Juan Francisco Martín Seco
Economista
Hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ocupaba el primer lugar en el ranking de emitir ese discurso conservador basado en ajustes y reformas regresivas, pero en la actualidad ha sido sobrepasado por Merkel y sus acólitos de la Unión Europea. La situación es tan clara que hasta la directora del FMI lo ha tenido que reconocer: la política que está aplicando Europa conduce inevitablemente a la recesión. Pocas son hoy las voces que no cuestionan la obsesión enfermiza de la canciller por la estabilidad presupuestaria y rara vez en la historia se dará un caso de cerrazón mental como el que están protagonizando los mandatarios europeos. Por más que los hechos demuestren lo contrario, ellos continúan apalancados en su política de ajustes y reformas sin querer aceptar que no sirven para corregir el déficit ni para infundir confianza en los mercados.
El objetivo de déficit se fija como un porcentaje del PIB, de modo que la recesión económica, que es lo que provoca la política seguida, no sólo va a incrementar el numerador, al disminuir la recaudación, sino que también va a disminuir el denominador (el PIB se reduce). Ello es lo que hace totalmente imposible que España –y supongo que otros muchos países– pueda cumplir el próximo año el objetivo marcado y lo que fuerza incluso a cuestionarse si no estaríamos más cerca de la consolidación fiscal en el caso de que la política aplicada desde hace dos años hubiera sido menos tensa y traumática.
La política de ajustes tampoco sirve, como se está comprobando, para lograr la confianza de los inversores, puesto que, para garantizar el reintegro de sus fondos, tanto o más importante que el cumplimiento puntual en un año de un guarismo mágico de déficit publico es la capacidad de un país de generar ingresos futuros. La enorme trampa en la que está inmersa la economía europea se hace patente cuando las agencias de calificación un día reducen la calificación de los países por sus desviaciones presupuestarias y al siguiente, por el paro y las malas previsiones económicas. Alguna vez, como en la última declaración de Standard & Poor’s, confiesan el motivo de fondo: los desequilibrios que la Unión Monetaria genera entre los países miembros.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
El sector más asilvestrado de la derecha económica, con la finalidad de quebrantar aún más las condiciones laborales, ha llegado a decir que tenemos un mercado de trabajo franquista. De Franco se mantienen aún bastantes cosas, pero no precisamente la legislación laboral. El Estatuto de los Trabajadores se aprobó en 1980, es decir, en plena Transición; pero, además, ese texto se ha modificado más de 50 veces. Uno tiene la impresión de que en realidad sobran reformas laborales y lo que faltan son verdaderos empresarios. Reformas laborales ha habido en 1984, 1994, 1997, 2002 y, la última, de 2011. El discurso es alternativo. Se comienza promocionando los contratos temporales al grito de que es mejor un puesto de trabajo precario que ninguno, para afirmar en la reforma siguiente que la alta temporalidad y la dualidad del mercado laboral fuerzan a abaratar el despido de los contratos indefinidos, y así sucesivamente.
Faltan, sin duda, empresarios que no busquen beneficios fáciles en los empleos basura y en la mano de obra barata, en las subvenciones y en los mercados cautivos. En una economía globalizada siempre habrá países que tengan unos costes laborales más reducidos y unas condiciones de trabajo más precarias. Basar la competitividad en la reforma del mercado laboral constituye una tarea condenada al fracaso. Como se ha hecho patente a lo largo de estos 30 años, las reformas laborales nunca han creado empleos, sólo han transformado los existentes reduciendo los salarios y empeorando las condiciones de trabajo.
La creación de puestos de trabajo no se decide en el ámbito del mercado laboral, sino en los de productos y servicios. Es la demanda la que crea los empleos, con lo que puede ocurrir –y de hecho ocurre– que las reformas en el mercado de trabajo, al deprimir las condiciones laborales y los salarios, incidan negativamente sobre el consumo y por tanto sobre el crecimiento y el empleo. A su vez, el único efecto del abaratamiento del despido es que los empresarios prescinden de los trabajadores a la primera dificultad, aun cuando tal despido no sea ni imprescindible ni necesario. Más paro, pero también más beneficios empresariales.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
La eurozona es presa de ciertos tabús que están distorsionando su funcionamiento. Uno de los más absurdos e irracionales es la prohibición que se impuso al Banco Central Europeo (BCE) de prestar a los Estados miembros y de comprar su deuda, con lo que estos quedan –tal como está ocurriendo en la actualidad– totalmente indefensos frente a la especulación de los mercados. Ante la necesidad ineludible de que el BCE intervenga, pero dispuestos a mantener la ortodoxia por encima de todo, se ha caído en el nominalismo. El pasado 21 de diciembre, el BCE puso en marcha un proceso alambicado: conceder “barra libre” a los bancos con la intención de que estos, a su vez, adquieran la deuda pública. Bien es verdad que de esta forma se pretende arreglar también la cuenta de resultados de las entidades financieras. La operación constituye un pingüe negocio para ellas: consiguen el dinero del BCE al 1% mientras que obtienen un 5% de la subscrición de los bonos.
Hay quien ha dicho que esta operación ahorra dinero a los contribuyentes, ya que el saneamiento de los bancos por este procedimiento reducirá las aportaciones que tengan que realizar los tesoros públicos de los Estados. Vano espejismo, porque los recursos ya se están empleando en pagar los intereses de la deuda pública en una cuantía muy superior a la que resultaría si los Estados fuesen los beneficiarios directos de los créditos del BCE.
Aunque lo peor con todo es que la operación está siendo un rotundo fracaso. Desde luego el crédito continúa sin llegar al público, tal como decía pretenderse, pero tampoco queda claro que los bancos estén comprando deuda pública; más bien puede suceder que hayan comenzado a desprenderse de ella, puesto que ahora tienen la posibilidad de utilizar otros activos de peor calidad para conseguir los préstamos del BCE, pero, sobre todo, porque –increíblemente– la propia autoridad bancaria europea castiga a la deuda pública a la hora de calcular la solvencia. La desconfianza continúa reinando en los mercados financieros, los bancos no se prestan unos a otros ni se fían de la deuda soberana debido a que empiezan a considerar como factible la alternativa de que la Unión Monetaria desaparezca.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
Vivimos en un mundo bastante desquiciado. Las instituciones se preocupan de lo que no les incumbe y, no obstante, desatienden sus finalidades más directas. El BCE –tan inútil a la hora de conseguir la estabilidad financiera de la eurozona a pesar de ser sumamente celoso de su independencia– no tiene ningún reparo en entrometerse en las competencias de los gobiernos nacionales, dando instrucciones en materias de política fiscal o de relaciones laborales. El Banco de España se ha pasado todo este tiempo hablando de pensiones, de déficit público, de salarios y de abaratamiento del despido, y sin embargo viene dando muestras de total ineptitud en lo que respecta a solucionar la crisis de las entidades financieras, no sólo porque haya descuidado su control durante la burbuja inmobiliaria, sino porque, después de tres años, el problema continúa sin resolverse y ni siquiera estamos seguros de su auténtica dimensión.
Ahora, Joan Rosell, patrón de patronos, se empeña en arreglar el sector público cuando tiene a sus empresas hechas unos zorros. Habrá que recordar que el origen de esta crisis está en el sector privado, que era el que se encontraba endeudado en exceso mientras el sector público presentaba sus cuentas con superávit. No son el derroche y el despilfarro de las Administraciones Públicas los que nos han llevado a esta situación, sino la irresponsabilidad de las entidades financieras, promotoras, constructoras y demás ganado del rebaño de Rosell. Esos sí que han vivido por encima de sus posibilidades.
Mal que le pese al presidente de la CEOE, en lo público las cosas no pueden ser igual que en lo privado. El déficit de las administraciones no es equivalente a la cuenta de resultados de una empresa, ni se puede afirmar que sólo podemos tener la economía de bienestar que podamos permitirnos. Todo depende de la presión fiscal que estemos dispuestos a soportar y si queremos que determinados servicios se financien vía precio o vía impuestos. No sobran empleados públicos, faltan empresarios que paguen sus gravámenes. Bien es verdad que, a lo mejor, lo único que pretende Rosell es que actividades como la sanidad o la educación dejen de ser públicas y pasen al sector privado.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
La crisis de la deuda está ocultando el verdadero problema de la Unión Monetaria: la contradicción de que países tan diversos mantengan el mismo tipo de cambio. La imposibilidad de realinear las monedas condena a las economías al estancamiento y a la recesión. Los ataques que vienen sufriendo las distintas deudas soberanas son tan sólo el síntoma del cáncer que la eurozona lleva dentro. Si estuviéramos en un sistema de tipos de cambio fijos, la ofensiva se dirigiría contra las divisas con el fin de forzar la devaluación. Así ocurrió con el antiguo Sistema Monetario Europeo (SME) a principios de los noventa hasta que las monedas entraron en lo que se podía llamar libre flotación al estipular una banda de ±15%. En la eurozona, los bonos están ocupando el puesto que como diana de los mercados desempeñarían las diferentes divisas si existiesen.
Los especuladores pretenden jugar siempre sobre seguro. En el SME creían que los tipos de cambio establecidos no se podían mantener; apostaron y ganaron. Ahora apuestan a que el euro no puede subsistir, y en Europa se lo están poniendo fácil. Se deja a los países indefensos ante los mercados, ya que el BCE no actúa como un verdadero banco central, prestamista en última instancia. La situación, sin duda, mejoraría mucho si el BCE estuviera dispuesto a respaldar sin límite la deuda de los países. Es posible que, al menos a corto plazo, se ahuyentara la presión de los inversores; pero el problema de fondo no habría desaparecido, y la recesión o el estancamiento económico permanecerían al mantenerse el mismo tipo de cambio para economías tan diversas. La única solución real es la Unión Fiscal, pero no ese remedo que desea implantar Merkel y que se limita a imponer la estabilidad presupuestaria, sino la constitución de una verdadera Hacienda Pública común con impuestos propios y un presupuesto de la Unión, cuantitativamente significativo, capaz de compensar los desequilibrios regionales que crean el mercado y la moneda única. Pero claro, de eso Merkel no quiere ni oír hablar. La medicina que se nos ofrece, a base de ajustes, recuerda los médicos que trataban de curar todas las enfermedades sangrando al enfermo. Este terminaba muriendo.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
La histórica frase de Lincoln, con la que empezó la Guerra de Secesión estadounidense (“un país no puede permanecer siendo a la vez libre y a la vez esclavo”) podría reescribirse de forma más prosaica para Europa: una Unión Monetaria no puede subsistir con unos países pagando tipos de interés tres, seis o veinte veces superiores a los de otros. Paradójicamente, el euro está socavando el principio sobre el que se ha asentado exclusivamente la Unión Europea (UE): la competencia. A lo largo de todos estos años, la principal preocupación, por no decir la única, de las autoridades comunitarias ha sido la de impedir cualquier práctica restrictiva de la concurrencia. Comportamiento hasta cierto punto lógico cuando nos movemos en un mercado único que es en definitiva a lo que se reduce la UE.
El mantenimiento de divergencias tan enormes en las tasas de interés cuando se tiene la misma moneda distorsiona la competencia y el libre juego del mercado. Es preciso resaltar lo de “la misma moneda”, porque es ahí precisamente donde radica el problema. Se comienza a decir que antes de la constitución de la Eurozona la disparidad en las primas de riesgo era similar, con lo que parece exculparse al euro de toda responsabilidad. Sin embargo, distintas tasas de inflación y de tipos de interés son perfectamente asumibles cuando se funciona con divisas diferentes ya que la variación en los tipos de cambio puede compensarlas, pero la situación se hace insostenible cuando esas discrepancias se producen dentro de la misma área monetaria. A medio plazo, los bancos y las empresas de los países castigados no podrán subsistir. El hecho es tan evidente que la Autoridad Bancaria Europea ha propuesto que se conceda a las entidades financieras “euroavales”, es decir, garantías sindicadas por todos los estados de la Eurozona. La propuesta no deja de ser paradójica cuando ese mismo mecanismo se niega a las deudas soberanas y se rechazan los eurobonos. El Banco Central Europeo está faltando a su deber de mantener uniforme el tipo de interés y Alemania está imponiendo a los otros países una competencia desleal, pero en ese afán corre el peligro de matar a la gallina de los huevos de oro.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
La amenaza de referéndum griego dejó algunas cosas claras: el miedo que los poderes políticos y económicos tienen a la democracia y los enormes intereses que se encuentran tras la Unión Monetaria (UM) que se esfuerzan por salvarla a cualquier precio. Para algunos países, la crisis se llama euro, puesto que es la pertenencia a la Eurozona la que los mantiene sumidos en el estancamiento, destruye los sistemas de protección social y derriba los escasos elementos democráticos existentes.
La mayoría de los países de la UM, al tener anclado el tipo de cambio, no solo han perdido competitividad frente a Alemania, Francia o Austria, sino también frente a EEUU, Reino Unido, India, China, Rusia, Brasil, México, Sudáfrica, Tailandia, Singapur, etc. Desde su creación en 1999, y por seguir la política impuesta por Alemania, el euro se ha revalorizado un 37% frente al dólar, un 38% frente a la libra, un 52% frente al rublo, un 56% frente a la rupia, un 30% frente al real brasileño, un 92% frente al peso mexicano, etc. Hasta el yuan que tenía ya en 1999 un tipo de cambio infravalorado, se ha depreciado un 14%. En estas condiciones, ¿cómo podemos ser competitivos? ¿cómo evitar que nuestro tejido productivo se deteriore más y más y que nuestro déficit exterior y por lo tanto nuestro endeudamiento, sólo se modere a fuerza de estar en recesión o en estancamiento?
La apreciación del euro tiene también consecuencias desde el punto de vista financiero. Ahora que está en cuestión la posible quita de la deuda griega hay que poner de manifiesto que todos los bancos de la Eurozona, de forma silenciosa y sin que nadie se entere, han tenido que sufrir a lo largo de estos años una quita forzosa y gradual –pero no por eso menos real– de todos los créditos, sean públicos o privados, nominados en dólares, en libras y en el resto de monedas que se han depreciado. De estar fuera de la UM, Grecia no precisaría acometer en los momentos actuales ninguna quita, ya que esta se habría producido de manera discreta, tal como ha sucedido en EEUU o Reino Unido. Lo que ahora va a realizar el país heleno es tan solo lo que otros han hecho poco a poco, sin sufrir por ello la sanción de los mercados ni el anatema político.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
La agencia Moody’s no se ha limitado a rebajar nuestra calificación crediticia, sino que también ha cambiado nuestra forma de Estado. Se ha referido a nuestro país como República. Representa un buen ejemplo de la fiabilidad y la exactitud con que emiten sus juicios estas entidades. Califican de oídas, por rumores. Se rigen por las informaciones y noticias que aparecen en los medios de comunicación o por las manifestaciones de las voces que dentro del país pasan por autorizadas. De ahí la enorme responsabilidad de aquellos que de forma un tanto frívola o en función de sus intereses políticos lanzan afirmaciones aventuradas. Las declaraciones del PP acerca de las, según ellos, irregularidades contables de las autonomías han hecho un flaco favor a las respectivas comunidades.
Todo el mundo sabe que ni la contabilidad privada ni la pública constituyen una ciencia exacta y que la periodificación tiene mucho de convencional. Existe siempre un cierto margen para trasladar determinadas partidas de un ejercicio a otro. Es por ello por lo que todo nuevo gobierno ha procurado imputar a la etapa anterior el mayor número de gastos posibles, de manera que su mandato se inicie con el grado menor de compromisos. En condiciones normales, este comportamiento es lógico. El problema radica en que no estamos en condiciones normales, que la economía pende de un hilo y que cualquier manifestación imprudente puede tener graves consecuencias desestabilizadoras. Qué duda cabe de que detrás de la calificación de “bono basura” que se ha otorgado a los títulos de Castilla-La Mancha se encuentra la algarada levantada por los nuevos responsables autonómicos.
Es de esperar que el Ejecutivo que salga de las urnas el 20-N no cometa el mismo error. La elaboración de la contabilidad pública y de la contabilidad nacional –al menos en el Estado– se llevan a cabo en España con toda seriedad. El PP, puesto que ya ha gobernado, lo sabe perfectamente. Resultaría imperdonable que para desacreditar al actual Gobierno o para realizar recortes injustificados, se pusiese en duda la veracidad de las cifras con graves consecuencias en Europa y en los mercados. Con las cosas de comer no se juega.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
Andan en escandalera los políticos de uno y otro bando porfiando acerca de sobre quién recae la responsabilidad de que ejecutivos de cajas de ahorro, saneadas con recursos públicos, hayan cobrado fabulosos sueldos e indemnizaciones. El Banco de España (BE) pretende librarse de toda culpa asegurando que su cometido se limita a controlar la solvencia. Mal ha ejercido entonces su función, ya que ha permitido que las entidades se descapitalizasen sin dar ninguna señal de alerta. Pero, además, resulta muy grave para el sistema financiero español que el órgano supervisor reduzca sus competencias a vigilar la viabilidad de las instituciones. Esta situación es la que permite que, ante la pasividad del BE, las entidades financieras engañen a menudo a los clientes, tal como hicieron ofreciéndoles hipotecas que estaban por encima de sus posibilidades.
Pero las comunidades, los ayuntamientos, incluso los sindicatos, tampoco se pueden ir de rositas. Los políticos de uno u otro signo que se sentaban en los consejos de administración son cómplices, al menos por omisión. En muchos casos han considerado que la caja era el cortijo particular de la respectiva comunidad o corporación y han embarcado a la entidad financiera en aventuras que, si bien podían tener una rentabilidad partidista, carecían de todo sentido social o económico. En otras ocasiones, los gestores habían acumulado tal poder en la región, que nadie se atrevía a pedirles cuentas. Con el dinero de la caja han sabido comprar voluntades y conceder créditos a personas e instituciones que quedaban de alguna forma atrapadas y cautivas.
Por último, hay que preguntarse si el escándalo de las retribuciones no resulta también extrapolable a todas las entidades financieras, hayan o no recibido en esta ocasión fondos públicos. Por una parte, de forma generalizada, los administradores y ejecutivos se han blindado en los consejos, actuando libremente, sin nadie que los controle y fijando sus propios sueldos; por otra, no se puede hablar de sector privado cuando los estados se ven obligados a salvar a las entidades en caso de dificultad y cuando el crédito constituye un factor estratégico fundamental para el crecimiento y el bienestar de las sociedades.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Cuantas más medidas se toman en la eurozona, peor es la situación, pero nadie se atreve a cambiar el escenario. Da vértigo. Aunque nada peor que la inacción, una especie de muerte lenta. Con estos parámetros, no parece que muchos países tengan solución. ¿Por qué no imaginar otro campo de juego? ¿Qué ocurriría si de improviso Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Bélgica y España decidiesen dejar el euro, y por imposición legal convertir todos los activos y pasivos denominados en euros a moneda nacional al tipo de cambio que adoptaron al entrar en la eurozona?
Dejemos volar la imaginación. Desde luego habría que introducir –al menos provisionalmente– medidas de control de cambios. Las monedas en libre flotación, aunque fuese una flotación sucia, se depreciarían con respecto al euro; unas más, otras menos, hay que suponer que en una relación parecida a los diferenciales que se están pagando por las correspondientes deudas, lo que constituiría una quita automática pero no explícita. Se podría pensar que, en consecuencia, estos países perderían la confianza de los mercados, pero ¿más que ahora? Quizá no, ya que, una vez producida la devaluación, el riesgo de una futura pérdida se reduciría y además los respectivos bancos centrales podrían luchar contra la especulación. Muy posiblemente en un principio subirían los tipos de interés nominales, pero también lo haría la inflación, con lo que los tipos reales tal vez permaneciesen iguales o incluso se reducirían y, gracias a las modificaciones en los tipos de cambio, ganaríamos competitividad. Desde luego, las dificultades económicas serían grandes, pero al menos la luz se divisaría al final del túnel.
Tampoco resultaría descabellado pensar que Francia, al quedarse sola con Alemania y ante la revalorización del euro, decidiese abandonar también la Unión Monetaria y a su vez el país germano perdiera las ventajas comparativas de las que goza en la actualidad. Pero quizá lo más probable es que no hiciese falta llevar a cabo todos estos planes, porque la simple insinuación de esta posibilidad en el Consejo sería suficiente para que Alemania cambiase de postura y estuviese dispuesta a introducir las reformas adecuadas.
