MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

La ministra Garmedia acaba de anunciar la presentación de su proyecto de Ley de la Ciencia. El tiempo transcurrido desde que se elaboró el primer borrador (un año) ha servido para que el Gobierno inicie la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, que ofrece cobertura "filosófica" a la nueva política científica, y para que diferentes agentes sociales, políticos e institucionales hayan podido digerir mejor algunas de las novedades que presenta el proyecto. Tiempo habrá para entrar en detalles a lo largo del proceso de discusión parlamentaria y de negociación social. Por el momento, comentaremos sólo un par de rasgos reseñables del actual borrador.

El primero es que con él se consolida una apuesta sistemática y contundente por la integración de las políticas tradicionales de ciencia y tecnología con las políticas más novedosas orientadas a la innovación. Llevamos años quejándonos de que nuestro sistema científico no logra alimentar con suficiente eficacia los procesos de innovación que constituyen la fuente principal de competitividad económica. Lo nuevo es que, por primera vez, se contemplan de forma sistemática, en una sola ley y  bajo la dirección de un único ministerio, todos los aspectos de estas políticas, desde la gestión de subvenciones para la investigación básica hasta la planificación de ayudas e incentivos para la incorporación de tecnología en las empresas, o la apertura de nuevos cauces para la colaboración entre el sector científico y el empresarial. Si la ley tiene éxito en su apuesta, dentro de muchos años seguiremos celebrando  el salto cualitativo que sin duda habrá dado nuestro país en este campo.

También creo que debe resaltarse la decisión con que se aborda en el proyecto de ley el problema de la carrera profesional de los investigadores. En primer lugar, los científicos en formación predoctoral tendrán un contrato laboral desde el primer año (como ahora los ayudantes de universidad). En segundo lugar, los científicos posdoctorales (como los que ahora están acogidos a los programas Juan de la Cierva o Ramón y Cajal) podrán tener un contrato indefinido desde el primer momento, pero la evaluación que les hagan a los cinco años podrá ser causa de despido procedente, si no alcanzan el rendimiento adecuado. Es una fórmula simple y audaz, aunque muy arriesgada y de difícil aplicación correcta (puede potenciar, en vez de combatir, el efecto "silla ocupada" en la carrera profesional de los jóvenes investigadores). Por último, la ley anuncia una serie de medidas que facilitarán el acceso a los diferentes niveles y escalas de técnicos e investigadores de los Organismos Públicos y las Universidades, potenciando la movilidad entre ellos. Costará adaptar los esquemas tradicionales a la nueva estructura. Pero, si se logra, la carrera científica podrá ser mucho más atractiva en España.

¿Problemas pendientes? Muchos, sin duda. Y habrá que hablar de ellos. Pero hay suficientes motivos para esperar que las fuerzas políticas no eludan, en esta ocasión, un gran pacto por la ciencia que permita sacar adelante, con el máximo consenso, una Ley de la Ciencia que debería ser tan sólida como la de 1986, a la que sustituye.