Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Menos de dos meses ha tardado el catolicismo nacional en anunciar algunas de las decisiones que más ocultó antes de las elecciones. El encargo ha recaído en dos ministros devotos y afines a la línea intransigente de la jerarquía católica, el de Justicia y el de Educación, Cultura y Deportes. El objetivo es despojar a la sociedad de los logros alcanzados en materia de tolerancia, laicidad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos. En una palabra, retroceder.
Las medidas anunciadas por ambos ministros pretenden realizar el anhelo repetidamente formulado por los obispos de cercenar (si no abolir por entero) la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo y eliminar la enseñanza de Educación para la Ciudadanía. Las españolas dejarán de poder abortar según voluntad propia y volverán a una situación de inseguridad jurídica con unos supuestos arbitrariamente interpretados. Y, además, se les dificultará el acceso a ciertos contraceptivos.
Los españoles no podrán acceder a la enseñanza de los valores propios de una cultura política democrática, pluralista y laica y tendrán que habérselas con otra, con otro contenido. Y ha de ser otro porque el nombre propuesto, Educación Cívica y Constitucional, es idéntico al que se quiere eliminar, Educación para la Ciudadanía. La variación, por tanto, estará en el contenido, y si este no coincide con el ya señalado, sólo podrá ser una formación del espíritu nacional y religioso, de hondas raíces nacionalcatólicas.
La justificación de las medidas es pintoresca. El ministro de Justicia dice que restringir el aborto es lo más progresista que ha hecho nunca, identificando regreso con progreso. El de Educación no tiene reparos en faltar a la verdad públicamente leyendo párrafos de un libro que jamás se ha utilizado en la enseñanza de Educación para la Ciudadanía con el fin de suprimirla. Según él, Educación para la Ciudadanía adoctrina, cuando no ignora que las materias docentes no adoctrinan sino que adoctrinan, si acaso, quienes las imparten. Y por eso se homologan (esto es, se autorizan) unos textos y no otros. Y por eso no está homologado el que el ministro cita. Y por eso lo cita, faltando a la verdad.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El juez Garzón es el magistrado español más conocido, respetado y valorado en el mundo. Menos en España. Es tan clásico que aburre. Pero sigue indignando. El juez que procesó a los del GAL, propició decisivamente el fin de ETA, dio el primer y audaz paso en la jurisdicción penal universal, pretendió hacer justicia a las víctimas del franquismo y descubrió la increíble trama Gürtel, se sienta desde el lunes en el banquillo de los acusados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se le acusa en tres causas distintas que presentan un cúmulo de circunstancias extrañas, paradójicas, inquietantes. Fiscales que no acusan, pruebas que no se admiten, recusaciones que tampoco, asombrosa disparidad de los tiempos procesales, auxilios sorprendentes del instructor a la acusación. Tantas que mucha gente habla de cacería judicial.
Desde el punto de vista político y moral, la situación de Garzón no es de recibo y hace llorar a Jerusalén, porque nadie es profeta en su tierra. Pero aquí, se dice, lo político y lo moral no cuentan; cuenta lo jurídico. Contará, pero con tan frágiles apoyos que ni la Fiscalía acusa y los que acusan parecen operar con criterios estratégicos, esgrimiendo formalismos. Es bastante probable que ni los formalismos sean reprochables, pero en todo caso, está claro que cuando no hay apoyo moral y lo jurídico se refugia en formalismos, no se hace justicia: se construye, que no es lo mismo. Justicia de Peralvillo en el siglo XXI. Con el agravante de que, siendo la acusación los acusados de la Gürtel, su triunfo sería el primer paso para pedir la nulidad de lo actuado. Correa en la calle y hasta podría pedir indemnización.
Está claro que no será así porque el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, sabe cuál será su responsabilidad, así como que, al comparecer ante él en única instancia, al juez Garzón se le está negando el derecho fundamental a la revisión de la sentencia ante una instancia superior. Esto se tendrá en cuenta, y si no se tiene, el condenado podrá acudir al Tribunal Constitucional, al de Estrasburgo y a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un escándalo que probará la falta de juicio del juicio.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El Gobierno del PP no es de derechas sólo por la procedencia de sus ministros sino por lo que hace y no hace. Ya ha aprobado el reglamento de la ley Sinde, para satisfacción de la industria de contenidos y la embajada de los Estados Unidos, bien es verdad que suprimiendo el canon. En cambio, no ha recortado ni un euro de las cuantiosas aportaciones del Estado a la Iglesia católica. Y ha descargado el coste de la crisis sobre los más débiles y vulnerables.
Ahora anuncia que controlará los presupuestos de las comunidades autónomas. Dependiendo de cómo lo haga lo más probable es que encienda un litigio que acabará en el Tribunal Constitucional. Políticamente cabe preguntarse qué habría dicho si, estando en la oposición, hubiera sido el PSOE quien propusiera la medida. Que se trataba de un ataque al principio de autonomía, en especial de las comunidades gobernadas por el PP y sometidas a persecución.
Da la casualidad, sin embargo, de que la tajante decisión del Gobierno viene movida por la situación de suspensión de pagos de hecho de la Comunidad Valenciana, en efecto, gobernada por el PP. Y del temor de que no sea la única. Queda ya claro que el PP no podrá acusar a Zapatero de ser el causante de la crisis cuando los gobiernos populares parecen haberla acelerado. La ruina de Valencia no la ha dejado Zapatero. Y es una ruina que se debe analizar y por la que hay que pedir las debidas responsabilidades. Que los gobernantes rindan cuentas.
Porque está claro que esa virtual quiebra de la comunidad de Valencia tiene mucho que ver con un estilo de Gobierno que se ha caracterizado por un despilfarro irresponsable por una parte, y la comisión de unos presuntos delitos de malversación por otra. De los delitos de malversación ya están ocupándose los tribunales. Ahora hay que abordar unos gobiernos caracterizados por el despilfarro en proyectos faraónicos, innecesarios, ruinosos, como aeropuertos sin aviones, torres sin construir pero abonadas, acontecimientos de relumbrón como la Fórmula 1, que cuesta un dineral, o actos de boato litúrgico como la visita del papa en 2006, en la que parece que se esfumaron varios millones de euros. Muestra de una gestión como Dios manda.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El Gobierno del PP no es de derechas sólo por la procedencia de sus ministros sino por lo que hace y no hace. Ya ha aprobado el reglamento de la ley Sinde, para satisfacción de la industria de contenidos y la Embajada de Estados Unidos, bien es verdad que suprimiendo el canon. En cambio, no ha recortado ni un euro de las cuantiosas aportaciones del Estado a la Iglesia católica. Y ha descargado el coste de la crisis sobre los más débiles y vulnerables.
Ahora anuncia que controlará los presupuestos de las comunidades autónomas. Dependiendo de cómo lo haga lo más probable es que encienda un litigio que acabará en el Tribunal Constitucional. Políticamente cabe preguntarse qué habría dicho si, estando en la oposición, hubiera sido el PSOE quien propusiera la medida. Que se trataba de un ataque al principio de autonomía, en especial de las comunidades gobernadas por el PP y sometidas a persecución.
Da la casualidad, sin embargo, de que la tajante decisión del Gobierno viene movida por la situación de suspensión de pagos de hecho del País Valencià, en efecto, gobernada por el PP. Y del temor de que no sea la única. Queda ya claro que el PP no podrá acusar a Zapatero de ser el causante de la crisis cuando los gobiernos conservadores parecen haberla acelerado. La ruina de Valencia no la ha dejado Zapatero. Y es una ruina que se debe analizar y por la que hay que pedir las debidas responsabilidades. Que los gobernantes rindan cuentas.
Porque está claro que esa virtual quiebra del País Valencià tiene mucho que ver con un estilo de Gobierno que se ha caracterizado por un despilfarro irresponsable por una parte, y la comisión de unos presuntos delitos de malversación por otra. De los delitos de malversación ya están ocupándose los tribunales. Ahora hay que abordar unos gobiernos caracterizados por el despilfarro en proyectos faraónicos, innecesarios, ruinosos, como aeropuertos sin aviones, torres sin construir pero abonadas, acontecimientos de relumbrón como la Fórmula 1, que cuesta un dineral, o actos de boato litúrgico como la visita del papa en 2006, en la que parece que se esfumaron varios millones de euros. Muestra de una gestión como dios manda.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La segunda legislatura de Zapatero ha estado marcada por una imagen muy negativa fabricada a coro desde una oposición intransigente y una batería de medios que, amparados en la impactante cantidad de cinco millones de parados, han sido hegemónicos en la opinión pública. Tanto que el PSOE ha perdido cuatro millones y medio de votos.
Como todo discurso de éxito, el que condena al Gobierno del PSOE es muy simple: España está en una situación crítica y el culpable del desastre es Rodríguez Zapatero. El resto, por descontado, también lo ha hecho mal: ha crispado, dividido a los españoles, negociado con terroristas y puesto en peligro la unidad de la patria.
Todo eso es opinable, pero hay dos hechos que no pueden ocultarse: primero, ETA ha sido derrotada y el terrorismo etarra se ha acabado; segundo, España no ha sido intervenida como lo han sido Grecia, Irlanda y Portugal. Es más, está mejor que Italia.
Rajoy comprueba ahora que el culpable no era Zapatero sino la crisis internacional que afecta a todos. Se dispone a hacer recortes para los que va pidiendo respaldo internacional, los que ya están haciendo Cospedal, Mas, Aguirre, Fabra, Valcárcel o Feijóo. Y nada tampoco que no estén haciendo –y en mucha mayor medida– los países intervenidos, así como Italia, Reino Unido o Francia.
El presidente in péctore ya dice que no tiene la varita mágica que decía tener. Hasta es posible que siga aumentando el número de parados. Aquí Rajoy verá que recibe una España muy distinta de la que él mismo dibujaba porque es seguro que casi nadie lo acusará de ser el causante personal de una crisis que lo supera por completo. Tanto que, si se empeña en estar en primera línea de la nueva Unión Europea que propugnan Merkel y Sarkozy, tendrá que dejar la política fiscal en manos de Bruselas, lo que reducirá aún más su margen de acción.
Rajoy recibe asimismo una España más avanzada socialmente, más libre y con más derechos civiles, gracias a la primera legislatura de Zapatero. No dos, tres hechos incontrovertibles: una España socialmente más avanzada, sin terrorismo etarra y no intervenida. No es un mal comienzo. Porque, pese a todo, es un buen final del Gobierno que se va.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La foto de Jáuregui y una sonriente Sáenz de Santamaría frente a frente en la mesa del traspaso es un ritual de la política española. Permite visualizar la alternancia en los poderes del Estado propia de la democracia. El partido que se va transfiere los poderes al que viene. Pero, ¿qué poderes? No las instituciones mismas, porque estas no pertenecen a nadie y no son transferibles. Se trata del poder de disponer, de tomar decisiones, de gobernar.
La actual crisis ha demostrado que esos poderes son imaginarios, casi ficticios. No gobiernan los gobiernos, sino los mercados; los márgenes de acción del ejecutivo, del legislativo, son casi inexistentes, pues se limitan a hacer lo que las instituciones financieras internacionales, las agencias de evaluación y los especuladores ordenan. Así, ¿qué traspasan los socialistas a los populares? Sus compromisos, las órdenes recibidas y el grado de su cumplimiento.
Por si hubiera alguna duda, la imprevista reunión de Zapatero y Rajoy el mismo día en que sus plenipotenciarios acordaban las transferencias vacía de contenido este traspaso. Y es un ejemplo más de la impaciencia de los auténticos mandatarios, los oscuros mercados, que no quieren perder el tiempo con ceremonias de segundones. Obligan a que sean los jefes los que escenifiquen el relevo bajo la amenaza de asfixiar aún más el crédito, la solvencia, la economía.
Esto no es peculiar de España. Casi todos los países de la zona euro están políticamente intervenidos y sus respectivas soberanías son quimeras. Lo que sí es peculiar de España es la carencia de sentido de Estado que sigue caracterizando al partido ganador de las últimas elecciones. Las declaraciones en las que Esperanza Aguirre afirma que los socialistas dejan “las arcas vacías” y no hay dinero para pagar pensiones y prestaciones por desempleo (antes de saber cómo está la situación realmente) hacen inútil el traspaso de poderes. Y, además, revelan una gran irresponsabilidad, pues infunden temor y angustia a sectores muy amplios de la población que ven cómo unos poderes que no son tales se aprestan a privarlos de sus derechos. No es de recibo jugar con la tranquilidad de millones de personas por razones partidistas.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
ETA se ha terminado. Lo dijo el 20 de octubre pasado y lo confirma la entrevista de Gara. Sería bueno que el desarme se produjera de inmediato pero, al parecer, la desmovilización lleva su tiempo y, a la vista del que ha necesitado la banda para tomar otras decisiones históricas, como la de iniciar la acción o la de continuarla a la muerte de Franco, puede ser un tiempo largo.
Pero habrá desmovilización y será en los términos del Estado, esto es, sin contrapartidas políticas. Así lo acepta también ETA al admitir que no estará en la mesa de negociación. Parece, pues, que pretende reservarse un estatus de opinante externa durante el proceso que se avecina.
El llamado “proceso”, sin embargo, acabará por necesidad siendo muy distinto de lo que ahora se haya planeado. Lo primero que se cuestionará, y razonablemente, será la existencia misma de una mesa de negociación. Un Estado de derecho, cuya legitimidad ya no se niega con las armas en la mano sino a través de sus cauces institucionales, en el que se integran todos y que admite todas las posiciones políticas, incluida la independentista, no tiene nada que “negociar”. Ni “mesas” que constituir. Su mesa son los parlamentos, el autonómico y las Cortes Generales. Ahí es donde hay que debatir y, si acaso, negociar. Y tienen que hacerlo los representantes electos de los ciudadanos, no los jefes militares ni los caudillos extraparlamentarios.
Con plena normalización, el llamado “problema vasco” pasará a ofrecer su auténtica dimensión de “problema español”, oculta hasta ahora por el humo de los disparos. “Problema español” porque afecta a Euskadi y Catalunya, y en parte a Galicia ya que, guste o no guste, parece obvio que el sempiterno problema territorial de España sigue sin estar resuelto a satisfacción general.
Mientras algunas fuerzas políticas españolas plantean dar marcha atrás en la descentralización del Estado, otras nacionalistas se encuentran incómodas en el actual marco constitucional. Ambas se retroalimentan y tensionan la vida política. La existencia de ETA mantenía congelado este problema; su desaparición lo pone al rojo vivo. Por eso, la agenda de ETA carece ya de interés.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La presencia de ETA era el único obstáculo para la normalización democrática de Euskadi, algo en lo que coinciden todos los partidos vascos, incluida la izquierda abertzale, si no, esta no hubiera pedido que aquella cesara en su actividad. Pero su ausencia, esta ausencia que no se debe a que los gudaris mueran sino a que se esfuman, como dice la balada, puede que no ayude.
Los partidos nacionalistas vascos, saludando el tiempo nuevo, han propuesto varias medidas de distinto calado (adelanto de las elecciones, acercamiento de presos, derogación de la Ley de Partidos, replanteamiento de la integración constitucional de Euskadi en España) que suponen un cambio sustancial. Quieren que el Estado responda a la declaración de ETA de cese definitivo del terrorismo, pero sin más garantía que la palabra de esta, ya que no ha entregado las armas.
Tal es el argumento principal de parte de la oposición para desconfiar de la declaración etarra. Con independencia de que esa desconfianza se extreme hasta obstaculizar la paz en el País Vasco, lo cierto es que tiene un punto de sentido común. Porque ¿para qué quiere ETA conservar el arsenal si no va a utilizarlo? Mientras una de las respuestas pueda ser “para utilizarlo otra vez”, la desconfianza estará justificada.
Se entiende la urgencia de los nacionalistas: no quieren vérselas con un gobierno nuevo, quizá apoyado en sólida mayoría parlamentaria. Pero si el socialista cediera a sus solicitudes, faltaría a una norma no escrita de corrección parlamentaria, según la cual un Gobierno prácticamente en funciones no puede hipotecar la gestión del siguiente. Así que no se moverá hasta las elecciones, y hará bien, porque, además, la situación no está del todo clara, ya que los viejos soldados no han muerto.
Se dice que el IRA tardó siete años en deponer las armas desde el cese de la violencia, lo que no es un dato alentador. Y menos lo es la desafortunada observación de Otegi de que pedir la disolución de ETA sea “inmaduro”. ¿Por qué? Dice también que es una muestra del “miedo” de los partidos a la “nueva” situación. ¿Es tan extraño? En esos partidos militaban muchos asesinados por la vesania terrorista.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Las reacciones al comunicado de ETA han sido las esperadas. La derecha disfraza su desagrado señalando que no habrá nada nuevo en tanto la banda no entregue las armas y se disuelva. Es una observación dictada por el cálculo electoral, que es como el PP ha entendido siempre la lucha antiterrorista.
Con todo, hay un punto de razón que señalan analistas y ciudadanos de buena fe cuando dicen que, si el paso de permanente a definitivo es un gran triunfo, hay que desconfiar de una banda sin ética ni principios para la que la propia palabra vale menos que la vida de quienes no son sus seguidores o siervos, y que si pudiera, volvería a matar.
Pero no puede y eso es lo decisivo. El cese de la violencia de ETA no es voluntario, sino forzoso, lo cual es un logro del Gobierno y, en concreto, de Rubalcaba, el ministro que derrotó a ETA a pesar de esta y de las insidias de quienes debieron ayudarlo y sólo pretendieron hundirlo. La ambigüedad del comunicado únicamente resalta más la impotencia de ETA. Dice cesar en la violencia porque se ha abierto “una nueva época” en Euskadi. Mentira: esa nueva época se abrió en 1978 y los pistoleros y sus amigos creyeron que podrían negarla a tiros. 33 años, más de 800 muertos y miles de víctimas después, tienen que claudicar y lo hacen sin plantear una sola exigencia, sino sólo unas bovinas recomendaciones para salvar la cara tras el pasamontañas.
España y su Gobierno no deben nada a ETA, esta no tiene opción y así lo entiende la inmensa mayoría de la gente. ¿Que no es el final? Por supuesto que sí. Hemos llegado aquí sin concesión política alguna, y cuando ETA vea que, a partir de aquí, seguirá sin haberlas en tanto no entregue las armas y se disuelva, tendrá que hacerlo, pues ese y sólo ese puede ser el objeto de las conversaciones con los gobiernos español y francés que la banda ya no exige, sino que implora.
Según Batasuna, la declaración no resuelve el conflicto. Quizá no. Lo que hace es eliminar la posibilidad de que sus gudaris lo decidan asesinando. Ahora veremos si hay o no conflicto y en qué consiste. Y lo veremos como pueblo civilizado, votando en paz y libertad. Sin ETA presente por primera vez en 33 años.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El Movimiento del 15-M ha recorrido un largo trecho desde las primeras acampadas de Sol, cuando las autoridades no sabían cómo tratarlo, si como ejercicio del derecho de manifestación o como problema de orden público. Por entonces se vertió todo tipo de juicios denigratorios sobre los perroflautas. Los amenazaron, los reprimieron con dureza. Pero ahí siguen.
Y han saltado al resto de Europa. Están en Bruselas. Han tomado Wall Street y el puente de Brooklyn. La Spanish Revolution en marcha en decenas de estados de Estados Unidos. Han desbordado las calles de Tel Aviv. Mañana, 15-O, probarán su fuerza real, echándose a la calle en toda España y en decenas de ciudades en todo el mundo, excepto en África, lo que es significativo. En contra del capitalismo y por un cambio global.
En un mundo en el que las instituciones democráticas son partidocracias con un grado de consenso por encima de lo normal, no es de extrañar que surja una oposición extraparlamentaria y básicamente no partidista. A tono con los tiempos de globalización, es mundial, no jerárquica, horizontal, espontánea. Es lo que llamaría Baumann una oposición “líquida”. Muy difícil de integrar en el sistema, porque no tiene forma definida ya que es asamblearia.
El 15-M se configura como un poder que no encaja en ninguno de los tradicionales, ni siquiera en el cuarto, el de la prensa. Es el poder de las redes. Es la presencia de la ciberpolítica, cuya sorprendente eficacia reside en que está capilarizada en una sociedad abierta en la que la información es prácticamente libre. El 15-M es parte de una realidad en la que también se da el fenómeno Wikileaks o gente como Murdoch comparece ante el Parlamento y es posible que ante los tribunales.
El 15-M es pura opinión pública, puro debate en una esfera pública no institucional que, sin embargo, se hace escuchar por las instituciones y de un modo directo, sin intermediarios, sin partidos ni grupos de presión. La existencia de ese movimiento que los poderes públicos no pueden ignorar, pero al que no saben cómo tratar, constituye la esperanza de una renovación de los sistemas democráticos, directamente cuestionados en sus fundamentos de legitimidad.
