Del consejo editorial

Los errores del gobernador

JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Economista

Es una mala costumbre de los gobernadores del Banco de España preocuparse de aquello que no les concierne, al tiempo que abandonan sus cometidos. El actual gobernador se ha pasado dos años pontificando acerca del mercado de trabajo, exigiendo la reforma del sistema de pensiones, abogando por la reducción de los salarios –desde luego, no el suyo que, amparándose en la tradición, se resistía a hacer público– y reclamando la reducción del déficit público, pero se ha olvidado de sanear el sistema financiero.

Del mismo modo que se negó la crisis, se han ocultado también los problemas de nuestras entidades financieras; no obstante, la prueba de su existencia es que el crédito durante todo esto tiempo no ha llegado adecuadamente a las empresas y a los particulares. El Gobierno cambió la normativa concursal con el fin de que promotoras y constructoras no tuvieran que reconocer pérdidas potenciales y el Banco de España ha permitido a las entidades financieras mantener en el balance sin provisionar determinados activos contabilizados a un valor muy inferior al real. Se dio lugar así a que surgieran empresas y bancos zombis, entidades con graves dificultades económicas que sólo mantienen una apariencia de normalidad, pero que no pueden funcionar correctamente y que han estrangulado a la economía.

El gobernador del Banco de España, tan duro con trabajadores, pensionistas y funcionarios, ha sido incapaz de oponerse a los intereses de las sociedades inmobiliarias, de los banqueros y de las élites políticas de las comunidades autónomas. En este momento, con dos años de retraso –se ha perdido un tiempo precioso–, no tiene más remedio que obligar a las entidades financieras a sanear sus cuentas, con lo que muchas de ellas, parece ser que principalmente cajas, tendrán que mostrar su auténtica situación y ser reflotadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); es decir, con el dinero de todos los contribuyentes.

Ahora bien, si son saneadas con recursos del Estado, deberían permanecer en el Estado formando una gran banca pública cuya necesidad ha quedado patente en esta crisis, en la que el Gobierno ha tenido que echar mano de un organismo como el ICO, absolutamente incapacitado para los fines que se le pretendían asignar. Hay que temer, sin embargo, conociendo la ideología del señor gobernador, que los planes sean otros y que se pretenda más bien convertir a las cajas en bancos para que pasen cuanto antes a manos privadas.

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