02/09/201101/09/2011

RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas

La propuesta bipartidista de reforma constitucional que se vota hoy se ha encontrado con la hostilidad de un sector de la opinión. Se habla de "golpe de Estado financiero", de "golpe a la democracia", de "ruptura del consenso constitucional", etc. Son términos irritados, fuertes, que además coinciden con el resurgimiento del 15-M después del paréntesis papal y que se ha añadido a la nueva causa contra la entrega del Gobierno al neoliberalismo.

Sin embargo, la iniciativa por acuerdo del PSOE y el PP es perfectamente legal. Si es o no democrática dependerá del concepto de democracia que se tenga. Pero legal, es. Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores, números que es muy dudoso que se consigan. Las peticiones y las manifestaciones hacen visible la propuesta, pero no más eficaz.
Se puede decir que, aunque el referéndum no sea legalmente obligatorio, lo es moralmente dada la trascendencia de lo que se reforma. Pero aquí aparecen discrepancias. Para unos, el tope del déficit es enterrar el Estado del bienestar; para otros, es una garantía del Estado del bienestar. Si no hay acuerdo mayoritario, la obligación moral se debilita.
El argumento del escaso consenso y la imposición del bipartidismo, aun siendo menor, también cuenta. Parece que el Gobierno y la oposición de derecha harán lo imaginable por atraer a su lado a CiU o, cuando menos, neutralizarla, ya que con el PNV, que pide la autodeterminación, es difícil el pacto. Quizá no sea mucho, pero garantiza el triunfo de la política (de qué política es otro cantar) en el sentido de que será impensable que se alcancen los 35 diputados en pro del referéndum.
Los sectores contrarios a la reforma y partidarios del referéndum centrarán sus baterías en el Grupo Parlamentario Socialista del que, en todo caso, podrían salir los votos que rompan la disciplina de partido, si no son muchos. Querrán poner a los diputados más a la izquierda en el dilema de actuar según sus convicciones o según las directrices de su partido. Y este reaccionará haciendo política con los diputados más vacilantes; que puede ser política de conciliábulo. Pero es la que hay.