Tags: política religiónÓSCAR CELADOR ANGÓN
La libertad religiosa es una manifestación de la libertad de pensamiento o de conciencia que suele ser definida como la primera de las libertades públicas, por lo que ocupa un papel privilegiado en la mayoría de los textos constitucionales. Desde una perspectiva histórica, pero sobre todo muy recientemente, la Iglesia católica –que no es más que uno de los muchos usuarios de la libertad religiosa– está haciendo un uso de este derecho que merece el calificativo de manipulador o, cuando menos, de excesivamente parcial.
Hace sólo un par de meses, la Conferencia Episcopal denunció que el Congreso ponía en peligro la libertad religiosa, con ocasión del debate de una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, que pretendía reprobar al Papa por sus declaraciones sobre el uso del preservativo en su gira por el continente africano. En aquella ocasión, la Iglesia católica reprochó al Estado que este se saltara el muro imaginario que debe separar los asuntos civiles de los religiosos. Así las cosas, ¿cómo deben interpretarse las recientes declaraciones de los obispos, señalando que aquellos que promuevan o voten a favor de la reforma de la Ley del Aborto habrán cometido un pecado mortal y no podrán ser admitidos a la sagrada comunión? De acuerdo con la interpretación que la Iglesia católica hace del derecho de libertad religiosa, ella tiene el derecho de decirle a los parlamentarios –que han sido elegidos democráticamente por el pueblo– lo que tienen que votar, pero esos mismos parlamentarios no pueden pronunciarse sobre las actividades o el gobierno de una Iglesia, cuyo parecido con cualquier institución democrática no es más que una mera coincidencia.
Si un extraterrestre aterrizase en España y leyera las declaraciones de la Conferencia Episcopal, llegaría a dos sencillas conclusiones. Primero, Europa no es un continente de mayoría cristiana, ya que, exceptuando los casos de Malta y Andorra, que prohíben el aborto en cualquier supuesto, los demás países están gobernados por políticos que han sido elegidos por ciudadanos a los que parece no preocuparles que sus representantes pequen en su nombre. Y segundo, las elecciones que celebra periódicamente nuestro país deben ser una cuestión menor, pues, con independencia de lo que diga el programa que los políticos venden a la ciudadanía, parece que a priori una institución privada que no concurre a las elecciones puede intervenir en las decisiones legislativas.
En los procesos electorales, los políticos no suelen confesar cuáles son sus creencias religiosas, debido a que al electorado lo único que le importa es el compromiso de sus representantes con un programa, un proyecto o unas ideas. Los motivos por los que los parlamentarios pueden votar en contra de la reforma de la Ley del Aborto son tan numerosos como legítimos, pero alegar motivos de conciencia sería traicionar el espíritu del sistema democrático, ya que, y aunque parece que algunos todavía no se han dado cuenta, cuando los señores parlamentarios ejercen de tales, no se representan a sí mismos, sino al pueblo, que es donde reside la soberanía nacional.
Óscar Celador Angón es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Tags: justicia política política internacional sociedadCARMEN MAGALLÓN
La Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, organizada por la FAO en Roma en días pasados, nos ha dejado un poso amargo. Sobre todo porque la declaración final no contiene los compromisos concretos de aportación de los fondos que son necesarios para avanzar hacia la erradicación del hambre, un objetivo urgente que no hay que argumentar y que, en vez de acercarse, parece alejarse del horizonte. Ni siquiera está claro que pueda alcanzarse el objetivo del milenio de reducir a la mitad, para 2015, el número de personas que padecen hambre.
Para cualquier ciudadano de un país rico, esta falta de compromiso debería producir vergüenza e indignación. Porque si los responsables de la crisis financiera tienen ahora en su haber otra ignominia más, la de haber provocado el aumento del número de personas hambrientas en el mundo hasta llegar a la máxima cifra, nunca antes alcanzada, de 1.020 millones, la inasistencia a la cumbre de los jefes de Estado de los países enriquecidos (los miembros del G-8 que en su día corrieron a rescatar a los bancos con sumas millonarias) ha mostrado el grado de interés que otorgan al problema. Me pregunto hasta cuándo soportaremos la ceguera ante lo importante que despliega la lógica de la acumulación económica en la que estamos inmersos.
De nuevo, hay que decirlo: para eliminar el hambre sólo hace falta voluntad política. Algunos países la han tenido y han avanzado, lo que muestra que es posible. Armenia, Brasil, Nigeria y Vietnam son ejemplos de éxito que pueden ser analizados. De paso hay que decir que el nombre del programa de Brasil, Hambre cero, expresa con dignidad el único objetivo que habríamos tenido que definir, en vez de perseguir la corta meta de “reducción a la mitad”.
Más esperanza suscitan los trabajos del Foro Paralelo, reunido los mismos días y formado por movimientos sociales, ONG y organizaciones de la sociedad civil de 93 países. Para los pequeños agricultores y pescadores, pastores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas reunidos en el Foro, la solución al problema del hambre es la soberanía alimentaria, es decir, una transformación del sistema alimentario actual que asegure el acceso equitativo y el control sobre la tierra, el agua, las semillas, la pesca y la biodiversidad agrícola de quienes producen los alimentos.
Sus prácticas ecológicas, según la declaración del Foro Paralelo, “se centran en alimentar a las personas y no en el beneficio de las corporaciones. Es un suministro sano, diverso, local, que enfría el planeta”. Entre las cuestiones que el Foro pide a la comunidad internacional están las siguientes: que ponga fin a las violaciones de derechos humanos relacionadas con los desplazamientos forzosos y la confiscación de tierras; que la ayuda de emergencia se obtenga lo más localmente posible y no se utilice para presionar a los países a aceptar organismos genéticamente modificados; y que los alimentos no sean usados como arma política.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Tags: política sociedadFRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El secuestro del Alakrana ha vuelto a poner a prueba nuestra capacidad de articular respuestas a los problemas que periódicamente centran el debate social. El temor a que pudiera desencadenarse una tragedia, teniendo en cuenta las personas que estaban retenidas en el buque, no ha sido un obstáculo para la desmesura con la que este asunto ha sido abordado. La estrategia de los piratas ha contribuido a ello, al potenciar un seguimiento en directo de las condiciones del secuestro a través de las declaraciones de los secuestrados a los medios de comunicación, lo que ha generado una tensión emocional muy fuerte en la sociedad española, que no estaba preparada para estas nuevas modalidades de delincuencia.
Esa tensión se ha visto incrementada como consecuencia de las circunstancias relativas a la detención y posterior traslado a España de dos de los piratas, que ha contribuido a redimensionar el problema potenciando su vertiente interna. Situado ya en esa clave, el aumento de la temperatura política en torno al secuestro era previsible, generando auténticas aporías. La confusión –habitual en nuestro país– entre el ámbito político y el judicial, ha terminado por viciar todavía más el debate público. Por fortuna, esta espiral ha concluido –de momento– con la liberación de los secuestrados, que podrán estar pronto con sus familias tras largos días de cautiverio y de sufrimiento.
Como en todas las malas experiencias de la vida, también en esta sería conveniente extraer algunas enseñanzas. La primera afecta al Gobierno, que debería establecer un protocolo de actuación para las Fuerzas Armadas que clarifique qué intervenciones son aconsejables y cuáles no lo son en este tipo de situaciones. No resulta obligado practicar detenciones si la estrategia que parece más razonable es la negociación para preservar la integridad física de los secuestrados. En la opción por una u otra intervención hay un amplio margen de discrecionalidad que deja de existir, sin embargo, en el momento en que se ha realizado la detención y hay que poner a los piratas a disposición judicial.
La segunda afecta a la oposición del Partido Popular, que debería asumir que hay temas de Estado en los que, desde el primer minuto, tiene que estar públicamente al lado del Gobierno aunque pueda manifestar las discrepancias que estime oportunas en las reuniones o conversaciones que tenga con los responsables gubernamentales. La utilización partidista de este tipo de asuntos debería estar vetada mientras dure la crisis. Ello sin perjuicio de que el Partido Popular pueda exigir después todas las responsabilidades que quiera al Gobierno, como ha hecho ya a pocas horas de la liberación de los secuestrados, eso sí, con una contundencia exagerada.
La tercera tiene que ver con las propuestas de carácter militar para la zona. Seguramente serán necesarias para garantizar la actividad pesquera, pero no deberíamos olvidar nunca que con la piratería sólo se acabará cuando se termine con el hambre y el desamparo de la población somalí.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional
Tags: economía políticaJOSÉ MANUEL NAREDO
La tan sonada pelea por el control de Caja Madrid induce a reflexionar sobre unos intereses en juego que poco tienen que ver con los objetivos sociales que justifican en nuestro país la existencia de este tipo de entidades financieras de naturaleza más o menos pública y/o cooperativa.
La explicación del empeño de los políticos en controlar las cajas hay que buscarla en la culminación de dos procesos desencadenados durante la llamada transición a la democracia.
En primer lugar, el proceso de privatización y desmantelamiento total de la antigua banca pública hizo que ya sólo quedaran las cajas como instrumento a manejar por el poder político para financiar proyectos con menos exigencias que la banca privada, ya que las cajas ni cotizan en bolsa ni tienen que rendir cuentas a los accionistas.
En segundo lugar, la refundación oligárquica del poder operada “sin traumas” durante la transición democrática hizo que el renovado caciquismo imperante emprendiera el asalto de las cajas con el fin de arrimar esos rescoldos de financiación pública preferente a sus operaciones y megaproyectos. Se tejió así una red de intereses en la que ayuntamientos y cajas, que deberían velar por los intereses de la ciudadanía, acabaron sucumbiendo a la cultura del pelotazo.
Las cajas han venido siendo la mano financiera utilizada por ese neocaciquismo local y regional para sacar adelante sus grandes operaciones inmobiliarias y los megaproyectos de dudosa rentabilidad que les servían de pretexto. Así, por ejemplo, todos los parques temáticos –que acabaron mostrando pérdidas, para hacer la fortuna de los propietarios de terrenos circundantes– fueron financiados por cajas de ahorros y/o empresas públicas. Desde Port Aventura (La Caixa, 43 %)… hasta el Parque Warner (Arpegio, 44% y Caja Madrid, 22 %), pasando por Isla Mágica (Caja el Monte y Caja San Fernando, hoy fusionadas en Cajasol), por Terra Mítica (Bancaixa y Caja de Ahorros del Mediterráneo)… o por el Reino de Don Quijote y su aeropuerto privado, que hicieron colapsar a Caja Castilla-La Mancha (CCM).
Ciertamente, el Banco de España vela por que las cajas mantengan los obligados ratios de solvencia; sin embargo, el hecho de que la CCM declarara un notable beneficio y, a renglón seguido, tras ser intervenida, se le descubrieran cuantiosas pérdidas, hace dudar de que los controles ordinarios puedan desvelar las trampas de la ingeniería financiera. Sobre todo cuando las cajas han dejado de ser meras entidades de préstamo para convertirse, a través de sus grupos de empresas, en partícipes de esa lucrativa trapisonda constructivo-inmobiliaria que ha recorrido el país en estrecha connivencia –y ósmosis de directivos– con los partidos políticos gobernantes.
El libro Economía, poder y megaproyectos (Fundación César Manrique, 2009) ofrece ejemplos significativos de esta connivencia. Ahora que con la crisis vienen aflorando episodios de corrupción, suspensiones de pagos e intervención de entidades, sería el momento de iluminar y denunciar las irresponsabilidades sociales corporativas y las malas prácticas, cuyo reconocimiento crítico es el primer paso para enmendarlas.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
Tags: urbanismoCARME MIRALLES-GUASCH
Existe el mito, cada vez más cuestionado aunque plenamente vigente, acerca de que las infraestructuras de transporte de gran capacidad –aeropuertos, autovías, trenes de alta velocidad– generan por ellas mismas desarrollo económico y social. Es un mito basado en la experiencia de la modernidad que nos ha acompañado a lo largo del siglo XX, alimentado hoy por los agentes vinculados a la construcción, por algunos técnicos y por ciertos políticos que quieren inaugurar obras grandilocuentes.
Es innegable que las grandes infraestructuras son necesarias, pues proporcionan mayor accesibilidad e incrementan la conectividad entre territorios. Pero también lo es que estas grandes infraestructuras, por sí mismas y aisladas de otras estrategias territoriales, no aminoran el sentido de periferia, no ofrecen relato territorial ni crean redes sociales y económicas que puedan incrementar el desarrollo y la riqueza. Además, cuando los lugares que estas unen son muy desiguales en tamaño y en capacidad, el polo que se beneficia es el que ya tenía mayor tamaño e impulso.
Cuando en los ochenta se enlazaron, con el tren de alta velocidad, París con algunas capitales de provincia francesas, estas últimas creyeron que allí se podrían trasladar empresas que en la capital sufrieran de los colapsos propios de las grandes ciudades. ¿Por qué permanecer en París –una ciudad tan cara, congestionada y difícil– cuando uno se podía trasladar a ciudades –como Lyon, por ejemplo– donde todo era más fácil y más barato, y que además estaban conectadas con la capital en poco tiempo? Era una lectura unidireccional de la nueva infraestructura, leída desde la periferia capitalina.
Pero las infraestructuras tienen dos sentidos y, desde esa bidireccionalidad, la realidad fue otra y bien distinta. Si antes de estar conectadas con la capital las ciudades medias tenían una red empresarial y económica propia, ahora parte de esta se podría trasladar a París, donde las oportunidades eran mayores. Muchas empresas cerraron las sucursales de estas ciudades más pequeñas, concentraron sus actividades en París y desde ahí enviaban con mucha rapidez a sus empleados requeridos en los otros territorios periféricos, sin necesidad, incluso, de pernoctar.
Si a esta condición de doble sentido que tienen las infraestructuras se le añade el mito de que estas son suficientes para generar más desarrollo, en las zonas más débiles de la geografía las consecuencias pueden ser
catastróficas.
Sin otras estrategias territoriales que dinamicen y puedan estructurar las potencialidades de estos territorios, el predominio lo sigue sustentando la ciudad más importante, que, además, amplía su ámbito de influencia.
En España, donde la distribución poblacional y el desarrollo económico es desigual –o incluso muy desigual– y donde el mito de las grandes infraestructuras y el desarrollo sigue vigente, es necesario revisar la política de las infraestructuras de gran capacidad desde esta perspectiva. Muchas veces, en nuestra geografía nacional se requiere más inteligencia y menos cemento.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
Tags: economía políticaNÚRIA BOSCH
Los casos de corrupción ocasionados por nuestros representantes políticos van apareciendo con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Es un fenómeno que afecta a todos los países con más o menos intensidad. El Banco Mundial ha alertado de que la corrupción afecta al crecimiento de un país y es un impedimento importante para el desarrollo.
Muchos estudios económicos y políticos demuestran que los países con sistemas democráticos avanzados, basados en la competencia entre partidos, elecciones libres y libertad de prensa tienen menos corrupción política. Por ello, sería razonable pensar que los sistemas democráticos ayudan a reducir los niveles de corrupción al tener más transparencia y más sistemas de control político.
Uno de los mejores controles políticos lo ejercen los ciudadanos cuando acuden a las urnas. En un sistema democrático los ciudadanos pueden castigar a sus políticos no reeligiéndoles para el ejercicio del gobierno. Y es a nivel municipal donde mejor se puede ejercer a través de las urnas dicho control. Ello es debido a que los ciudadanos conocen mejor a los políticos de su gobierno local que a los políticos de gobiernos de administraciones superiores. A nivel local se conocen mejor las características personales de los políticos y el entorno donde ejercen sus funciones. Además, a nivel local muchos de los casos de corrupción están relacionados con la regulación del suelo y el urbanismo en general.
Las consecuencias de este tipo de corrupción son evidentes, en la medida que las irregularidades relacionadas con el suelo y el urbanismo pueden ser más fácilmente percibidas por los votantes. Por tanto, sería lógico pensar que a nivel municipal sea donde los ciudadanos castiguen más la corrupción política.
Un estudio reciente de unos profesores de la Universidad de Barcelona demuestra cómo en las elecciones locales de los años 2003 y 2007 los ciudadanos de los municipios españoles donde hubo casos de corrupción relacionados con la regulación del suelo y el urbanismo castigaron a los políticos corruptos. El estudio analizó una muestra de unos 4.900 municipios, de los cuales más de 500 tuvieron algún caso de corrupción entre 1999 y 2007. Los resultados del estudio indican que los partidos políticos son castigados en las elecciones cuando ha habido casos de corrupción en su municipio, siendo el partido del alcalde el más castigado. El conjunto de partidos pierde un 9% de los votos, mientras que el partido del alcalde un 11%. Asimismo, si el estudio se circunscribe a los casos más graves de corrupción, los porcentajes anteriores pasan a ser del 17% y del 20%, respectivamente.
En consecuencia, aunque los casos de corrupción han de ser penalizados a través de los sistemas judiciales, es evidente que el buen funcionamiento de la democracia es una de las mejores herramientas para luchar contra esta problemática.
Las elecciones no son sólo un mecanismo para elegir a los políticos, sino también un instrumento para que los ciudadanos puedan expresar su descontento y rechazo por la corrupción negando a ciertos políticos el privilegio de gobernar.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
Tags: ciencia políticaMIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Para mejorar el sistema científico en España hemos hecho de todo. Y hemos conseguido mucho. Pero aún nos falta algo: alcanzar la madurez. Hace no tantos años estábamos mucho peor. Recordemos cómo era el CSIC en el momento de su fundación, según el testimonio de Laín Entralgo: “No les interesaba la ciencia ni, salvo excepciones, sabían realmente lo que la ciencia es. Adulatoria sumisión al poder; fuertes resabios del viejo derechismo y mal digerido recuerdo de la inferioridad de este, frente al mucho más amplio y calificado grupo de los intelectuales de la República… retórica hinchada y megalomaníaca. Más que verdadero interés por la ciencia y por la educación científica de los españoles, todo esto es lo que en su etapa fundacional animaba al CSIC”. Fin de la cita. Ahora el CSIC figura entre las once instituciones científicas más productivas del mundo (http://www.scimagoir.com/).
Así que tenemos motivos de sobra para estar satisfechos de cómo hemos cambiado y mejorado en materia de investigación. Y sin embargo nos falta mucho para llegar a la madurez. ¿Qué se necesita para ello? He aquí cuatro ideas sencillas.
1. La ciencia de nuestros días sólo se puede hacer a lo grande. La mayoría de las estructuras institucionales que tenemos (departamentos pequeños, institutos sin dotación de personal, universidades sin presupuesto de investigación, organismos burocratizados) no sirven. Están pensadas para otra época o para otras funciones. Hay que redimensionar la ciencia: necesitamos instituciones más grandes, más abiertas, más flexibles, más eficientes, más autónomas, más responsables y mejor conectadas entre sí y con el sistema productivo.
2. La ciencia es una actividad creativa que no se parece en nada a la inmensa mayoría de las actividades que realizan las administraciones públicas. Así que, si nos empeñamos en que los científicos trabajen como funcionarios, será difícil conseguir que produzcan como científicos. No hay atajos en este camino: la sociedad debe confiar en los científicos y exigirles que trabajen con dedicación y responsabilidad, pero aceptando que dispongan de elevados niveles de autogobierno y flexibilidad organizativa.
3. La ciencia no digiere bien los sobresaltos. Los proyectos científicos serios se diseñan con perspectiva de muchos años y hay que establecer mecanismos de financiación adecuados, más parecidos al contrato plurianual con el que se financia la construcción de una autovía que a los presupuestos anuales con los que se financia el gasto ordinario de funcionamiento de una institución pública.
4. Un sistema de ciencia y tecnología sólo alcanza la madurez cuando se abre a la participación de los ciudadanos y, en contrapartida, resulta arropado por toda la sociedad. En España todavía nos queda mucho por andar en este campo. La mayoría de los ciudadanos, periodistas y políticos, consideran la ciencia como un asunto ajeno o un lujo (en el caso de la ciencia básica) del que es fácil prescindir cuando las cosas vienen mal dadas. Y, por la otra parte, muchos científicos siguen considerando que el resto de los mortales no tienen nada que decir sobre lo que ellos hacen. Es urgente acabar con este déficit brutal de nuestra cultura científica y cívica.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Tags: política religión sociedadRAMÓN COTARELO
Enfrentada a la práctica democrática, la Iglesia católica española está en batalla contra las normas de convivencia que relativizan el predominio absoluto de los valores que su moral consagra. Este toque a rebato corre a cargo del segundo en la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, cuya defensa de la primacía católica sólo es comparable a su modo sesgado de entender los debates públicos, cosa especialmente clara en los dos últimos sobre los crucifijos en las aulas y la reforma de la legislación sobre el aborto.
Dice monseñor que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de pedir que se retiren los crucifijos de las escuelas es “discriminatoria”, atenta contra la libertad y contradice la saludable doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. De donde se siguen tres conclusiones que oscilan entre la falsedad y la arrogancia. La primera, que la Iglesia propugna una separación entre ella y el Estado que su historia y su práctica cotidiana, desde su financiación hasta la organización de la enseñanza, desmienten de continuo. La segunda, que se arroga el derecho a casar las decisiones de los tribunales decidiendo que el de Estrasburgo simplemente no sabe lo que dice, ya que su decisión va en contra de la finalidad que afirma perseguir. La tercera, que la presencia de los crucifijos en las escuelas, fruto de un acto de imposición estatal de los tiempos del nacionalcatolicismo franquista, es una muestra de libertad.
Y de los crucifijos pasa monseñor a anatematizar la legislación sobre el aborto en un acto de imperio absoluto del dogma católico que pretende imponerse sobre la voluntad del legislador, obligándole a modular su actuación en materia de interés general según sus convicciones privadas so pena de una sanción cercana a la excomunión. Poseído de un espíritu antihegeliano, monseñor Martínez Camino dice que el Estado no puede imponer principios morales a la sociedad ni arrogarse la representación de la mayoría, aunque sea a favor del catolicismo. Es decir, que el Estado no tiene por qué cuidarse del interés general, pero la Iglesia sí puede tratar de imponer su concepción de la moral al legislador, incluso con amenazas.
Siempre que la Iglesia católica pretende imponer su visión moral al conjunto de la sociedad, invoca el derecho divino y la ley natural haciéndolos coincidentes y atribuyéndose el monopolio de su interpretación; es decir, pretende situarse por encima del Estado, al que sólo reconoce función vicaria suya. Y siempre, también, que se critica esa pretensión totalitaria de imponer la parte al todo, surgen voces que reclaman para la Iglesia el derecho a la libertad de expresión, recordando que se trata de formular una posición moral en el conjunto del debate democrático.
Ambas posiciones no son compatibles: el debate democrático se da en el marco de la supremacía de la legislación civil sobre todas las creencias morales particulares y rechaza con contundencia la pretensión de una de aquellas de imponerse sobre las demás por razón de su pretendido origen divino.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
Tags: economía sanidadFRANCISCO BALAGUER
Una de las novedades más significativas del nuevo sistema de financiación autonómica es la aportación de recursos adicionales por el Estado con la finalidad de que la ciudadanía tenga garantizada la igualdad básica en los servicios públicos fundamentales. Además de las dotaciones para sanidad, educación y servicios sociales, se han incluido también fondos específicos para la aplicación de la Ley de Dependencia. Está previsto que el 80% de los recursos del sistema se destinen a la realización del principio de solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales.
Los recursos adicionales aportados por el Estado se distribuirán de acuerdo con diversas variables. Así, una de las preocupaciones esenciales del nuevo sistema es incorporar a la financiación los aumentos de población de los últimos años y, por ese motivo, una parte importante de los recursos adicionales que el Estado aporta se distribuirán inicialmente atendiendo a ese criterio (teniendo en cuenta el período 1999-2009). Otros recursos adicionales del Estado se distribuirán en el año 2009 atendiendo a otras variables, entre las que destaca el peso relativo de la población potencialmente dependiente y del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación.
En el año 2010, la distribución de los recursos adicionales aportados por el Estado tendrá en cuenta también el peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación. A diferencia de otras partidas, que se han visto sometidas a reducciones, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 ha incrementado en un 36,5% los fondos previstos para la aplicación de la Ley de Dependencia. Un aumento sustancial, pero todavía insuficiente en relación con muchas comunidades autónomas que tienen dificultades para aplicar la ley (aunque en Canarias, Baleares y Murcia parece que los medios económicos actuales cubren sobradamente las necesidades financieras de la comunidad autonóma por este concepto).
La incorporación de esta partida específica para la aplicación de la Ley de Dependencia ha permitido visualizar el tratamiento tan diferente que esta ley está teniendo en las diversas comunidades autónomas. Sorprende especialmente –de acuerdo con los datos que incorpora el Acuerdo para la Reforma del Sistema de Financiación– el número tan bajo de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. Estas autonomías han sido superadas por otras con menos población, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular (por ejemplo, Castilla y León supera a la Comunitat Valenciana, pese a tener prácticamente la mitad de población). Estas diferencias evidencian la preocupación real que los responsables de algunas comunidades autónomas tienen por el bienestar de su ciudadanía, más allá de declaraciones retóricas con las que intentan esconder sus luchas internas por el poder o su relación con tramas de corrupción que han financiado lujosos vestuarios.
Francisco Balaguer es catedrático de Derecho Constitucional
Tags: política internacionalCARLOS TAIBO
La reciente apertura y posterior aplazamiento de las sesiones de la causa legal abierta contra Radovan Karadzic deberían haber propiciado –no ha sido, visiblemente, así– una discusión, tantas veces aparcada, sobre la condición del tribunal de La Haya para la antigua Yugoslavia. No está de más que nos preguntemos, antes que nada, por las razones que permitieron que en el pasado determinados conflictos –a decir verdad muy pocos– condujesen a la creación de tribunales ad hoc, en tanto otros, la abrumadora mayoría, se viesen privados de semejante honor. Por detrás es fácil intuir que en la perspectiva de las grandes potencias, y en virtud de razones de orden vario, hay, claro, conflictos que interesan y otros que no.
Pero, más allá de lo anterior, hay que subrayar que las taras mayores del tribunal de La Haya para la antigua Yugoslavia no nacen de lo que ha hecho, sino, antes bien, de lo que no ha hecho. Bastará con que, para apuntalar esta idea, aduzcamos dos ejemplos llamativos.
El primero nos recuerda que cuando, hace no mucho, fue detenido en las islas Canarias el general croata Ante Gotovina, acusado de crímenes de guerra en la Krajina en 1995, desde las instancias superiores del tribunal se adujo que el militar capturado era –junto con Franjo Tudjman, el presidente de Croacia fallecido a finales del decenio de 1990– responsable de execrables acciones armadas. La declaración tenía su miga por cuanto el tribunal que hoy nos ocupa bien que esquivó la decisión de procesar en vida al presidente croata. En un retrato cabal de las miserias que estamos obligados a rescatar, era muy cómodo arrojar culpas sobre Tudjman cuando este hacía años que había fallecido. Quienes pensamos que el presidente croata fue responsable, en un nivel no muy lejano al de Slobodan Milosevic, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tenemos que preguntarnos por qué, cuando correspondía actuar con energía, el tribunal de La Haya prefirió mirar hacia otro lado. La respuesta es sencilla: Tudjman era un aliado de facto de las potencias occidentales.
El segundo ejemplo es aún más gravoso. En 1999, pocos meses después de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia y Montenegro, dos conocidas organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, solicitaron que el tribunal para la antigua Yugoslavia abriese una investigación sobre eventuales crímenes de guerra cometidos, entonces, por la Alianza Atlántica. De manera bien ilustrativa, no es que el tribunal rehuyese encausar a la OTAN: es que se negó en redondo a abrir una investigación que con toda evidencia entraba dentro de sus atribuciones y obligaciones.
No hay que ir muy lejos –parece– en busca de explicaciones para conductas tan reprobables como las retratadas. La financiación del tribunal de La Haya corre a cargo de las potencias occidentales, que con notable eficacia han hecho todo lo que estaba en su mano para evitar que la instancia legal que hoy nos atrae pusiera en peligro sus intereses en una zona y ante unos conflictos de relieve difícilmente rebajable. No hay motivo para pensar que, a estas alturas, semejante dependencia va a tocar a su fin.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
