José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Los precios de los anuncios de vivienda aceleraron su caída durante el año en curso, manteniendo una tendencia a la baja que dura ya más de cuatro años. Fue en mayo de 2007, cuando iniciaron su continuado descenso, tras haber moderado su crecimiento en 2006. Estos, y otros datos, evidencian que el mercado inmobiliario español venía dando ya síntomas de agotamiento antes de que explotara la crisis monetaria internacional, a raíz del affaire de las hipotecas subprime estadounidenses en agosto de 2007. No, la crisis financiera foránea no motivó la propia, como algunos dicen, sino que solo la agravó. Y la continuada caída de los precios inmobiliarios desmiente los vaticinios de estabilización e incluso de repunte lanzados para animar a los compradores, en un prolongado afán de moldear la realidad lanzando eslóganes interesados.
Recordemos cuántos financieros y analistas de pro negaron primero la existencia de burbuja inmobiliaria y entonaron después –con Emilio Botín a la cabeza– aquella jaculatoria que prometía un “aterrizaje suave”. Estos vaticinios se vieron pulverizados por años de abruptas caídas en la actividad y los precios inmobiliarios, con consecuencias de todos conocidas. Explican la mayoría del paro, los impagos y las pérdidas patrimoniales que está sufriendo el país y que motivan su crisis financiera. La duración del ajuste inmobiliario refleja la magnitud de los excesos de endeudamiento, edificaciones y promociones que hay que purgar, a la vez que abundan las personas sin vivienda. Un reciente informe estadístico del Ministerio de Fomento sobre el panorama inmobiliario de 79 ciudades españolas muestra la importancia de dichos excesos. Resulta que al stock de 688.000 viviendas nuevas no vendidas –estimado por ese mismo ministerio para finales de 2010– y al de cerca de 700.000 viviendas usadas puestas en venta por particulares, se añade otro de cerca de un millón y medio de viviendas previstas y no terminadas sólo en los desarrollos de las 79 ciudades analizadas. Lo que eleva el stock de viviendas en venta o en promoción a cerca de tres millones, pidiendo a gritos una reconversión inmobiliaria que brilla por su ausencia entre las propuestas electorales de los partidos que nos quieren gobernar.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
La marcha de la actividad económica apunta hacia abajo durante el año en curso, reflejando una recaída. Y al haber centrado, tanto el Gobierno como la oposición mayoritaria, sus promesas en la “salida de la crisis” sin preocuparse de sanear las bases económicas, sociales y políticas de nuestra convivencia, la actual recaída económica acentúa la frustración social.
En efecto, indicadores como el crédito a empresas y hogares, el número de hipotecas y de transacciones inmobiliarias… o el consumo de electricidad, vuelven a caer arrastradas por la constelación de medidas depresivas adoptadas y por la crisis del euro. Ambas están relacionadas, pues la burbuja inmobiliaria española no sólo devoró el ahorro interno, sino que se financió con cargo al exterior, haciendo que la deuda externa privada multiplique hoy por cuatro a la pública. Precisamente la consabida “sequía de créditos” viene motivada por el imperativo de la banca de atender pagos asociados a su deuda exterior. Y a estas alturas de la crisis, la reducción de la deuda privada apenas ha conseguido recortar la posición deudora del país, porque se vio compensada por el aumento de la pública, que espolea el afán de reducir el déficit presupuestario para poder pagarla, alimentando la espiral de las políticas depresivas y la actual recaída económica.
En este contexto, el teatro preelec-
toral de la política nos ofrece panaceas que prometen cínicamente reactivar la economía y reducir, a la vez, sus déficits y deudas… o virtuosas llamadas a la responsabilidad, la austeridad y el esfuerzo de todos, mientras se sigue soslayando irresponsablemente el contexto viciado que condujo al país al penoso estado en el que se encuentra. No es de recibo que los responsables y beneficiarios de tanta inversión especulativa, de tantas viviendas vacías, aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, amarres sin barcos y demás megaproyectos ruinosos, sigan tan ufanos dándonos virtuosas lecciones de cómo salir de la crisis que ellos mismos provocaron. Más que saneamiento económico, la situación actual pide a gritos un saneamiento político y cívico que ayude a diagnosticar sin tapujos los problemas y a iluminar democráticamente la toma de decisiones.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Estadístico
Es una vergüenza que, tras tanto declarar intocable la Constitución para ahogar exigencias de cambio en cuestiones políticas relevantes, de pronto el Gobierno pretenda reformarla al dictado de unos mercados que, al parecer hablan y escriben cartas en la sombra. Después de haber concebido hace seis lustros la Constitución en la trastienda de los partidos políticos, negando a la ciudadanía la posibilidad de participar en un verdadero proceso constituyente, el consenso decae y la opacidad y el secretismo aumentan hoy a la hora de reformarla. La sarta de incoherencias es tal que la reforma se ha precipitado pretextando razones de urgencia, cuando entraría en vigor en 2018-2020. Y, para colmo, quien impone ahora un límite al déficit presupuestario es el mismo Gobierno que lo vino incumpliendo, siguiendo el cínico mandato que reza: haz lo que digo, sin fijarte en lo que hago. Bien es verdad que el mero hecho de incluir en la Constitución esta limitación –ya vigente en el Tratado de Maastricht– tampoco asegura su cumplimiento, como ilustra la cotidiana inobservancia del derecho a la vivienda…o al trabajo digno, presentes en la Carta Magna.
Sea o no un mero gesto ceremonial ingenuamente orientado a aplacar a los “mercados”, el desafortunado empeño de reforma tiene la virtud de evidenciar que la Constitución, lejos de ser inmutable, es claramente reformable. Este recordatorio es importante cuando va a hacer 33 años que la Constitución se pactó al margen de la ciudadanía entre políticos del antiguo y del nuevo régimen y se presentó llave en mano a refrendo tras desatar una enorme campaña intimidatoria a favor del voto afirmativo. Pese a ello, sólo la apoyó el 59 % del censo electoral, con notables diferencias territoriales: en Euskadi ni siquiera la aprobó la mitad del censo y en Guipúzcoa sólo el 30 %. Desde entonces, venimos sufriendo las limitaciones y sesgos del actual orden constitucional, que respaldó la refundación monárquica (y oligárquica) ideada por Franco, a costa de otorgar poder a los partidos políticos cómplices y de ningunear a la ciudadanía. Ya va siendo hora de revisar este compromiso constitucional arcaico para promover de verdad la participación y las buenas prácticas democráticas.
José Manuel Naredo
Estadístico
Las recientes preocupaciones por la solvencia de los estados hacen olvidar que el trepidante crecimiento de la cadena de activos/pasivos financieros que se respaldan mutuamente –observado en el mundo durante el auge– era de todo punto insostenible, ya que superaba ampliamente al crecimiento del comercio y la renta planetaria. La desregulación del sistema monetario internacional y unos estados que aumentaron sus déficits y deudas para animar primero el aquelarre inmobilliario-financiero y pagar después sus platos rotos, propiciaron la escalada de deudas que ahora nos preocupa y que ha empujado al Gobierno a querer limitar el déficit en la Constitución.
En EEUU, las políticas anticrisis de Bush y de Obama elevaron, respectivamente en sus mandatos, el crecimiento anual de la deuda pública del 8 al 15 % acumulativo, hasta que el Tea Party mandó parar y se rebajó la calificación de la deuda estadounidense. En la UE fueron los mercados financieros y las agencias de rating los que pusieron coto a una huída hacia delante similar, al apreciar riesgos de insolvencia en algunos países que habían acumulado deudas públicas y privadas astronómicas.
Culpar de esta penosa situación al retrógrado Tea Party, a los malvados mercados o a las malignas agencias de notación, viene a ser como el niño que culpa a la mesa del coscorrón que se ha dado. Supone confundir causas inmediatas con aquellas otras de fondo que apuntan que las deudas no pueden crecer hasta el infinito y, menos aún, vinculadas a burbujas especulativas abocadas a pincharse. Ante los problemas que comportan tanto el pago como el impago de las deudas, sólo cabe aplazarlas o traspasarlas a otros y en esa pelea estamos. Primero se ha conseguido transmutar deuda y bancarrota privada en pública y ahora se quiere cargar esta sobre las espaldas de los colectivos más débiles. Si la protesta de estos lo dificulta, sólo cabrá traspasarla a esos bancos centrales tan supuestamente independientes, que siempre defienden a la patronal. La Reserva Federal lo viene haciendo: ha comprado ya más deuda pública estadounidense que ese gran propietario que es China. Y el BCE ya ha empezado a hacerlo. En este caso, la mayor inflación y depreciación de la moneda será el coste de digerir la deuda, asumido por todos sin quererlo.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Los segundos test de estrés realizados a la banca europea el pasado mes de julio no resultaron concluyentes. No podían serlo cuando la exigencia de que los bancos tengan un 5% de capital propio de buena calidad no los libra de una posible bancarrota, y cuando se ha limitado la adversidad de los escenarios considerados, además de las sorpresas que pueden esconder los agregados contables utilizados y la distinta cobertura del examen por países: por ejemplo, en España se examinaron 25 entidades, mientras que tanto en Francia como en Reino Unido, sólo cuatro.
Dos prácticas tradicionalmente aceptadas debilitan la salud de los bancos. Primero, la posibilidad de utilizar para negocios propios el dinero depositado a la vista, que pasa así a prestarse o invertirse generando lo que se conoce como “creación de dinero bancario”. Y segundo, la posibilidad de arriesgar ese dinero en inversiones especulativas. Estas dos prácticas hacen que la bancarrota pueda aparecer por estampida de depositantes que quieren retirar su dinero, que evidentemente no está a la vista, o por deterioro del activo de las entidades ajeno a ese 5 % de capital de calidad exigido en los test. La barra libre de liquidez al 1% que viene ofreciendo el BCE a la banca y la temprana decisión de elevar la garantía del Estado a 100.000 euros por depositante, conjuraron el peligro de impago de los bancos y de estampida de depósitos.
No ocurre lo mismo con el deterioro de sus activos, dulcificado en los test. El escenario más adverso ignoró el impacto del posible impago de la deuda soberana de algunos países, que sale a diario en la prensa, y limitó en España al 30 % la caída total del precio de mercado de la vivienda, cuando seguramente ha superado ese límite y sigue cayendo, pues el índice de precios de los anuncios de Fotocasa registra ya una caída del 26 % y las operaciones se cierran cada vez más por debajo del precio anunciado. Esta querencia a soslayar el deterioro de los activos explica que se repita la misma historia con las tres cajas intervenidas: todas presentaban beneficios, pero al analizarlas a fondo se vio que escondían cuantiosas pérdidas, evidenciando fallos en la vigilancia y en la transparencia de las entidades que deberían subsanarse.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
Es propio de una democracia prohibir que la ciudadanía se reúna libremente en el ágora? No parece. Este gesto despótico es más propio de la tiranía. Sin embargo, esto es lo que hicieron en Madrid los gobiernos central, autonómico y municipal, cuando impidieron el libre acceso de los ciudadanos a la plaza principal de la villa, la Puerta del Sol, acordonando los accesos, clausurando las correspondientes estaciones de metro y ferrocarril suburbano y apaleando con saña a los ciudadanos que protestaban pacíficamente contra semejante atropello.
Tan desproporcionados alardes de fuerza serían inexplicables por el mero afán, como se ha dicho, de “limpiar” la plaza. Todo arranca de haber ordenado a la Policía desmantelar, con nocturnidad y alevosía, el puesto de información del 15-M y algunos acampados ajenos a este movimiento (recordemos que hace ya dos meses que el 15-M acordó en asamblea levantar su acampada), cuando todo esto podía haberse negociado pacíficamente. Semejante provocación suscitó la protesta, la represión desproporcionada de esta y las nuevas y más masivas movilizaciones de personas indignadas. Esta espiral se cortó porque no podía seguir permanentemente cerrada la Puerta del Sol, dando una imagen propia de un estado de sitio. Así, tras cuatro días de protestas, la masiva manifestación convocada por el 15-M ocupó de nuevo la plaza y volvieron a celebrarse en ella las asambleas.
Estos eventos han tenido la virtud de provocar reacciones y declaraciones que evidencian la naturaleza autoritaria de una nomenklatura próxima al poder cuyos hijos, a diferencia de muchos indignados, no solo nacen con el pan, sino con el piso debajo del brazo. Que José Bono defienda tan lamentables actuaciones diciendo que “la democracia se resuelve en las urnas, no en tiendas de campaña”, muestra una demagogia impropia de un presidente del Congreso: la democracia debe resolverse potenciando todas las instancias de participación ciudadana, desde las asambleas en plazas y barrios, hasta el propio Congreso. Y una verdadera democracia debería incentivarlas, no reprimirlas, y saludar muy positivamente la impresionante labor realizada por el 15-M en favor de una ciudadanía más activa y participativa.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
A estas alturas de la “crisis de la deuda”, dos cosas deberían ir quedando claras. Que se han soslayado las causas y las responsabilidades del problema y que se han aplicado tratamientos inadecuados para resolverlo. Es el predominio de intereses mezquinamente nacionales y/o empresariales lo que ha provocado la ceguera de interpretaciones y la miopía de políticas adoptadas, impidiendo curar en el inicio una infección que amenaza con gangrenar, y finalmente segregar a los miembros de esta Europa enferma.
Se ha puesto de moda hablar del riesgo de impago de los países cuando su tradicional derecho a emitir moneda descartaba ese riesgo: el problema no era el impago, sino la depreciación de la moneda que se producía a medida que aumentaban las emisiones. El riesgo de impago aparece cuando el acuerdo del euro impide a los países emitir moneda, permitiéndoles, sin embargo, endeudarse hasta las cejas, lo que no se arregla ahora castigándolos por ello. Jamás Grecia habría llegado a acumular tanda deuda pública, ni España tanta deuda privada, si no llega a ser por el euro. Ambos países habrían sufrido antes devaluaciones de sus monedas que habrían reequilibrado sus cuentas. El Gobierno de la UE y su banco central son responsables de haber permitido que se acumularan tales deudas y deberían responsabilizarse ahora de arreglar la situación por el procedimiento de siempre: haciendo que el Banco Central Europeo no sólo se dedique a comprar la deuda privada de los bancos, sino que pueda comprar también la pública, como hizo a finales de 2010 la Reserva Federal en EEUU, emitiendo, para ello, ¡600.000 millones de dólares! Este tipo de prácticas conlleva la depreciación de la moneda, que mejora la competitividad de los países que la sufren y reparte la pérdida por todo el cuerpo social, en vez de cargarla sobre los más desvalidos, como han venido haciendo las subidas de tarifas e impuestos y los recortes de gastos, que acentuaron la recesión, el paro y el peligro de impago de los países, evidenciando lo inadecuado de las mismas.
¿Podrán por fin imponerse los intereses de una Europa solidaria, que asuma, controle y dé sentido a sus deudas? La última cumbre del euro apunta una tímida inflexión en este sentido.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
Hoy el consumo es el rasgo más visible dela ciudadanía. Elacceso a un mercado lo más amplio posible y con una gran variedad de productos a precio competitivo se asocia a distintos índices de calidad de vida y a los derechos dela ciudadanía. Sobreesta base,la Comisión Europeapretende dar una nueva vuelta de tuerca al mercado, en este caso, a la llamada sociedad de la información.
Se estima que la puesta en marcha de un mercado europeo de las telecomunicaciones permitiría incrementar el PIB europeo en un 4%-6%, generar hasta 2 millones de nuevos puestos de trabajo en el año 2020 (Copenhagen Economics) y requeriría de una inversión de más de 200.000 millones de euros (Banco Europeo de Inversiones). Si bien las tecnologías de la comunicación y la información sólo representan directamente el 5% del PIB comunitario, son responsables de hasta el 30% de las ganancias en productividad, lo que las convierte en el imaginario de los hacedores europeos de políticas en la solución a los problemas no sólo económicos sino también demográficos o energéticos.
Este nuevo mercado no solo va dirigido a impulsar el comercio electrónico sino fundamentalmente a vencer la desconfianza de los consumidores y potenciar así la prestación telemática de un número cada vez mayor de servicios, que podrían incluir también servicios públicos como la educación o la asistencia sanitaria.
En esta nueva vuelta tuerca al mercado común se reproducen algunos de los problemas de credibilidad dela Unión Europeacomo actor económico. A pesar de que más del 60% del comercio tiene lugar entre países comunitarios, el presupuesto europeo sólo supera ligeramente el 1% del PIB europeo. Hasta ahora, los gobiernos nacionales han creado un mercado, con reformas estructurales y privatizaciones, pero sin generar recursos comunes ni definir los bienes públicos a nivel europeo. La pregunta es si se puede seguir apostando por un mercado de 500 millones de potenciales consumidores pero una cifra mucho menor y menguante de ciudadanos. Es decir, si basta con garantizar el acceso al libre mercado o es necesario que todos los europeos participen en la definición de cuáles debieran ser los servicios de interés general y la manera de financiarlos.
José Manuel Naredo
Economista y estadístico
El teatro de la política nos acaba de sorprender con un hecho poco común. El de un partido en el Gobierno que presenta un programa electoral que se opone a la política que ha venido aplicando, sin que este giro lo justifique ningún cambio significativo en la coyuntura económica. Este tardío propósito de enmienda confirma que el PSOE, tras seguir en el Gobierno los dictados del capital, busca ahora que se acercan las elecciones congraciarse con el pueblo para obtener el mínimo de votos necesario para seguir gobernando. Y, para colmo, el cambio lo propone el hasta ahora vicepresidente de un Gobierno que se jactó de no “temblarle la mano” al decretar los “recortes” tan duros practicados en la presente legislatura.
En efecto, en su discurso como candidato, Rubalcaba considera que “es el momento de rectificar algunas cosas”. Así, tras haber denegado desde el Gobierno las propuestas de reforma del sistema electoral que habían presentado IU y otros partidos minoritarios, se declara al fin partidario de reformarlo. Tras alardear el Gobierno de Zapatero de connivencia con los banqueros y tras no haber escatimado ayudas a la banca, viendo que esta no da votos, Rubalcaba se ha permitido amenazarla en su discurso con “una tasa sobre los beneficios para crear empleo”. Tras haber eliminado el impuesto de patrimonio, propone ahora la creación de uno nuevo “sobre las grandes fortunas”. Tras haber mantenido la reducida fiscalidad de las sicav y de otras empresas instrumentales que facilitan la evasión legal de los más adinerados, declara su intención de “acabar con los paraísos fiscales”. Tras haber alimentado durante largo tiempo un modelo inmobiliario que promovió por toda la geografía la cultura del pelotazo (recordemos que el PSOE fue el artífice de la mismísima Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de Valencia de 1994, que entronizó la figura del “agente urbanizador”, y que no apoyó los informes de la UE que cuestionaron el urbanismo valenciano) propone “controles previos de los planes urbanísticos para evitar la corrupción”…
Semejantes bandazos podrían devolver al PSOE apoyo electoral, pero también quitárselo en la medida en la que la mayoría de la gente considere que su discurso no es franco.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
El problema de Grecia y de los países “periféricos” del euro es que encuentran dificultades para financiar –como hasta hace poco venían haciendo, con el beneplácito de la UE– su déficit exterior corriente en los mercados de capitales.
El déficit exterior corriente (el que resulta de saldar el intercambio de bienes, servicios y transferencias) alcanzó el récord mundial en España y Grecia al superar el 10% del PIB. A diferencia de Grecia, España pudo financiar este déficit sin recurrir a la deuda pública, al atraer capitales del mundo ofreciendo acciones, títulos hipotecarios, bonos, etcétera, o, pura y simplemente, recibiendo depósitos del exterior en las sucursales de sus bancos, como Suiza o Estados Unidos. Sólo al final, cuando los mercados financieros internacionales se mostraron reticentes a admitir los títulos y a financiar la deuda privada española, las emisiones de deuda y avales públicos ocuparon el relevo. Y justo en ese momento, la UE, capitaneada por Alemania, desautorizó este tipo de prácticas, invitando a todos los países del euro a convertir en superávit su déficit exterior corriente sin devaluar la moneda, sino deprimiendo los ingresos y los precios de los países, para hacer más competitivas sus exportaciones.
Sin embargo, el sesgo de los “recortes” aplicados no ayuda a mejorar su competitividad, porque no recaen directamente sobre los precios y los márgenes empresariales, sino sobre salarios y gastos sociales, que se situaban ya bien por debajo de la media de la UE de los 27. De esta manera, aunque Grecia y España “hicieron sus deberes” recortando y privatizando, no han equilibrado su déficit exterior corriente, sólo lo han rebajado, por lo que su endeudamiento externo ha seguido y seguirá aumentando y, ya hundidos en la depresión, empujándolos fuera del euro.
¿Por qué tanto empeño en seguir infligiendo daños sociales de tan dudoso resultado en vez de devaluar el euro y avanzar en la integración solidaria de los países? Porque los recortes practicados gozan del beneplácito de la patronal, mientras que la devaluación y la mayor integración recortaría también el poder de compra de los ricos y rebajaría la capacidad de “creación de valor” bursátil de las empresas transnacionales.
