CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
La sentencia que ha considerado que llamar zorra a una mujer no es un insulto humillante que haya de ser juzgado según los términos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, es decir, aplicando las penas más duras, ha levantado todo un clamor. Un clamor justificado. Para el sentido común fue un insulto, que además se expresó en un contexto de amenazas de muerte y en un país en el que, tras vivir circunstancias similares, 48 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha salido a defender el compromiso de los jueces en la lucha contra la violencia de género. Seguramente es así. Pero, como cualquier colectivo, los jueces son plurales, y aunque predomine su compromiso, esta sentencia y otras similares muestran la permanencia, en su seno, de resistencias importantes. ¿No nacerán estas del cambio que supone tener que considerar delitos graves conductas hasta hace bien poco tomadas por “normales” en el acervo de la socialización estereotipada, en la que muchos jueces y juezas (sí, algunas también) se educaron?
Si la aplicación o no de la Ley Integral contra la Violencia de Género se rige por la jurisdicción creada por una sentencia del Tribunal Supremo que la supedita a la apreciación de si hay o no machismo, el nudo de la cuestión pasa a ser quién y con qué competencia evalúa si en una determinada situación lo hay. ¿Están formados los jueces para esta tarea? ¿Por qué se deja este asunto, la apreciación de si se da o no machismo en una circunstancia, en manos de la idiosincrasia y la historia personales de un juez, y no se contempla que el juicio se emita tras preguntar y ser asesorados por técnicos preparados en este terreno, expertas o expertos, como se hace ante asuntos en los que se precisa de un peritaje experto?
Sentencias como esta suponen un claro retroceso en los avances habidos en la erradicación de la violencia contra las mujeres al inducir a pensar que no es algo tan grave. Los maltratadores, ese grupo del que, si sigue el ritmo estadístico actual, de aquí a finalizar el año saldrán dos docenas más de asesinos, ahora saben que amenazar y llamar zorra a su pareja sale casi gratis.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
La causa palestina ha vuelto a la escena internacional, al más alto nivel. Cuando han transcurrido más de 60 años de la enajenación de su territorio e innumerables rondas de negociaciones bilaterales sin resultado, Mahmud Abbas ha hecho bien en dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU, foro máximo de la toma de decisiones a nivel internacional, y solicitar su admisión como Estado miembro.
No pide nada que no les fuera prometido antes, ni a lo que no tengan derecho: pide que se reconozca a Palestina como Estado, junto al Estado de Israel. Un Estado con las fronteras de 1967 y Jerusalén este por capital. Manteniendo una posición que Hamás no apoya, Abbas ha dicho que su posición no es contra Israel, sino contra sus políticas expansionistas de construcción de nuevos asentamientos, que van ahogándoles cada vez más. Una posición que, por justicia, la comunidad internacional habría de respaldar.
El pueblo palestino tiene derecho y necesita el respaldo que concede un Estado para recuperar la dignidad y su territorio y para frenar las agresiones que sufre. Al pensar en la justicia de esta reclamación, me vienen a la mente las reflexiones de la filósofa Hannah Arendt, cuya condición de judía no le impidió criticar actuaciones de Israel desde la lucidez de alguien que rechaza repetir la historia propia en cabeza ajena. Pues bien, Arendt escribió cómo la historia muestra que a menudo lo que ha impedido el disfrute de los derechos a un ser humano ha sido la carencia de una comunidad de referencia, la privación de una nación soberana en la que poder vivir como ciudadano el derecho a la diferencia frente a los otros pueblos. Algo que, según ella, sabían muy bien los refugiados y los apátridas. Algo que los palestinos llevan años viviendo en su propia piel.
Estados Unidos ha anunciado que, en la votación del Consejo de Seguridad, vetará la admisión de Palestina como Estado miembro. Pero queda la Asamblea General, en la que Palestina podría obtener suficientes votos para adquirir un estatus de Estado observador, similar al Vaticano, que, sin ser el que merece, supone cierto avance. Llegado el caso, esperemos que España, si realmente quiere representar el sentir de la ciudadanía, vote sí a un Estado palestino.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
El comienzo del curso escolar está siendo conflictivo, bien sabemos por qué. Y es que no sólo los recortes presupuestarios están alcanzando también a la educación, sino que
además, y como justificación, se están dando argumentos que erosionan la base misma en la que ha de apoyarse la tarea educativa: el respeto y el reconocimiento del trabajo del profesorado.
Valorar la educación, y no sólo defenderla de manera retórica o, como en esta atmósfera de reduccionismo económico se oye, como una inversión, empieza por conocer y reconocer la tarea del profesorado, desde infantil hasta la universidad. Los profesores no sólo preparan y dan sus clases, sino que también atienden dudas, tutorías, preparan exámenes, los corrigen, se reúnen para evaluar, afrontan conflictos dentro y fuera del aula, se relacionan con las familias, asisten a cursos y congresos para continuar formándose, escriben, impulsan actividades extraescolares… y todo ello en medio de una creciente diversidad de procedencias y contextos sociales del alumnado. Si este trabajo no es reconocido, si la Administración desconfía de sus profesores, si las familias no les apoyan, si, en suma, no hay un reconocimiento social, ¿cómo pueden los alumnos ver en sus profesores un referente de autoridad, una figura a respetar y valorar, una figura educativa? ¿Se puede acaso educar desde la desafección?
Como tantos, me hice profesora por la alta valoración y el respeto que me merecían mis profesores. En la práctica, he podido comprobar la profunda sabiduría que encierra el proverbio africano que cita a menudo José Antonio Marina, y que dice que para educar a un niño se necesita a toda la tribu. Es así. No es posible educar sin una red de complicidades sociales que reconozca, respete y apoye al profesorado.
Los profesores son el alma de la educación. No pueden ser suplidos por máquinas ni reducidos a máquinas de dar clase por horas. Necesitan recursos, condiciones de trabajo dignas y autoridad, sí, pero esta no se logra por ley o imposición. Porque se puede legislar el poder, pero la autoridad ni se impone ni se solicita. La autoridad del educador sólo puede construirse desde el reconocimiento social.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
En distintas ciudades de Estados Unidos se estrena estos días una película, The Whistleblower, que espero que pueda verse este otoño también en España. Cuenta la historia, basada en hechos reales, de una policía estadounidense (Rachel Weisz, en el filme) enviada a Bosnia tras la guerra de los Balcanes como observadora de Naciones Unidas, que denuncia las actividades de una multinacional implicada en el tráfico de mujeres (niñas de 12 a 16 años) en la zona, con la complicidad de mandos de los cascos azules. En el Congreso Internacional de la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad, celebrado este agosto en San José de Costa Rica, pudimos verla y comentarla con Madeleine Rees (que interpreta Vanessa Redgrave en el filme), por entonces jefa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bosnia.
El tráfico de mujeres no sólo se da en las situaciones irregulares posteriores a un conflicto armado, sino que está a la orden del día. Si atendemos a las cifras, tal vez en ese burdel de carretera que vemos recurrentemente al salir de la ciudad, al parecer cerrado pero siempre con coches en el aparcamiento. Pues en España, con unos 3.000 prostíbulos, el 90% de las que ejercen la prostitución, entre 200.000 y 400.000, lo hacen de manera forzada. Según los informes, este es un país de tránsito y destino de mujeres obligadas a ejercer la prostitución. No necesariamente con coacción física, pueden ser retenidas para saldar la deuda supuestamente contraída en su reclutamiento y traslado desde el país de origen. Apenas hace un mes, la Policía detenía en Bilbao a cuatro dirigentes de una red de tráfico de mujeres que captaba a sus víctimas en países del este de Europa.
Tal vez películas como esta sean más eficaces que las cifras para sacudir la conciencia de una sociedad que vive ajena a este problema, que cierra los ojos mientras justo al lado existen negocios basados en la esclavitud sexual ligada al tráfico de mujeres y la prostitución. ¿No deberíamos reclamar más transparencia, también en este tema? ¿Sabemos realmente, saben las autoridades, en qué condiciones viven y trabajan estas mujeres? ¿No habría que penalizar, además de a los traficantes, a los usuarios, es decir, a los que van a prostituirlas?
Carmen Magallón
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Parece mentira que en un mundo globalizado como el actual, en el que según los expertos hay comida suficiente para todos, más de trece millones de personas del Cuerno de África estén afectadas por una crisis alimentaria que se ha cobrado ya miles de vidas. Pero así es. La falta de lluvias malogró las cosechas y la gente se está muriendo de hambre. La situación más grave se vive en Somalia donde, según Naciones Unidas, 29.000 niños menores de cinco años han muerto y 3,7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. La hambruna que afecta al sur y al centro de este país ha producido un enorme flujo de desplazados y refugiados a Kenia y Etiopía, con los consiguientes problemas sanitarios y de hacinamiento.
El conflicto armado que ha desmembrado a Somalia en los últimos 20 años es responsable de que la crisis se haya agudizado en este país. El grupo islamista Al-Shabab, que pelea contra el Gobierno Federal de Transición, prohibió la entrada de las organizaciones humanitarias en las zonas que controla, impidiendo así la llegada de la ayuda. Ahora ha levantado en parte esa prohibición, pero sigue siendo preciso y urgente, como defiende Rashid Abdi, analista local del Grupo de Crisis Internacionales, negociar con ellos.
La comunidad internacional también tiene responsabilidad. El desastre podría haber sido menor si se hubiera reaccionado con mayor rapidez ante las alertas tempranas sobre la sequía, que ya se conocían. La comunidad internacional actúa, sí, pero bajo la lógica de los intereses propios. España, por ejemplo, impulsó la operación Atalanta para ofrecer protección militar a los barcos europeos que faenan en la costa somalí, en vez de fomentar una política europea a favor de la pesca artesanal, local y sostenible o de la recuperación económica y democrática de la zona.
Ahora es urgente recoger fondos. Según Naciones Unidas se necesitan 2.500 millones de dólares, una cifra que queda lejos de lo comprometido hasta el momento. Un aspecto positivo es que África está movilizando su solidaridad: en Sudáfrica la sociedad civil está aportando y exigiendo a su Gobierno que aporte; y el pasado 25 de agosto la Unión Africana reunió a los países africanos, que acordaron destinar 380,5 millones de dólares para la zona.
Carmen Magallón
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
A los 75 años de una guerra que por su carácter fratricida mejor sería llamar incivil, las actitudes al respecto de la memoria de lo sucedido se sitúan en torno a dos posiciones: quienes defienden la necesidad de sacar a la luz lo que fue ocultado por la dictadura y callado durante años, y quienes piensan que remover el pasado es hurgar en una herida cerrada que hay que dejar atrás. El argumento de los segundos queda invalidado precisamente por la existencia de los primeros: para muchos familiares de muertos, represaliados o desaparecidos del lado republicano, la herida no está en absoluto cerrada. Difícilmente puede estarlo cuando sobre sus seres queridos no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. La pregunta es por qué nos cuesta tanto, como sociedad, elaborar una memoria en la que queden iluminadas las sombras que aún perviven.
Predomina la idea de que como el recuerdo es conflictivo, tanto en la selección de hechos como en su interpretación, lo mejor es no abordarlo. Nada más lejos de lo que propugna una cultura de paz, que subraya la importancia de abordar el conflicto. Necesitamos conocer y confrontar visiones, si eso es lo que hay. Todo menos el silencio. Y más cuando el silencio, impuesto con brutalidad sobre varias generaciones que crecimos bajo su peso, es la continuidad de la infamia inicial.
Durante años, ya en democracia, supimos más de los movimientos de familiares en los países de América Latina que sufrieron dictaduras, que de nuestros propios desaparecidos. Con su tenacidad, lograron que la ONU creara un Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y que su ejemplo de lucha contra la impunidad, para que no se repita, fuera un legado para la humanidad. Aquí, en este aniversario, el Parlamento español ha vuelto a decepcionar, al no ser capaz de condenar un régimen, el franquista, que nació y se desarrolló en la infamia.
Escuché decir a Ángel del Río, profesor de Antropología ligado al movimiento por la memoria en Andalucía, que en las exhumaciones nunca había oído una palabra de rencor. Es ya tiempo de afrontar el pasado de una forma madura. La dignidad de los vencidos nos compete a todos. Pero la estructura jurídico-política parece no entenderlo.
Carmen Magallón
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Me permito glosar el título del famoso libro de Stieg Larsson para interpelar a los hombres sensibles a la injusticia, reclamando su atención ante el último informe sobre el progreso de las mujeres en el mundo, En busca de la justicia, un estudio que por primera vez ha sido coordinado por ONU Mujeres, un organismo unificador de las agencias que hasta ahora se ocupaban del tema en Naciones Unidas. Su directora, Michelle Bachelet, destacaba en su presentación los avances habidos y también las injusticias que siguen sufriendo millones de mujeres.
Entre los datos positivos, que afectan a todas las regiones del mundo, se aportan los siguientes: 139 Constituciones garantizan la igualdad entre mujeres y hombres; 125 países han ilegalizado la violencia doméstica; 173 garantizan la licencia de maternidad con sueldo; 117 han promulgado leyes para la igualdad de salario y 115 garantizan la igualdad de los derechos de propiedad de las mujeres. Ya se sabe que la legislación no es suficiente, y que a menudo se buscan subterfugios o directamente se incumple, pero desde luego es absolutamente necesaria.
Señala el informe que la quiebra de los derechos femeninos sigue siendo dominante en algunas áreas donde el Estado de derecho muestra su debilidad: en el ámbito privado (sexualidad, divorcio, violencia de género, salud reproductiva), donde existen vacíos jurídicos y discriminaciones graves: 127 países no penalizan explícitamente la violación dentro del matrimonio, 61 restringen los derechos de las mujeres al aborto y 50 permiten que se casen más jóvenes que los hombres. Otro déficit se da en los derechos económicos: el 53% de las mujeres del mundo trabaja en empleos vulnerables, y persiste una alta brecha entre sus salarios y los de hombres que trabajan en lo mismo. Se subraya también la gran rémora para la igualdad que suponen los sistemas jurídicos que incorporan normativas basadas en costumbres o en creencias étnicas o religiosas.
Como ha dicho Bachelet, y muchas pensamos, hemos de trabajar juntos contra estas injusticias. Si no queremos tardar otro siglo, que es lo que le costó al feminismo lograr las cotas de igualdad existentes, necesitamos el concierto de los hombres que sí aman a las mujeres.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Desconozco si todas las personas involucradas en la iniciativa de llevar ayuda humanitaria a la población sitiada de Gaza, en esta reedición de la Flotilla de la Libertad, comparten la filosofía de la no-violencia. Pero la acción, tal y como está proyectada, es claramente un ejercicio de acción no-violenta. Pues la no-violencia no se define por lo que no hace, no es la negación de la violencia, que también, sino una respuesta proactiva frente a una situación de injusticia ante la que cualquier ser humano habría de actuar. Tanto Gandhi como Martin Luther King abogaron por actuar frente a la injusticia. “Quien acepta pasivamente el mal es tan responsable como el que lo comete”, decía Martin Luther King. Y Gandhi: “No se puede ser no-violento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias sociales”.
El de Gaza es uno de esos casos de injusticia flagrante. Son cinco años de sitio los que viene sufriendo su población (más de millón y medio de personas), lo que redunda en carencias de todo tipo de suministros, además de la insufrible falta de libertad. En los últimos días, el agotamiento de medicinas en los hospitales ha provocado que muchas operaciones no hayan podido realizarse, lo que es tan sólo un botón de muestra de las dificultades cotidianas en medio de las que se ven obligados a vivir. Los gazatíes están sufriendo “una política deliberada de castigo colectivo que es legalmente indefendible y moralmente reprochable”, según ha declarado recientemente Richard Falk, enviado especial de la ONU a los territorios ocupados de Palestina.
Por eso, la Flotilla no es una provocación, sino una acción desarmada que tiene la legitimidad y la fuerza que emana de lo razonable de su causa, la fuerza de la no-violencia. A diferencia del sitio de Gaza, no viola la legislación internacional, sino que busca hacer visible el sufrimiento de los sitiados y poner en evidencia la responsabilidad de los sitiadores (también en la medida de lo posible sacudir su conciencia). Participar en ella conlleva un riesgo no desdeñable, visto el dramático final de la primera Flotilla. Quienes, pese a todo, han decidido asumirlo merecen todo nuestro respeto y consideración. Y es obligación de los gobiernos protegerlos de manera efectiva.
CARMEN MAGALLÓN
Las propuestas para salir de la crisis que vienen de los gobiernos, y aún de sectores críticos, son incapaces de salirse del androcentrismo dominante que perfila y acota la realidad. Aquí, para pensar y proponer, no parece haber más cera que la que siempre ha ardido: la de un paradigma de marcado carácter androcéntrico. Algo poco inteligente, pues si ha habido históricamente un grupo humano que ha destacado por sus estrategias de resistencia y creatividad para sostener la vida, en medio de crisis y aún de guerras, ha sido el de las mujeres. Y por mucho que los cambios nos hayan ido igualando, ese saber y sus posos siguen estando ahí, disponibles para poder ser usados.
Pero hay una inercia ligada a los intereses de clase, sobre todo, pero también de sexo, que impide al sistema aprender de otras perspectivas, lo que hace que a la indignación general, las feministas sumemos un hartazgo especial. Un motivo de indignación añadido para muchas de nosotras, que nos sentimos parte de un movimiento social por la igualdad que reclama también espacio para su diferencia, es lo poco que se tiene en cuenta la sabiduría femenina, la incapacidad del sistema hegemónico de gobernanza global para ver las propuestas que crecen en las críticas feministas y que coinciden con otros grupos en subrayar la necesidad, no sólo de poner parches en el actual estado de cosas, sino de repensar la propia forma de vida. Repensar los indicadores que dan cuenta del bienestar de una sociedad, generar y apoyar otro tipo de intercambios para aumentar el empleo, apostar por el decrecimiento material y dar más espacio al cuidado y los afectos; en definitiva, poner en el centro de las decisiones al ser humano y al planeta, no el crecimiento de los beneficios.
El feminismo partió de muy abajo en su pugna por la democracia real, creciendo desde una exclusión que hasta el lenguaje ocultaba, al nombrar como sufragio universal el voto generalizado… para los varones. De lo mucho que puede aprenderse de su experiencia como movimiento social constante y tenaz a favor de la profundización democrática, lo más importante, por su novedad y calidad, y porque hoy sigue siendo un reto pendiente, es haber logrado todos sus avances por vías no-violentas.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Quien haya visitado recientemente Brasil y hubiera estado allí hace una década se dará cuenta de cómo ha cambiado el país en estos años. Es cierto que las desigualdades continúan, pero también lo es que la voluntad política del expresidente Lula da Silva, puesta en acción en el programa Bolsa Familia, ha logrado sacar de la pobreza a más de 20 millones de personas. Ahora, la nueva presidenta, Dilma Rousseff, acaba de decir que no sólo va a continuar en esta línea sino que quiere ampliar y mejorar el programa para lograr una meta más ambiciosa: erradicar la pobreza extrema en 2014. Para ello, ha dicho, el Estado no esperará a que los pobres –todavía 16 millones viven con menos de 30 euros al mes en aquel país– llamen a su puerta, sino que irá a buscarlos allá donde se encuentren para proporcionarles el acceso a una vida digna.
Sin entrar a valorar el resto de sus actuaciones, ambos presidentes son ejemplo de la importancia que tiene la voluntad política para cambiar la realidad. En el núcleo de la acción política está la voluntad, la intención o resolución de hacer algo para incidir en la vida común e individual, siendo la materialidad y finitud de los recursos los únicos límites reales. El resto de imposibles que se aducen para la inacción derivan de una estructura de poder, hoy globalizada, susceptible de cambiarse.
La voluntad está relacionada con la libertad, con la libre determinación. Cuando las estructuras, económicas, financieras o de poder, impiden el ejercicio de la voluntad política para el cambio de las condiciones desfavorables de vida de la ciudadanía, se le hurta a la política su mejor potencial: la voluntad política constituye un ámbito de libertad irrenunciable. Por eso una primera rebelión es afirmarla, negando que la desigualdad, la pobreza y los sacrificios para los más pobres sean inevitables.
Los líderes seguramente son
rehenes de los poderes mejor colocados en el juego de mecanismos neoliberales globalizados, pero ante la pobreza tienen todavía un gran margen de actuación. Por eso el ejemplo de Brasil es reconfortante. Porque siempre fue rico en recursos. Pero sólo en los últimos años eligieron gobernantes con voluntad política a favor de los más pobres.
