30/06/200930/06/2009

 FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

La economía es la única de las ciencias sociales que sigue pretendiendo establecer verdades incontestables y determinar las leyes que rigen la actividad económica de las sociedades. Hace ya mucho tiempo que la historia o la sociología, por ejemplo, reconocieron su incapacidad para precisar las supuestas leyes que explicarían el curso de la historia o los movimientos sociales. La economía no renuncia, sin embargo. Por el contrario, después de cada crisis, cuando todas sus predicciones quedan en evidencia, la ciencia económica vuelve a explicarlo todo, intentando convencernos de que puede arbitrar las soluciones correctas, cuando no las únicas posibles.

Al parecer, algunas de esas soluciones pasan por la lesión de las competencias de las Comunidades Autónomas, consideradas un obstáculo menor en las vías "científicamente" trazadas de la recuperación económica. La desconfianza de los economistas conservadores hacia las CCAA no es nueva. En realidad, la descentralización política ha sido tradicionalmente un impedimento en los planes de adelgazamiento de lo público mediante las privatizaciones, que tan de moda estaban antes de la crisis. Si se quiere vender lo público, es siempre más fácil y ventajoso actuar como un solo interlocutor y no como 17.

Es cierto que esas posiciones conservadoras han encontrado el modo de desquitarse, intensificando los ataques contra la sanidad o las universidades públicas allí donde

gobiernan. Pero nunca será lo mismo que disponer de todo el Estado para negociarlo ante los poderes privados. Es comprensible, desde esa perspectiva, la desconfianza con la que algunos sectores han contemplado las recientes reformas estatutarias: una cosa es transferir el poder político estatal a la esfera privada y otra muy diferente trasladarlo a otros ámbitos públicos democráticamente legitimados. Lo primero se presenta como inexorable, por mandato de la ciencia económica; lo segundo es, según nos dicen, una ruptura de la unidad y un debilitamiento inaceptable del Estado.
La tensión entre autonomía y economía parecía haberse cerrado con la última etapa de Gobierno del PP, cuando se vulneraron competencias autonómicas apelando a la competencia estatal sobre la planificación general de la actividad económica. Aunque el Tribunal Constitucional puso orden en diversas ocasiones, lo cierto es que las CCAA tuvieron ya la experiencia de una importante afectación de competencias, que limitaba las posibilidades de ordenación de su espacio económico.

Las CCAA no son un obstáculo en el camino: son el camino. Han demostrado ser un factor dinamizador de la economía y pueden seguir siéndolo en el futuro si se diseñan políticas adecuadas contando con su colaboración. Frente a la ciencia económica, la política debe recuperar su dignidad democrática. Que haya sólo una opción para resolver los problemas económicos es altamente discutible; que esa opción deba pasar por alterar el orden constitucional de competencias, lesionando las facultades que le corresponden a las CCAA, ni siquiera debería haberse planteado.

Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.