio en educación de la Unión Europea de los quince también supera el 20%.
La estructura del gasto social que llevan a cabo los municipios españoles de media es la siguiente: seguridad y protección social (46,1%), educación (26,5%), promoción social (19,8%) y sanidad (7,6%). Ahora bien, el análisis de dicho gasto por comunidades autónomas evidencia una gran disparidad y heterogeneidad en los resultados, tanto en cuanto a su magnitud como en la composición del mismo. Destacan dos grupos de comunidades, por situarse en las posiciones más extremas. Entre las comunidades con un mayor gasto social municipal están Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura. En situación opuesta, es decir, entre las comunidades con un menor gasto social municipal figuran Castilla-León, Cantabria, Aragón y La Rioja. Las posibles explicaciones a estos comportamientos tan dispares entre autonomías pueden proceder de las distintas necesidades de gasto, distintas preferencias, distintos costes de provisión, distinto tamaño poblacional, distinto nivel de cobertura de estos gastos por parte de otras administraciones, etc.
No obstante, aunque el sector público local español es más raquítico que en los países mencionados y su gasto social es menor, es de destacar que una parte importante del gasto social que los gobiernos locales realizan corresponde a servicios que no están obligados a proveerlos por ley, sino que los prestan para dar respuesta a las necesidades que van emergiendo. Por tanto, los gobiernos locales españoles destacan por la importancia que tienen para los ciudadanos en la satisfacción de su demanda de servicios públicos.
En definitiva, junto a la tan demandada y necesaria reforma de la financiación local, es necesario también revisar su nivel competencial. Primero, para equiparar a nuestros gobiernos locales en materia de competencias a los países de nuestro entorno y, segundo, para equiparar su marco de financiación a la cuantía y naturaleza de las servicios que prestan.
