MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia
En la actualidad hay más de siete millones de científicos en el mundo, que publican al año más de millón y medio de artículos en revistas especializadas, cada uno de los cuales se supone que aporta una pequeña fracción al incremento continuo del conocimiento. Estas cifras se duplican en periodos de diez a quince años, de manera que, a pesar de su ya larga historia, la ciencia es un fenómeno contemporáneo: los científicos actuales representan casi la totalidad de los científicos que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad.
La absurda crisis financiera en la que estamos envueltos también está afectando a la ciencia, especialmente en los países del primer mundo que tradicionalmente han sido líderes en este terreno. Por suerte, la ciencia habla un lenguaje universal y es capaz de integrarse en las más variadas culturas. Así que cabe esperar que en el futuro el desarrollo científico continúe, pero se distribuya, en el plano internacional, de forma más igualitaria. Ya está sucediendo: los países emergentes también emergen en ciencia. China es ya el segundo productor mundial de artículos en revistas científicas y los países que más crecen en este campo son todos nuevos en la liga: India, Corea, Taiwán, Singapur, Brasil, Turquía…
¿Cuál es entonces el porvenir de la ciencia? A nivel global, sin duda esperanzador. En nuestro entorno inmediato, depende de las decisiones que se adopten. Quienes apuesten por seguir apoyando la investigación científica seguirán participando en el banquete. Quienes tiren la toalla pasarán a la segunda división en cuanto a competitividad económica y liderazgo mundial. En cualquier caso, la vieja Europa haría bien en abrir sus puertas decididamente a la colonización inversa que se va a producir (recibiremos cada vez más estudiantes y jóvenes científicos de todo el mundo) y en prepararse para la nueva distribución del saber que se impondrá en las próximas décadas y que dará a nuestros científicos más talentosos espléndidas oportunidades de trabajar en Asia, África y Latinoamérica. En España, por el momento, nos beneficiamos de nuestra posición privilegiada en el viejo mundo y del crecimiento de nuestro sistema científico y universitario durante las últimas décadas. Pero tenemos que mantener una apuesta decidida por el futuro.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Si el papa quiere evangelizar el mundo, a mí me parece bien. Pero no entiendo la forma como él parece entender su misión. El espectáculo de estos días en Madrid es bochornoso. Miles de jóvenes y no tan jóvenes alardeando de papismo militante, mezclado con exhibiciones místico religiosas semejantes a las de los fans de un club de fútbol cuando celebran una victoria, aunque más ruidosos, numerosos y costosos para el resto de los ciudadanos, que no tenemos más remedio que asistir impasibles al espectáculo que con nuestros impuestos contribuimos a pagar.
Si de evangelizar se trata, uno echa en falta algún gesto dedicado a paliar el hambre de Somalia, a defender a los humildes o a reivindicar la dignidad de los oprimidos, por ejemplo los homosexuales. O quizá también algún gesto expulsando del templo, a latigazos, a los especuladores que arruinan a países enteros. En lugar de ello, Benedicto XVI ha reclamado la vigencia imperturbable de ideas, sentimientos y valores –eso que él suele llamar la cristiandad– que durante siglos han conducido a la humanidad hacia la guerra, el odio y la autodestrucción. Pero sobre todo, ha estado sublime cuando ha proclamado, él que se cree representante de Dios en la Tierra, que muchos laicistas (así llama a los ateos) se consideran dioses con capacidad para tomar decisiones sobre la vida y la muerte.
Hay, sin embargo, algún matiz original en los discursos del papa en esta nueva jornada de Madrid. No sólo ha defendido, como suele, el derecho de los católicos a expresar públicamente sus convicciones y a exigir respeto a los demás, sino que también ha reconocido la necesidad de que todo el mundo (incluidos los católicos) respete a los que no piensan como ellos.
Pues tiene una buena ocasión para dar ejemplo: que pida disculpas públicamente por los inconvenientes que su presencia ha generado a los españoles que no tienen ningún interés por el catolicismo. Y, sobre todo, que pida perdón a los ciudadanos que se vieron perseguidos, insultados y agredidos por manifestarse pacíficamente en la Puerta del Sol en contra de su visita y en favor del laicismo. Si así lo hiciera, propongo que también los laicos, por esta vez, le perdonáramos simbólicamente la exhibición de prepotencia con la que nos está abrumando.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Desde Sócrates sabemos que la esencia de la sabiduría reside en el reconocimiento de nuestra ignorancia: “solo sé que no sé nada”, decía el sabio. Karl Popper, uno de los filósofos más originales del siglo XX, hizo de ello la piedra angular de su filosofía racionalista y crítica: puesto que nunca accedemos a la verdad completa, siempre hay algo de insuficiente (de falso) que contamina todos nuestros conocimientos más avanzados. Así que, cada vez que ensanchamos los límites de nuestro conocimiento, hacemos que crezca más aún el mar de nuestra ignorancia.
El razonamiento es excesivamente abstracto para los módulos actuales del pensamiento crítico (2.300 caracteres en esta sección, 140 en Twitter). Pero merece la pena el esfuerzo. Pensemos que políticos, intelectuales (los que quedan) y expertos en mil intríngulis nos pasamos la vida hablando de las excelencias de la sociedad del conocimiento. Pero casi nadie piensa en su otra cara: La sociedad de la ignorancia. Hay excepciones, como la del reciente libro colectivo de Ediciones Península con ese título, que es una lúcida invitación a la reflexión sobre el tema.
Cuando asumimos que la sociedad del conocimiento es el paradigma de la economía actual, estamos reconociendo que la fuente más importante de riqueza en nuestro sistema productivo es el aumento del conocimiento. Pero si cuando aumentamos nuestro saber estamos también multiplicando al infinito las limitaciones de nuestra ignorancia, ¿qué consecuencias se derivan para la economía y para la sociedad?
Es un tema abierto y difícil de resolver. Pero consideremos algunas pistas. En la sociedad de la ignorancia cada nuevo descubrimiento debería tomarse como una invitación a explorar nuevas posibilidades desconocidas, más que como un motivo para la autocomplacencia. También sería bueno que nos acostumbráramos a convivir con la incertidumbre y abandonáramos para siempre la ecuación sabiduría=certeza, origen de todos los fundamentalismos. Y también deberíamos acostumbrarnos a pensar que el conocimiento es importante para la vida, pero no suficiente. Para navegar por el océano infinito de nuestra ignorancia no basta el conocimiento, se requiere también sentido de la justicia, determinación, un poco de autocontención y una buena dosis de prudencia.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una discutible iniciativa pedagógica: crear un centro especializado para acoger sólo a alumnos con nivel de excelencia en su rendimiento académico. Creo que esta iniciativa se basa en una concepción errónea de la excelencia, que es un término relativo, no una propiedad absoluta. Cualquier propiedad que se encuentre distribuida, en diferente grado, entre un amplio grupo de objetos o personas, generalmente presenta una distribución en forma de campana de Gauss, en la cual existe un promedio, una desviación típica y sendas colas que recogen a los mejores y a los peores (se puede tomar el 1%, en cada caso, que se sitúa, si la distribución es normal, a 2,33 desviaciones típicas a derecha e izquierda del promedio).
Supongamos que metemos en un solo grupo, específico y aislado del resto, al 1% de los mejores estudiantes. Al cabo de poco tiempo lo más probable es que en el nuevo grupo se produzca una nueva distribución del rendimiento académico en la cual de nuevo habrá un promedio (más alto que el anterior, desde luego), una cola de los mejores (excelentes entre los excelentes) y otra de los peores (fracasados entre los excelentes). ¿Y por qué detenernos aquí? Si nuestro objetivo es sólo la excelencia, deberíamos hacer de nuevo un grupo de excelencia al cuadrado y seleccionar a los mejores. Y así sucesivamente hasta que nos quedemos con un grupo de monstruos de feria. La búsqueda de la excelencia es un objetivo comprensible en algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, en una carrera olímpica los atletas aspiran a estar al menos entre los tres primeros, porque precisamente esas son las reglas del juego (y porque lo que hacen es sólo un juego). Pero este paradigma de éxito no debe extrapolarse a todas las actividades sociales, la mayoría de las cuales tienen un carácter más cooperativo que competitivo. El objetivo de la educación pública universal, en concreto, no es la excelencia académica sino la extensión de un alto nivel promedio de educación a toda la población. Los mejores alumnos lo son siempre en relación con el resto de la clase. Lo grande de las sociedades avanzadas no es que tengan alumnos excelentes, sino que el nivel promedio de su rendimiento académico es muy alto y su distribución bastante homogénea.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Hace cien años Marie Curie recibió su segundo premio Nobel. Para conmemorarlo, la ONU ha declarado 2011 Año de la Química, con el objetivo de popularizar esta ciencia y dar a conocer lo mucho que ha contribuido al bienestar de la humanidad. Falta hacía, porque la química en los últimos tiempos parecía una ciencia maldita. Todavía hoy resulta un lugar común afirmar que los vinos con química son peores que los naturales o que la química estropea el suelo de los cultivos y contribuye a deteriorar el medio ambiente. Aunque lo cierto es que, gracias a la química, hoy sabemos hacer mejores vinos que nunca, controlamos la salubridad de los alimentos, mejoramos el rendimiento agrícola, procesamos los residuos orgánicos e industriales y preservamos los recursos naturales, además de fabricar fármacos cada vez más eficaces, materiales más resistentes y sistemas más eficientes de captación y almacenamiento de energía.
Es cierto que a la química le debemos la proliferación de plásticos que han servido para inundar los mares y los campos con residuos contaminantes. Pero esto no es efecto de la química, sino resultado de la mala gestión que hacemos de los productos que fabricamos, usamos y tiramos. En todo caso, también dependemos de la química para reciclar, limpiar y eliminar los residuos que generamos con nuestro comportamiento irresponsable.
Así que, en términos generales, la química es buena. Quizá por eso existen también en la cultura popular expresiones que resaltan sus aspectos positivos, como se han encargado de enfatizar los organizadores del Año de la Química en España (http://www.quimica2011.es/) en un bonito libro divulgativo (Tienes química, tienes vida). Cuando alguien tiene química con alguien es que resulta atractivo, seductor, agradable, convincente, te sientes bien con él o ella, y estás dispuesto a seguirle al fin del mundo. Y todo eso no tiene nada que ver con la circunstancia de que la persona en cuestión sea realmente un químico profesional, un investigador o un profesor de química, aunque puede que ayude. Lo hemos visto hace poco: Rubalcaba es químico y profesor de química. Pero sobre todo tiene química. Una ventaja notable para ser candidato en unas elecciones generales que a lo mejor se celebran en el Año de la Química.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Sabíamos que nuestro intestino está poblado de bacterias E. coli y que algunas variedades de estas bacterias pueden ser funestas para el organismo. Ahora hemos aprendido además que hay variedades, como la O104:H4,
que son resistentes a los antibióticos, envenenan la sangre, destruyen el riñón
y producen hemorragias mortales. Una de estas E. coli mortales es la que ha aparecido en Hamburgo y ha dado lugar a una infección fatal. Por suerte, también hemos aprendido que, en muy poco tiempo, las instituciones científicas han conseguido resultados notables: identificar la bacteria asesina, descodificar su genoma, comprender los mecanismos de la in-
fección y ensayar terapias nuevas.
Pero no es sólo una enfermedad, es un acontecimiento social que produce inquietud, tiene formidables efectos económicos y requiere tomar decisiones políticas arriesgadas. En este terreno, las
lecciones que nos está enseñando
E. coli son mucho más dolorosas. En primer lugar, la responsable política de la sanidad de Hamburgo declaró precipitadamente que los pepinos españoles eran los portadores de la bacteria. La realidad es que en los análisis a los que se refirió no había ninguna prueba que avalara tal afirmación. Ella misma se desdijo, pero los tres días que habían pasado fueron suficientes para desencadenar una catástrofe económica en España. Y no vale como excusa el que la gravedad de la situación sanitaria justificara alertar a los ciudadanos de cualquier producto sospechoso: sencillamente, los pepinos españoles no eran sospechosos.
Para resumir. La nueva infección por E. coli está dejando una estela de enfermos y de víctimas mortales, pero confiamos en la capacidad de los científicos para conocer sus causas y para dominar sus efectos letales. Sin embargo, ha dejado también un rastro de pérdidas económicas, víctimas sociales y desconfianza política. Y esto último aún no sabemos arreglarlo. No será suficiente con que los agricultores de Almería reciban compensaciones económicas, ni con que dimita la consejera de Hamburgo. Sería bueno ir pensando en una revisión profunda de todo el sistema de alertas sanitarias a nivel europeo y mundial: un tema más para la agenda de reformas democráticas pendientes.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Hace algo más de un siglo, en un artículo periodístico de El Imparcial, D. José Ortega y Gasset lamentaba que en España no hubiera “un público para la ciencia”, además de no haber tampoco “creadores de ciencia”. Creo que fue la primera vez que se señaló con toda claridad la doble dimensión del déficit de cultura científica de nuestro país: faltaban científicos, pero faltaba también “un público para la ciencia”, una presencia significativa de la ciencia en la cultura popular, podríamos decir.
Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Como hemos tenido ocasión de señalar estos días, España se puede considerar ya, por seguir usando terminología orteguiana, “un país de ciencia”. Y ello en un doble sentido: porque nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación es ya un sistema maduro, homologable al de cualquier país avanzado de Europa, y porque en España empieza a madurar también un “público para la ciencia”,
a reconocerse la importancia de la ciencia y la tecnología como elementos esenciales de la cultura del país.
La nueva Ley de la Ciencia así lo reconoce en su artículo 38. En él se declara la obligación de las administraciones públicas de velar por la difusión de la cultura científica. Se establecen como objetivos de los planes de investigación e innovación los de fomentar la divulgación científica, proteger el patrimonio histórico de carácter científico y tecnológico y reconocer el valor de las actividades y de las instituciones especializadas en este campo (publicaciones, exposiciones, museos, centros de divulgación). Además se declara con toda solemnidad (enmienda incorporada en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley) que debe ser un objetivo de la política estatal “incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” (¿Será este el único contenido posible del frustrado pacto educativo?).
Como declaración de principios inspirada en la tradición ilustrada no creo que pueda pedirse más. A partir de ahora se introduce un nuevo criterio para evaluar las políticas gubernamentales de ciencia y tecnología: estas deberán diseñarse y ejecutarse no sólo mirando a los científicos, a los centros de investigación y a las empresas, sino también mirando al público.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Todos estamos convencidos de que los procedimientos y criterios que se utilizan en la Administración Pública para proveer la mayoría de los servicios que el Estado proporciona a los ciudadanos no son siempre los más adecuados para gestionar y promover la investigación científica. Por eso es un clamor en la Universidad y en los centros públicos de investigación la demanda de mayor flexibilidad y autonomía en la definición de la carrera profesional de los investigadores, que debe ser compatible con un mayor reconocimiento social de su labor y mejores garantías de estabilidad y de desarrollo profesional.
Pero hay un problema: mayor autonomía y flexibilidad requiere también más responsabilidad. Por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica de Universidades abolió el rígido e ineficiente sistema de habilitaciones nacionales para obtener plazas de profesor universitario y lo sustituyó por un sistema de acreditación, mucho más razonable y fácil de aplicar, cuyo objetivo principal es hacer muy difícil que las universidades puedan contratar a malos investigadores pero dejando en sus manos la responsabilidad de seleccionar a los mejores. Cuando se haga el balance de su aplicación habrá que indagar qué universidades han utilizado las nuevas posibilidades que la ley les ofrece para mejorar realmente sus procesos de selección de personal.
La Ley de la Ciencia y la Innovación, que acaba de aprobar el Senado, ha aplicado una filosofía parecida a todo el sistema público de investigación, definiendo una carrera profesional para los investigadores que será más flexible al tiempo que más previsible y segura, y facilitará la movilidad sectorial, disciplinar e internacional de nuestros científicos y tecnólogos. Nunca llueve a gusto de todos y siempre habrá quien preferiría poder seguir quejándose de que en España investigar es llorar. Pero ya no es cierto. Por una vez, todas las fuerzas políticas (o casi todas) se han puesto de acuerdo y han definido un nuevo marco jurídico con el que se cierra el círculo de las reformas de nuestro sistema de ciencia e innovación y se abre una nueva etapa, en la que las instituciones científicas podrán demostrar a la sociedad española que son merecedoras de la confianza que en ellas ha depositado.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia
La nueva Ley de la Ciencia se va a aprobar definitivamente en el Parlamento y es casi seguro que la aprobación será prácticamente por unanimidad. Es una gran noticia. Uno de los indicadores más claros de la modernización que se ha producido en la sociedad española desde que se aprobó la ley anterior (hace ahora 25 años) tiene que ver con la ciencia y la tecnología. En este campo hemos pasado de ser un país en vías de desarrollo a estar entre los más destacados, lo que avala una expresión que la ministra Cristina Garmendia utiliza con frecuencia en sus declaraciones públicas: “España es ya un país de ciencia” (Ortega y Gasset debe de estar dando saltos de alegría en su refugio de la historia de nuestro país).
¿Qué queda por hacer? Nuestro sistema de ciencia y tecnología sigue presentando algún déficit importante. El primero (más adelante nos ocuparemos de otros) es la escasa participación directa del sistema productivo. En efecto, seguimos mostrando una enorme debilidad en todo lo que tiene que ver con la innovación, con el aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico para obtener valor añadido en el plano económico o social. Nuestros indicadores de patentes siguen por los suelos, aunque estén mejorando, lo mismo ocurre con la balanza tecnológica y con la participación directa de las empresas en el esfuerzo en I+D. La nueva ley apuesta por la Estrategia Estatal de Innovación, un instrumento de actuación del Gobierno, que se añade al Plan Nacional de Investigación Científica y que ayudará a superar estas limitaciones tradicionales de nuestro sistema. Algunos respetados miembros de la comunidad científica miran con recelo esta deriva hacia la innovación, que ven en detrimento de la investigación académica, pero conviene recordar que llevamos años clamando por un mayor compromiso del mundo empresarial con la investigación, por mayores posibilidades de empleo de nuestros jóvenes investigadores en el sistema productivo y por mayor apoyo de empresarios y políticos a la ciencia. Los mecanismos previstos por la ley permitirán ensamblar de forma más eficiente las políticas de innovación con las de ciencia y tecnología y la clase política, nuestra sociedad, ha apostado por ello de forma casi unánime. Así que ahora es el momento: la comunidad científica no puede fallar.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Hace siete años, la geóloga Leuren Moret publicaba un artículo en The Japan Times sobre la seguridad de las centrales nucleares. En él denunciaba múltiples errores, fallos y mentiras de la industria nuclear y del Gobierno japonés, y dejaba para la posteridad esta premonición que, leída ahora, produce escalofríos: “La cuestión no es si en Japón se va a producir o no un desastre nuclear; la cuestión es cuándo se va a producir”. Ahora ya sabemos la respuesta.
Es cierto que el accidente de Fuku-
shima es resultado de una sucesión de desastres naturales de una magnitud extraordinaria, e incluso que todavía podemos felicitarnos de que la catástrofe no haya sido mayor. Pero lo importante es saber si las cosas podían haberse hecho de otra forma y qué debemos hacer para que no vuelvan a suceder. Desde luego, el desastre nuclear en Japón no se ha producido por falta de conocimientos ni de capacidades para hacer las cosas mejor (no poner centrales nucleares en zonas sísmicas, no situar las instalaciones a suficiente altura sobre el nivel del mar, no prever sistemas de emergencia eficaces en casos de catástrofes naturales). Simplemente lo que faltó fue un juicio correcto al ponderar los riesgos que se asumían al tomar las decisiones que se tomaron en su día. Pero me pregunto si el juicio sobre riesgos de la industria nuclear puede ser correcto si debe estar supeditado, en todo o en parte, a los intereses económicos de una empresa privada. Debe haber otra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la gestión de las centrales nucleares, desde su diseño hasta su cierre, y durante todo su funcionamiento, debería estar en manos de un cuerpo de especialistas, pagados con fondos públicos y juramentados, como los monjes de otras épocas, para gestionar el ciclo de la energía nuclear atendiendo tan sólo a los más altos estándares de seguridad y a los intereses de la sociedad y los ciudadanos. Para ello ni siquiera sería preciso expropiar las centrales nucleares. Bastaría con nacionalizar su gestión (una solución, por cierto, que seguramente el propio Gobierno japonés tendrá que adoptar en Fukushima en los próximos días).
La lección de Fukushima no es sólo que lo nuclear es peligroso, sino que la gestión del peligro nuclear es demasiado importante para dejarla a merced de intereses económicos.
