14/02/201014/02/2010

JORGE CALERO

Catedrático deEconomía Aplicada

El actual debate sobre la edad de jubilación arranca de una propuesta del Gobierno que invierte una tendencia arraigada en las políticas sobre el mercado de trabajo en España, especialmente en tiempos de crisis. Me refiero a la "tradicional" contención de la población activa que sucesivos gobiernos han favorecido, por medio de dos mecanismos: por una parte, un trato muy permisivo con respecto a jubilaciones en algunos casos demasiado anticipadas y, por otra, la debilidad de las políticas que favorecen la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, específicamente a través del fomento de la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares.
Esta contención de la población activa ha sido un rasgo diferencial de las políticas laborales en España (y en otros países europeos meridionales). Su dudosa justificación se situaba en la necesidad de reducir la presión ejercida por el desempleo, que se ha movido casi siempre en cifras considerablemente mayores a la media europea.

Consecuencias de estas orientaciones son la distancia entre la edad legal y la edad real de jubilación (que está actualmente en los 63 años, pero había alcanzado los 62) y una reducida tasa de actividad femenina. Esta sólo se ha visto incrementada en los últimos años, para las generaciones más jóvenes, "gracias" a la presión de los precios de la vivienda (la necesidad de pagar la hipoteca) y a costa de una natalidad muy baja: no conviene olvidar que la tasa de fecundidad sigue en el 1,3. Todo ello por no hablar del enorme coste en términos personales para muchas mujeres y de la degradación de la calidad de vida familiar.
Probablemente resulte difícil la aplicación del retraso en la edad de jubilación; su idoneidad es, además, cuestionable. Sin embargo, la simple formulación de la propuesta indica que el Gobierno tiene presente la necesidad de revertir la política de contracción de la población activa y está dispuesto a asumir, hasta cierto punto, su coste en términos de crecimiento de las cifras de desempleo.
En esa línea, el Gobierno dispone de todo un abanico de medidas. Las más obvias se encaminan a retrasar la edad real de jubilación, acercándola algo más a la edad legal. Pero conviene también tener muy presente la potencialidad que ofrecen, en términos de incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social, todo un conjunto de medidas que facilitan la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Mencionaré únicamente tres de ellas: en primer lugar, el incremento de los periodos de baja por maternidad y paternidad; en segundo lugar, la regulación de los horarios laborales con objeto de permitir una conciliación efectiva y no meramente formal entre la actividad laboral y familiar; y, en tercer lugar, el impulso de la oferta de plazas de educación infantil entre los cero y los seis años.
Si la continuidad de las pensiones pasa por el incremento de los periodos de cotización, en las carreras laborales de las mujeres existe una potencialidad que merece la pena tener muy en cuenta.