FRANCISCO BALAGUER
En el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, han quedado en evidencia sus limitaciones como instrumento normativo de Gobierno de la Unión Europea. Ya habíamos advertido (Consejo Editorial de 02-01-2009) que el tratado venía con años de retraso, unos años perdidos que tienen una dimensión temporal mayor, teniendo en cuenta el ritmo acelerado de la globalización. Las propuestas de reforma pendientes, aunque limitadas, indican claramente que el tratado no permite dar respuesta, en su formulación actual, a los problemas que tiene la UE.
La crisis económica ha puesto de relieve la situación dramática en la que se están moviendo los países que han optado por una mayor integración a través del euro. Para expresarlo en pocas palabras, nos encontramos con estados que carecen ya de las competencias que les permitirían afrontar la crisis mientras que –esto es lo realmente dañino– la Unión Europea no tiene todavía las competencias que necesitaría para frenar la presión de los especuladores y contener a los mercados.
Durante 50 años, el proceso de integración de la UE resultó muy útil a los estados europeos para hacer frente al proceso de globalización. Sin embargo, la respuesta parcial y tardía de las reformas incorporadas al Tratado de Lisboa está pasándonos factura ahora. La reacción política tampoco ha sido muy afortunada: a los lamentables falseamientos contables de Grecia se unen las indecisiones iniciales de Alemania o los recientes intentos de Irlanda de mantener posiciones de privilegio.
Ningún Estado parece haber entendido que no hay alternativas reales a la integración europea en el contexto de la globalización. Al mismo tiempo, los estados siguen empeñados en negar el espacio de debate democrático a la ciudadanía al rechazar las alternativas al modelo de integración seguido hasta ahora. Antes bien, como hemos tenido ocasión de ver en la Sentencia Lisboa del Tribunal Constitucional Federal Alemán, la conciencia democrática se refugia en el plano nacional aceptando las limitaciones del espacio público europeo.
La crisis económica pudiera tener, sin embargo, algún aspecto positivo: si la ciudadanía europea comprende que comparte –se quiera o no– un destino común, quizás pueda servir para aprender de los errores, que es a lo único a lo que podemos aspirar, por el momento.
Francisco Balaguer es Catedrático de Derecho Constitucional
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Los actuales apuros de Berlusconi suceden a una actuación que –por imposible que pudiera parecer previamente– supera a todas las anteriores conocidas. Llamar a una comisaría de policía para reclamar la puesta en libertad de una detenida, atribuyéndole la falsa identidad de nieta del presidente de Egipto, podría ser parte del argumento de una película de los Hermanos Marx pero, desgraciadamente, forma parte de la realidad de la política italiana, que está pasando, por obra de Berlusconi, sus peores momentos.
El todavía presidente del Consejo de Ministros no parece conocer límite alguno. Maneja su entorno político del mismo modo que sus negocios porque, en el fondo, tiene una visión patrimonial de la política. El salto a la política de Berlusconi (después de un período previo en el que financiaba a políticos que cuidaban de sus intereses) no parece ser otra cosa que una ampliación de negocio, el intento de comprar a un Estado por quien ya tenía una influencia determinante sobre la sociedad italiana a través de sus empresas mediáticas.
Frente al fascismo, que generó un poder político ilimitado, hasta el punto de que su violencia terminó afectando también a los poderes económicos que lo auspiciaron, el poder político de Berlusconi no se fundamenta en la violencia sino en el dinero. Una comparación entre estas dos formas de entender las cosas la podemos encontrar en la película El desprecio de Jean-Luc Godard. La frase “cuando oigo la palabra cultura saco mi talonario”, que remeda a la pronunciada por Goebbels: “Cuando oigo la palabra cultura saco mi revólver”, va unida a la idea de que algunos de los que se resistieron a la violencia del fascismo terminaron por someterse a los dictados del poder económico.
Diluida entre las referencias sociales y culturales del sistema, la presión económica termina por aceptarse como algo natural. Por ese motivo, el dinero puede llegar más lejos que la violencia y resulta viable hasta la pretensión de comprar un país. El talonario ha hecho posible así un poder personal que no sería aceptado, bajo ningún concepto, por medios violentos por una sociedad democrática y culturalmente avanzada como la italiana. Esperemos que la paciencia de la ciudadanía se agote mucho antes que los cheques de Berlusconi, en beneficio no sólo de la cultura, sino también de la democracia italiana.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Algunos líderes del PP comienzan a exponer propuestas para el día después de las elecciones de 2012, que dan por ganadas. Entre ellas está la de “reordenar el Estado”, que plantea modificar el actual sistema competencial limitando las posibilidades de intervención de diversas administraciones sobre la misma materia. Nuevamente, el Estado autonómico es considerado un obstáculo para salir de la crisis y se sitúa el problema no en la mala gestión de los dirigentes políticos de algunas comunidades autónomas, sino en la propia estructura del sistema autonómico.
Esa “reordenación del Estado” tendrá que superar obstáculos insalvables incluso para un posible gobierno del PP que contara con mayoría absoluta. Constitucionalmente, sólo caben dos vías posibles para una limitación de las actuales competencias de las comunidades autónomas. La primera de ellas sería la reforma de los estatutos reduciendo el número de competencias actualmente asumidas. Sin embargo, la política seguida por el PP hasta ahora se ha basado en una crítica muy dura a las reformas estatutarias que no han obtenido un amplio consenso en las Cortes Generales. Hasta tal punto que el presidente de ese partido ha afirmado que su primera medida de gobierno sería “elevar algunas de las mayorías cualificadas, por ejemplo, para reformar estatutos de mayoría en las Cortes, dos tercios”.
Establecer esta mayoría de dos tercios como requisito jurídico será difícil, ya que es necesaria la reforma constitucional para que las leyes orgánicas que aprueban los estatutos de autonomía requieran una mayoría diferente de la mayoría absoluta del Congreso prevista en el artículo 81.2 de la Constitución. No obstante, es de suponer que el PP no propiciará, mientras tanto, ninguna reforma estatutaria que limite las competencias autonómicas si no consigue un acuerdo parlamentario favorable de dos tercios.
Ese acuerdo es poco probable, sin embargo, si tenemos en cuenta la orientación claramente autonomista de los partidos más representativos. Por el mismo motivo, tampoco parece previsible una reforma constitucional que reduzca las competencias autonómicas. En esas condiciones, el PP podría hacer lo que ya hizo en su último período de gobierno: intentarlo subrepticiamente por vía legislativa, provocando así un conflicto permanente y un auténtico desorden.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Los planteamientos catalanofóbicos del PP han sido una constante en los últimos años. No se han manifestado sólo en la oposición frontal al Estatut de sus líderes nacionales, sino que han tenido su reflejo institucional en actuaciones de algunas de las comunidades autónomas gobernadas por ese partido. Se han generado así tensiones entre CCAA que resultan extrañas a nuestro modelo constitucional porque no responden a afectaciones de sus competencias (como las que se pueden producir, por ejemplo, entre comunidades que tienen que compartir determinados recursos naturales), sino a intereses políticos partidistas a nivel estatal.
De ese modo, los dirigentes de algunas CCAA se han prestado a prolongar la extraña labor de oposición que el PP nacional realiza contra la Generalitat de Catalunya adoptando medidas destinadas a deslegitimar los debates políticos internos o a cuestionar su resultado. Pero hacer de oposición a la Generalitat no está dentro de las funciones que constitucionalmente le corresponden a esas CCAA siendo esta, además, una postura que debilita el principio constitucional de unidad sobre el que han construido formalmente su estrategia política.
Naturalmente, el PP de Catalunya no puede participar de esa actitud catalanofóbica que tantos réditos electorales parece generar en otras CCAA. Tampoco se ha atrevido a reaccionar contra su dirección nacional y contra los dirigentes autonómicos de otras comunidades. Pero la estimulación de los instintos más primarios de su posible clientela electoral ha encontrado un objetivo fácil en el que centrar sus fobias: la inmigración. Si el PP catalán ya había bajado el escalón de su renuncia a defender a Catalunya frente a las posiciones catalanofóbicas de dirigentes nacionales y autonómicos de su propio partido, ahora está bajando otro escalón al armar su propio discurso fóbico contra la inmigración en el interior de Catalunya.
El discurso fóbico es siempre desintegrador. Clasifica arbitrariamente a las personas y marca fronteras mentales mucho más rígidas que las fronteras físicas que dividen a los países. No aporta nada positivo al debate público y potencia la generación de conflictos que se terminan enquistando porque carecen de una dimensión racional que permita resolverlos pacíficamente. Desterrarlo de la vida pública es obligación de todos los partidos democráticos.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
En la parte final de la película La jungla de asfalto se intentan explicar los comportamientos delictivos de sus protagonistas –que les habían conducido a la tragedia– con una frase lapidaria: “El crimen no es más que la consecuencia de un concepto equivocado de la vida”. Cuando analizamos los casos de corrupción de los últimos años en nuestro país podemos ver lo ajustada que resulta esa definición a la realidad del caso Gürtel y otros similares.
Es en ese concepto equivocado de la vida donde hay que situar el interés patológico por relojes caros, trajes selectos, coches de lujo y otros ingredientes de la corrupción institucionalizada que aparecen en los correspondientes sumarios judiciales. Naturalmente, son pautas culturales previas las que estimulan este tipo de apetencias, sobre la base de un modelo económico que las incentiva. Pero lo cierto es que estas personas han incurrido presuntamente en actividades delictivas por algo tan absurdo como transformar cosas triviales en importantes; en definitiva, por satisfacer una pasión desbordada por lo fútil.
Posteriormente, al menos por lo que al caso Gürtel se refiere, los implicados en los procesos judiciales han pasado a invertir esa actitud al valorar sus propios comportamientos, con la inestimable ayuda de otros dirigentes de su partido. Han intentado restarle importancia a los delitos de los que se les acusa, por ejemplo insistiendo en la idea de que se trata simplemente del regalo de unos trajes. Sin embargo, con lo que ha costado la “colección Gürtel” de trajes –seguramente para una temporada– del presidente de la Generalitat valenciana, habría para pagar todos los que se compra cualquier persona normal que tenga que usar este tipo de atuendo durante toda su vida. Pero, además, es inútil intentar negar que el retorno del caso Gürtel a Valencia implica un cambio esencial en el proceso judicial que se sigue en la Comunidad Valenciana pues afecta a otros delitos de mayor entidad que los del cohecho impropio.
En definitiva, si atribuirle tanta importancia a cosas triviales como las que han motivado los presuntos delitos de corrupción evidencia un concepto equivocado de la vida, pretender trivializar cosas tan importantes como la corrupción, evidencia un concepto equivocado de la política. Quizás no se trate más que de dos caras de la misma moneda.
FRANCISCO BALAGUER
Catedrático de Derecho Constitucional
Uno de los argumentos recurrentes que se plantearon contra la huelga del día 29 fue el de la imposibilidad de que el Gobierno siga otra política económica debido a la presión de los mercados y de la Unión Europea. Un razonamiento que –pese
a ser discutible– nos puede servir de base para una reflexión sobre el sentido democrático de la huelga y sobre la necesidad de plantearse medidas de protesta más allá de los escenarios estatales, en los que se mueven de manera casi exclusiva en la actualidad.
El argumento no sólo es discutible por lo que se refiere al margen del Gobierno para desarrollar otra política económica. También lo es por lo que atañe a la intervención de la Unión Europea. En realidad, el problema es que no hay políticas económicas europeas democráticamente acordadas que tengan que ser seguidas por todos los gobiernos de los estados miembros. Por ese motivo, los estados más poderosos han conseguido imponer sus planteamientos, basados en restricciones presupuestarias y recortes de los derechos laborales y sociales.
Es justamente el sometimiento de los gobiernos europeos a las presiones de los especuladores bursátiles lo que avala las medidas de protesta social. Unas medidas que se proyectan más allá de su significado laboral y social para convertirse en expresión ciudadana de resistencia frente al cambio drástico que se está produciendo en las reglas democráticas. Porque es preciso que, fuera de los espacios públicos estatales, ahora sometidos a oscuros intereses, se perciba que debe haber un límite a la voluntad arbitraria y voraz de los poderes económicos que se han impuesto en Europa. Un límite que, en última instancia, sólo la ciudadanía puede establecer.
Ahora bien, los sindicatos deberían reflexionar también sobre el limitado ámbito geográfico en el que las acciones de protesta se están desarrollando. Salvo contadas excepciones –con impacto limitado–, estas acciones se están planteando en un contexto estatal frente a problemas que tienen una dimensión supranacional. Esta variable supranacional debe ser considerada en el futuro para concertar acuerdos y programar acciones a nivel europeo que puedan resultar eficaces. Porque este es un partido que se puede y se debe jugar también en el campo estatal, pero que se está decidiendo en el terreno europeo.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
La petición de disculpas de la comisaria europea de Justicia no ha sido suficiente para evitar la reprobación de los líderes europeos. Una reprobación lamentable porque –si lo que la comisaria dijo es lo que se ha publicado y no lo que se ha interpretado después– la comparación con la Segunda Guerra Mundial era pertinente para apelar a las conciencias dormidas de una gran parte de la sociedad francesa y europea mediante la referencia a sucesos dramáticos de nuestra historia.
El problema real consiste en la naturalidad con la que estas deportaciones masivas se siguen viendo por una sociedad anestesiada frente al dolor y la injusticia que se comete contra los otros. La evocación del pasado permite comprender la injusticia perpetrada ahora mediante el recuerdo de la que afectó a la población francesa y europea en la Segunda Guerra Mundial. Percibir, en definitiva, la dimensión auténtica de las políticas xenófobas, levantando el velo de normalidad con el que se pretenden cubrir.
Sin embargo, en lugar de rectificar, los dirigentes franceses han reaccionado virulentamente defendiendo un orgullo nacional sobre los derechos humanos que nadie puede discutir a Francia, pero que sólo ellos están lesionando. Y lo saben: la prueba es el intento de ocultar la realidad del secretario de Estado de Asuntos Europeos en relación con la instrucción policial por la que se debía dar prioridad a los gitanos rumanos en la actuación contra los campamentos de inmigrantes: “Es una circular interna, no normativa, que además ha sido ya retirada y reescrita”. Lo que quizás no sepa el secretario es que, desde la Revolución Francesa, en la administración pública de un Estado de derecho no caben circulares secretas y que esas instrucciones internas son normativas y tienen efectos jurídicos, como evidencia el reconocimiento de su retirada y posterior reformulación.
Lamentable ha sido también la ausencia de crítica de los gobernantes europeos a las manifestaciones del presidente de la República indicando que la comisaria de Justicia podía llevarse a las personas afectadas por las deportaciones a Luxemburgo –su país de origen– en las que se une el racismo al desprecio por las instituciones europeas. Han cometido el mismo error que antes cometió la comisión: la permisividad con políticas xenófobas que simbolizan la antieuropa.
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FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Los nuevos datos sobre la corrupción política en la País Valencià no parecen haber afectado en lo más mínimo a los dirigentes nacionales del PP. Si atendemos a sus últimas manifestaciones y actuaciones, podemos comprobar hasta qué punto se ha instalado en nuestra cultura política una figura de origen religioso, terriblemente disfuncional para cualquier sistema democrático: el perdón.
A través del perdón, la burocracia de la Iglesia católica consiguió construir históricamente gran parte de su poder social y político. Porque la indulgencia de la Iglesia no ha sido nunca una manifestación de generosidad, sino de poder. Se perdona la infracción de las reglas a condición de que estas se acepten sin debate alguno, reforzando el orden moral establecido. El perdón funciona así como una válvula de escape, que alivia la tensión provocada por un sistema normativo en gran parte incomprensible y basado, no en la racionalidad democrática, sino en las creencias y en la fe.
Se perdona a quien está dentro del círculo, a quien no cuestiona las normas –aunque las incumpla–, a quien contribuye formalmente a consolidar el poder de la autoridad. A través del perdón se construye un sistema normativo paralelo, que es radicalmente incompatible con la lógica del Estado de derecho. En el Estado de derecho las normas se discuten y no necesariamente son compartidas por la ciudadanía, pero deben cumplirse porque son expresión de la voluntad democrática. En la cultura política del perdón, por el contrario, las normas no se discuten sino que se acatan incondicionalmente, si bien pueden incumplirse tantas veces como la autoridad arbitrariamente lo permita.
La actitud del PP nacional se sitúa en esa lógica: mientras Camps acepte la autoridad de Rajoy, sus culpas serán perdonadas. De hecho, la única sanción de la dirección nacional se produjo contra el anterior secretario general del PP valenciano –paradójicamente “rehabilitado” en estos días como militante– por su amago de rebelión y no por sus presuntos delitos.
Y detrás del perdón viene el olvido. Esa monstruosa amnesia colectiva que una parte relevante de la sociedad valenciana está sufriendo voluntariamente desde hace meses, experimentando así una desdichada metamorfosis: la transformación de ciudadanos en súbditos. Sólo la Justicia puede restaurar ya el orden democrático.
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FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional del Estado y de Libertades Públicas
Más allá del ocasional insulto con el que el apelativo fascista puede ser empleado, no suele ser habitual la reflexión periodística sobre este término, que parece apelar a movimientos políticos cuyo declive histórico se da por sentado, a salvo de las sorpresas electorales que en algún país europeo ha deparado ocasionalmente la extrema derecha manifestando una fuerza algo más que residual. Pero el fascismo –por así decirlo– explícito no es tan peligroso como el subyacente, cuya importancia social y política puede ser mucho más significativa que la de los partidos que en Europa se pueden clasificar –sin ánimo de ofender– como fascistas o neofascistas.
En realidad, el peso social del fascismo y, por tanto, el peligro que representa no van unidos a la utilización de las señas identitarias externas que acuñó en los años veinte y treinta del pasado siglo. Dos motivos se pueden mencionar. En primer lugar, obviamente, su derrota en la Segunda Guerra Mundial y el conocimiento público de los atroces crímenes que cometió mientras estaba en el poder. De ahí la conversión en insulto de este término –salvo en el desdichado reducto de nuestro país bajo el franquismo–.
Un segundo motivo es que esas señas identitarias dejaron de ser útiles con el transcurso del siglo XX. En el conflictivo período de entreguerras, los movimientos obreros aspiraban a definir una alternativa propia frente a los elementos simbólicos del poder estatal: de esa ambición surgieron los himnos y las banderas que proyectaban la idea de una sociedad más justa, que superara las fronteras limitadas del Estado. El fascismo respondió a esos elementos identitarios con los suyos: sus banderas, sus himnos y hasta sus uniformes con los correajes y la parafernalia militarista propia de quienes establecieron regímenes totalitarios y opresivos.
Todos esos elementos simbólicos carecen ya de sentido y sólo se utilizan esporádicamente por aquellos sectores nostálgicos que se definen expresamente como fascistas. En la sociedad relativamente desideologizada del siglo XXI, ese tipo de fascismo resulta anacrónico. Pero el fascismo es un virus mutante y sigue vivo, sólo que hoy se expresa de otra manera: a través de la corrupción institucionalizada, del cinismo como método de acción política, del populismo y del descrédito del Estado de derecho.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
En el debate sobre la publicidad de la prostitución se están exponiendo algunos argumentos que intentan justificarla sobre la base de la libertad individual y que pretenden avalar la licitud de este tipo de publicidad apelando a la permisividad de los poderes públicos en relación con la prostitución, como si los anuncios sólo pudieran ser ilícitos por la actividad que publicitan y no por su contenido.
Lo primero que debería quedar claro es que los anuncios de prostitución son inaceptables por sí mismos, porque su contenido habitual lesiona la dignidad de la mujer, convirtiéndola en una mercancía. Favorecen así la reproducción cultural de la imagen de subordinación total al hombre que configura el sustrato ideológico sobre el que se asientan otras figuras delictivas. Por ese motivo, aunque detrás de ellos no existiera ninguna actividad ilícita –que no es el caso, por cierto– deberían eliminarse sin contemplación alguna.
Otra línea de defensa de este tipo de publicidad pretende fundamentarse ya directamente en la justificación de la prostitución basada en la libertad de las personas que la ejercen. Se trata de una confusión conceptual habitual e intencionada: se pretende diluir el problema social apelando a las actitudes concretas de personas que voluntariamente aceptan la mercantilización de su cuerpo. Sin embargo, la prostitución no es un problema individual, sino social, y como tal debe ser afrontado. No deja de lesionar la dignidad de las personas que la practican porque algunas de ellas lo hagan “libremente”.
Si en algo ha progresado la conciencia jurídica de las sociedades democráticas es en la percepción de la dimensión social de la dignidad humana, que no está -por ese motivo- a disposición de las personas individualmente consideradas. De otro modo, resultaría totalmente admisible la esclavitud, por ejemplo, sobre la base del consentimiento subjetivo de quienes la sufrieran. Una sociedad democrática no puede tolerar las lesiones objetivas a la dignidad de las personas, sea cual sea la posición individual que ante ellas se adopte por quienes las padecen. Existe un quantum social de la dignidad humana, cuya defensa es obligación de quienes integran la sociedad. La libertad sólo es posible dentro de esos márgenes, porque no puede existir libertad sin dignidad.
