Abro con un aplauso a mi colega, José Manuel Gómez Benítez, no solo por su indudable calidad académica sino por haber tenido el raro valor de cumplir con su deber en un país en el que tal cosa es una quimera. Su deber es trasladar a la justicia las pruebas que tenga de lo que de buena fe considere como un comportamiento ilegal y punible de un colega. Es un deber tanto más arduo cuanto que ha de cumplirse en contra de la tendencia al corporativismo que se da en la administración española, la de justicia incluida. Cree Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha cometido un delito de malversación de fondos y ha procedido a denunciarlo ante el órgano competente.

Por supuesto el magistrado Carlos Dívar está protegido por el principio de presunción de inocencia y, en tanto no se demuestre fehacientemente lo contrario, aquí no volverá a hablarse de él. Pero tampoco se dejará sin consideración la complicada situación en que la denuncia deja al resto de vocales del COPJ, obligados probablemente a declarar si conocían los hechos o no, aunque siempre podrán decir que no les parecen constitutivos de delito, toda vez que ello está aún por demostrarse.

Innecesario decirlo, los hechos que describe la denuncia y muestra la prensa resultan familiares a una opinión pública tan frecuentemente escandalizada por el comportamiento de la clase política que considera a esta el tercer problema colectivo en orden de gravedad tras el paro y la situación económica, si bien a considerable distancia de ellos. Hace ya bastantes años que los políticos constituyen lo que llama Daniel Montero la casta, haciéndose eco del exitazo de ventas del mismo nombre en Italia, de los periodistas Antonio G. Stella y Sergio Rizzo. En ambas obras se da cumplida cuenta del extraordinario, depilfarrador y hasta estrambótico régimen de privilegios que se han autoasignado los políticos de todos los niveles en los dos países así como el mucho más populoso mundo de sus allegados en la forma de asesores, consejeros, ayudantes o colaboradores.

Los sueldazos astronómicos, las laxas incompatibilidades, los complementos de todo tipo, dietas, viáticos, gastos protocolarios, las pensiones, las subvenciones, los ceses dorados, la libre disposición de cualesquiera medios de transporte, todo ello dibuja un panorama de lujo y privilegio que no desmerece en mucho el boato de la nobleza en el antiguo régimen, máxime si se tiene en cuenta que la situación del pueblo llano, vuelve a ser, como lo era entonces, angustiosa. Suele la opinión tomar conciencia de estas hirientes desigualdades y privilegios en el momento en que sus beneficiarios, además, se ven obligados a comparecer ante la justicia por la comisión de algún delito. Se revelan entonces narraciones alucinantes de tarjetas oro, hoteles de lujo, comisiones millonarias, tráficos de influencias, extorsiones, prevaricaciones faraónicas, todo ello con una conciencia de impunidad que indigna y subleva a una población a la que muchos de estos presuntos corruptos, malversadores, despilfarradores de los caudales públicos sermonean constantemente que no debe vivir por encima de sus posibilidades y que debe aceptar mermas y recortes dictados por ellos, los Supremos, quienes, sin embargo, jamás se aplican las restricciones que imponen a los otros.

Son los privilegios de la casta política y las extendidas corruptelas de la administración pública, muchas veces interrelacionadas, los principales responsables del desprestigio de las instituciones democráticas y de la desafección de la ciudadanía hacia ellas pues no parecen capaces de garantizar que los políticos observen un comportamiento virtuoso con voluntad desinteresada de servicio público.

La deslegitimación de las instituciones democráticas es la puerta de entrada del totalitarismo del signo que sea. Se le busca remedio o todos tendrán que ponerse en pie en actitud de respeto cuando entre el líder. Ese también el Supremo.