JORGE CALERO

Buena parte de las dificultades del Gobierno en el ámbito económico se deben a la falta de coincidencia del ciclo político-electoral, por una parte, y el ciclo económico, por otra. Las medidas relativas a los gastos e ingresos públicos parecen últimamente en ocasiones fuera de lugar. Y es que, realmente, algunas medidas han sido poco ajustadas con respecto al ciclo económico y se han correspondido más con el ciclo político electoral.

Es conocido, ya desde hace varias décadas, que los ingresos y gastos de los gobiernos se ven afectados por los ciclos electorales. Como norma general, los gobiernos tienen incentivos para gastar más e ingresar menos, incurriendo en déficits mayores, antes de las elecciones. Los periodos postelectorales dan oportunidad a los gobiernos para reducir los déficits y, eventualmente, la deuda pública en la que se haya incurrido para financiarlos, con pocos riesgos de que tales políticas restrictivas se traduzcan en pérdidas de votos. Estas prácticas se basan en la falta de memoria de los electores y, también, en la convicción de estos de que todos los partidos van a actuar de un modo similar.

La norma general se cumplió en el periodo previo a las elecciones legislativas de marzo de 2008. Recordemos, por ejemplo, la deducción de 400 euros en el IRPF. En ese periodo, todavía de crecimiento económico, probablemente habría sido conveniente elevar la carga fiscal, más que reducirla. Pero el ciclo electoral hacía inviable tal medida. ¿Y después de las elecciones? Según el ciclo político-electoral, habría sido un buen momento para contener el déficit. Sin embargo, el ciclo económico no se ajustaba a esa posibilidad: el Gobierno se vio forzado a realizar elevados gastos de apoyo al sistema financiero y de fomento a una demanda menguante. Los gastos en prestaciones de desempleo se dispararon. Simultáneamente, los ingresos públicos se reducían rápidamente. Como resultado de todo ello, el déficit previsto para este año 2009 se situará alrededor del 10% del PIB.

A su vez, la magnitud del déficit ha exacerbado las dificultades para dar una respuesta continua a la crisis durante el próximo año. Pensemos, por ejemplo, en el incremento previsto de los tipos de gravamen del IVA. Se trata de una medida poco adecuada para una fase contractiva del ciclo económico; el Gobierno espera que esa fase se haya superado en julio de 2010, pero difícilmente se puede tener la seguridad de que tal previsión se cumpla.

Las dificultades, de cualquier modo, podrían haber sido bastante mayores si el punto de partida no hubiera sido muy favorable: se partía de una situación que en 2007 era de superávit, con una deuda pública en circulación muy reducida (menor que el 40% del PIB), y se disponía, además, de un fondo de reserva considerable en la Seguridad Social.

En suma, las exigencias de dos ciclos diferentes han resultado ser incompatibles. Aunque probablemente ello no sucederá, convendría aprender de esta situación y anticipar tales incompatibilidades, dando prioridad a las exigencias del ciclo
económico.

Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada