José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Por fin se empieza a poner oficialmente el dedo en la llaga de problemas de fondo de la banca española que nuestros políticos gobernantes han venido soslayando con empeño digno de mejor causa. Pues nuestros políticos han venido reiterando su solvencia cada vez que superaba, con crecientes excepciones, los test de estrés de la UE –que daban por buena la valoración de los activos que figuraba en los balances de las entidades– y criticando que los malignos mercados y agencias de calificación pusieran en duda esa valoración y esa solvencia.
Las exigencias unidas al nuevo paquete de ayudas a la banca, aprobado en el último Consejo de Ministros, han revisado drásticamente a la baja la valoración de los cuantiosos activos inmobiliarios que figuran en los balances bancarios, dando implícitamente la razón a quienes dudaban de ella por considerarla inflada. Ahora se reconoce que la banca tendrá que provisionar en el año en curso pérdidas de valor del 80% en los terrenos, del 60% en las promociones y del 35% en las viviendas. Esta caída del 35% en el precio de la vivienda se acerca por fin a la realidad, pero va camino de quedar pequeña cuando el índice de precios de los anuncios de venta de inmuebles elaborado por Fotocasa acelera su caída acumulada, próxima al 30%, y cuando las operaciones se realizan hoy bien por debajo de los precios de los anuncios.
Ante semejante reconocimiento de la realidad, la patronal de los promotores brama pidiendo nuevas ayudas, desgravaciones y créditos para la compra de vivienda, a fin de evitar que los precios sigan bajando. La encrucijada actual exigiría un plan de reconversión y saneamiento inmobiliario-financiero que evite la usual contradicción de objetivos y políticas. Por ejemplo, la reconversión inmobiliaria orientada a dar salida al sobredimensionado stock de suelo e inmuebles, está reñida con el afán de destinar los escasos recursos del Estado a animar nuevas promociones. O el deseo de acelerar el ajuste inmobiliario, se contradice con el habitual empeño de frenar u ocultar la caída de los precios. Al igual que la contracción de los balances de la banca, unida al recorte del valor de los activos inmobiliarios, no casa con la prometida abundancia de crédito.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
A medida que la crisis económica fue mudando en depresión, se fue apagando la voluntad de nuestros gobernantes de corregir el statu quo financiero que la motivó. Durante la crisis de principios de los setenta había más voluntad de cambiar el sistema monetario internacional que ahora, que sufrimos una crisis mucho más grave, fruto de la descontrolada creación de liquidez y de la desregulación financiera que dicho sistema ha propiciado. Se hablaba entonces de cambiar el sistema vigente, gobernado por el dólar, para dar paso a otro más neutral, que sometiera a todos los países a las mismas reglas de financiación y controlara la creación de liquidez atendiendo al interés general. Sin embargo, el dólar sigue mandando, y las reuniones del G-20 celebradas tras el inicio de la crisis, en vez de abrir camino hacia un nuevo sistema monetario internacional más justo, trataron de revitalizar el antiguo. Y en vez de controlar consensuadamente la creación monetaria, EEUU optó unilateralmente por acrecentarla para acometer millonarias operaciones de estímulo y salvamento. Y esta es la hora en la que ni la UE, ensimismada en la defensa del euro, ni los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), beneficiados por la subida especulativa de las materias primas alimentada por la trepidante creación de liquidez, llegaron a plantear cambios profundos.
Además, ni siquiera han llegado a puerto las promesas más tímidas manifestadas en las primeras reuniones del G-20 de mejorar la regulación y la vigilancia de las entidades y los mercados financieros. Estas promesas apuntaban, sobre todo, a controlar o desactivar los “fondos especulativos de importancia sistémica”, las operaciones bancarias realizadas “fuera de balance” o “en la sombra” (shadow banking) para escapar a la normativa, y los “paraísos fiscales”. Pero los paraísos fiscales siguen funcionando y dos recientes informes del Banco de Pagos Internacionales indican que la expansión de los productos financieros derivados y de la banca en la sombra se han multiplicado enormemente a lo largo de 2011. La opción está clara: o se modifican las reglas del juego, o seguirá imperando un sistema que induce cada vez más a transformar prosperidad en bancarrota, a base de encadenar burbujas especulativas.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Próximo a cumplirse el vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Maastricht, la UE no está para grandes celebraciones, sino para preguntarse qué ha fallado. Entre los fallos figuran las “lagunas de Maastricht” relacionadas con la falta de mecanismos de cohesión fiscal y social y de control y seguimiento de la deuda privada de los países (ya comentadas en Público, 09-05-2010) que presentaron un marco propicio para que las desigualdades y conflictos se acentuaran en la eurozona, espoleadas por la disparidad de modelos, de intereses y de poder observada entre los países miembros. Esta disparidad, que habría podido resultar complementaria en un espacio más cohesionado, se acentuó hasta convertirse en un conflicto que no sólo enfrenta a países comercialmente excedentarios o ahorradores, como Alemania, y países deficitarios, como España, acostumbrados a cubrir su necesidad de financiación atrayendo capitales del resto del mundo. O a países que apoyan el crecimiento económico en su capacidad exportadora y aquellos otros habituados a apoyarlo en burbujas especulativas y demandas internas. También enfrenta, por un lado, a una Alemania interesada en mantener un euro fuerte, tanto por su condición de acreedora como por el hecho de que una divisa fuerte apoya su competitividad en la deslocalización de procesos exigentes en mano de obra barata y contaminación, para ensamblar y exportar productos de alto componente tecnológico cuya marca de calidad hace su demanda poco sensible al aumento de precio. Y, por el otro, a países como España que, sin devaluación de la moneda, difícilmente pueden apoyar la reactivación económica en la expansión de unas exportaciones poco diferenciadas y/o con escaso componente tecnológico.
La cerril imposición de los intereses alemanes impone también, sin decirlo, la desintegración europea: mientras en 2011 los países europeos del sur –tras recortar gastos sociales, salarios y pensiones que a penas eran la mitad de los pagados en Alemania– se hundían más y más en la depresión, la economía germana sacaba partido de ello acusando un notable repunte económico, animado por la atracción de capitales que ahora ejerce como “país refugio”. ¿Hasta cuando durará la ceguera voluntaria de nuestros gobernantes hacia los problemas de fondo de la eurozona?
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
El reciente paquete de medidas se sigue inspirando en la misma teodicea económica de la austeridad pública que nos impone Merkel, en franca contradicción con las medidas anticíclicas que desde siempre han venido recomendando los manuales en tiempos de crisis. Pero, además de prolongar esta irresponsable escalada de medidas depresivas (aumento de impuestos y reducción de gastos) que hunde cada vez más la actividad económica, se siguen ignorando los graves despilfarros acometidos por una Administración servil a los grupos de presión que orientan la toma de decisiones en cada sector de espaldas a la ciudadanía, olvidando que el saneamiento económico tiene que ir asociado al saneamiento político.
Está claro que en el caso de la vivienda fallaron los filtros reguladores que deberían haber frenado el crecimiento de una burbuja que cuanto más se inflaba, más evidenciaba un final catastrófico. Ni los políticos gobernantes, ni la autoridad financiera, han ejercido ninguna función reguladora que pusiera coto a la sobredosis de viviendas y edificios construidos y de deudas contraídas durante el auge. Pero mucho más grave que el fallo del Estado como regulador del mercado inmobiliario, es el fallo del Estado como planificador y financiador de infraestructuras. Aquí no han sido los promotores privados, sino el propio Estado, manejado por las constructoras, el que ha promovido una absurda sobredosis de autopistas, AVEs, puertos y aeropuertos que habrá que seguir pagando durante años. En suma, que el monocultivo del ladrillo y el cemento, plasmado en tal sobredosis de infraestructuras y viviendas, ha generado riqueza para los constructores, pero pobreza para el país que tiene que sufragarlas. Pues la financiación de tan potentísimas inversiones suntuarias o improductivas, en construcciones elitistas escasamente utilizadas y con elevadísimos costes y deudas por usuario, es la que está lastrando ahora el futuro económico del país.
¿Seguirán los vientos de austeridad apuntando solo a aumentar impuestos y recortar gastos sociales o servirán alguna vez para erradicar semejantes despilfarros y reorientar los recursos hacia fines social, económica y ecológicamente más saludables?
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
A estas alturas de la crisis el futuro sigue siendo oscuro por la falta de diagnósticos y medidas que identifiquen y cambien el statu quo especulativo que la había provocado. La complicidad de los gobiernos con ese statu quo los incapacita para enderezarlo hacia horizontes económicos y sociales más saludables.
El reciente acuerdo Merkel-Sarkozy concentra sus esfuerzos en ampliar y mejorar el funcionamiento del fondo de estabilidad europeo y en reforzar la disciplina presupuestaria de los países del euro, para salvar la situación a corto plazo, pero soslaya que no eran esos desequilibrios los causantes de la crisis. Al igual que los criterios de convergencia de Maastricht, exige limitar el déficit presupuestario y la deuda pública sin hablar de la privada, ni tampoco de limitar el déficit exterior corriente de los países.
El problema inicial estriba en que España, lo mismo que Irlanda, pese a contar con cuentas públicas bien saneadas, desató procesos especulativos y megaproyectos suntuarios que, además de devorar el ahorro interno, se financiaron con capitales foráneos que aceptaban de buen grado los pasivos emitidos por el país. Pero con el pinchazo de la burbuja especulativa y la huida de los inversores, sobrevino el llanto y el crujir de dientes. La liquidez barata y abundante mudó en sequía de créditos y exigencias de devolución de deudas. La recaudación de impuestos se desplomó y la bancarrota pública, agravada por salvamentos y ayudas, amenazó con suceder a la privada. Tras tanta construcción de viviendas y de disparatadas infraestructuras y macroeventos, ya sólo se habla de recortes, cuando el paro diezma a la población y los salarios y pensiones se mantienen por debajo de la media comunitaria.
¿Qué hacer cuando la depresión que castiga a los países líderes en especulación no consigue cambiar, sólo reducir, el signo deficitario de sus balanzas corrientes, ni evitar su progresivo endeudamiento? Recibir nuevos préstamos a condición de seguir adelgazando el ya famélico Estado social no soluciona el problema. Habría que unir la solidaridad europea a un claro propósito de enmienda de los recientes desmanes, con planes de reconversión económica y de
cohesión social que brillan por su ausencia.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Tras tanto tiempo de tribulaciones, parches y gestos dilatorios, la crisis del euro se ha ido agravando. Se acerca así la hora de la verdad en la que las decisiones de la cumbre del 8 de diciembre condicionarán, por activa o por pasiva, el futuro del euro y de la UE. Reflexionemos sobre la encrucijada actual.
Hay que recordar que la crisis del euro deriva de insuficiencias de diseño en la propia unión monetaria europea. El riesgo de impago de algunos países resulta de haber dado rienda suelta a prácticas especulativas que acentuaron su endeudamiento exterior, a la vez que los acuerdos del euro les impiden pagar sus deudas emitiendo moneda o aligerarlas depreciándola. El problema tiene que ver con la paradójica situación de un Banco Central Europeo (BCE) que dicta la política monetaria por encima de los estados miembros sin ser garante de ellos, ya que sólo otorga liquidez a la banca, no a los estados. Bajo el engañoso lema de “más Europa”, las nuevas decisiones apuntan a completar la unión monetaria con otra presupuestaria, que permita al BCE respaldar a los estados a cambio de exigir, como contrapartida, drásticos recortes a países deudores cuyas condiciones sociales y laborales se sitúan bien por debajo de la media comunitaria.
Poco importa que el salario por horario y el gasto social por persona sean en España cerca de la mitad que en Alemania. Cuando Merkel dice que trata de evitar que el contribuyente alemán pague las deudas de países pródigos, soslaya la responsabilidad compartida de las deudas promovidas por las oligarquías de estos países en perfecta sintonía con los inversores y exportadores centroeuropeos. Se trata de conseguir que paguen ignorando que la depresión de los deudores acabará afectando también a los acreedores. Dentro de esta opción servil al núcleo duro de intereses acreedores centroeuropeos se contempla incluso que un grupo selecto de países solventes emita y garantice su propia deuda al margen de los demás. Por este camino, la UE avanza hacia su desintegración, pues no cabe hacer “más Europa” destruyendo su cohesión social y territorial. Frente a las despóticas imposiciones de la Europa del capital, sólo cabe anteponer la rebelión de esa otra Europa de los pueblos.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Los resultados electorales lo han confirmado. Uno de los dos polos del bipartidismo reinante se ha desmoronado dando paso al otro en el Gobierno. Ha perdido su apoyo electoral por hacer “lo que España necesitaba” para salir de la crisis. Con el agravante de que los sacrificios humanos perpetrados en favor de “los mercados” no consiguieron aplacarlos ni, menos aún, reactivar la economía: la depresión se ha agravado y la calificación de la deuda es hoy peor que nunca. Y en los discursos electorales se siguió hablando del imperativo de hacer “lo que España necesita”, creando miedos justificados entre la castigada población española que motivan esta reflexión.
¿Necesitaba España financiar tanta operación especulativa y tanto megaproyecto ruinoso? ¿Necesitaba de verdad congelar pensiones, recortar sueldos de funcionarios, derechos sociales y laborales… o participar en acciones militares foráneas? Parece como si los políticos que hablan en nombre de España tuvieran hilo directo con ella, cuando precisamente evitan que la ciudadanía participe en la toma de decisiones importantes y ningunean manifestaciones o encuestas en las que esta ciudadanía expresa sus puntos de vista, generando así crispación social y desconfianza.
Para intuir lo que la población española (no España) necesita hacen falta dos cosas. Una, dejar de engañar a la ciudadanía con tapujos y previsiones edulcoradas, pasando a considerarla mayor de edad. Pues tomar conciencia de nuestros males es el primer paso para curarlos y hacer diagnósticos ajustados y transparentes del presente es condición para construir sólidamente el futuro. Otra, contar con la participación de esa ciudadanía bien informada para orientar y respaldar las importantes decisiones que se avecinan y las políticas a adoptar. Sólo a raíz de tomar plena conciencia de la crítica situación actual se podrán acordar medidas ampliamente consensuadas sobre el reparto de las responsabilidades y los costes de la crisis y sobre la obligada reconversión económica. Y, con buenas prácticas políticas que potencien la participación ciudadana, se podrá recuperar la cohesión social necesaria para marcar metas comunes, y no al revés. Esta es la diferencia entre democracia y despotismo.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Qué ha pasado con la banca española que Zapatero presentó hace tres años, en Nueva York, como la “más sólida del mundo”, para que aparezca ahora como colista, junto a la griega, en los test de solvencia de la UE?
El juicio inicial de Zapatero recogía la creencia –en otro tiempo extendida– de que las provisiones y ratios de solvencia que estaba obligada respetar la banca española le aseguraban una situación tan saneada, que parecían excesivos. Se soslayaba que, más allá de provisiones y ratios, la banca española presentaba dos puntos débiles: su fuerte dependencia de la financiación exterior y su excesiva exposición al riesgo inmobiliario. Pues la financiación del enorme auge especulativo gobernado por “el ladrillo”, además de devorar el ahorro interno, empujó a la banca a seguirlo financiando con cargo al exterior, con el consentimiento de unas autoridades irresponsables. La banca empezó a sufrir, ya en 2008, las consecuencias conjuntas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la desaparición de la liquidez externa tan barata y abundante que la venía alimentando, motivando la consabida “sequía de créditos”.
Las copiosas inyecciones de dinero público y del BCE practicadas desde entonces para paliar la crisis de liquidez de la banca, cambiaron radicalmente el contexto y los criterios utilizados para juzgarla. La inflación de emisiones de deuda pública y de compras de esta por la banca invirtió, primero, el rol de los personajes: a medida que se acentuó el déficit y el endeudamiento del Estado, este pasó de ser salvador, a ser víctima del sistema financiero, que le exigía solvencia y recortes presupuestarios. Después la propia banca acabó siendo penalizada al ver recortados sus activos, no sólo por el derrumbe de las cotizaciones bursátiles e inmobiliarias, sino de la deuda pública de los estados más débiles, que ahora se exige contabilizar a precios de mercado. ¿Quién iba a pensar hace poco que la banca española vería rebajada su puntuación por tener tanta deuda pública española…o por emitir hábilmente pasivos exigibles (bonos) convertibles en pasivos no exigibles (acciones)? Pobre banca española, la han suspendido en un examen en el que ni siquiera entraban los pufos inmobiliarios.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Pasados 36 años desde la muerte de Franco y 33 desde que se aprobó la Constitución que otorga al poder cobertura democrática, todo parecía atado y bien atado para que la oligarquía imperante siguiera tomando decisiones y haciendo grandes negocios de espaldas a la ciudadanía. Pero he aquí que la amplia insatisfacción generada por la crisis y el modo de gestionarla ha venido a poner en cuestión el modelo político diseñado en los conciliábulos de la Transición. Tras haberse evitado con éxito que se produjera durante la Transición un verdadero proceso constituyente, por fin se empiezan a cuestionar masivamente las decisiones entonces impuestas. ¿Por qué el actual sistema electoral privilegia el bipartidismo? ¿Por qué se vota a listas de partidos y no a candidatos? ¿Por qué es tan difícil promover leyes por iniciativa popular o someter a referéndum decisiones importantes?… ¿Por qué hay monarquía y no república?
Dos hechos fuerzan la crisis del sistema político. Por una parte, el conformismo de los grandes partidos que se disputan el Gobierno hace que muestren encefalograma plano en el diagnóstico y tratamiento de los principales problemas que tiene planteados el país. Por otra, la ciudadanía no quiere limitarse ya a hacer de mera comparsa electoral de esos partidos.
Al calor de la crisis han surgido movimientos orientados a superar el impasse político-institucional que niega la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, cuando el país cuenta con un desmesurado stock de viviendas y edificios desocupados a la vez que los desahucios amplían el ya nutrido grupo de personas necesitadas de vivienda, el Gobierno y el principal partido de la oposición miran para otro lado. Ante semejante emergencia, ha tenido que ser la ciudadanía la que ofrezca soluciones ejemplares defendiendo a las familias desahuciadas e instalándolas en un hotel abandonado y ocupado para este fin. ¿Por qué no hay vivienda social, cuando la Constitución afirma el derecho a la vivienda de la población y cuando, para colmo, se otorga tanto dinero público a ese gran propietario de viviendas desocupadas que es hoy la banca? ¿Por qué estos problemas escapan al teatro oficial de la política?
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Hasta hace poco el poder trataba de convencer a los ciudadanos y/o súbditos de la bondad de sus acciones de gobierno. De ahí arranca la famosa frase “venceréis, pero no convenceréis”, del histórico discurso de Unamuno en Salamanca, cuando las tropelías del franquismo se adornaban con la retórica fascista del momento. Paradójicamente, nuestros democráticos gobernantes de hoy ya no tratan de convencer, sino de hacer y deshacer a su antojo, manejando el patrimonio público y practicando políticas antisociales que contradicen sus propios programas y promesas electorales.
En cuanto se encaraman al poder local, autonómico o central, obteniendo el mínimo de votos necesario para ello, nuestros gobernantes no se recatan en endeudar y en malversar el patrimonio público a golpe de privatizaciones, recalificaciones, concesiones o contratas, que suponen servidumbres o peajes en la sombra que la población ha de soportar durante muchos años. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de tanto practicar esta política de saqueo y adelgazamiento de lo público, de pan para hoy y hambre para mañana, con el agravante de que en el río revuelto de la crisis se acentúan las ansias de los pescadores, precipitando aún más tales prácticas de espaldas a la ciudadanía. Decisiones tan fuertes como las de cambiar la Constitución, privatizar las cajas de ahorros –tras inyectarles dinero público– o Aena y la lotería, han sido tomadas por el Gobierno, con el simple acuerdo del PP, sin debate ni consulta pública alguna, al igual que la postrera decisión de regalar Rota a los afanes bélicos estadounidenses. Semejante consenso bipartidista ha animado al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre en sus empeños privatizadores, que alcanzan incluso a una entidad tan saneada y solvente como Canal de Isabel II, sin preocuparse de justificar, sino más bien de soslayar, las oscuras razones que los impulsan.
Tan despótico y consensuado bipartidismo erosiona el apoyo electoral de los gobiernos, sin suscitar entusiasmo en la alternancia. No es el afán de elegir, sino de echar a un candidato o a un partido del Gobierno lo que acaba moviendo al electorado. Pasó con González y con Aznar, pasa con Zapatero… y va camino de pasar con Aguirre.
