Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
El sarampión, cuya incidencia en los últimos años había pasado a ser insignificante en España, rebrotó en 2011 con casi 2.000 casos, algunos de ellos con complicaciones muy severas. La causa: un creciente número de padres no vacunan a sus hijos. Los enormes logros de las campañas públicas de vacunación, que han conseguido erradicar enfermedades como la viruela o, casi, la poliomielitis, están en riesgo por esas decisiones paternas.
Puede haber al menos tres razones que expliquen la falta de vacunación. Primera, una actitud fanática, como la de algunos seguidores de determinadas iglesias y sectas. Ese fanatismo (quizás, en este caso, mezclado con ciertos intereses económicos) ha llevado, incluso, a la publicación de investigaciones fraudulentas que asociaban la vacuna del sarampión con una mayor incidencia del autismo. Me refiero al artículo de Wakefield (et al.) de 1998 en The Lancet. Una investigación posterior, dirigida por el Consejo General Médico británico, concluyó que los resultados del artículo procedían de una manipulación deliberada y The Lancet publicó 12 años después una retractación. Una convicción personal de Wakefield estaba detrás del fraude. Segunda, un alto nivel de desinformación y/o tratamiento irracional de la información. Esta es frecuente en los grupos socialmente excluidos, pero quizás en la misma categoría se pueden encuadrar algunas corrientes alternativas. Valga un ejemplo: padres que organizan “fiestas del sarampión”, destinadas a inmunizar “naturalmente” a los niños y niñas, incurriendo, simultáneamente, en un riesgo de complicaciones no controlado. Y tercera, un comportamiento oportunista, la típica conducta free rider, con la cual algunos padres se aprovechan de que el resto de niños están vacunados, lo que genera una protección a los suyos sin necesidad de vacunarse.
En los tres casos que he comentado parece claro que sólo la intervención decidida del sector público puede solventar el problema, reforzando la aplicación universal de determinadas vacunas. El fanatismo, la ignorancia y el oportunismo y, frecuentemente, su mezcla en proporciones diversas, no pueden poner en juego avances que han hecho retroceder el sufrimiento y la muerte de forma muy significativa.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
Como en el cómic de Manel Fontdevila, podríamos decir que “la crisis está siendo un éxito” en un sentido: sentar las bases para una mayor “disciplina” de trabajadores y ciudadanos (no ricos). Sin necesidad de acogerse a teorías de la conspiración, parece claro que un efecto colateral de la crisis es la difusión (¿imposición?) de una ideología con dos elementos básicos. Primero, la crisis viene provocada porque durante mucho tiempo habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Segundo, la solución a la crisis pasa por disciplinar a los trabajadores y a los ciudadanos, sometiéndolos a condiciones más estrictas y expuestas al mercado.
Por lo que respecta al primer elemento, ¿habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades? La deuda acumulada nos permite comprobar que, en relación con el sector público, no lo habíamos hecho más que otros países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido. Si nos referimos a la deuda privada, esta había ido a parar, mayoritariamente, al sector inmobiliario, lo que en absoluto redundó en que los ciudadanos viviéramos mejor. Pasamos a vivir, eso sí, en pisos que valían mucho dinero sobre el papel.
En relación con el segundo elemento, proliferan las reformas (en el mercado de trabajo y en el Estado del bienestar) que se plantean como la única salida posible a la crisis. Estas reformas se acompañan de argumentos disciplinarios: se trata de un justo castigo a los excesos anteriores; es necesario disciplinar a la fuerza de trabajo, hacerla trabajar más y durante más años, hacer que los ciudadanos paguen directamente, y no sólo con impuestos, por los servicios del Estado del bienestar, dejarlos, en suma, más a la intemperie y a solas con los mercados.
Detrás de este proceso hay un cierto error. En realidad, quien necesitaba más disciplina era sobre todo el sector financiero. Quien debería habérsela impuesto, el Banco de España específicamente, no lo hizo. Una buena forma de reducir los riesgos de crisis es, antes que disciplinar a los trabajadores, disciplinar al sector financiero. La mayor disciplina a los ciudadanos en general y a los trabajadores en particular difícilmente nos va a ayudar a salir de la crisis ni a evitar crisis futuras.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
Sin haberse desinflado del todo la burbuja inmobiliaria ya podemos afirmar que sus efectos han sido (y, probablemente, seguirán siendo) devastadores en el terreno individual y social para toda una generación de españoles. Individualmente, los peores efectos los han tenido los que se sumaron tarde al proceso, compraron carísimo y no pueden, ahora, hacer frente a las hipotecas. Pero incluso aquellos que pueden devolver los préstamos han visto cómo sus vidas han pasado a girar alrededor de la hipoteca: sus decisiones laborales y familiares han quedado supeditadas a la cuota mensual.
En lo social, la burbuja ha empeorado todo lo que ha tocado. Ya existía corrupción política vinculada al sector inmobiliario, pero obviamente la burbuja la ha exacerbado. La degradación medioambiental de las zonas de segunda residencia se ha acelerado considerablemente. De forma más general, sin burbuja inmobiliaria, la crisis económica habría sido bastante más llevadera. La enorme deuda privada actual es fruto, en buena medida, de la demanda de capital destinado a financiar la expansión inmobiliaria. Esta misma deuda, al contaminar los balances de los bancos de un modo que no conocemos con precisión, bloquea las posibilidades de crédito que permitirían reactivar la economía. Simultáneamente, los bancos, actuales propietarios de un gran stock de viviendas no vendidas, son reacios a permitir bajadas sustanciales de precios que acabarían de desinflar la burbuja.
Los presupuestos públicos también se han visto afectados por la burbuja. Durante muchos años, las administraciones contaron con ingresos excepcionalmente altos procedentes de la actividad inmobiliaria; con ellos se financiaron gastos adicionales que no han sido sostenibles posteriormente.
Muchos particulares, el sector financiero y determinados políticos, tenían incentivos para seguir alimentando la burbuja. Pero los mecanismos de estos procesos son ya tan conocidos (y no hace falta recordar la tulipomanía holandesa en el siglo XVII) que resulta sorprendente la incapacidad que han demostrado las administraciones públicas para atajar su crecimiento. Esa incapacidad ha puesto en riesgo el bienestar de toda una generación.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
El Gobierno de CiU ha introducido, en su proyecto de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, un copago de un euro por receta, con independencia del tipo de receta y del tipo de usuario. Más adelante, dicen, se afinarán los criterios. Primero disparan, luego apuntan. Técnica parecida se utilizó con la retención del IRPF de la paga extra de sus funcionarios: primero se retiene, luego ya veremos si se paga.
Coincidiendo con el anuncio de las nuevas medidas hemos podido ver cómo se desarrollaba, en algunos medios de comunicación, una retórica apologética del copago. Quisiera destacar, en esa línea, dos declaraciones en concreto. Por una parte, representantes del Colegio de Médicos de Barcelona afirmaron que el copago permitirá obtener más recursos procedentes de la aportación de “todos los ciudadanos”. Por otra parte, el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, reflexionó acerca de cómo, durante mucho tiempo, los ciudadanos nos habíamos acostumbrado a acceder gratuitamente a demasiadas cosas. El incremento de la aportación privada a la financiación de la escuela infantil de 0 a 3 años, por ejemplo, era necesario y serviría para romper con esa costumbre.
Dos, entre muchas, afirmaciones cargadas de ideología. Pese a ser extremadamente endebles cuando se contrastan con la realidad, van calando en la opinión pública –al menos, en la opinión publicada–. Muy endeble la primera: si se quiere que todos los ciudadanos aporten, ¿qué mejor que financiar los medicamentos con impuestos? El copago sanitario constituye una suerte de “impuesto a la enfermedad” en el que la progresividad –al menos formal– queda descartada.
En cuanto a la segunda reflexión, basta una comparación somera con los servicios de apoyo a la familia de los países de nuestro entorno para preguntarnos a qué situación de “acomodo a la gratuidad” se refiere el presidente de la Diputación de Barcelona. Lo que sería un objetivo razonable del copago, la moderación del consumo (evitando perjuicios a los grupos más desfavorecidos), queda completamente difuminado y distorsionado en estas medidas apresuradas. Difícilmente la retórica sobre el copago puede ocultar que en ellas prima, sobre todo, un doble afán recaudatorio y “disciplinario”.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
Algunos gastos del Estado del bienestar resultan más fáciles de recortar que otros. Es más, los partidos políticos que tienen indiscutiblemente intención de recortar todas las prestaciones del Estado del bienestar, tienden a ocultarlo en algunos casos, pero no en otros. En la reciente campaña electoral, por ejemplo, hemos visto cómo desde el Partido Popular se ha reconocido el “replanteamiento” de la Ley de Dependencia mientras que se ha evitado celosamente mencionar reducciones del gasto en áreas como la sanidad y las pensiones de jubilación. ¿Cuál es el motivo de esta vulnerabilidad de las prestaciones de dependencia? Parecen, incluso, estar en desventaja con respecto al gasto educativo. Sobre este último se acumula una gran cantidad de retórica: no se habla fluidamente de recortes educativos. A la educación la “protege”, al menos en el plano del discurso, su condición de inversión y de instrumento vinculado a la igualdad de oportunidades.
Las prestaciones de dependencia reúnen características que las convierten en presas fáciles para los desmanteladores. Primero, en España son unas recién llegadas, no están integradas todavía en lo que el ciudadano da por descontado en términos de protección. Segundo, no afectan a una proporción de ciudadanos (votos) tan grande como las prestaciones de jubilación o la sanidad. Tercero, la población con discapacidad ha sido en buena medida “invisible” hasta hace poco y sus cuidadores, mayoritariamente mujeres, tienen poca voz en el proceso político. Resumiendo: un legislador puede llegar a considerar que los costes políticos en los que incurre al recortar en gastos de dependencia son suficientemente pequeños.
Pero costes políticos pequeños no son sinónimo de suficiente justificación. Los ciudadanos debemos estar alerta y exigir, en los tiempos que se avecinan, justificaciones detalladas de qué hay detrás de cada recorte: cuánto se ahorra en el corto plazo y cuánto se pierde en el largo; a quién perjudica y, si los perjudicados ya lo están en otros ámbitos, cuánto empleo se pierde. Al analizar estas cuestiones llegaríamos probablemente a la conclusión de que las prestaciones de dependencia deben ser uno de los ámbitos de gasto protegidos con más intensidad.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
A primera vista, esta crisis no se diferencia sustancialmente de otras crisis económicas previas en el capitalismo. Una sobreabundancia de capital que se destina progresivamente a actividades de riesgo creciente, especialmente en los mercados financieros, ante la caída del rendimiento de las inversiones productivas. Un crecimiento de burbujas de diferente índole (financieras y, especialmente en el caso español, inmobiliarias) y su posterior estallido. Procesos, estos últimos, sorprendentemente abundantes a lo largo de la historia y que comparten un guión prácticamente idéntico. Aunque a cada una de las personas que participa en ellos la situación le parece única, están interpretando, efectivamente, papeles que ya se interpretaron hace siglos. El libro de Charles Kindleberger Manías, pánicos y cracs los describió hace ya años de forma magistral, de tal modo que al leerlo en la actualidad uno tiene la impresión de que el autor estaba pensando específicamente en los compradores de viviendas, los constructores y los bancos españoles.
Sin embargo, sí hay un elemento que marca diferencias muy relevantes. En realidad, utilizando la terminología marxista, se trata de un cambio cuantitativo que genera potencialmente cambios cualitativos en la estructura y efectos de la crisis. Me refiero a la enorme acumulación de capital que se ha generado, durante las dos últimas décadas, en las zonas económicas especiales del sureste de China. Una acumulación basada en la mayor migración de la historia, la que están realizando millones de jóvenes chinos procedentes de zonas rurales con destino a la “factoría del mundo”. Las condiciones de trabajo (y, en general, de vida) de esta población migrante son casi inconcebibles desde la Europa actual; sin embargo, son estas condiciones uno de los núcleos a partir de los que se ha generado la crisis actual. La intensidad de la explotación de la fuerza de trabajo tiene el doble efecto de, por una parte, reducir hasta anular la posible competencia en la mayoría de los productos y, por otra, acumular un capital que buscó destinos fuera de China. La combinación de ambos efectos explica buena parte de nuestros problemas actuales: dificultades de crecimiento y exceso de deuda privada y pública.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
El Consejero de Sanidad de Catalunya, Boi Ruiz, nos dejó hace unos días un titular que facilita enormemente las cosas. Dijo que la salud era “un bien privado que depende de cada ciudadano y no del Estado”. Facilita enormemente las cosas en dos sentidos. Primero, él debe ver que su puesto de trabajo se vacía de contenido; está bien que identifique él mismo un salario público que podemos suprimir sin problemas. Segundo, los ciudadanos no tenemos ya motivos para engañarnos: no se trata de recortes, se trata de desmantelamiento programado. Así no quedan dudas. Quien pensara que tenía un derecho reconocido a que el sector público protegiera su salud, que se vaya olvidando.
Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones han criticado severamente las afirmaciones de Boi Ruiz. Está claro, por ejemplo, que tales afirmaciones entran en clara contradicción con el artículo 43 de la Constitución, por no hablar de los principios de la Organización Mundial de la Salud. Pero vamos, todo eso son nimiedades cuando se comparan con lo que ampara a la afirmación de Boi Ruiz, la receta neoliberal. Y lo digo en singular, porque en realidad no hay plural en este caso. Una única receta se puede aplicar a todo sin deslucimiento, algo muy recomendable en los casos de pereza mental. Desde los cacahuetes hasta la salud mejoran cuando son dejados en manos del mercado, cuando son regidos por intereses privados. Intereses de los pacientes, que deben buscar protección donde buenamente puedan (nunca en el sector público) e intereses de las compañías privadas (que deben maximizar sus beneficios).
Quizás Boi Ruiz debería haber ido un paso más allá. Una frase de Ibsen nos indica el camino: “La gente que no sabe cómo mantenerse sana debería tener la decencia de enterrarse y dejar de gastar el tiempo”. Ajustémosla al signo de los tiempos: “… dejar de gastar el tiempo y el dinero del contribuyente”. El dinero del contribuyente debe ir donde corresponde, a recapitalizar a la banca.
Permítanme concluir con una pregunta que les aseguro inocente: ¿realmente el millón doscientos mil votantes de CiU están de acuerdo con que la salud es un bien privado?
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
El vínculo entre PSOE y agenda socialdemócrata ha quedado muy erosionado por la labor del Gobierno llevada a cabo desde mayo de 2010. Tanto, que para convertir al PSOE en una alternativa socialdemócrata viable y verosímil más que probablemente no será suficiente la tarea de reconstrucción llevada a cabo por la candidatura de Rubalcaba. El electorado penalizará severamente al PSOE por los efectos de la crisis y la inconsistencia de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, esta penalización no será eterna: el PSOE necesita un anclaje programático sólido que le permita alcanzar las siguientes elecciones como una alternativa relevante y con posibilidades de retomar el poder. En mi opinión, el principal riesgo que corre en la actualidad el PSOE es continuar la deriva que ha hecho a un Gobierno irreconocible ante sus electores. El anclaje programático al que me refiero lo deben proporcionar las propuestas socialdemócratas ante la crisis y ante la necesidad de recuperación económica y social.
Conviene, además, tener en cuenta que el nuevo Gobierno, probablemente del Partido Popular, no va a ser inmune a la crisis económica. La recuperación no se vislumbra en el corto plazo y, menos, con las políticas económicas restrictivas del Partido Popular. Parte del electorado que ahora busca, a menudo con poca convicción, refugio en el voto al Partido Popular, puede en dos o tres años estar tan desencantado como lo están los votantes de casi todos los partidos en el poder durante esta crisis, sean de derechas o de izquierdas. Y, en ese momento, poder ofrecer una alternativa socialdemócrata moderna constituirá un activo político decisivo.
Junto con la reconstrucción de la agenda socialdemócrata, para después de las elecciones al PSOE se le plantea un segundo reto: la aproximación a algunas de las propuestas del 15-M. Tarea nada sencilla, ya que, como decía el profesor Cotarelo hace unos días en estas mismas páginas, se trata de propuestas de oposición “líquida”, difíciles de integrar en el sistema. Quizá el lema de campaña del PSOE –“Pelea por lo que quieres”– lleve implícito un guiño a parte del electorado que ha perdido y que anda cerca de la Puerta del Sol.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
Las loterías y apuestas organizadas por el sector público (Estado y comunidades autónomas) constituyen una fuente de ingresos para este especialmente cuestionable. En primer lugar, se trata de ingresos regresivos, aportados mayoritariamente por los grupos sociales de rentas más bajas. En segundo lugar, en la promoción de estas loterías el sector público inculca sin ambages el pensamiento mágico: la “ilusión” se basa en probabilidades ínfimas. En las loterías y apuestas la acción del sector público es antigua, injusta, pre-Ilustración, en suma. En lugar de fomentar la racionalidad y la equidad, mediante las loterías públicas lo que se hace, expuesto quizás de forma un poco brutal, es engañar algo más a todos, sobre todo a los pobres, y extraerles algo más de dinero. “Lo raro es que no te toque”, eslogan de una campaña actual de Loterías y Apuestas del Estado, me parece más publicidad engañosa que buena práctica pública.
Conviene aclarar que el destino de los ingresos netos generados por las loterías públicas es cualquiera de los efectuados por el sector público. El dinero que el ciudadano, ilusionado en el mal sentido de la palabra, destina a comprar la Primitiva puede acabar como capital inyectado a las cajas de ahorros. Y permítanme la digresión: por primera vez he escuchado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez decir que una cantidad de gasto público “es pequeña”. Dijo, textualmente, refiriéndose a 7.500 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) destinados a tres cajas de ahorros: “Cuando uno va a otros foros (…) esta parece una cantidad muy pequeña”. Los raseros con los que el gobernador del Banco de España mide el gasto público son demasiado diversos. En todo caso, y cerrada la digresión, quien desee que parte del dinero de sus apuestas sea destinado específicamente a fines sociales, tiene disponibles otros sorteos.
El principio que rigió la intervención pública en las loterías y apuestas fue, en su momento, el de impedir que los beneficios del juego fueran a parar al sector privado. En la actualidad, parece más razonable que el sector público intervenga mediante la regulación y la imposición con el objetivo de ordenar y moderar el juego, antes que seguir incentivándolo en beneficio propio.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
Las loterías y apuestas organizadas por el sector público (Estado y comunidades autónomas) constituyen una fuente de ingresos para este especialmente cuestionable. En primer lugar, se trata de ingresos regresivos, aportados mayoritariamente por los grupos sociales de rentas más bajas. En segundo lugar, en la promoción de estas loterías el sector público inculca sin ambages el pensamiento mágico: la “ilusión” se basa en probabilidades ínfimas. En las loterías y apuestas la acción del sector público es antigua, injusta, pre-Ilustración, en suma. En lugar de fomentar la racionalidad y la equidad, mediante las loterías públicas lo que se hace, expuesto quizás de forma un poco brutal, es engañar algo más a todos, sobre todo a los pobres, y extraerles algo más de dinero. “Lo raro es que no te toque”, eslogan de una campaña actual de Loterías y Apuestas del Estado, me parece más publicidad engañosa que buena práctica pública.
Conviene aclarar que el destino de los ingresos netos generados por las loterías públicas es cualquiera de los efectuados por el sector público. El dinero que el ciudadano, ilusionado en el mal sentido de la palabra, destina a comprar la Primitiva puede acabar como capital inyectado a las cajas de ahorros. Y permítanme la digresión: por primera vez he escuchado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez decir que una cantidad de gasto público “es pequeña”. Dijo, textualmente, refiriéndose a 7.500 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) destinados a tres cajas de ahorro: “Cuando uno va a otros foros (…) esta parece una cantidad muy pequeña”. Los raseros con los que el gobernador del Banco de España mide el gasto público son demasiado diversos. En todo caso, y cerrada la digresión, quien desee que parte del dinero de sus apuestas sea destinado específicamente a fines sociales, tiene disponibles otros sorteos.
El principio que rigió la intervención pública en las loterías y apuestas fue, en su momento, el de impedir que los beneficios del juego fueran a parar al sector privado. En la actualidad, parece más razonable que el sector público intervenga mediante la regulación y la imposición con el objetivo de ordenar y moderar el juego, antes que seguir incentivándolo en beneficio propio.
