Del consejo editorial

Cristianos perseguidos

ÓSCAR CELADOR

Profesor de Derecho Eclesiástico
del Estado y de Libertades Públicas

El Partido Popular acaba de conseguir que el Pleno del Congreso apruebe una declaración en la que se condena la persecución de las minorías cristianas en algunos países de Oriente Próximo, Asia y África. La propuesta del grupo popular demuestra su preocupación por los atentados recientemente perpetrados contra las comunidades cristianas, y en especial el peligro que esta situación representa para el pluralismo religioso en los países de mayoría musulmana, ya que las víctimas de la persecución religiosa están emigrando de estos países.
La propuesta inicial que el Partido Popular presentó en el Senado instaba al Gobierno a que, además de realizar la declaración de condena aludida, exigiese a los países islámicos reciprocidad en este terreno, de forma que los cristianos disfruten del derecho de libertad religiosa en los países islámicos con las mismas garantías previstas para los musulmanes en los países occidentales. La propuesta del grupo parlamentario popular fue duramente criticada en el Senado, ya que, como indica el más elemental sentido común, la defensa de los Derechos Humanos no es una mercancía que pueda ser objeto de negociación, y la naturaleza democrática de nuestro Estado nos impediría negar derechos a los ciudadanos que practiquen una determinada creencia religiosa por el hecho de que otros países se los nieguen a los nuestros. Asimismo, el establecimiento del principio de reciprocidad en el contexto de los Derechos Humanos supondría que nuestro país incumpliese tanto los principios constitucionales como la totalidad de los tratados y acuerdos internacionales que ha ratificado sobre esta materia.
La declaración final aprobada por el Pleno de Congreso tampoco está exenta de polémica, ya que relega a un segundo plano la intolerancia que padecen aquellos que no son cristianos. Los ataques sistemáticos que en los últimos años han sufrido las comunidades cristianas en algunos países son injustificables, y es coherente que nuestro país denuncie esta situación ante la comunidad internacional, pero siempre que utilice la misma energía y demuestre la misma preocupación por las minorías ideológicas o religiosas no cristianas que son también víctimas de la intolerancia, y no se olvide de otros colectivos que a diario son objeto de duras persecuciones en algunos países de tradición islámica, como las mujeres, los homosexuales, o numerosas minorías raciales y étnicas.

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