Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas

La pública petición de excusas de Juan Carlos, se dice, zanja el lamentable asunto de la cacería de elefantes en Botsuana y todo regresa a la normalidad. No tiene sentido seguir en la manifestación cuando ya se han conseguido los objetivos de esta. Curiosamente, los mismos que negaban que el Rey hubiera hecho algo censurable, quienes pretendían imponer silencio con el argumento de que la crítica a los actos concretos del monarca no puede poner en cuestión la institución monárquica son los que quieren dar a la petición de disculpas el valor de un cerrojazo.

Es verdad que el gesto del Rey es insólito, que no tiene precedentes, al menos en España, en donde los Reyes jamás han reconocido un error. Pero eso no habla a favor del gesto en sí, sino en contra de una monarquía que hasta ahora no lo había tenido. En otros términos: al pedir públicamente disculpas el Rey no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber y no merece más parabién que cualquier otro funcionario que haga lo propio. La existencia de sectores de opinión dispuestos a defender el derecho de la Corona a hacer de su capa un sayo no quiere decir que lo tenga; quiere decir que hay gente dispuesta a otorgárselo. Pero eso no obliga a los demás a aceptarlo.

El entusiasmo con que los monárquicos defienden la necesidad de someter a regulación legal los comportamientos de la Corona habla con claridad de la sensación de riesgo que se detecta y pretende reducir el yerro del Rey a los peligros e incertidumbres de un territorio exento que debe dejar de serlo. No es de desdeñar la concesión y así ha de hacerse. Pero este asunto concreto de la cacería del elefante tiene ramificaciones directas o indirectas con una pauta general de comportamiento de la Corona que no deja de ser problemática.

¿Qué disculpa la petición real de disculpas? ¿La escapada secreta al extranjero? ¿Todas ellas? ¿El hecho de que estén financiadas por intereses privados? ¿Qué se hagan de consuno con una relación personal del monarca que cuestiona su estado civil? ¿Que el propio monarca aparezca mezclado en las turbulencias legales de su yerno?

El derecho de la sociedad a la información no es un regalo sino que aquella se lo ha ganado imponiéndolo. Las disculpas reales no pueden ser el acto final de un episodio que ha sacudido piezas básicas de la convivencia de los españoles. Tienen que ser el acto primero de otro que ponga en claro todos los comportamientos reales y sea como una especie de limpieza general de la institución. Todos los actos sociales tienen consecuencias; no solo los erróneos sino también los acertados. Estos han de generar efectos igualmente, no pueden congelarse en su acierto.

Pedir disculpas es reconocer en otros el derecho a recibirlas, el derecho a obtener explicaciones sobre un comportamiento que, cuando menos, deberá ajustarse a lo que predica. Porque lo otro es defraudar y nadie, ni la Corona ni nadie tiene derecho a defraudar la confianza que se le haya depositado.

Por último, las disculpas del Rey, por meritorias que sean, no zanjan la cuestión de la idoneidad de la monarquía en relación con la República, que es un debate legítimo,  tan defendible hoy como ayer y que no depende de si el Rey comete algún fallo o error. Pretender que las disculpas del Rey demuestran la superioridad de la Monarquía es confundir los deseos con las realidades.