Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional

Tras la dimisión de Camps como presidente de la Generalitat valenciana era de esperar que el proceso que se sigue contra él tuviera una menor repercusión, toda vez que su ciclo político parece haber terminado, teniendo en cuenta las circunstancias que acompañaron a esa dimisión. Debemos recordar que el entonces presidente había acordado ya el reconocimiento de su culpabilidad y que fue un inesperado giro de última hora lo que determinó que el proceso judicial prosiguiera, a la vez que él presentaba su renuncia al cargo.

Sin embargo, es el propio afectado el que sigue negándose a admitir el carácter personal de su responsabilidad en esta parte del caso Gürtel (con independencia de la posible existencia de financiación ilegal del PP que se pueda derivar de otras partes de este macroproceso). En efecto, la afirmación que ha hecho de que tiene el apoyo de todo el Partido Popular, tanto el del País Valencià como el nacional, se mantiene en la línea estratégica del imputado que, desde el principio, ha intentado ampararse en sus cargos o en su partido para evitar dar cuenta de su actuación personal.

Lo mismo cabe decir de su apelación a la gestión que realizó como presidente de la Generalitat en otros ámbitos diferentes a los que se están enjuiciando en este proceso. Es evidente, por tanto, el intento de Camps de politizar el proceso en el sentido de enmarcarlo en la tensión política entre partidos y desviar así la atención acerca de sus propias acciones. Unas acciones que sólo tienen que ver con la política en lo que se refiere al cargo que él ocupó y que implicaba una serie de compromisos con la ciudadanía.

Uno de esos compromisos era, obviamente, el de no aceptar regalos valiosos, de manera continuada, de personas que contrataban con su Administración. Esto es, no aceptar regalos de una trama corrupta cuya actividad se vio favorecida por la relación que mantenían los principales encausados de esa trama con el entonces president de la Generalitat Valenciana. Es esa responsabilidad personal la que se está enjuiciando ahora y no la responsabilidad política que provocó su dimisión.