CARMEN MAGALLÓN

Como suele suceder en las campañas destinadas a sacar a la luz problemas estructurales graves, la que se desarrolló estos días bajo el lema: "¡Rebélate contra la pobreza!", corre el riesgo de ser rápidamente olvidada. Las organizaciones agrupadas en la Alianza Española contra la Pobreza seguirán tratando de documentar y presionar para buscar remedio a las carencias de los mil millones de personas que viven con menos de un dólar al día: falta de alimentos, agua, vivienda, educación, acceso a medicamentos, en fin, los mínimos necesarios para una vida digna de un ser humano. Pero si no asumimos a fondo que quienes viven o más bien mueren por estas carencias están sufriendo una violencia de carácter estructural que exige medidas del mismo rango, el problema se irá agravando.

En el mundo no falta dinero, ni alimentos, ni agua, ni medicamentos, ni otros bienes necesarios. Lo que falta es una distribución más equitativa de los mismos. Y tampoco es que el problema sea tan complicado que no haya salidas viables. Lo que faltan son decisiones políticas. Y para que estas decisiones estructurales se tomen se necesita un compromiso, estructural también, de la ciudadanía. Si materialmente es posible, si hay salidas y propuestas sobre la mesa y si estas apuntan a la eliminación de la desigualdad, habrá que asumir actitudes de fondo que las fuercen: rebelarse

¿Qué podemos hacer? Pues, en nuestra sociedad, además de salir a la calle a favor de una causa, las personas tenemos dos tipos de poder: uno es el voto y otro la gestión de nuestro poco o mucho dinero: la opción de tener la nómina en un lugar u otro –esta ciertamente sólo en manos de quienes tienen trabajo y salario–, de comprar o no comprar, o de comprar unas cosas u otras. Con el voto podemos elegir o no a quienes toman las decisiones, exigir que cada programa electoral incluya un balance de las acciones y decisiones tomadas para disminuir la pobreza, en nuestro entorno y en el mundo; y las propuestas de futuro si resultan elegidos. Con el dinero podemos quitar la nómina de los bancos que exhiban comportamientos escandalosos –del tipo de alguno que hemos conocido recientemente–, y podemos dirigir nuestras compras hacia productos fabricados bajo ciertas condiciones: política de empleo justa, respeto por el medio ambiente y poblaciones desprotegidas, etc. No son ideas nuevas. Las decisiones, grupales e individuales, que responden a la idea de "no con mi dinero" están ya funcionando. Pero falta generalizarlas.

Todo sin menoscabo de las concretas peticiones realizadas por la Alianza al Gobierno español, entre ellas, que en los foros internacionales promueva el control de los mercados financieros y la desaparición de los paraísos fiscales; que revise en profundidad las políticas comerciales, agrícolas, migratorias, de igualdad de género y medioambiental; y que cumpla el Pacto de Estado, asumido por el Gobierno y todos los partidos políticos, de alcanzar el 0,7% al final de la legislatura.

Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz