Del consejo editorial

Reconocer un Estado

ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

En los seis meses de la Conferencia de Paz de 1919, la atención del mundo se centró en las negociaciones que conformaron las fronteras tanto en Europa como en Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces, el cuarteto integrado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia asumió el poder de delimitar fronteras entre nacionalismos rivales. Cuando en aquellos días le preguntaron al que se convertiría en primer presidente del Estado de Israel, Weizmann, por qué los judíos tenían derecho a un Estado en Palestina, respondió que "la memoria es derecho".
Hoy, como entonces, no existe una definición pacífica de Estado, y así el reconocimiento de otros estados resulta esencial. Pero hoy, a diferencia de ayer, esa memoria histórica como fuente de derechos sí que ha cambiado. La cuestión que se plantea estos días en Naciones Unidas es quién debe participar en la delimitación de esa memoria histórica en el caso de un Estado palestino. De los escenarios posibles, el menos indeterminado (veto de EEUU en el Consejo de Seguridad si se vota una recomendación a favor de la admisión de Palestina como miembro pleno en Naciones Unidas) es también el que se desea evitar. De producirse, EEUU resultaría menos creíble tanto en la promoción de una solución basada en la creación de dos estados, como en su interés por dejar de ser una potencia hegemónica en los conflictos regionales y defender los movimientos populares de la Primavera Árabe. Tampoco a la ANP pudiera interesarle prescindir de EEUU en el patrocinio de nuevas negociaciones con Israel o afrontar las consecuencias económicas de una posible reducción en las ayudas recibidas.
Otro escenario posible es que Palestina obtenga el reconocimiento a su estatalidad mediante una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un reconocimiento que puede venir acompañado de una elevación de su estatus como Estado no miembro observador permanente. En este escenario, la Asamblea General podría aprobar resoluciones invocando otras, incluso del Consejo de Seguridad, sobre la delimitación de fronteras o los asentamientos. Así, esa memoria histórica sería el resultado de un ejercicio de acción colectiva y no de una negociación bilateral con amnesias selectivas.

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