Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
Nadie mejor para explicar el significado de este vocablo inglés –que define un hallazgo fortuito– que el instructor de la causa contra Garzón por los pagos de Nueva York: buscando “prevaricación” ha encontrado “cohecho impropio”. Un hallazgo peculiar, si tenemos en cuenta que uno de los implicados en la Gürtel acaba de ser declarado inocente de ese delito. El Tribunal Supremo (TS) nos está acostumbrando a esta técnica: en el proceso contra Garzón por las escuchas, buscando proteger el derecho de defensa, ha creado zonas de impunidad en nuestro sistema jurídico (consejos editoriales de 10 y 26-03-2010). Para ello, ha realizado una interpretación del artículo 51.2 LOGP que impide al juez intervenir las comunicaciones entre los presos y sus abogados –salvo en los casos de terrorismo–, lo que sólo es aceptable si partimos de la absurda premisa de que no es posible la existencia de abogados corruptos.
En el proceso contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, cuya nulidad ha rechazado, es difícil saber qué busca el TS. Lo que sí sabemos es lo que está encontrando. En el ámbito internacional, un desprestigio terrible para una institución que no merecía ese descrédito. En el plano interno, la indignación creciente de amplios sectores de la ciudadanía. Por mucho que el TS quiera darle una apariencia jurídica a este proceso, estamos ante un ejercicio jurisdiccional de poder político. Lo que el TS va a decidir no afecta a la titularidad de un inmueble o a la validez de un contrato, sino a las convicciones de millones de personas dentro y fuera de España. Es comprensible que, por el modo en que se ha desarrollado el proceso, esté comprometiendo la legitimidad del TS y amplificando la dimensión simbólica de la figura de Garzón.
Así pues, el TS se está especializando en conseguir resultados inesperados. Para describir la situación, podemos recurrir a las palabras del instructor Varela, que le imputó a Garzón lo que, en realidad, se puede atribuir al TS: la sinrazón de unos procesos “cuya artificiosa incoación supone desconocer los principios esenciales del Estado de derecho”. Pase lo que pase con Garzón, en esta historia ya hay un perdedor: el Tribunal Supremo.
Comentarios desactivados
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
La absolución de Francisco Camps en relación con el delito de cohecho impropio podría ser una buena noticia para él mismo y para su partido. También podría serlo para el Estado de derecho, porque una declaración de inocencia que se corresponda con la realidad de los hechos debería ser –más allá de las diferencias políticas o de la valoración que se pueda hacer de las acciones que han dado lugar al proceso– una satisfacción para todo el mundo.
La sentencia absolutoria, sin embargo, además de no ser firme, no parece que pueda ser objeto de celebración especial por nadie. Dos de las personas que estaban imputadas en el proceso reconocieron ya su culpabilidad, así que no tienen nada que celebrar: han sido condenados por los mismos hechos que ahora permiten absolver a los otros dos acusados, uno de los cuales –por cierto– había dado ya todos los pasos para reconocer su culpabilidad a falta de la firma final que no se produjo.
El partido de Camps tampoco tendrá mucho que celebrar, porque su absolución le genera nuevos problemas. La responsabilidad política de Camps no tiene que ver sólo con la valoración de los hechos que se le atribuyen en cuanto punibles, sino también con la relajación moral que su comportamiento generó en una comunidad autónoma que está actualmente en bancarrota. Las conversaciones telefónicas entre los implicados en la trama y las que tuvieron lugar con Camps y con su entorno personal son lo suficientemente expresivas de un modo de hacer política que hoy resulta inaceptable para el propio Partido Popular, a tenor de las declaraciones de austeridad de sus dirigentes y de sus pretensiones de penalizar las desviaciones de los ajustes presupuestarios. Por esos y otros motivos, Camps tampoco tendrá mucho que celebrar.
¿Y quienes creíamos en el Estado de derecho, en la verdad y en la Justicia? ¿Qué podemos celebrar de este veredicto? ¿Qué podemos celebrar de la derrota de la razón que supone este resultado, conjugado con el enjuiciamiento simultáneo del juez que se atrevió a destapar el escándalo Gürtel? Absolutamente nada. Cuando la verdad y la justicia siguen caminos diferentes, nadie tiene nada que celebrar.
Comentarios desactivados
Francisco Balaguer Callejón
Catedrático de Derecho Constitucional
A pesar de que el proceso de integración europea no se haya canalizado a través de estructuras plenamente democráticas, ha servido de estímulo, de manera felizmente paradójica, para el desarrollo de procesos de democratización en estados europeos que querían unirse a “Europa”, es decir, al grupo de países que tanto habían prosperado no sólo en crecimiento económico, sino también en progreso social. Al mismo tiempo, cuando se plantearon los primeros problemas de posible involución democrática en un Estado miembro hace doce años, la Unión Europea adoptó una posición firme, de defensa de las garantías democráticas, y procuró dotarse de una base jurídica para poder actuar contra un Estado miembro no sólo frente a casos de violación grave de los principios democráticos, sino también frente a riesgos potenciales de esa naturaleza.
Estos mecanismos deberían ponerse en práctica cuando se constate un riesgo claro de lesión grave de los valores que proclama el artículo 2 del Tratado de la UE: “Respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”, valores que se definen como “comunes a los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.
La nueva Constitución de Hungría no hace honor a su nombre y, por ese motivo, contrasta claramente con los valores en los que se fundamenta la UE. No cabe duda de que, en otros tiempos, la UE habría adoptado medidas de presión sin esperar a que la Constitución húngara entrara en vigor, el pasado 1 de enero. Sin embargo, la Comisión Europea ha esperado hasta este momento para adoptar una posición más firme frente a Hungría. Y es que, uno de los efectos colaterales de la “ocupación” fáctica del poder político de la UE por los gobernantes de los estados con mayor poder económico, es la extrema debilidad de las instituciones europeas, que se sienten incapaces de promover actuaciones más enérgicas por temor a ser desautorizadas.
Francisco Balaguer Callejón
Catedrático de Derecho Constitucional
El año 2011 ha reunido todos los méritos necesarios para ser recordado como el punto de partida del proceso de desmantelamiento del pacto social y democrático en el que se basaron las constituciones normativas en Europa después de la II Guerra Mundial. El constitucionalismo que hoy conocemos se construyó en Europa sobre el reconocimiento del pluralismo y la incorporación del principio de Estado social en los textos o en la práctica constitucional. A pesar de todas las deficiencias que se puedan atribuir a los sistemas constitucionales europeos, no cabe duda de que, en comparación con otros entornos geográficos, han supuesto un desarrollo histórico de la Constitución como marco jurídico de organización de la convivencia, con capacidad para canalizar y resolver los conflictos sociales y políticos por medios democráticos.
Un desarrollo que se vería ya afectado por el modelo de integración europea seguido hasta ahora, que ha provocado una pérdida de calidad democrática en los estados miembros de la Unión. Pero la crisis económica ha impulsado de manera considerable el debilitamiento de los procesos democráticos internos, generando un sometimiento inaceptable a las decisiones de los gobernantes de los países que tienen mayor capacidad económica y de autoridades de segundo rango de la Unión Europea –desde el punto de vista democrático– que actúan, además, fuera del marco competencial de las instituciones.
La descomposición paulatina de las constituciones estatales supone también la desintegración de Europa como proyecto político coherente con las –hasta ahora– tradiciones constitucionales comunes de los estados miembros. Lo que se está produciendo no es, sin embargo, la “suspensión de la política”, ni los gobiernos que actualmente rigen algunos estados europeos deberían caracterizarse –como se hace habitualmente– como gobiernos “técnicos”. Se trata de gobiernos “políticos” que ocultan bajo su perfil técnico la función que se les ha encomendado: la imposición incondicional de una determinada política limitando así el amplio cauce del pluralismo constitucional.
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
Tras la dimisión de Camps como presidente de la Generalitat valenciana era de esperar que el proceso que se sigue contra él tuviera una menor repercusión, toda vez que su ciclo político parece haber terminado, teniendo en cuenta las circunstancias que acompañaron a esa dimisión. Debemos recordar que el entonces presidente había acordado ya el reconocimiento de su culpabilidad y que fue un inesperado giro de última hora lo que determinó que el proceso judicial prosiguiera, a la vez que él presentaba su renuncia al cargo.
Sin embargo, es el propio afectado el que sigue negándose a admitir el carácter personal de su responsabilidad en esta parte del caso Gürtel (con independencia de la posible existencia de financiación ilegal del PP que se pueda derivar de otras partes de este macroproceso). En efecto, la afirmación que ha hecho de que tiene el apoyo de todo el Partido Popular, tanto el del País Valencià como el nacional, se mantiene en la línea estratégica del imputado que, desde el principio, ha intentado ampararse en sus cargos o en su partido para evitar dar cuenta de su actuación personal.
Lo mismo cabe decir de su apelación a la gestión que realizó como presidente de la Generalitat en otros ámbitos diferentes a los que se están enjuiciando en este proceso. Es evidente, por tanto, el intento de Camps de politizar el proceso en el sentido de enmarcarlo en la tensión política entre partidos y desviar así la atención acerca de sus propias acciones. Unas acciones que sólo tienen que ver con la política en lo que se refiere al cargo que él ocupó y que implicaba una serie de compromisos con la ciudadanía.
Uno de esos compromisos era, obviamente, el de no aceptar regalos valiosos, de manera continuada, de personas que contrataban con su Administración. Esto es, no aceptar regalos de una trama corrupta cuya actividad se vio favorecida por la relación que mantenían los principales encausados de esa trama con el entonces president de la Generalitat Valenciana. Es esa responsabilidad personal la que se está enjuiciando ahora y no la responsabilidad política que provocó su dimisión.
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
La incorporación de cláusulas específicas sobre la Unión Europea (UE) a la Constitución española ha sido una demanda permanente en los últimos años en el ámbito académico y también en algunos sectores políticos, entre los que hay que incluir al propio partido en el Gobierno. Una demanda que no ha tenido respuesta hasta ahora, pese a que la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución integre, por primera vez, referencias a la UE en el texto.
Se trata, sin embargo, de una entrada penosa la que ha hecho la UE en la Constitución, aunque en la Exposición de Motivos de la reforma se señale como uno de sus objetivos el de “reforzar el compromiso de España con la Unión Europea”. Ciertamente, la Constitución nos ofrece, a partir de ahora, una “imagen de Europa” que estaba ausente de nuestra norma fundamental. Pero es una imagen lamentable: las referencias a la UE están dedicadas a los límites que se imponen a los poderes públicos nacionales: el Estado y las comunidades autónomas “no podrán…”, el volumen de deuda pública de las administraciones “no podrá…”.
Así pues, la idea de Europa que contiene el reformado artículo 135 de la Constitución es claramente negativa: la Europa que limita y que prohíbe, la que reduce las posibilidades de desarrollar políticas públicas orientadas a la realización de los derechos sociales. Pese a ello, hay que reconocer que es la que más se acomoda a los tiempos actuales, puesto que han sido instancias europeas las que han impulsado esta reforma constitucional (sin respetar, por otra parte, las competencias que les atribuye el derecho de la Unión).
No es, desde luego, una imagen que contribuya a reforzar el compromiso de España con la UE, porque aleja a la ciudadanía española de la idea de Europa al proyectar una determinada manera de entenderla que no es compatible con los valores y principios que forman parte de la cultura constitucional europea. Una cultura que debería inspirar otra Europa: no la que prohíbe y limita, sino la que puede ofrecernos un espacio de libertad, justicia y solidaridad. Una Europa social, democrática y federal.
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
Primero fue Portugal. El presidente del Eurogrupo lo dejó bien claro: gobierne quien gobierne Portugal, las políticas que aplique tendrán que ser las mismas. Llegará un momento en que, con esos planteamientos, algunos dirigentes europeos terminarán por ver los procesos electorales como un gasto inútil e innecesario.
Después fue España, nada menos que una reforma constitucional motivada por el deseo de calmar a los mercados. Pero los mercados no se han calmado: de hecho ni siquiera sabían que España tuviera algo tan extravagante como una Constitución democrática (debemos recordar que muchos especuladores financieros proceden de regímenes autoritarios, lo que explica muchas cosas). Buena prueba de ello la hemos tenido menos de un mes después de entrar en vigor la reforma, cuando una agencia de calificación bajó la nota de “la República de España”.
Ahora viene Grecia (Italia no cuenta: sigue bajo el reinado de Berlusconi y, por tanto, fuera del tiempo y de la historia). La convocatoria de referéndum ha despertado los instintos más bajos de los mercados. Pero también los de los líderes “democráticos” europeos. Por ejemplo, los de Sarkozy, que ha declarado: “Aunque es legítimo dar la palabra al pueblo, el plan de rescate financiero de la eurozona para Grecia es la única vía posible para resolver el problema de la deuda griega”. La misma paradoja de siempre: podéis elegir gobiernos o votar en procesos refrendatarios, pero ya sabéis que sólo hay un camino, que además está decidido de antemano.
En sentido similar, de rechazo al referéndum, se ha manifestado nuestro Gobierno a través de su portavoz, que ha indicado que “es una mala noticia para España y para Europa”. Quizás en términos económicos lo sea. Desde una perspectiva constitucional, sin embargo, es un soplo de aire fresco para una democracia que se ahoga. Por eso, al presidente del Eurogrupo, que ha declarado que un rechazo al segundo rescate en el referéndum podría suponer la “quiebra” de Grecia, habría que responderle que el referéndum griego quizás no contribuya a evitar la quiebra económica de ese país pero, al menos, contribuirá a evitar la quiebra de la democracia.
FRANCISCO BALAGUER
La crisis de Portugal ha supuesto un salto cualitativo en la todavía corta historia del proceso de integración europeo. La política europea no sólo hace caer indirectamente al Gobierno de un Estado miembro, sino que, tras la caída, los líderes europeos, encabezados por el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, declaran con contundencia que, “gobierne quien gobierne” Portugal, tendrá que hacer los recortes previstos. Así pues, en las próximas elecciones legislativas de junio, la ciudadanía portuguesa no tiene ya nada que elegir: las decisiones están tomadas desde fuera de Portugal y, por si quedaba alguna duda, la reciente petición de rescate impedirá cualquier alternativa.
En realidad, nada debería extrañarnos, porque este ha sido el mecanismo con el que ha funcionado hasta ahora, siguiendo su modelo fundacional, el proceso de integración europea. Mediante la traslación al ámbito europeo de los procesos de adopción de decisiones se han conseguido reducir, cuando no ocultar, los conflictos sociales y políticos internos, eludiendo así los procesos democráticos. La democracia pluralista se ha debilitado en cada uno de los estados miembros precisamente porque se ha reducido la posibilidad de alternativas, que es consustancial a nuestra comprensión actual del constitucionalismo democrático.
Si la crisis portuguesa marca un hito en la pérdida de calidad democrática de los estados europeos es porque ese mecanismo se ha hecho explícito y se muestra sin pudor ante la ciudadanía europea: “Podéis elegir a vuestros gobernantes, pero las políticas las decidiremos nosotros”, nos dicen ahora, con toda naturalidad. Esta es la realidad que se nos muestra sin disimulo alguno y que nos debería llevar a una reflexión sobre el sentido de la democracia en el contexto europeo. Porque revitalizar la democracia a nivel nacional ya sólo es posible mediante la democratización del nivel europeo. Es en Europa donde la ciudadanía tiene que proyectarse para reivindicar la posibilidad de alternativas y la restauración del pluralismo. Es Europa la que necesita un rescate moral y cívico para recuperar el valor de nuestra democracia.
Francisco Balaguer, Catedrático de Derecho Constitucional
FRANCISCO BALAGUER
Frente al 32 aniversario de la Constitución de 1978, no se puede decir que las tendencias negativas que se llevan manifestando desde hace años en nuestro sistema político hayan mejorado. Por el contrario, la crisis constitucional sigue siendo un factor constante, sin que se aprecien señales de cambio en los agentes políticos que hagan posible una revitalización del espíritu constitucional, más allá de la burda apelación permanente a un texto constitucional que se pretende interpretar desde fuera del espacio y del tiempo en que vivimos.
Parece claro que, si no la tuviéramos, hoy sería imposible dotarnos de una Constitución, como lo demuestra el hecho de que no resulte viable siquiera abordar las reformas más urgentes del texto del 78. Desde el punto de vista constitucional, la división entre el PP y el resto de las fuerzas políticas es de tal entidad que bien se le podría aplicar la reflexión que hiciera Paul Krugman hace algunos meses en The New York Times (“Senator Bunning’s Universe”, 04-03-2010) acerca de las diferencias entre demócratas y republicanos: “Viven en dos universos moral e intelectualmente distintos”.
Seguramente, la actitud arrogante de la derecha española tiene algo que ver con la conciencia de disponer de los resortes fundamentales del poder económico, lo que alimenta una mentalidad caciquil arraigada en nuestra cultura política. A ello se une el impagable servicio que la jerarquía católica viene prestando a los conservadores. Sean cuales sean sus actitudes privadas, los dirigentes del PP saben recompensar ese servicio con una específica concepción moral del orden social en el plano público. En el mundo en el que parece vivir el PP no deberían existir ni el divorcio ni el aborto, no es aceptable el matrimonio entre personas del mismo sexo en pie de igualdad con el tradicional y tendría que limitarse la inmigración, evitando así la amenaza que supone el aumento de la población que profesa otras creencias religiosas.
La cuestión es: ¿cuál es nuestro mundo? Porque da la impresión de que nuestros objetivos y principios se han reducido únicamente a salir de la crisis económica. Por supuesto que la superación de la crisis es absolutamente necesaria para devolver la esperanza a millones de personas que están en el paro. Pero no deberíamos perder en el camino nuestra identidad colectiva.
Francisco Balaguer es Catedrático de Derecho Constitucional
FRANCISCO BALAGUER
En el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, han quedado en evidencia sus limitaciones como instrumento normativo de Gobierno de la Unión Europea. Ya habíamos advertido (Consejo Editorial de 02-01-2009) que el tratado venía con años de retraso, unos años perdidos que tienen una dimensión temporal mayor, teniendo en cuenta el ritmo acelerado de la globalización. Las propuestas de reforma pendientes, aunque limitadas, indican claramente que el tratado no permite dar respuesta, en su formulación actual, a los problemas que tiene la UE.
La crisis económica ha puesto de relieve la situación dramática en la que se están moviendo los países que han optado por una mayor integración a través del euro. Para expresarlo en pocas palabras, nos encontramos con estados que carecen ya de las competencias que les permitirían afrontar la crisis mientras que –esto es lo realmente dañino– la Unión Europea no tiene todavía las competencias que necesitaría para frenar la presión de los especuladores y contener a los mercados.
Durante 50 años, el proceso de integración de la UE resultó muy útil a los estados europeos para hacer frente al proceso de globalización. Sin embargo, la respuesta parcial y tardía de las reformas incorporadas al Tratado de Lisboa está pasándonos factura ahora. La reacción política tampoco ha sido muy afortunada: a los lamentables falseamientos contables de Grecia se unen las indecisiones iniciales de Alemania o los recientes intentos de Irlanda de mantener posiciones de privilegio.
Ningún Estado parece haber entendido que no hay alternativas reales a la integración europea en el contexto de la globalización. Al mismo tiempo, los estados siguen empeñados en negar el espacio de debate democrático a la ciudadanía al rechazar las alternativas al modelo de integración seguido hasta ahora. Antes bien, como hemos tenido ocasión de ver en la Sentencia Lisboa del Tribunal Constitucional Federal Alemán, la conciencia democrática se refugia en el plano nacional aceptando las limitaciones del espacio público europeo.
La crisis económica pudiera tener, sin embargo, algún aspecto positivo: si la ciudadanía europea comprende que comparte –se quiera o no– un destino común, quizás pueda servir para aprender de los errores, que es a lo único a lo que podemos aspirar, por el momento.
Francisco Balaguer es Catedrático de Derecho Constitucional
