29/07/201128/07/2011

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

El barómetro de julio del CIS muestra que la preocupación de los ciudadanos con la corrupción va en aumento. La idea de que la corrupción no tiene coste electoral, aun siendo empíricamente cierta por ahora, contradice de tal modo los fundamentos legales y éticos de nuestra sociedad que puede dejar de serlo en cualquier momento. Especialmente cuando se sospecha que la corrupción tiene bastante que ver con la crisis y, desde luego, con la burbuja inmobiliaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) abre actuaciones sobre los presuntos delitos de financiación ilegal, prevaricación y cohecho entre otros, en los que aparecen imputados destacados cargos del PP. Es imposible seguir sosteniendo, como hacía Rajoy en 2009, que la trama Gürtel sea una trama para aprovecharse del PP. De aquí a las elecciones esta trama va a estar en los medios con un efecto negativo para las expectativas electorales del PP.
De hecho ya lo está. La dimisión de Camps no es más que un episodio del caso Gürtel muy mal administrado por la dirección del PP cuando se permitió que Camps fuera candidato estando imputado y se le apoyó en su demencial huida hacia delante de querer contrarrestar la legitimidad de los jueces con la del voto popular, en un alarde de populismo plebiscitario. Sin embargo, la salida de Camps resuelve un problema pero genera otro mayor, si el nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Fabra, hace honor a su promesa de publicar los contratos de la Administración con las empresas de la trama Gürtel.
Son los contratos que Camps lleva dos años negando a la oposición en las Corts valencianas, incluso con desobediencia de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que le obliga a hacerlo. Los mismos dos años que lleva negándose a contestar las preguntas de los periodistas en una evidencia más de la especie de estado de excepción en que ha vivido el País Valencià desde que se supo el caso de los trajes.
Las decisiones de Fabra y del TSJV convierten el caso Gürtel en uno de los actores en la campaña de las próximas elecciones y una ocasión única para comprobar la validez de la idea de que la corrupción no tiene coste electoral.