Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Según el Cardenal Rouco en Alcalá de Henares se está persiguiendo inicuamente al obispo Reig Pla a causa de sus declaraciones sobre los homosexuales. Rouco las atribuye al amor cristiano de Reig por la especie y por sus ovejas descarriadas y/o enfermas. La mayoría municipal, en cambio, las considera inadmisibles por homófobas y merecedoras de algún tipo de ostracismo o expulsión a las tinieblas exteriores a Alcalá.
¿Y qué dijo exactamente el obispo para encrespar así la opinión pública? Vino a decir que la homosexualidad es una enfermedad que “se cura” con una terapia adecuada. Un disparate muy extendido entre mucha gente conservadora y tradicional bastante de la cual va más lejos y la considera un delito. En varios países acarrea la pena de muerte. O sea, no es asunto para andarse con frivolidades, aunque sean mitradas, pues fácilmente pueden convertirse en tragedias. Se empieza hablando de enfermedad y se termina haciéndolo de delito. Más claramente: esas declaraciones estigmatizan a los homosexuales y, por tanto, los persiguen.
En verdad, el obispo supuestamente perseguido, según Rouco Varela es el que persigue a una colectividad que no es de su agrado, la de los homosexuales y lo hace, además, con desprecio no ya de las virtudes cristianas sino del mero sentido común. La Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad en 1990. Carece de sentido que un obispo enmiende la plana en asuntos médicos a la OMS. Por eso los homófobos católicos recurren al término “desorden”, en un intento de ocultar sus intenciones, siendo así que “desorden” quiere decir enfermedad. Un obispo no es quién para determinar qué sea o no enfermedad y, si lo hace, está usurpando ilegalmente unas competencias profesionales.
Suele aducirse, llegada aquí la discusión, que, al fin y al cabo, la iglesia es una asociación privada voluntaria y habla para sus miembros y no para el conjunto de la sociedad y, en consecuencia, puede decir lo que le parezca y convenga a los intereses de la asociación. Nadie tiene derecho a perseguir a un obispo cuando habla a su grey, diga lo que diga. La validez de este argumento, obviamente, depende de que sea cierto que el obispo habla a su grey. Y no lo es.
En primer lugar, aunque las declaraciones se produjeron en el curso de un acto litúrgico, se transmitieron a través de la televisión pública, TVE2, en tiempo real. Esto de retransmitir las misas católicas mediante una radiotelevisión pública implica meter el culto religioso en todos los hogares, sean o no creyentes. Por supuesto, el creyente en otra religión o el ateo el domingo a las 12 del mediodía no tenían opción: o veían la misa del señor Reig y escuchaban sus disparates homófobos o se iban a alimentar los patos en el Retiro.
En segundo lugar, y ello es más grave, el obispo Reig no habló de y para el círculo de sus seguidores sino para el conjunto de la colectividad, no por lo que se refiere al auditorio sino por lo que hace al objeto del disparate, los homosexuales. El obispo Reig calificaba de “curables” a todos los homosexuales y no solamente a los homosexuales católicos. Imaginar esta segunda hipótesis sería completamente absurdo. Pero eso no puede ser óbice para una creencia religiosa que tiene a gala dar por ciertas cosas no ya absurdas sino directamente delirantes. Si, a pesar de todo, el obispo no restringe su “diagnóstico” a los homosexuales católicos sino que, al contrario, dice reafirmarse en su criterio da la impresión de que, en efecto, quien se dice víctima de una persecución es el que persigue a los demás. Y que haya montado un circo, obligando a todos los curas de su diócesis a predicar en misa en contra de algunos de sus semejantes por razón de su orientación sexual, no lo hace menos sino más perseguidor de su prójimo al que, según su religión debiera amar.
Que el gobierno se equivoque en la necrológica de Carlos Fuentes y lo haga padre de Artur Mas mueve a risa, pero no extraña. Algo de esto viene sucediendo con esa turbulencia diplomática en que Exteriores está metiéndose a cuenta de Gibraltar, moviendo reina en la partida y con Trillo de embajador en Inglaterra pero a la espera del “placet”. También mueve a risa, aunque más preocupada, y tampoco extraña. Como no extraña, aunque igualmente mueva a risa, escuchar al ministro Montoro leer la cartilla al agorero de Krugman con un argumento moral: que no deben pronunciarse profecías que pongan en riesgo a países. Él, sin embargo, contrapone un argumento científico y sostiene que el corralito en España es “técnicamente” imposible. La opinión sin duda agradecerá al ministro que explique cuál sea esa técnica sobre todo a la vista de que tendrá que entrar en acción en los próximos días, probablemente, en Grecia, en donde parece dibujarse un “pánico bancario”. Cómo se sale técnicamente de un pánico bancario sin un corralito.
Y no extraña porque el gobierno en pleno da la impresión de estar sin aliento. Lo dijo de Guindos, antes de pedir auxilio al Banco Central Europeo y las instituciones de la Unión. Lo recalca en una de sus escasas apariciones públicas Rajoy de forma inquietante pues dice hablar con líderes europeos y ninguno se refiere al posible rescate de España. En realidad es muy difícil ejercer ese liderazgo que se promete siempre fuerte, decidido, clarividente en épocas electorales, cuando se está en una posición que la prensa de la derecha calificaría de “genuflexa ante Merkel” si se tratara de un presidente socialista. Al tratarse de uno de los buenos, la actitud refleja la franca sinceridad que reina entre dos amigos entre los cuales no hay secretos.
Pocos gobiernos han perdido tan rápidamente el poco crédito que tuvieran. Todos los sondeos, encuestas, barómetros dan una imagen escalofriante del bajo concepto en que la opinión tiene a los miembros del gobierno, a su presidente, y del pesimismo con que ve su acción, en cuyo éxito no tiene ninguna confianza. No es consuelo que la oposición salga mejor parada. Es el gobierno el que no ha conseguido generar ese sentimiento del que decía estar seguro, la confianza. Al contrario, ha conseguido aumentar la desconfianza y por eso crece la prima de riesgo que es como la navaja de la verdad.
Es lógica la situación. Al gobierno toca habérselas con lo más feo de la crisis en una situación especialmente mala pues, por las medidas que se cree obligado a tomar, tiene enfrente prácticamente a toda la sociedad, banqueros, financieros, empresarios, sindicatos, actividades profesionales, jóvenes, parados, pensionistas, etc. En estas circunstancias resulta paradójico pero cierto que el único aliado con el que el gobierno puede contar, además de su partido, por supuesto, es el PSOE.
De hecho Rubalcaba parece haberlo entendido y por eso ofrece “pactos de Estado” al PP. Es sorprendente y no mueve a risa que el gobierno no aproveche la oferta y salga de su soledad fortaleciéndose parlamentariamente. No da la impresión de ver lo que, sin embargo, los socialistas sí parecen haber visto: la situación es tan grave que no solamente estamos jugándonos la estabilidad social y política del país sino la supervivencia de su casta política.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Nadie, ni la delegada del gobierno en Madrid que, contra lo presagiado, ha guardado una relativa calma, niega hoy que el 12-M del 15-M haya sido un triunfo. El movimiento que muchos daban por difunto ha probado estar tan vivo como siempre, tener más apoyos y simpatía que nunca, saber actuar políticamente, acertar en el diagnóstico de los problemas y confundir a los simplificadores con propuestas aparentemente impracticables.
Ya nadie duda de que, con sus peculiaridades y originalidades, su carácter urbano y festivo, su falta de estructura vertical, su esencia asamblearia y espontánea, el 15-M se ha labrado un hueco permanente en la vida política de nuestra sociedad. Ya nadie duda de que, a su modo, incorpora vías de acción social y protesta nuevas y difíciles de reprimir y de que, en definitiva, es una especie de revolución con ritmos pausados pero eficaces.
El permanente intento de criminalización del movimiento por las autoridades en plaza no solamente no consigue su objetivo sino que fortalece la protesta. La acción desconcertada de las fuerzas del orden cuya mera presencia pone de manifiesto la cruda diferencia entre unos ciudadanos pacíficos que ejercen sus derechos y un absurdo aparato de represión que parece hecho de robocops, prueba que no hay contraestrategia preparada para esta forma de protesta pacífica, masiva, legal, permanente. Lo mismo sucede con las patrañas y estupideces con que el frente ideológico del gobierno, sus periódicos y emisoras, tratan de desprestigiar el movimiento. En la tarea hay algún periódico que tal parece un comic sin gracia pero con mala baba.
El 15-M desborda fronteras y es seguido cada vez por más gente en muchos puntos del mundo, en un proceso de internacionalización de la protesta que acabará teniendo consecuencias. Y, desde luego, el apoyo con que cuenta en España probablemente sea el más alto con mucho del que registra cualquier otro fenómeno o institución, excluido el fútbol. En realidad, más que de apoyo, hay que hablar de imbricación social porque, con la incorporación de los yayoflautas, el 15-M es un movimiento representativo del conjunto de la sociedad, de todos los estamentos, actividades y generaciones. Es, en realidad, la propia sociedad que, sintiéndose agredida por le estafa disfrazada de crisis del capitalismo y desamparada por quienes hubieran debido protegerla, ha generado su propio mecanismo de resistencia: amorfo, horizontal, fragmentario, espontáneo, líquido, inaprensible y, por eso indestructible, poco más o menos como ella misma.
Porque es el caso que todos los problemas señalados por el 15-M, todos sus diagnósticos y valoraciones son hoy compartidos por el conjunto de la población. Nadie se atreve a negar que el capital domina las relaciones humanas, que la democracia es insuficiente e imperfecta, que los ladrones campan por sus respetos dentro y fuera de los poderes públicos, que los políticos son una casta venal, que las instituciones están corrompidas y no son representativas y que un 1 por ciento de la sociedad trata como mercancía al 99 por ciento restante. Se dice, sin embargo, que si el 15-M diagnostica con rigor es en cambio incapaz de encontrar soluciones. Es muy posible, pero lo mismo pasa con los que el 15-M juzga responsables de la catastrófica situación, los banqueros, políticos, medios de comunicación, financieros o guías espirituales: tampoco aportan solución alguna con una diferencia importante: que ellos cobran por aportarla y se benefician por no hacerlo.
Tras el primer año de venturosa existencia, el 15-M aborda el segundo con un nuevo objetivo: identificar a los responsables de esta crisis/estafa, investigar su comportamiento, enjuiciarlo públicamente y pronunciar las condenas a que haya lugar. Se trata de reconocer algo simple: la crisis responde a fallos, errores, delitos cometidos por seres humanos, no por las fuerzas del averno, tiene responsables y no hay que dejar que se vayan impunes, sino que hay que exigirles responsabilidades y que paguen por ellos. Todos esos banqueros que se han llevado primas millonarias por arruinar sus entidades y defraudar a los impositores, esos políticos corruptos al servicio del capital y sus propios bolsillos, toda la caterva de colaboradores, cómplices y defensores intelectuales deben afrontar la responsabilidad por lo que han hecho.
Se tardará más o menos pero, al final, los responsables de este desaguisado monumental y quienes han hecho fortuna con él quedarán expuestos al juicio público. La sociedad no parece dispuesta a tolerar que un conjunto de sinvergüenzas, incompetentes y mangantes pueda hundir con sus trapacerías el cuarto banco del país y salir no solo indemnes, sino enriquecidos.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Hace unas fechas, en una de sus habituales muestras de ignorancia, la ministra Báñez aseguraba que la soberanía reside en el Congreso con lo que, de un plumazo, contradecía la Constitución que la residencia en el pueblo y despojaba a este de tan preciado atributo. Probablemente no lo hacía con mala intención sino que se limitaba a reflejar sus conocimientos y su mentalidad conservadora para la cual la soberanía, esto es, la capacidad última de tomar decisiones reside en cualquier parte menos en el pueblo. Sobre todo si esa parte está controlada por mayoría absoluta por la derecha. En resumen lo que la ministra Báñez enunciaba era lo que los freudianos llaman un “acto reprimido”: lo que quería era que la soberanía residiera en su partido que controla el Congreso. Quería una dictadura de partido. El suyo.
Pero las cosas son de otro modo. La soberanía reside en el pueblo y no porque la Constitución lo diga, sino porque es así, diga la Constitución lo que diga. Lo mejor, desde luego, es que reconozca, como lo hace, esta competencia del pueblo. Pero, si no lo hiciera, no por ello iba la soberanía a ser atributo de alguien o algo distinto del pueblo, como tampoco lo será por más que Báñez quisiera adjudicársela a su partido o, incluso, a su presidente, Rajoy.
El pueblo, titular de la soberanía, puede delegarla en la institución representativa o bien, si estima que esta no cumple su función, que no representa a nadie, puede recuperar su ejercicio e iniciar su propia acción, como está sucediendo con los espontáneos movimientos ciudadanos como DRY o el 15-M entre otros, que coinciden en el objetivo de replantear el orden político, económico y social en su totalidad, de redactar de nuevo el contrato social, de abrir una nueva etapa constituyente que alumbre un orden nuevo, más humano, democrático y justo a través de la acción pacífica de la población que, como está ya muy claro, niega de hecho la ficción básica sobre la que estaba montado el gobierno liberal, esto es, el gobierno por consentimiento de los gobernados. Tenía que llegar el momento en que la gente no consintiera en seguir estando gobernada de esta manera y recabara su derecho a configurar una nueva forma de gobierno. El derecho del soberano a constituir una forma de gobierno distinta. Un derecho constituyente.
Todos los políticos del sistema, administradores u opositores de los poderes constituidos padecen una enfermedad profesional: creen que lo que administran es permanente, definitivo, eterno y que solo puede transformarse mediante las normas estatuidas a estos efectos. Ignoran en su soberbia que el soberano no puede estar obligado a aceptar normas previas ni siquiera acerca de las normas de reforma porque, si lo hiciera, no sería soberano, no sería un poder constituyente sino constituido.
Tampoco es de recibo la objeción de que el poder constituyente solo puede actuar cuando lo hace invocándose como tal con anterioridad porque es un poder originario y no depende que alguien ajeno certifique su actuación. Y menos aun lo es la habitual triquiñuela de la derecha de asegurar que el movimiento del pueblo soberano no es tal sino resultado de la acción subversiva de unos grupos organizados (y normalmente minoritarios) que agitan a las masas y se hacen pasar por el pueblo soberano. Aunque esto fuera cierto sería legítimo en la medida en que el pueblo voluntariamente siguiera las indicaciones de unos grupos que le mostraran el camino del ejercicio de la soberanía.
Pero es que, en el caso concreto del 15-M aquella afirmación/justificación es falsa. La jornada de hoy, del 12-M no es el resultado de la labor de agitación y propaganda de una minoría entre la masas sino que es el de un movimiento espontáneo de esas masas, esa multitud de ciudadanos conectados horizontalmente a través de las redes sociales, sin jerarquía, sin organización, sin estructuras y a los que, en consecuencia, es imposible reprimir preventivamente porque la acción es democrática y no depende de una cadena de mando, como sí es el caso de los aparatos de represión.
El poder político –especialmente el de la derecha- no entiende el fenómeno al que ha de hacer frente y quiere simplificarlo reduciéndolo a uno de orden público para así aplicar la única política que el espíritu conservador entiende: la de la represión. Solo la evidencia de un pueblo ocupando pacíficamente la calle en todo el país le obligará a recapacitar si bien, siendo realistas, tampoco es mucho lo que, a tenor de las manifestaciones de Báñez, Mato, Wert y otras lumbreras del gobierno, quepa esperar de esa recapacitación.
Por eso lo importante es que el pueblo soberano recupere su soberanía y, sin dejarse manipular por las provocaciones del gobierno, plantee la vía de la renovación del contrato social, de una nueva Constitución que debe pasar inexorablemente por el enjuiciamiento político y penal de los responsables de esta crisis, los políticos y los financieros de los últimos 15 años.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El gobierno del PP ha dado suficientes pruebas de un talante estricto, incluso autoritario en el modo de enfrentarse a las manifestaciones públicas que los ciudadanos hacen en ejercicio de sus derechos constitucionales, sean manifestaciones, concentraciones, huelgas o deliberaciones. Asimismo ha manifestado en diversas ocasiones una voluntad de endurecer el tratamiento legislativo de estos actos a fin de castigar con mayor contundencia las conductas que puedan considerarse ilegales a raíz, precisamente, de esos cambios legislativos. La tendencia es a simplificar, a tratar como cuestiones de orden público las manifestaciones de la conflictividad política y social que se da siempre en toda sociedad compleja, sin mayores distingos ni miramientos. Es la vieja idea conservadora de que la paz social solo se consigue mediante una política represiva, sin pararse a pensar si pueden tomarse otras medidas que desactiven los conflictos sin necesidad de abrir la cabeza a la gente.
Esta ya prolongada crisis a la que no se ve final ha sido un cataclismo económico y social. Ha empobrecido al conjunto de la sociedad, ha abocado al paro a una quinta parte de población activa, incide negativamente sobre la estabilidad y la formación de familias, aniquila las expectativas de futuro de la juventud, despoja a sectores enteros de prestaciones que les son vitales, profundiza las desigualdades a extremos clamorosos, etc. Todo ello, no es de extrañar, genera una conciencia colectiva de desánimo, nerviosismo, resistencia, protesta, indignación que es perfectamente comprensible. Las autoridades no pueden ignorar que no es lo mismo policiar una sociedad tranquila, integrada, satisfecha que otra en turbulencia, polarizada y muy tensa.
Los previstos actos de mañana, 12-M, convocados por el movimiento 15-M, se han encontrado en la delegación del gobierno con un muro no ya de falta de comprensión o simpatía, sino de clara dureza y hasta hostilidad. Casi da la impresión de que las restricciones al derecho de manifestación impuestas por Cifuentes sean una especie de provocación para que el 15-M desborde los cauces pacíficos y se pueda justificar la represión para la cual ya se han hecho abundantes y públicas provisiones, con miles de agentes sobre el terreno.
Es absurdo proceder de este modo. Lleva a la confrontación. Pero no hay duda de que es lo que se busca. Así se entiende la afirmación de Aguirre que condena el “tomalaplaza” con el argumento de que se trata de una “privatización” de un espacio público. Debe de ser lo único a cuya privatización se oponga la presidenta de la Comunidad.
Además del derecho de manifestación, en la deriva autoritaria general, el gobierno de la Comunidad restringe o suprime el de libertad de expresión. El cierre de la plataforma que permite emitir a “TeleK” y dos o tres canales críticos más es un atentado también contra el derecho a la información y a la pluralidad informativa. Lo que la derecha quiere son canales como Telemadrid, literalmente al servicio del gobierno autonómico y de su partido con el dinero de todos los contribuyentes. Esta situación, por cierto, no tiene nada que ver con el liberalismo.
Por todos estos motivos, entre otros, es necesario que publico.es sobreviva y se estabilice como plataforma de un pensamiento y una información críticos. Solo la pluralidad de fuentes garantiza la libertad de elección del público que, como los liberales de verdad saben bien, es el requisito de la libertad a secas.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El negocio de la banca es generalmente discreto. Los banqueros no gustan estar en titulares de prensa, no quieren ser noticia de primera. Todo eso refleja sobresaltos que ponen en cuestión el buen nombre de las entidades, generan desconfianza en la seguridad de su acción y arriesgan dar con ellas en tierra. La gestión de la crisis de Bankia parece haber estado dictada por criterios contrarios a los anteriores: rumores, noticias, más rumores, más noticias, dimisiones, declaraciones, suposiciones, giros repentinos, propuestas contradictorias. Un espectáculo de desconcierto e improvisación que muestra particular impericia en los gobernantes.
A estas alturas nadie sabe con exactitud cuál es la situación real del cuarto banco español que, hasta la fecha, al parecer, no ha rendido cumplida cuenta de su acción. Por eso se lo describe como el obstáculo a que las medidas del gobierno tengan el efecto que buscan. Algo que Rajoy no se explicaba hasta que alguien le sopló que el problema era Bankia (de la que los mercados no se fiaban) y el problema del problema, Rato. En 36 horas Rato estaba en la calle y su delfín Goirigolzarri tomaba posesión como administrador efímero porque se limitó a transferirla en el mismo acto al Estado. Tal fue la brevedad que cabe preguntar por qué no hizo la transmisión el propio Rato. Probablemente porque su visión era la contraria; por lo menos dejó tras de sí una declaración triunfalista según la cual Bankia está en perfecto estado de salud y no necesita intervención alguna.
Al nacionalizar la entidad, el gobierno puede estar haciendo un buen negocio o un negocio ruinoso, según cómo esté aquella, si como dice Rato o como supone su sucesor. Lo segundo debe de ser lo cierto dado que la derecha no nacionaliza sino que privatiza los beneficios. Son las pérdidas las que socializa y eso es lo que hace ahora. Si el dinero público que se aporte es o no a fondo perdido es una discusión inane; a la larga, será a fondo perdido y, en todo caso, no estará disponible aquí y ahora para situaciones de emergencia que, por desgracia, son ya habituales en el quinto año de la crisis.
La intención del gobierno, porque así está en la norma, es devolver a la iniciativa privada las entidades intervenidas y nacionalizadas tan pronto estén saneadas. Esto no lo hacen los Estados con las pequeñas, las medianas ni siquiera las grandes empresas. Pero sí con los bancos por su importancia estratégica. La cuestión en este caso es cómo se sanea. Da la impresión de que la banca trata de descargar todo su volumen enfermo de ladrillo en el Estado. Esto quiere decir descargar sus pérdidas sobre la sociedad en su conjunto no solo ahora sino también en el futuro ya que, obviamente, el único modo que tiene el Estado de liberarse de la acumulación del ladrillo es deprimiendo el mercado de la construcción y la vivienda durante los próximos años. Es decir, el resultado de la socialización de las pérdidas de Bankia, aparte de resolver el problema de esta, es generar un nuevo conflicto social entre oferta y demanda de vivienda en propiedad o alquiler.
Conseguir que lo que ahora se nacionaliza se mantenga en el ámbito público y no sea reprivatizado posteriormente una vez vuelva a generar beneficios mientras la sociedad sigue pagando por los errores (o las ilegalidades) de otros, es algo que pondrá a prueba la fuerza de la izquierda.
Abro con un aplauso a mi colega, José Manuel Gómez Benítez, no solo por su indudable calidad académica sino por haber tenido el raro valor de cumplir con su deber en un país en el que tal cosa es una quimera. Su deber es trasladar a la justicia las pruebas que tenga de lo que de buena fe considere como un comportamiento ilegal y punible de un colega. Es un deber tanto más arduo cuanto que ha de cumplirse en contra de la tendencia al corporativismo que se da en la administración española, la de justicia incluida. Cree Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha cometido un delito de malversación de fondos y ha procedido a denunciarlo ante el órgano competente.
Por supuesto el magistrado Carlos Dívar está protegido por el principio de presunción de inocencia y, en tanto no se demuestre fehacientemente lo contrario, aquí no volverá a hablarse de él. Pero tampoco se dejará sin consideración la complicada situación en que la denuncia deja al resto de vocales del COPJ, obligados probablemente a declarar si conocían los hechos o no, aunque siempre podrán decir que no les parecen constitutivos de delito, toda vez que ello está aún por demostrarse.
Innecesario decirlo, los hechos que describe la denuncia y muestra la prensa resultan familiares a una opinión pública tan frecuentemente escandalizada por el comportamiento de la clase política que considera a esta el tercer problema colectivo en orden de gravedad tras el paro y la situación económica, si bien a considerable distancia de ellos. Hace ya bastantes años que los políticos constituyen lo que llama Daniel Montero la casta, haciéndose eco del exitazo de ventas del mismo nombre en Italia, de los periodistas Antonio G. Stella y Sergio Rizzo. En ambas obras se da cumplida cuenta del extraordinario, depilfarrador y hasta estrambótico régimen de privilegios que se han autoasignado los políticos de todos los niveles en los dos países así como el mucho más populoso mundo de sus allegados en la forma de asesores, consejeros, ayudantes o colaboradores.
Los sueldazos astronómicos, las laxas incompatibilidades, los complementos de todo tipo, dietas, viáticos, gastos protocolarios, las pensiones, las subvenciones, los ceses dorados, la libre disposición de cualesquiera medios de transporte, todo ello dibuja un panorama de lujo y privilegio que no desmerece en mucho el boato de la nobleza en el antiguo régimen, máxime si se tiene en cuenta que la situación del pueblo llano, vuelve a ser, como lo era entonces, angustiosa. Suele la opinión tomar conciencia de estas hirientes desigualdades y privilegios en el momento en que sus beneficiarios, además, se ven obligados a comparecer ante la justicia por la comisión de algún delito. Se revelan entonces narraciones alucinantes de tarjetas oro, hoteles de lujo, comisiones millonarias, tráficos de influencias, extorsiones, prevaricaciones faraónicas, todo ello con una conciencia de impunidad que indigna y subleva a una población a la que muchos de estos presuntos corruptos, malversadores, despilfarradores de los caudales públicos sermonean constantemente que no debe vivir por encima de sus posibilidades y que debe aceptar mermas y recortes dictados por ellos, los Supremos, quienes, sin embargo, jamás se aplican las restricciones que imponen a los otros.
Son los privilegios de la casta política y las extendidas corruptelas de la administración pública, muchas veces interrelacionadas, los principales responsables del desprestigio de las instituciones democráticas y de la desafección de la ciudadanía hacia ellas pues no parecen capaces de garantizar que los políticos observen un comportamiento virtuoso con voluntad desinteresada de servicio público.
La deslegitimación de las instituciones democráticas es la puerta de entrada del totalitarismo del signo que sea. Se le busca remedio o todos tendrán que ponerse en pie en actitud de respeto cuando entre el líder. Ese también el Supremo.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La última peripecia de Rodrigo Rato ha suscitado un verdadero escándalo sobre todo por el grado de negligencia, incompetencia y corrupción del conjunto del sistema que pone de relieve. Se han escuchado muchas voces indignadas pidiendo que se abra en España un proceso similar al de Islandia hace unos años. No es mala idea. Pero, para evitar que la desactiven con el habitual argumento de la incomparabilidad entre los dos casos, convengamos en que lo que se quiere imitar de Islandia no son las medidas o actos concretos sino el principio general de abrir una investigación pública, con participación de la ciudadanía, acerca de la forma en que las autoridades políticas, económicas y financieras han gestionado la crisis. En otras palabras un examen público del funcionamiento de las instituciones de la totalidad del sistema pues está quedando claro que es defectuoso, a veces incomprensible, lleno de vicios, claramente injusto, con frecuencia ilegal y plagado de corrupción.
Por eso es legítimo plantear un proceso “islandés” en cuanto examen y evaluación públicos del funcionamiento de nuestro sistema supuestamente democrático. Motivos sobran, están en el ánimo de todos: desde el paro a los desahucios, desde el clientelismo al despilfarro, pasando por los recortes, las privatizaciones de beneficios y socializaciones de pérdidas, las ruinas de las empresas y las jubilaciones áureas de quienes las arruinan, el conjunto produce la impresión de una irracionalidad en la que rige la ley del más fuerte, el más rico, el más influyente. A los unos se los indulta; a los otros se les aplica la legislación vigente.
Lo primero que llama la atención es la deliberada mezcla de lo público y lo privado, fundamento de toda corrupción. La misma política de privatizaciones desde los poderes públicos es una burla que, a veces, se prolonga en el tiempo. Un gobernante privatiza una empresa pública y seis años después la empresa “privada” lo nombra asesor con una paga suculenta. Eso ¿cómo se llama? Nada porque, fuere lo que fuere, a los cuatro o cinco años habrá prescrito. Se niegan los conflictos de intereses. ¿Acaso los políticos, los parlamentarios encargados de hacer las leyes no se sitúan por encima de ellas? Por ejemplo, el incumplimiento de la Ley de incompatibilidades es clamoroso, a veces mediante fraude de ley, a veces porque sí.
Las instituciones encargadas de controlar los poderes, el Parlamento o los tribunales, no funcionan. Por la misma dinámica del sistema que, gracias a un pintoresco sistema electoral proporcional, consigue mayorías absolutas, el Parlamento no controla el gobierno. Solo los tribunales de justicia ejercen alguna fiscalización, constantemente interferida por los partidos políticos, cuyo predominio en el funcionamiento institucional es, al mismo tiempo, imprescindible y muy perjudicial.
Los partidos no suelen ser transparentes y dejan mucho que desear en cuanto a su funcionamiento interno democrático pero, al controlar todos los poderes del Estado (con mayor o menor eficacia) se han constituido en unos estados dentro del Estado y han consolidado su posición independizándose de los avatares sociales mediante la financiación pública. Esta está en el origen de una serie de contubernios en los que el Tribunal de Cuentas resulta inoperante y que apuntan a uno de los puntos más negros del funcionamiento de la democracia: la confusión de intereses entre los partidos y los bancos, unos bancos que pueden dar trato de favor a unos partidos que luego legislan sobre ellos y los favorecen. Y el régimen de intercambio de prebendas no se limita a los bancos y los partidos sino que se extiende a las empresas en general y los organismos de la administración pública gestionados por los partidos. Mismas componendas, mismos tratos. Los favores se pagan luego con puestos para los políticos cuando dejan de serlo o para sus parientes y allegados ahora mismo. Donde media el oro no existe el decoro.
Quiere la teoría política pura que los medios de comunicación ejerzan esa función fiscalizadora de los poderes que está abandonada y que, además, la extiendan a las relaciones entre lo privado y lo público. Pero es difícil que lo hagan dado que los medios son, en primer lugar, empresas y, como tales, dependientes de las relaciones que se establezcan con los poderes públicos y los partidos y las posibles colusiones de intereses.
La conciencia de que el sistema está viciado, que no funciona, que es ineficaz, corrupto e injusto, está muy generalizada, es compartida por la mayoría de la población como muestran los barómetros del CIS y los sondeos sobre popularidad de políticos, partidos, instituciones, sobre prestigio de estas o de las magistraturas. Lo que nadie tiene claro es cómo darle forma práctica.
Eso es, en cierto modo, lo que la gente espera de movimientos como el 15-M, razón por la cual estos tienen tanto apoyo; una innovación radical, un giro copernicano, una refundación del orden socio-político. Y lo espera, además, sin violencia y sin revolución. Quizá esté aquí el meollo de la cuestión. El término “perroflautas” recuerda el de “sans-culottes”, pero solo en la forma. ¿La participación pacífica y espontánea de la gente en asambleas y manifestaciones puede conseguirlo? Si no tienen un seguimiento masivo, es dudoso. ¿Las convocatorias y movilizaciones a través de las redes sociales? El gobierno se apresta a considerarlas delitos. No hay duda de que el tiempo está abierto.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Jornada memorable la del domingo. Desde el mar del Norte al Egeo, los europeos han dicho “no” a las políticas neoliberales de recortes, ajustes, mermas en ingresos, salarios y servicios; han dicho “no” a sacrificarlo todo ciegamente a una estabilidad presupuestaria imposible de alcanzar porque se alimenta de devorar el mismo presupuesto que pretende estabilizar. Se han sublevado contra las imposiciones de los llamados “mercados”, perífrasis con la que se designa hoy el dominio absoluto del capital a través de sus trujamanes de la derecha en todo el mundo; se han sublevado contra la imposición de un pensamiento único que, en virtud de una falsa ortodoxia económica, pasa por encima de la soberanía popular, destroza el espíritu democrático y trata de destruir el Estado del bienestar. Todo lo sual, por cierto, comenzó en marzo en Andalucía.
La clara victoria de François Hollande fue el momento estelar de la jornada. Nicolas Sarkozy es el primer presidente que no repite mandato en treinta años. Pero no se trata solamente de que este fuera ya insoportable sino de que el programa de Hollande es lo suficientemente atractivo para asegurarse la mayoría. Tanto que se dice que es muy difícil, si no imposible, articular una política socialdemócrata. Quien quiera saber cómo se hace, que lea el texto del triunfador en las elecciones franceses. El PSOE, por ejemplo, que nada en la ambigüedad, a punto quizá de cometer su último error de imitar el silencio del PP a fin de ganar elecciones, podía traducirlo al castellano y firmarlo, ya que no es capaz de redactar uno propio. Y defenderlo con la seguridad que da el respaldo popular. Empezando por la República y cerrando el paso a ese subrepticio monarquismo que está abriéndose paso en el partido de Pablo Iglesias.
Menos vistosos, pero no menos significativos, son los resultados en el Land de Schleswig-Holstein, en Alemania: 30% del voto para la CDU y el SPD respectivamente; 13% para los Verdes, 4% para la minoría danesa (para la que no reza la barrera del 5%); 8% para los liberales y el Partido Pirata respectivamente, mientras que el Partido “Die Linke” (“la izquierda”, heredero de los comunistas) queda fuera del parlamento de Kiel al no superar la barrera del 5%. Lo previsible es un gobierno “semáforo”-danés, esto es, una coalición de los socialdemócratas con los verdes y la minoría danesa. La que queda expresamente desechada es la Gran Coalición (negro/rojo) al tiempo que es imposible la repetición de la coalición negra/amarilla (esto es, democristianos y liberales) que gobierna el conjunto de Alemania y no alcanza la mayoría necesaria. Conviene recordar que es la décima derrota electoral que encaja la derecha germana, lo cual permite augurar una victoria socialdemócrata el año que viene si las circunstancias no obligan a una elección anticipada.
A su vez, todo el mundo ha estado pendiente de los resultados en Grecia, el país más castigado de la Unión por las políticas de la derecha neoliberal en contra de la crisis que lo único que hacen es agravarla, profundizarla, prolongarla con la finalidad de desmantelar el Estado del bienestar y aumentar la tasa de explotación de los trabajadores. Las convulsiones callejeras pasadas de Grecia se han trasladado al Parlamento. Es probable que los dos partidos del sistema, Nueva Democracia y los socialistas del PASOK, no consigan mayoría para formar un gobierno de coalición que acate mansamente el “Diktat” de los organismos financieros internacionales y de Berlín en concreto. La coalición de izquierda, Syriza, queda en segundo lugar y algún otro grupo comunista, como el Partido Comunista, consigue más del 8% del voto, algo tan insólito como el casi 7% del partido neonazi. El FMI ya se ha apresurado a amenazar a los griegos con retener los fondos del rescate si el país adopta una actitud que no sea sumisa a las imposiciones del capital. Al margen de la inmoralidad y la ruindad de esta amenaza, es claro que Grecia ha votado más o menos como Francia y como el Schleswig- Holstein: no a la política neoliberal de hundir a los países con el fin de restablecer la tasa de beneficio del capital.
Paradójicamente, España queda una vez más al margen de la corriente que apunta en Europa y, como siempre, yendo en sentido contrario. Así como, al acabar la segunda guerra mundial, los aliados permitieron que el fascismo, derrotado en el continente, prosiguiera en España durante 40 años, es posible que volvamos a tener la mala suerte de quedar en manos de esta derecha neoliberal y nacionalcatólica, heredera de la de los 40 años, y obsesionada por expoliar a los españoles, mientras el resto del continente, acabada la pesadilla de la crisis-estafa de la derecha, reemprende el camino de la estabilidad y el crecimiento.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El comportamiento de Esperanza Aguirre tiene dos diagnósticos posibles, según la escuela de quien diagnostica. Para unos es una política con ideas claras y firmes. Para otros, una neurótica compulsiva. Sus propósitos sobre las CCAA reproducen los clichés de la derecha nacionalcatólica y hay poca distancia entre ellos y el juicio de “charlotada” que las autonomías merecían a su mentor ideológico, el entonces “falangista independiente” José María Aznar. Pocas bromas con la unidad de una patria que quieren imponer a cristazos.
Sus belicosas observaciones sobre los sindicatos reflejan paladinamente el pensamiento de los empresarios que, como Aguirre, únicamente van a lo suyo. Los ve cayendo como el muro de Berlín. Quizá ignore la presidenta la envidiable salud de los sindicatos alemanes o quizá no, y se limite a ocultarla. Porque Aguirre, como los patronos, no se equivoca nunca en la estrategia y la táctica que consiste en no perdonar, no dar respiro y atacar siempre. Por eso es “cojonuda”, según el otrora jefe de los empresarios y hoy presunto delincuente Díaz Ferrán.
¿Por qué esta inquina frente a organizaciones legales, legítimas, protegidas y amparadas por la Constitución? ¿Por qué no dice lo mismo de las asociaciones de empresarios? ¿Por qué no van a caer estas como cayó el campo de Auschwitz? Muy sencillo, porque, una vez que no quedan partidos de clase, los sindicatos son el último refugio, el último bastión de defensa de los trabajadores. Y sobre él hay que concentrar el fuego. Los empresarios y su Marianne Aguirre quieren una clase trabajadora dividida, desorganizada, desprotegida porque así se la explota mejor y no desluce las inauguraciones verbeneras con que Aguirre disimula el despilfarro de su gestión.
En el capitalismo la política es una forma de guerra y de guerra civil entre el trabajo y el capital, como queda al descubierto cuando la crisis hace a un lado las medias tintas y la patronal va por todas, conquista el Estado y trata de emplearlo como un ariete en favor de sus privilegios, de la explotación, la desigualdad y para despojar a los asalariados de todos sus derechos. Para eso ganó la derecha las elecciones, aunque fuera mediante recurso a la supuesta financiación ilegal vía Gürtel y de la que sandunguera Aguirre dice no saber “ni pío”.
En ese camino, los sindicatos son un obstáculo y si la derecha pudiese, los ilegalizaría, como ilegalizaría la oposición política de tener ocasión. De hecho ya lo está haciendo con la oposición extraparlamentaria. De ahí la impaciencia de Aguirre y el hecho de que, a falta de un buen Decreto-Ley que prohíba los sindicatos, los deslegitime, los desprestigie y los insulte sin parar, en uso de la vieja táctica de jayán de feria de provocar al contrincante para recurrir luego a la fuerza.
Los sindicatos tienen una difícil tarea por delante. Tienen que articular la resistencia social a un gobierno que, con el beneplácito de las Aguirres en plaza, pretende devolver las relaciones laborales a los tiempos anteriores a Dickens, en los que las marquesas inflaban sus egos reprimidos haciendo caridades con los pobres y los huérfanos.
