MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Todos estamos convencidos de que los procedimientos y criterios que se utilizan en la Administración Pública para proveer la mayoría de los servicios que el Estado proporciona a los ciudadanos no son siempre los más adecuados para gestionar y promover la investigación científica. Por eso es un clamor en la Universidad y en los centros públicos de investigación la demanda de mayor flexibilidad y autonomía en la definición de la carrera profesional de los investigadores, que debe ser compatible con un mayor reconocimiento social de su labor y mejores garantías de estabilidad y de desarrollo profesional.
Pero hay un problema: mayor autonomía y flexibilidad requiere también más responsabilidad. Por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica de Universidades abolió el rígido e ineficiente sistema de habilitaciones nacionales para obtener plazas de profesor universitario y lo sustituyó por un sistema de acreditación, mucho más razonable y fácil de aplicar, cuyo objetivo principal es hacer muy difícil que las universidades puedan contratar a malos investigadores pero dejando en sus manos la responsabilidad de seleccionar a los mejores. Cuando se haga el balance de su aplicación habrá que indagar qué universidades han utilizado las nuevas posibilidades que la ley les ofrece para mejorar realmente sus procesos de selección de personal.
La Ley de la Ciencia y la Innovación, que acaba de aprobar el Senado, ha aplicado una filosofía parecida a todo el sistema público de investigación, definiendo una carrera profesional para los investigadores que será más flexible al tiempo que más previsible y segura, y facilitará la movilidad sectorial, disciplinar e internacional de nuestros científicos y tecnólogos. Nunca llueve a gusto de todos y siempre habrá quien preferiría poder seguir quejándose de que en España investigar es llorar. Pero ya no es cierto. Por una vez, todas las fuerzas políticas (o casi todas) se han puesto de acuerdo y han definido un nuevo marco jurídico con el que se cierra el círculo de las reformas de nuestro sistema de ciencia e innovación y se abre una nueva etapa, en la que las instituciones científicas podrán demostrar a la sociedad española que son merecedoras de la confianza que en ellas ha depositado.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia
La nueva Ley de la Ciencia se va a aprobar definitivamente en el Parlamento y es casi seguro que la aprobación será prácticamente por unanimidad. Es una gran noticia. Uno de los indicadores más claros de la modernización que se ha producido en la sociedad española desde que se aprobó la ley anterior (hace ahora 25 años) tiene que ver con la ciencia y la tecnología. En este campo hemos pasado de ser un país en vías de desarrollo a estar entre los más destacados, lo que avala una expresión que la ministra Cristina Garmendia utiliza con frecuencia en sus declaraciones públicas: “España es ya un país de ciencia” (Ortega y Gasset debe de estar dando saltos de alegría en su refugio de la historia de nuestro país).
¿Qué queda por hacer? Nuestro sistema de ciencia y tecnología sigue presentando algún déficit importante. El primero (más adelante nos ocuparemos de otros) es la escasa participación directa del sistema productivo. En efecto, seguimos mostrando una enorme debilidad en todo lo que tiene que ver con la innovación, con el aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico para obtener valor añadido en el plano económico o social. Nuestros indicadores de patentes siguen por los suelos, aunque estén mejorando, lo mismo ocurre con la balanza tecnológica y con la participación directa de las empresas en el esfuerzo en I+D. La nueva ley apuesta por la Estrategia Estatal de Innovación, un instrumento de actuación del Gobierno, que se añade al Plan Nacional de Investigación Científica y que ayudará a superar estas limitaciones tradicionales de nuestro sistema. Algunos respetados miembros de la comunidad científica miran con recelo esta deriva hacia la innovación, que ven en detrimento de la investigación académica, pero conviene recordar que llevamos años clamando por un mayor compromiso del mundo empresarial con la investigación, por mayores posibilidades de empleo de nuestros jóvenes investigadores en el sistema productivo y por mayor apoyo de empresarios y políticos a la ciencia. Los mecanismos previstos por la ley permitirán ensamblar de forma más eficiente las políticas de innovación con las de ciencia y tecnología y la clase política, nuestra sociedad, ha apostado por ello de forma casi unánime. Así que ahora es el momento: la comunidad científica no puede fallar.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Hace siete años, la geóloga Leuren Moret publicaba un artículo en The Japan Times sobre la seguridad de las centrales nucleares. En él denunciaba múltiples errores, fallos y mentiras de la industria nuclear y del Gobierno japonés, y dejaba para la posteridad esta premonición que, leída ahora, produce escalofríos: “La cuestión no es si en Japón se va a producir o no un desastre nuclear; la cuestión es cuándo se va a producir”. Ahora ya sabemos la respuesta.
Es cierto que el accidente de Fuku-
shima es resultado de una sucesión de desastres naturales de una magnitud extraordinaria, e incluso que todavía podemos felicitarnos de que la catástrofe no haya sido mayor. Pero lo importante es saber si las cosas podían haberse hecho de otra forma y qué debemos hacer para que no vuelvan a suceder. Desde luego, el desastre nuclear en Japón no se ha producido por falta de conocimientos ni de capacidades para hacer las cosas mejor (no poner centrales nucleares en zonas sísmicas, no situar las instalaciones a suficiente altura sobre el nivel del mar, no prever sistemas de emergencia eficaces en casos de catástrofes naturales). Simplemente lo que faltó fue un juicio correcto al ponderar los riesgos que se asumían al tomar las decisiones que se tomaron en su día. Pero me pregunto si el juicio sobre riesgos de la industria nuclear puede ser correcto si debe estar supeditado, en todo o en parte, a los intereses económicos de una empresa privada. Debe haber otra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la gestión de las centrales nucleares, desde su diseño hasta su cierre, y durante todo su funcionamiento, debería estar en manos de un cuerpo de especialistas, pagados con fondos públicos y juramentados, como los monjes de otras épocas, para gestionar el ciclo de la energía nuclear atendiendo tan sólo a los más altos estándares de seguridad y a los intereses de la sociedad y los ciudadanos. Para ello ni siquiera sería preciso expropiar las centrales nucleares. Bastaría con nacionalizar su gestión (una solución, por cierto, que seguramente el propio Gobierno japonés tendrá que adoptar en Fukushima en los próximos días).
La lección de Fukushima no es sólo que lo nuclear es peligroso, sino que la gestión del peligro nuclear es demasiado importante para dejarla a merced de intereses económicos.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Hace más de un siglo que se inició una de las revoluciones tecnológicas más radicales y con mayores consecuencias para la especie humana: se empezaron a producir y usar masivamente unas nuevas máquinas de transporte individual, capaces de alcanzar velocidades insólitas. Los primeros usuarios del automóvil estaban entusiasmados con su nuevo juguete, pero no podían imaginar hasta qué punto la vida de la humanidad iba a cambiar como consecuencia de aquellas primeras decisiones que ellos estaban tomando.
Si hubieran sabido que estaban inaugurando una nueva epidemia que se cobra miles de víctimas mortales cada año, o si hubieran sabido que iniciaban una época de consumo masivo de carburantes fósiles, responsable del rápido crecimiento de la contaminación ambiental; si hubieran sabido que, como consecuencia de sus actos, desaparecerían millones de hectáreas de terreno virgen para transformarse en una red infinita de caminos de asfalto; si hubieran sabido que los conflictos bélicos más importantes del final del siglo XX serían provocados por la pasión del petróleo que ellos iban a desatar… Si hubieran sabido todo esto, ¿habrían nuestros bisabuelos iniciado la trayectoria tecnológica que ha conducido a la configuración de la sociedad actual?
Esta pregunta no tiene respuesta, pero puede servirnos para tomar conciencia de que nosotros somos los bisabuelos de la sociedad del próximo siglo y son nuestras decisiones actuales las que van a configurar el tipo de tecnología y por lo tanto de sociedad que ellos van a tener.
Hace un siglo todos querían ponerse a 100. Dentro de un siglo, circular a 100 por hora en un coche individual, consumiendo 10 litros de petróleo y emitiendo 20 kilos de CO2 con el único propósito de llegar al trabajo 4 minutos antes que el vecino que se traslada en transporte público, será seguramente un delito. Y nuestros futuros compatriotas sonreirán con generosa condescendencia cuando relean las estupideces que se han dicho estos días en nuestro país porque, ante la subida de los precios del petróleo, el Gobierno ha decidido prudentemente que hay que ir empezando a usar nuestras máquinas de transporte individual de una forma un poco más razonable, a 110 km por hora, como máximo.
Miguel Ánge Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
La Ley de Economía Sostenible apuesta por una economía basada en la innovación. Pero ¿qué significa esto? En el contexto económico y productivo, innovación no se debe entender como sinónimo de novedad. Toda innovación productiva es una novedad, pero no toda novedad es una innovación productiva. En primer lugar, hay novedades en el mundo económico (la mayor parte de los “inventos financieros” que nos han llevado a la ruina) que no tienen nada que ver con la economía productiva. En segundo lugar, una economía podría incorporar muchas innovaciones sin generar ninguna endógenamente. Este tampoco sería un buen modelo para una economía sostenible porque estaría basada en la innovación “de otros”. Por último, las innovaciones productivas pueden tener diferentes grados de innovación, desde las que se basan en conocimientos triviales oportunamente aprovechados, hasta las que aplican los conocimientos científicos más avanzados para resolver, de forma original, problemas radicalmente nuevos y abrir así mercados inexplorados a nivel mundial. Pues bien, el modelo ideal de una economía basada en la innovación es aquel en el que las innovaciones de este último tipo (innovaciones científico-técnicas radicales y de alcance global) desempeñan un papel preponderante.
Llevan razón los que ponen el énfasis en la importancia de la educación para la economía del conocimiento y de la innovación. Pero se quedan cortos. Para potenciar una economía basada en la innovación no sólo se necesita una población bien formada y un cierto nivel de desarrollo científico y tecnológico. Se necesita algo más: un tipo de educación determinado y un tipo de cultura productiva y cívica específica.
En cuanto a la educación, se requiere primar la formación científica y tecnológica, pero también incorporar una visión práctica de la cultura científica y una visión apropiable de la tecnología como objeto de nuestra responsabilidad, no sólo de nuestra capacidad de consumo. Y en cuanto a la cultura cívica, la economía basada en la innovación requiere que se incorporen a la cultura general valores como el gusto por el trabajo bien hecho, por la cooperación y la competitividad, la capacidad para asumir riesgos razonables, la creatividad, la utilidad y la eficiencia.
Si queremos en España entrar de lleno en una economía basada en la innovación, debemos ser conscientes de que lo que nos proponemos es hacer una revolución.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Hay una especie de ley de hierro de la innovación tecnológica que podría formularse así: “Todo medio necesario para conseguir un fin importante tiende a transformarse él mismo en un fin”. Antes de que tuviéramos automóviles nadie pensaba en viajar a cien kilómetros por hora; ahora es casi una necesidad vital. El correo electrónico era al principio un capricho tecnológico; hoy sufrimos si no podemos hacer llegar nuestro mensaje de forma instantánea a cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier momento.
La última tecnología de este tipo, que está cambiando nuestras vidas, es la de las redes sociales. La historia es conocida. Primero descubrimos lo fácil que era acceder a páginas web que nos ofrecen todo tipo de información y servicios. Después fue la eclosión de las webs personales y de los blogs. De aquí pasamos rápidamente al microblog, un blog con textos cortos, que se actualiza rápidamente y que facilita su seguimiento.
Estas herramientas han permitido que la tecnología invada el espacio de las redes sociales. Las redes han existido siempre y siempre han sido muy importantes para la vida de las personas: los familiares, los colegas, los amigos… Pero ahora disponemos de tecnologías de networking que nos permiten ampliar nuestras redes de forma rápida y simple. Si quieres formar un grupo en torno a una afición, al candidato de un partido, a los antiguos alumnos de tu colegio, o a los compradores potenciales de un nuevo cachivache, lo mejor que puedes hacer es usar una de esas tecnologías de networking. Como siempre, el problema llega cuando la herramienta se transforma en un fin y terminamos reduciendo nuestras relaciones sociales a la existencia de enlaces a nuestro “perfil” en una red de contactos que se nos escapa de las manos.
Seguramente es inevitable, tal como están las cosas. Pero eso no quiere decir que debamos aceptarlo. Confundir las relaciones sociales con los enlaces en una red virtual puede ser útil (facilita la publicidad y el acceso a tus contactos) pero no es bueno. Puedes llegar a estar tan contento de tener tantos contactos que no necesitarás saber para qué los quieres, pero algún día comprobarás con tristeza que estás conectado a infinidad de amigos a los que no conoces y que el dueño de tu libreta de direcciones no eres tú, sino la empresa que te la ha alquilado (para toda la vida) y que comercia con ella.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
No se le pueden poner puertas al campo. Aceptémoslo y demos así la razón a los que claman contra las pretensiones de restringir, mediante normas jurídicas, el uso de Internet para intercambiar contenidos culturales. Pero aceptemos también que el hecho de que no pongamos vallas en nuestro huerto no significa que tengamos que aceptar que cualquiera que pase por allí se coma nuestras manzanas.
La polémica desatada en torno a la llamada Ley Sinde está plagada de ambigüedades y confusiones de este tipo. Hay, en primer lugar, una cuestión estrictamente moral: ¿tiene el autor de una obra cultural algún derecho a disponer sobre el uso de su contenido? No conozco a nadie que niegue en serio este derecho. Desde el escritor que defiende su obra frente al plagio, al científico que reclama a sus colegas el reconocimiento de su originalidad, o incluso el grafitero que deja su sello personal para que todo el mundo reconozca su autoría: el derecho moral de la propiedad intelectual ha estado entre nosotros desde hace siglos y se va a quedar muchos siglos más.
Asentado esto, la única cuestión a debatir es si tal derecho es un valor absoluto al que tienen que supeditarse todos los demás o si, por el contrario, se pueden aceptar limitaciones razonables que faciliten la difusión de la cultura aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información. Visto así el problema, de inmediato surgen muchas posibles soluciones, todas aceptables si son compatibles con las siguientes consideraciones. Primera, las copias en Internet son tan baratas que resulta absurdo pretender cobrar por ellas cantidades parecidas a las que se cobran por las copias en soporte físico tradicional. Segunda, si alguien vende las manzanas de otro, este tiene derecho a reclamar una compensación y a acudir a los poderes públicos para proteger con toda contundencia ese derecho, pero debe poder hacerlo sin que para ello haya que violar otros derechos fundamentales (a la intimidad y al secreto de las comunicaciones personales, por ejemplo). Tercero, la industria cultural y los poderes públicos, en vez de dedicarse sólo a subir la altura de las vallas del huerto, deben buscar y promover también formas alternativas de distribuir información más asequible, abierta, disponible para todo el mundo y respetuosa con los derechos de los creadores. Algunos ya lo están haciendo. El resto les seguirán, si sobreviven.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Hasta la Ley de Reforma Universitaria de 1983 no existió un marco legal adecuado para regular las relaciones entre las universidades públicas y las empresas. Pero eso no quiere decir que no existiera una tupida red de relaciones entre el mundo universitario y el de los negocios. No era infrecuente, por ejemplo, que un mismo profesor diera clases en su universidad y en una academia privada o en un centro vinculado con la Iglesia.
A todo esto puso coto la Ley de 1983. Creó un marco legal específico para las universidades privadas, obligándolas a ser universidades de verdad y a diferenciar claramente sus actividades y su personal de los de las universidades públicas. Reguló también (el famoso artículo 11 de la LRU) la colaboración de los profesores universitarios con el sector empresarial, en el ámbito de las actividades de I+D, una vía de colaboración que desde entonces no ha hecho sino crecer y mejorar. Demasiado, en opinión de algunos sectores académicos que denuncian el sesgo excesivamente pragmático y empresarial de las universidades actuales.
Yo no sé si se puede decir que esto último sea un problema real. Pero lo que sí resulta realmente peligroso, en mi opinión, es que se instaure de nuevo un revoltijo de intereses privados y funciones públicas parecido al que existía antes de la LRU. Algunos síntomas apuntan en esa dirección. Por ejemplo, la creciente confusión entre programas de máster oficiales, con precios públicos controlados, y programas propios de la universidad con precios libres y escasa dotación de becas. Otro ejemplo: la incipiente tendencia a introducir en los campus universitarios enseñanzas de Formación Profesional Superior, más rentables como negocio. Y un tercer ejemplo: la obsesión por establecer alianzas con empresas de cualquier tipo, aunque sea para patrocinar programas como los de homeopatía y otros negocios pseudocientíficos que ninguna universidad debería avalar.
Las universidades públicas deben ser eficientes y deben formar no sólo ciudadanos críticos sino también profesionales competentes y productivos. Además deben colaborar con el sector empresarial y otras organizaciones sociales para prestar servicios a la comunidad en el terreno de las actividades de I+D, la tecnología avanzada y la alta especialización. Pero nada de esto tiene que ver con la obsesión por los negocios. Las universidades no son negocios, ni pueden ni deben serlo.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
El ateísmo no es una posición intelectual rara, feroz y anticlerical. Tampoco es una doctrina filosófica que necesite ser demostrada o justificada con argumentos refinados y abstrusos. Y desde luego, el ateísmo no es, en absoluto, una postura inmoral. Sin embargo, si uno escucha los mensajes que nos ha dedicado el Papa en su reciente visita a España, o los que propaló en Gran Bretaña, uno se lleva la impresión de que el mundo está realmente amenazado por una doctrina endiablada que defienden los ateos y laicistas.
Los ateos actuales son personas bastante cultas, que respetan que haya otras personas a las que les guste adoptar creencias irracionales que ellos no comparten. En realidad, los ateos no tienen que esforzarse mucho en defender su posición intelectual; lo que sí les resulta complicado es entender que un creyente asuma como propiedades de la divinidad, y sin mayores problemas, cosas mucho más increíbles que las que los niños atribuyen a Papá Noel.
Es verdad que los ateos prefieren el laicismo en la vida pública, es decir, que las leyes no sean confesionales y los poderes públicos no asignen privilegios a los miembros de ninguna confesión religiosa. Pero nadie debe extrañarse por ello: la experiencia histórica demuestra que la mezcla de creencias religiosas y poder político sólo ha servido para provocar guerras y matanzas, sobre todo en la cristiana Europa.
Muchos creyentes religiosos creen que si Dios no existe todo está permitido, y por eso son incapaces de entender el valor moral del ateísmo. Pero la experiencia histórica confirma lo contrario: es en nombre de Dios como se han cometido los mayores atropellos a la humanidad. Los ateos tienen una responsabilidad ética muy exigente, porque no disponen de ninguna coartada para justificar o ver perdonado un eventual comportamiento inmoral.
Si todo esto es así, y yo estoy convencido de que lo es, ya va siendo hora de reivindicar un derecho elemental: el derecho de ateísmo, el derecho a no tener que justificar la no adscripción a ninguna creencia religiosa, el derecho a sentirse ofendido si alguien, aunque sea el Papa o el ayatolá más respetable, identifica el ateísmo con la maldad, y a que esta actitud intelectual y moral sea reconocida y respetada de la misma manera y con el mismo rango, al menos, que las creencias religiosas que el ateo no acepta por considerarlas irracionales, falsas o perniciosas.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
La tramitación parlamentaria de la nueva Ley de la Ciencia se inició con una sola enmienda a la totalidad, que sólo obtuvo un voto a favor. El resto de los grupos han prometido hacer esfuerzos para lograr el máximo consenso, y en ello parece que están. Por otra parte, la batalla de los Presupuestos también ha empezado bien para la ciencia, si se juzga la situación en términos relativos: el de Ciencia e Innovación es el ministerio que menos recortes ha sufrido, después de Trabajo e Interior. En un momento en que se están pidiendo los máximos sacrificios a todo el mundo, no está tan mal saber que los fondos para proyectos de I+D y para innovación apenas se van a ver afectados. Así que se puede decir que las cosas van mejor de lo que parece en política científica.
¿A qué se debe entonces la inquietud que se detecta en una parte de la comunidad científica española y que tiene su reflejo incluso en publicaciones internacionales? Desde luego, no sería la primera vez que los consensos políticos en favor de la ciencia han resultado ser más retóricos que efectivos y muchos científicos temen que esto pueda volver a repetirse, ahora que la crisis económica ofrece una coartada perfecta para imponer recortes y para justificar un mayor interés del Gobierno por el apoyo a la innovación en las empresas que a la investigación básica.
El miedo es libre y la arena mediática está abierta para todos. Pero sería deseable evaluar racionalmente si el Gobierno sigue mereciendo un voto de confianza, aunque sea provisional, en relación con la política científica. Yo creo que sí. De hecho, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha salido consolidado de la última crisis gubernamental, lo cual es bueno para la ciencia. Y hay algunos otros indicios que apuntan en la misma dirección: el vicepresidente primero, creo que por primera vez en la historia de nuestra democracia, es un hombre de formación científica, que empezó su carrera en los ochenta, en el área de la política científica y universitaria, y que en los años noventa fue titular del Ministerio de Educación y Ciencia. Por otra parte, en el Consejo de Ministros siguen sentándose algunos de los actores (Miguel Sebastián, Elena Salgado) que, junto con Mercedes Cabrera, contribuyeron decisivamente al impulso que recibió la I+D en la legislatura anterior. No veo que haya razones para temer que este Gobierno se desentienda de la ciencia. Dejémosle respirar.
