ÓSCAR CELADOR

Profesor de Derecho Eclesiástico
del Estado y de Libertades Públicas

La educación pública, gratuita y de calidad, es una de las principales señas de identidad del Estado social, ya que gracias a este mecanismo el acceso a la educación, y el consiguiente triunfo social, se desvincula en gran medida de la capacidad económica de los alumnos. Asimismo, la inversión de los estados en el modelo educativo público es uno de los principales indicadores del grado de desarrollo de las sociedades democráticas, pues las desigualdades entre los miembros de una sociedad se reducen considerablemente cuanto mayor es el grado de calidad de la educación pública.
Pese a esto, varios gobernantes autonómicos del Partido Popular han decidido reducir el presupuesto destinado a la educación pública, y para ello han optado, entre otras medidas, por incrementar el número de horas que deben impartir los docentes, ya que esto permitirá despedir a miles de profesores interinos que de esta manera se quedarán sin docencia. Solamente a un mal gobernante, o a alguien que no sea capaz de comprender la relevancia que tiene la escuela pública para la construcción de una sociedad más igualitaria y justa, se le puede ocurrir reducir el déficit público a costa de sacrificar con más trabajo y de prescindir de los responsables de educar a las futuras generaciones. Asimismo, las formas y los discursos utilizados por la clase política popular dejan mucho que desear, ya que, por una parte, esta medida es una estafa para aquellos votantes del Partido Popular a los que hace sólo unos meses se les prometió incrementar el presupuesto y la calidad de la educación pública. Por la otra, es un insulto a la inteligencia de la opinión pública justificar el despido de miles de docentes argumentando que esta decisión no supondrá ninguna merma para la calidad del sistema educativo.
La sociedad española ha demostrado una madurez y una paciencia encomiables ante las sucesivas decisiones políticas que han recortado su Estado de bienestar, pero todo debe tener un límite, ya que la calidad del sistema educativo público y los esfuerzos que la sociedad civil está dispuesta a afrontar para su conservación son elementos que sirven para diferenciar a las sociedades justas y equitativas de las mediocres y tercermundistas.