NÚRIA BOSCH
La situación financiera de los municipios está en una situación límite. A la caída de sus ingresos tributarios debida a la crisis económica hay que añadir la disminución de las transferencias procedentes del Estado. El próximo año recibirán 1.100 millones de euros menos de la transferencia que les hace el Estado en concepto de su participación en los impuestos estatales por la disminución habida en estos. Además, deben al Estado 2.500 millones de euros. La deuda se ha producido porque las entregas a cuenta de las transferencias estatales se basan en los ingresos impositivos del año anterior. En la liquidación definitiva se comparan las transferencias que corresponden a los municipios en base a lo realmente recaudado con las concedidas en las entregas a cuenta, resultando que estas últimas han sido superiores a las primeras.
En contrapartida, algunos municipios ya han reaccionado recortando algunos servicios públicos, y muchos otros dicen que deberán hacerlo pronto. Ello es especialmente grave en estos momentos en que la demanda de ciertos servicios –los de carácter social– se ha incrementado.
Ante esta situación, se oyen algunas voces que acusan a los gobiernos municipales de irresponsables. Les acusan de haber aumentado la provisión de servicios públicos, muchos de ellos sin ser de su competencia (la legislación vigente no los prevé como servicios municipales), ante el crecimiento de sus ingresos provenientes del boom inmobiliario, sin tener en cuenta que ello tenía carácter coyuntural.
En mi opinión, es un error calificar a los municipios de irresponsables, salvo seguramente algunas excepciones. Los problemas financieros que sufren hoy los municipios no son más que una consecuencia de no haber hecho a su debido tiempo una reforma profunda de la Administración local: de los aspectos competenciales, de la organización territorial y de la financiación.
A nivel local está pendiente una reforma competencial que reconozca parte de los servicios que ya están suministrando los municipios sin obligarles la ley y, en consecuencia, puedan recibir cobertura financiera por los mismos. Estos servicios no obligatorios los prestan porque, al ser las administraciones más próximas al ciudadano, se ven abocadas constantemente a dar respuesta a nuevas situaciones, como la inmigración, entre otras.
También está pendiente una reforma de la organización territorial que prime los entes supramunicipales. La cooperación municipal a través, por ejemplo, de mancomunidades, puede solucionar el problema de los pequeños municipios que muchas veces prestan los servicios a un coste mayor, porque no tienen la dimensión adecuada, o simplemente dejan de prestarlos. Por último, es necesaria y urgente, más que nunca, la reforma de la financiación local.
Es responsabilidad del Estado abordar las reformas anteriores, ya que los municipios tienen un papel fundamental en la prestación de servicios públicos y en el bienestar de los ciudadanos. La disminución de servicios tendría un impacto importante sobre la vida de los ciudadanos y la cohesión social del país que no se puede permitir.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
Núria Bosch
Recientemente, el gobierno francés ha anunciado que aplicará a partir del 2010 un impuesto sobre las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) procedentes del uso de petróleo, gas y carbón. El impuesto recaerá tanto sobre ciudadanos como empresas. En concreto, se pagarán 17 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emita, lo que puede venir a representar el pago de cuatro céntimos por litro de gasolina. Asimismo, se tiene el objetivo de compensar a particulares y empresas con rebajas fiscales o cheques verdes. Francia sigue el ejemplo de otros países, como Suecia, que implantó dicho impuesto en 1991 y hoy grava la tonelada de CO2 a más de 100 euros. Finlandia, Dinamarca y Eslovenia también aplican impuestos similares.
Estas mediadas vuelven a poner sobre la mesa la oportunidad de realizar una reforma fiscal verde. En España no la ha habido, y los impuestos medioambientales se han desarrollado básicamente a nivel autonómico por diversas razones: entre otras, por la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas; porque es un campo donde éstas han podido ejercer su poder tributario sin entrar en conflicto con el poder tributario estatal; y por su escasa visibilidad al ser impuestos indirectos. El resultado de su aplicación ofrece experiencias positivas y negativas, aunque hay que reconocer su escaso poder recaudatorio y su débil vinculo ambiental en algunos casos. Los impuestos verdes tienen sus defensores y sus detractores. Muchas veces se ven como meros instrumentos recaudatorios, y no se perciben claramente sus incentivos. No obstante sus defensores, se basan en la cuestión del doble dividendo. Supongamos que una reforma fiscal verde establece impuestos medioambientales a cambio de la reducción de otros impuestos que generan pérdidas de eficiencia, como la renta o el IVA, manteniendo constante la recaudación. Ello puede ocasionar dos beneficios o dividendos: una mejora ambiental y, a la vez, un sistema fiscal menos distorsionador del funcionamiento de los mercados de bienes y factores productivos.
Faltan estudios que analicen los efectos de los impuestos ambientales: su efectividad ambiental, su eficiencia económica, su impacto distributivo sobre la renta y la producción, el empleo, la competitividad y la localización industrial. Con todo, algunos estudios realizados por académicos españoles concluyen que los impuestos ambientales, introducidos al margen de una reforma fiscal verde con la única finalidad de regular el medio ambiente, ocasionan costes en términos de empleo y del PIB. En cambio, la simulación de una reforma fiscal verde en España que implantara un impuesto sobre las emisiones de CO2 y redujera simultáneamente las cotizaciones sociales empresariales, promocionaría buenos dividendos tanto en términos medioambientales como de empleo y del PIB, siendo poco significativos sus efectos distributivos. Por tanto, es tarea futura, tanto de los expertos en materia fiscal como de los políticos, el considerar seriamente una reforma fiscal verde en España en aras a reducir el efecto invernadero y cumplir con los compromisos de Kioto.
Catedrática de Hacienda Pública
Núria Bosch
La vuelta del curso político va a ser polémica con medidas como la subida de impuestos anunciada por el presidente Zapatero. La coyuntura económica actual ha conducido a un déficit elevado del sector público central que hay que empezar a controlar. Para ello hay dos soluciones: reducir el gasto público o incrementar los impuestos, aunque lógicamente pueden tomarse las dos medidas simultáneamente. La crisis económica hace difícil contener el gasto público, ya que es precisamente cuando el gasto para medidas de fomento económico y de carácter social tiene más peso. Por ello no es de extrañar que se opte por una revisión de los ingresos impositivos, y así también lo está haciendo algún que otro país europeo. Una subida de impuestos nunca es popular y tiene un coste político para el Gobierno que la aplica. En este sentido, es importante dar explicaciones claras a la población de la necesidad de la subida impositiva y de sus consecuencias. Hay que saber combinar criterios de equidad y de eficiencia, lo cual no es fácil, ya que muchas veces estos dos principios van en sentido contrario.
La reforma en el IRPF parece que va a ir en la línea de revisar al alza el gravamen de las rentas del capital (intereses bancarios, dividendos, rendimientos de fondos de inversión, plusvalías por ventas de acciones, etc.). Actualmente, estas rentas se gravan al 18%, uno de los tipos más bajos que se aplica en los países europeos. Así, hay un margen para su incremento. Se estudia subirlo al 20%. No obstante, los efectos recaudatorios de esta medida son bastante limitados, ya que, debido a la crisis, estas rentas no han sido muy elevadas últimamente y el ahorro de los más ricos tributa principalmente a través de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, a través del impuesto de sociedades, que no van a modificarlo.
Sí, en cambio, que puede tener impacto recaudatorio la supresión para cierto nivel de rentas de la deducción de 400 euros. Ello incluso podría mejorar la progresividad del impuesto, ya que la aplicación generalizada de esta deducción no tiene mucho sentido. Asimismo, se podría incrementar la recaudación por IRPF creando un nuevo tramo en la tarifa del impuesto por encima del máximo actual. Ahora todos los ingresos que superan los 53.407 euros tributan al 43%. Pero ello supone que a partir de esta cuantía el tipo marginal es el mismo para las rentas de 60.000 euros que de 200.000. Por tanto, se podría crear un nuevo tramo con un tipo marginal más alto para las rentas más elevadas, en la línea de lo que ha hecho el Gobierno británico. También se estudia gravar más el tabaco, la gasolina y las actividades contaminantes, aunque estas últimas no ofrecen muchos réditos fiscales.
Finalmente, si se trata de aumentar la recaudación fiscal, hay que tener en cuenta que España es uno de los países europeos con un tipo impositivo general del IVA más bajo. No obstante, subirlo en la actualidad no parece lo más oportuno cuando hay que estimular el consumo. Pero es un hecho que hay que tener en cuenta al diseñar la política fiscal en el futuro.
Catedrática de Hacienda Pública
Núria Bosch
Una vez acordado el nuevo sistema de financiación autonómica, es la hora de abordar la financiación local. Dados los graves problemas financieros que sufren actualmente los gobiernos locales, no se puede posponer más la reforma en profundidad de su financiación. La tributación local, excepto algunos cambios como la supresión parcial del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), deriva de 1987 con muchos aspectos problemáticos que deberían reformarse; la participación local en los ingresos generales del Estado es insuficiente y sus criterios de distribución inadecuados; las participaciones locales en los ingresos autonómicos están por desarrollar; una parte importante del gasto municipal corresponde a servicios impropios (competencia de otros niveles de administración), sin que el sistema de financiación actual los cubra; el peso de los gobiernos locales dentro del sector público es parecido al del inicio del período democrático; las participaciones locales en los grandes impuestos estatales han de adaptarse a los nuevos porcentajes autonómicos de participación, y así podemos continuar con un largo etcétera.
Además de estos problemas, la actual crisis financiera castiga fuertemente a las arcas municipales al basarse en tasas e impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria. La caída recaudatoria de estas figuras es notable.
La reforma de la financiación local tiene que apostar por un fortalecimiento de la imposición sobre la propiedad inmobiliaria a través del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El uso de beneficios fiscales en este impuesto debería minimizarse al objeto de ampliar su recaudación. Asimismo, si se quiere que el IBI cumpla una función preventiva contra la retención especulativa del suelo edificable, se deberían autorizar tipos diferenciados y progresivos en el tiempo con los que incidir sobre comportamientos especulativos. Por último, la aproximación de los valores catastrales a los reales de forma suave y pacífica debe ser un objetivo de cualquier reforma de la Hacienda local. Se debe mejorar la gestión catastral y permitir la cooperación interadministrativa para optimizarla.
El IBI debería complementarse con una imposición que se adecuase a la nueva filosofía que vincula la financiación local a la prestación de servicios personales. Ello exige una mayor vinculación entre fiscalidad local y variables económicas como renta y consumo, frente a un esquema de financiación local apoyado en la imposición sobre la propiedad y vinculado a la prestación de servicios locales relacionados con la propiedad inmueble. Por ello, la tributación sobre la renta personal debería ser susceptible de ser aprovechada por los ayuntamientos a partir de una cierta dimensión. Ello daría mayor flexibilidad al sistema impositivo local en épocas de expansión económica. Ahora bien, el impuesto central debería ser el IBI, mucho más estable en su rendimiento que la renta al no depender como este último del ciclo económico. Ahora toca reformar la financiación local. Los gobiernos locales no pueden afrontar un nuevo ejercicio presupuestario sin que el Gobierno central tome alguna medida al respecto.
Catedrática de Hacienda Pública
Núria Bosch
El nuevo sistema de financiación autonómica, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos lleva a poder calificar a dicho sistema de federal. De hecho, todas las reformas anteriores de la financiación autonómica nos han ido conduciendo, con más o menos intensidad, hacia una financiación federal. Ello no ha sido de forma pacífica, sino que los grandes cambios siempre han tenido posiciones contrarias. Aún recuerdo en el año 1993, cuando se introdujo por primera vez una participación autonómica del 15% en el rendimiento del IRPF y cómo se argumentaba que ello tendría efectos muy negativos sobre la cohesión territorial y social del Estado. Ninguno de estos presagios se han cumplido. Con esta nueva reforma se acepta sin problemas que las comunidades autónomas participen en el 50% del IRPF, disponiendo además de capacidad normativa sobre el impuesto.
¿Por qué se puede calificar a la financiación autonómica de federal? En primer lugar, porque el poder tributario está compartido entre el Estado y las comunidades autónomas, característica propia de los países federales. Las comunidades autónomas participan en un alto porcentaje en los principales impuestos estatales y tienen capacidad normativa sobre ellos, aunque sea delegada por parte del Estado. Además, el nuevo acuerdo de financiación también refuerza la participación y colaboración recíprocas entre las Comunidades Autónomas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En segundo lugar, el nuevo acuerdo establece un sistema de nivelación de ingresos entre las comunidades autónomas, o un criterio de solidaridad interterritorial, en la línea de los sistemas existentes en los países federales. Por primera vez se establece un criterio de equidad que supone que todas las comunidades autónomas han de poder disponer de los mismos recursos para suministrar los servicios fundamentales que constituyen el Estado del bienestar. Las comunidades más dinámicas económicamente aportarán recursos a las menos dinámicas de una manera clara y transparente.
Estos dos aspectos descritos, compartir el poder tributario y un criterio de solidaridad explícito y transparente, son los ejes básicos que permiten calificar la financiación autonómica de federal. No obstante, hay todavía algún aspecto pendiente que también es propio de los sistemas federales, y que en España está poco desarrollado. Me refiero a mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas de carácter político-institucional, que garanticen la participación de los gobiernos subcentrales en las decisiones del Gobierno central. Un ejemplo de este tipo de instituciones lo constituye el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero este se ha caracterizado por su discrecionalidad y poca transparencia. Otro buen ejemplo sería un Senado de carácter puramente territorial. Esta es una reforma pendiente en España que debería abordarse en un futuro próximo. En España faltan reglas e instituciones con las que abordar los temas básicos de la negociación política que comporta la aplicación del sistema de financiación autonómica.
Catedrática de Hacienda Pública
Núria Bosch
La ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, destinada a prestar servicios y ayudas a las personas en esta situación, nació con varias aspiraciones, tales como lograr la cohesión social y territorial, y alcanzar una mayor coordinación entre el sector sanitario y el de servicios sociales. No obstante, la aplicación de la ley está generando varios problemas.
De acuerdo con dicha ley, la Administración del Estado garantiza unos mínimos básicos para todas las personas dependientes, pero la mayor proporción de los servicios lo deben ofrecer las comunidades autónomas. Este planteamiento está generando numerosos problemas en su implementación, básicamente por las diferencias que presentan las comunidades autónomas en el grado de contingencia, en la discrecionalidad a la hora de aplicar la ley y en las posibilidades de financiación de los servicios. El nuevo acuerdo de financiación autonómica, que aporta nuevos recursos para la aplicación de la ley, puede paliar este último problema.
Se observan grandes diferencias en el grado de contingencia entre las comunidades autónomas, ya que han utilizado baremos diferentes para determinarlo. Según la información estadística disponible, las comunidades autónomas con una mayor proporción de personas con algún grado de dependencia y, por tanto, susceptibles de aplicarles la ley, son Extremadura y Galicia, seguidas de Andalucía, Asturias, y las dos Castillas. En cambio, la comunidad que aparece con un menor grado de dependencia es Madrid. También donde se han presentado más solicitudes en relación a la población coincide con estas comunidades autónomas. Va a la cabeza Andalucía. En cambio, vuelve a ser Madrid donde hay menos solicitudes en términos relativos.
La anterior disparidad comporta unos costes en la prestación de los servicios de la ley muy diferenciados entre las comunidades autónomas, lo que da lugar a un impacto de la ley muy distinto en función del territorio.
Otro problema a destacar es que el número de solicitudes ha sido más alto del esperado, seguramente porque había una subvaloración del número de personas dependientes. Ello dificulta la aplicación de la ley, ya que se producen retrasos por un exceso de demanda.
Por tanto, los resultados actuales parecen de entrada que no permitirán alcanzar los objetivos que en su inicio quería lograr la ley. No se logra la equidad de trato a lo largo de todo el territorio estatal, sea cual sea el lugar de residencia. En contraposición, la aplicación de la ley va a resultar heterogénea, por las diferentes situaciones explicadas anteriormente. Para lograr una prestación similar entre las diferentes comunidades autónomas son necesarios más recursos, por ello es positivo el nuevo sistema de financiación autonómica que los aporta, y una serie de actuaciones entre el Estado y las comunidades autónomas para solventar las diferencias territoriales de partida existentes actualmente. El objetivo de las Administraciones debe ser no defraudar las expectativas que han puesto en la ley miles de ciudadanos.
Catedrática de Hacienda Pública
NÚRIA BOSCH
Recientemente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho públicos los datos de la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2007. Se ofrece la liquidación de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y también de las transferencias recibidas por estas. Uno de los aspectos que merece mayor interés destacar es la gran divergencia existente en ingresos per cápita entre las comunidades autónomas. A igualdad competencial, y sin tener en cuenta los cambios normativos aplicados por las distintas comunidades sobre los impuestos cedidos, el ratio entre las dos con mayores y menores ingresos per cápita es de 1,60. Así, Extremadura aparece como la comunidad con mayores recursos por habitante (3.000 euros, lo que supone situarse un 26% por encima de la media) y Baleares como la de menores recursos per cápita (1.870 euros, un 21% por debajo de la media). Además, hay otras seis comunidades que se sitúan por encima del 15% de la media y otras tres por debajo del 10%.
Con el tiempo estas disparidades se han incrementado. En 1999, año base de cálculo del actual modelo de financiación autonómica, el ratio entre las dos comunidades con mayores y menores ingresos per cápita era de 1,39, frente al 1,60 actual. La falta de un mecanismo de revisión del modelo ha agravado aún más este problema.
Lo peor de todo es que estas diferencias no pueden justificarse en base a un criterio de equidad. Tampoco responden a diferencias en la capacidad fiscal o riqueza de las comunidades autónomas, pues ello implicaría que las más ricas tuvieran más recursos que las más pobres, y sucede precisamente lo contrario. Véanse, si no, los casos de Extremadura y Baleares citados antes. Por ello, se puede afirmar que el actual sistema de financiación autonómica carece de un principio de equidad territorial claro y explícito, por lo que la redistribución territorial existente conduce a unos resultados completamente arbitrarios, penalizando en exceso a las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal.
No obstante, algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados establecen las bases para corregir esta situación, que podemos calificar de injusta. Son los de Cataluña, Baleares y Aragón. En ellos se establece que todas las comunidades autónomas han de poder suministrar a sus ciudadanos unos niveles similares de los servicios públicos esenciales del Estado del bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) realizando un esfuerzo fiscal también similar. Con ello, se garantizaría que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, pudieran disfrutar de niveles similares de los servicios públicos considerados fundamentales. Este principio es más acorde con los que se aplican en muchos países federales fuertemente descentralizados, como Alemania y Canadá, y con lo que establece la teoría del federalismo fiscal.
El tan esperado nuevo sistema de financiación autonómica debería hacer efectivo este criterio de equidad, o redistribución territorial, establecido en estos Estatutos. Ello representaría un gran avance respecto a la situación actual.
Catedrática de Hacienda Pública
NÚRIA BOSCH
El presidente Obama se ha propuesto reformar el sistema sanitario estadounidense antes de fin de año. Es de destacar que el país más rico del mundo tenga un sistema sanitario muy deficiente. Gran parte de la población (unos 50 millones de personas) no tiene ninguna cobertura sanitaria, ya que no puede pagarla.
El sistema sanitario estadounidense se basa en seguros privados, lo que ocasiona que una gran parte de la población no pueda pagarlos. Las empresas que tienen planes sanitarios para sus empleados aportan solamente una pequeña proporción. De carácter público, sólo cabe mencionar los programas federales Medicare y Medicaid, para ancianos, niños pobres y discapacitados, pero estos programas serán insolventes en pocos años. Todo ello contrasta con el caso de Europa, donde todos los países tienen un Sistema Nacional de Salud.
La reforma sanitaria de Obama contiene tres principios: reducción de los costes sanitarios, acceso a un sistema sanitario asequible para cada ciudadano y respeto al derecho a la elección de médicos. Su gran objetivo es que toda la población tenga seguro sanitario, es decir, un sistema sanitario universal que pueda ser accesible a todas las familias. Para ello, pretende crear una aseguradora sanitaria pública. Así, la población tendrá la opción de mantenerse en las aseguradoras privadas o pasarse a contratar la pública. También pedirá a los empresarios que colaboren.
La reforma significa un cambio sin precedentes en la industria sanitaria de Estados Unidos. Por ello, se necesita la colaboración de dicha industria, cosa que no ocurrió en la reforma pretendida por Hillary Clinton en los años noventa. No obstante, ahora parece que la industria sanitaria está dispuesta a colaborar, prometiendo reducir los costes sanitarios, que crecen anualmente mucho más que la inflación y el PIB. En concreto, plantearon reducir en 1,5 puntos porcentuales el aumento del gasto sanitario en Estados Unidos, que crece a un ritmo del 7% anual. La reducción del gasto supondría un total de dos billones de dólares en diez años, lo que representa tres puntos porcentuales del PIB.
No obstante, la reforma no está exenta de problemas. Algunos opinan que la industria sanitaria al final no colaborará y que estos grandes grupos de interés se opondrán a la creación de la aseguradora pública, ya que les generará competencia. Tampoco será fácil que colaboren los empresarios. Igualmente, hay que buscar recursos para financiar la reforma, lo que deberá hacerse con modificaciones tributarias o aumentos de impuestos, que deben aprobarse en el Congreso, siendo los republicanos reacios a cualquier incremento de impuestos.
Es de esperar que Obama pueda llevar a cabo la reforma, tanto por razones de equidad como de eficiencia. Estados Unidos tiene unos indicadores de salud mediocres comparados con los de los demás países ricos. Esta mala salud afecta a las clases sociales bajas y resta eficiencia al sistema productivo del país. Como dijo el presidente estadounidense, “la reforma no es un lujo que pueda posponerse, sino una realidad que no puede esperar”.
NÚRIA BOSCH
Las reformas fiscales habidas en España en los últimos años han tendido a disminuir la carga tributaria. Así han sido las reformas del IRPF de 2003, 2004 y 2007, y también las de la imposición sobre la riqueza en manos de las comunidades autónomas. A pesar de ello, de 2003 a 2007 la presión fiscal creció del 33,92% al 37,08% del PIB, debido al dinamismo de la economía, que generó un aumento de los beneficios empresariales y de las rentas del capital y del trabajo.
El cambio del ciclo económico de una etapa expansiva a una de recesión ha supuesto un gran descenso de los ingresos fiscales, traduciéndose en una disminución de la presión fiscal de 2007 a 2008 en más de cuatro puntos porcentuales, pasando a ser del 32,83% del PIB.
¿Cuál va a ser el futuro? La reducción de la recaudación impositiva junto a la dinámica expansiva de los gastos públicos genera déficit y endeudamiento, el cual más pronto o más tarde deberá financiarse con impuestos. Por tanto, si la bonanza económica de los últimos años había permitido bajar los impuestos, la actual coyuntura económica puede que conduzca finalmente a incrementos impositivos.
En esta línea ya tenemos algunas acciones. Así, en el último debate del estado de la nación, el PSOE presentó una resolución en la línea de llevar a cabo una reforma fiscal que aumente el carácter progresivo de los impuestos. Asimismo, algunos políticos socialistas y los sindicatos UGT y CCOO también se han manifestado a favor de elevar los impuestos a las rentas más altas. Ello está en consonancia con la política impositiva que ha emprendido Obama en Estados Unidos, con algunas manifestaciones del primer ministro británico y con el programa electoral del partido socialdemócrata alemán para las próximas elecciones generales de
septiembre.
Ante las posibles reformas fiscales a llevar a cabo en el futuro, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, en España sólo el 4% de los declarantes presentan rentas superiores a 60.000 euros anuales, lo que limita notablemente los efectos recaudatorios de una reforma fiscal que incremente la carga tributaria sólo para estas rentas. Para que el rendimiento fiscal sea alto, los incrementos impositivos han de pivotar también sobre las rentas
medias.
Por ello, si bien toda reforma ha de poner énfasis en el logro de la equidad, también ha de hacerlo en la eficiencia, evitando generar desincentivos sobre las rentas del trabajo y del ahorro. Segundo, el tipo marginal máximo en el
IRPF está ya situado en la media europea. Tercero, la lucha contra el fraude es una gran medida para incrementar la recaudación y, a la vez, la equidad del sistema. Cuarto, incrementos en impuestos como el tabaco o las bebidas alcohólicas, además de efectos
recaudatorios, pueden tener
externalidades positivas para la salud pública. Y quinto, la reforma de la imposición sobre sucesiones y donaciones por parte del Estado no debería tardar, fijando un nivel mínimo de imposición por debajo del cual no pudiera situarse ninguna comunidad autónoma, si el objetivo es mantener este impuesto sobre la riqueza y evitar que
desaparezca.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública.
NÚRIA BOSCH
A raíz del debate del estado de la nación, ha vuelto a surgir la polémica en torno a la desgravación fiscal a la compra de la vivienda habitual. El presidente del gobierno anunció en dicho debate que eliminaría a partir de 2011 dicha desgravación fiscal a los contribuyentes cuyos ingresos brutos al año superasen los 24.000 euros. No obstante, la resolución final aprobada por el Congreso no concreta la cifra de renta a partir de la cual la medida tendrá efecto, sólo dispone que de su supresión quedarán exentas las rentas más bajas. Asimismo, no tendrá efectos retroactivos.
En mi opinión, la propuesta de eliminación de la desgravación va en la dirección correcta. Varias son las razones que podemos aportar para apoyar su desaparición. En primer lugar, hay estudios que demuestran que la desgravación fiscal de la vivienda puede resultar regresiva o, cuando menos, es poco progresiva, ya que son los contribuyentes de rentas más elevadas los que más se benefician de la misma. En cambio, los niveles bajos de renta muestran una menor proporción de contribuyentes beneficiarios de la deducción. Ello seguramente tenga que ver en que aquellos presentan mayores dificultades para la obtención de ayudas financieras destinadas a la compra de la vivienda.
En segundo lugar, la desgravación fiscal a la adquisición de la vivienda induce a que los compradores adquieran una vivienda de un precio mayor a la que comprarían en ausencia de la desgravación, lo que ocasiona una presión alcista sobre los precios, incrementándolos. Es decir, podemos argumentar, basándonos en los principios más simples de la teoría económica, que la desgravación fiscal a la compra de la vivienda acaba capitalizándose positivamente en su precio. Por tanto, a quien beneficia es a los propietarios del suelo, a los constructores y a los promotores.
En tercer lugar, algunos economistas también defienden que la supresión de tal desgravación es una medida adecuada para fomentar el alquiler de la vivienda, en un país donde el porcentaje de viviendas en alquiler alcanza porcentajes muy bajos. Ello también ha provocado que se desprecie el alquiler de la vivienda y sólo se valore tenerla en propiedad.
Asimismo, la supresión de la desgravación fiscal a la vivienda la defienden hace ya tiempo organismos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.
Por tanto, la supresión de esta desgravación fiscal parece acertada, y más en el contexto de la actual crisis. Este anuncio puede ocasionar una reactivación de las ventas de viviendas, siempre y cuando las entidades financieras vuelvan a facilitar la concesión de créditos. Igualmente, la eliminación de la desgravación puede fomentar el cambio del modelo productivo, pasando recursos para la inversión del sector de la construcción hacia sectores más productivos. Además, ello supondría para las arcas del Estado un ahorro de casi 3.000 millones de euros, que podrían emplearse, a su vez, en medidas que creasen más productividad.
En definitiva, la reforma puede generar varios efectos positivos en un contexto de fuerte crisis económica como el actual.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública.
