Tags: economía políticaRAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Esta crisis, cuya existencia negó Zapatero durante meses perdiendo un tiempo precioso para combatirla, es producto de la política neoliberal que las sociedades avanzadas llevan años practicando. Su responsabilidad inmediata recae sobre los especuladores, financieros y banqueros, el meollo del capitalismo bandolero contemporáneo que llevó su codicia al límite de lo delictivo o lo traspasó. Esto es obvio y sólo quienes siguen lucrándose con la catástrofe lo niegan y llevan su desvergüenza a proponer como remedio las recetas del desastre.
En la mayoría de los países ha habido recesión, aumento del paro y crisis bancaria y financiera que los gobiernos han combatido rescatando las entidades en riesgo con cargo a los dineros públicos. En España, en cambio, el Gobierno aseguró que el sistema bancario era sólido y, sin embargo, en línea con el entorno, creó un fondo de rescate de los bancos y derivó cuantiosos fondos públicos en su favor que, junto a los irresponsables dispendios de la época del superávit presupuestario, algo habrán hecho para convertir este en un déficit insoportable.
Aparentemente los bancos se sirvieron de esos fondos no para incentivar la economía, sino para sanear sus cuentas y mantener sus beneficios. La mayoría padece la crisis y la minoría se lucra con ella.
Con una tasa de paro que duplica o triplica la de otros países, el Gobierno empezó aplicando lógicas medidas keynesianas clásicas, además de las perversas de financiar a la banca, según su declarado propósito de impedir que paguen los más desfavorecidos. Luego de algún tímido esbozo del tipo del Plan E y mucha huera retórica, el mismo Gobierno ha claudicado ante el chantaje de las instituciones financieras y las agencias de calificación (cómplices y autoras directas del desastre), abrazando las recetas neoliberales causantes de la crisis, con lo que esta ya la pagan y la pagarán más los sectores desfavorecidos. Y no es de ahora: el Gobierno que aprobó la directiva de la vergüenza y que no hizo ascos iniciales a la jornada de 65 horas ha eliminado los incentivos y beneficios que otorgó en su día, ha incrementado la presión fiscal indirecta, quiere subir el IVA, pretende prolongar la edad de jubilación, rebajar las pensiones aumentando el periodo de cálculo (los políticos tienen uno de once años, que ya es sangrante), recortar el gasto público, precisamente el eje de la respuesta keynesiana, y realizar una reforma laboral que, salvo sorpresas, irá en detrimento de los trabajadores.
En el otro lado: se ha ido al rescate de la banca, se mantiene el abuso de las Sicav, hay un alto fraude fiscal (nadie ha tocado los paraísos fiscales en el exterior), la renta media declarada de los empresarios en España es inferior a la de los trabajadores, se mantienen los desorbitados primas y sueldos de los altos cargos (políticos incluidos) y nadie osa gravar los beneficios del capital industrial y financiero.
Con un Gobierno socialdemócrata la crisis la pagan los desfavorecidos y de ella se lucran los privilegiados. “Zapatero, no nos falles”.
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Catedrático de Ciencias Políticas
La democracia, con su tendencia a la polifonía, aunque haya voces que desentonan, muestra la complejidad de ciertos problemas que no se despachan con recetas simples. Así se ve en los tres que más preocupan hoy: la política hidráulica –de recia antigüedad en esta tierra de secarrales–, la inmigración (Vic) y la energía nuclear (Yebra, Ascó) –ambos de estricta novedad–.
Los tres son enrevesados, con efectos contradictorios, suscitan reacciones viscerales en quienes los padecen directamente, sobre todo en coyuntura de crisis, y se enquistan en conflictos que sólo se resolverán, si se resuelven, mediante el debate razonado, propio de una democracia deliberante. Para eso, sin embargo, los interlocutores han de tener sus posiciones claras. Y no es el caso.
El Gobierno y su partido vacilan y se dividen al abordar estas cuestiones. En lo nuclear, su actitud pragmática hoy contrasta con las promesas electorales de ayer, de un ingenuo negativismo; la inmigración hace que dos ministros (Blanco y Rubalcaba) se contradigan de medio a medio, y la cuestión del agua enfrenta a sus organizaciones territoriales.
El caso de la oposición conservadora es mucho más grave. Su discurso es un guirigay, un galimatías. El problema del agua llevará la inquina interna a los tribunales si el presidente popular de Murcia cumple su amenaza de denunciar a la secretaria general de su propio partido. El cementerio que para sí desea Yebra puede ser el de la carrera política de dicha secretaria si se obstina en ejercer una potestad disciplinaria que no posee en exclusiva. La inmigración provoca enfrentamientos dialécticos entre un sector más restrictivo y otro más permisivo del partido, ambos pendientes de su rentabilidad electoral.
Es el caso que ese desconcierto en el Partido Popular no puede resolverse por un pronunciamiento de autoridad, como es querencia de la formación, porque quien ha de ejercerla carece de ella, dada su incapacidad para entender la complejidad de las cuestiones. En el asunto de los cementerios nucleares, Rajoy dice no tener formada una opinión, lo que es asombroso en quien preside un partido inequívocamente pronuclear. En el del agua tampoco tiene criterio o sólo él lo sabe. Su insólita propuesta de reconocer a los inmigrantes ilegales el derecho a la educación y a la sanidad sin necesidad de empadronarlos, por su mera condición humana, ignora que ya los tienen por residentes, no por empadronados. El padrón, mero registro estadístico, no genera derechos, pero separar estos de aquel sí provoca dificultades administrativas innecesarias. En resumen: el presidente del PP no tiene nada que decir o, si lo dice, no sabe de qué habla.
Así las cosas, la deliberación es imposible. Afortunadamente hay más interlocutores en la sociedad civil, en especial en los medios de comunicación. Es necesario que estos aporten argumentos contrastados que ayuden a la clase política a salir de su marasmo, sobre todo los digitales, en los que hay tanta participación ciudadana. Claro que, para ello, convendría que algunos mitigaran su carácter partidista, porque no sirve de nada.
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Catedrático de Ciencias Políticas
Una de las acusaciones más frecuentes de la oposición conservadora al Gobierno es que carece de proyectos concretos y actúa a golpe de improvisaciones y ocurrencias. Es decir, que funciona de modo oportunista. Sin embargo, tal parece ser la línea de conducta de esa misma oposición en lo que constituye un ejemplo claro de mecanismo de transposición o proyección.
A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, recurrido por el PP, el presidente de honor del partido requiere a Rajoy para que defienda más la unidad de España. Pero, en casi todas las cuestiones concretas que configuran esa unidad, la política del PP es distinta, incluso opuesta a sí misma, en cada comunidad autónoma. Recurre en un estatuto lo que aprueba en otros, se opone a la posible prohibición de una fiesta en Catalunya que él mismo suprime en Canarias o rechaza en unas comunidades en que gobierna la implantación de medidas del Gobierno central que acepta en otras.
Ante el riesgo del agravamiento del escándalo de corrupción con el desarrollo procesal del caso Gürtel, aprueba súbitamente un nuevo código ético que, sin embargo, no aplica a los casos pendientes ni a los que sobrevienen.
Enfrentado el partido a reiteradas acusaciones por espionaje ya en los tribunales, responden sus dirigentes formulando otras al Gobierno de igual naturaleza pero mayor calado sin substanciarlas en la vía judicial.
Requerido reiteradamente a que explicite sus fórmulas para resolver la crisis, especialmente en el aspecto del desempleo, Rajoy propone una nueva forma de contrato laboral que reduzca la indemnización por despido a cambio de mayor estabilidad, siendo así que la estabilidad depende en buena medida de la indemnización.
Animado el PP a manifestar lealtad institucional, no es infrecuente que juegue con la estabilidad de las instituciones –bloqueando la renovación de órganos– o que cuestione el funcionamiento de aquellas, sea el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad del Estado.
Exhortado a abstenerse de utilizar los asuntos de Estado –desde la lucha contra el terrorismo a la política exterior– para hacer política de partido, recrudece su oposición bien condicionando el apoyo al Gobierno, bien cuestionando o desacreditando su política exterior.
Es cierto que, a más de dos años de las elecciones generales, los sondeos reflejan una pequeña ventaja del PP en intención de voto que corre paralela con el hecho ominoso de que Rajoy aparezca siempre peor valorado que Rodríguez Zapatero. Al margen de que, tratándose de un Gobierno que ha de hacer frente a la peor crisis económica de los últimos tiempos, aquella ventaja resulta casi insignificante, el hecho es que la oposición no muestra proyecto coherente alguno que permita consolidarla y hacerla realidad. Al contrario, da la impresión de actuar según los vicios de que acusa al Gobierno, acumulando ocurrencias e improvisaciones, con lo que, mediando algún tipo de recuperación económica ya en ciernes, resulta verosímil que en el momento de la votación aquella ventaja se trueque en desventaja.
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El acto del domingo en Madrid en defensa de la familia cristiana, preparado y escenificado por la Conferencia Episcopal Española y la organización ultra Camino Neocatecumenal, fue un peligroso alarde de intolerancia. Su discurso en defensa de una institución a la que nadie amenaza niega de plano la realidad contemporánea de unas sociedades abiertas y plurales. Su reducción de la familia a la cristiana, y esta a la versión restringida que propugna el integrismo católico vaticano actual no es compartida ni por la inmensa mayoría de los mismos cristianos al lado de la cual los miles de manifestantes del domingo no son prácticamente nada.
Sostener que el aborto y el divorcio constituyen un peligro para la familia cristiana tradicional da la espalda al hecho de que en las sociedades en que se admiten las dos prácticas, casi todas ellas de mayoría cristiana, la familia clásica no ha perdido terreno social en sentido estadístico alguno. Al decir que sólo es cristiana y familia la unión de un hombre y una mujer, el obispado español y sus amigos neocatecumenales se arrogan el derecho a negar aquel carácter a las uniones entre personas del mismo sexo, incluidas las que forman muchas parejas homosexuales que, pese a todo, se consideran cristianas y, por lo tanto, lo son, como bastantes curas anglicanos o como los obispos episcopalianos de New Hampshire, Gene Robinson, y de Los Ángeles, Mary D. Glasspool, gay él y lesbiana ella.
Decir que únicamente gracias a la familia cristiana así concebida siguen naciendo niños en Europa raya en el delirio por cuanto implica que los hijos de familias heterosexuales europeas no cristianas no son niños o no son europeos. Y, además, desconoce la realidad de las familias monoparentales con hijos, incluidas las mujeres solas madres por
diversos métodos, entre ellos el de la inseminación artificial como era el caso de la secretaria general del PP antes de contraer matrimonio.
Es obvio que sólo desde el fanatismo y la intolerancia más cerril puede predicarse en plaza pública tal cantidad de dislates y atentados contra los derechos de terceras personas. Porque este es el punto crucial de la cuestión: que así como las otras formas de familia no niegan el derecho de los católicos a formar las suyas según establezcan sus doctrinas y experiencias, la jerarquía española por medio del Vaticano sí niega a aquellas su derecho a la existencia.
Por fortuna, en la mayoría de las sociedades europeas rige el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. De no ser así ya estaríamos de vuelta a épocas de siniestras persecuciones. Y, por fortuna, también en España rige el principio de no confesionalidad del Estado que, reconoce y ampara a todas las religiones, no sólo a la católica; y el Estado es de Derecho, lo que quiere decir que también reconoce y protege todos los que la ley reconoce, por ejemplo el de los/las homosexuales a contraer matrimonio entre sí, a fundar familias y a tener hijos ya que estos no pueden ser monopolio de la forma de familia que se antoje al Vaticano, a monseñor Rouco y a los neocatecúmenos.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
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Los curas vascos son una fuerza política en sí mismos. Casi una fuerza de la naturaleza, y su encaje en el conjunto de la Iglesia española de siempre ha sido problemático. Franco fusiló pocos curas, ya que el clero en general le era adicto pero, de los pocos que fusiló, casi todos fueron vascos.Únicamente el clero de Euskadi osó oponerse en conjunto a la dictadura, como se prueba por el famoso escrito de los 300 curas vascos en 1960 en defensa de su pueblo y en contra de las prácticas del régimen que, a su vez, abrió una “cárcel concordataria” en Zamora para curas de nuevo en gran medida nacionalistas vascos.
Durante la democracia, el clero de Euskadi, con sus obispos al frente (obispos de la casta de aquel monseñor Añoveros que también se las tuvo tiesas al dictador), ha venido manteniendo una actitud en el llamado “conflicto vasco” que lo incardina dentro del horizonte nacionalista. La derecha española ha criticado acerbamente esa posición, acusándola de tibieza frente al terrorismo cuando no de franca complicidad con los terroristas. Es la misma derecha que en numerosas ocasiones ha hecho causa común con la Iglesia española en cuestiones mundanas, desde la defensa de la familia tradicional supuestamente atacada por el reconocimiento de los derechos de los homosexuales hasta la oposición a la enseñanza de la ciudadanía, pasando por la reforma legislativa del aborto.
La política, como la naturaleza, tiene horror al vacío, y en el caso de la Iglesia, una institución que, sin demérito de su supuesto carácter divino, es radicalmente política, capaz de dar al César lo que es de Dios si cree que beneficia sus intereses del siglo, a mayor abundamiento. Si los párrocos guipuzcoanos han protestado contra el nombramiento de monseñor Munilla es porque este representa una orientación política ultraconservadora nacionalista española y su nombramiento, típicamente político, como todos los de obispos ya antes de las guerras de investiduras, responde a un cálculo estratégico episcopal y vaticano. Se trata de aprovechar el vacío de poder nacionalista en las instituciones vascas con el PNV en la oposición y el Gobierno de la comunidad autónoma en manos del PSE-EE, apoyado por el PP en una alianza de partidos nacional-españoles, para dar un giro conservador, incluso reaccionario y también nacional español, a la política diocesana de Guipúzcoa.
Ya es paradójico que la misma derecha española –que no ve nada reprobable en el hecho de concertar su acción política con la Iglesia católica incluso en manifestaciones y algarabías callejeras– sea quien critique que parte del clero vasco, la mayoría de los párrocos guipuzcoanos, adopte una actitud de trasfondo político en la línea del nacionalismo del PNV. Pero llega a lo sublime que, para justificar su crítica, se arrogue competencias dogmáticas sosteniendo, como hace la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, que monseñor Munilla dice “lo que dice la Iglesia”. De donde se sigue que los curas vascos que lo impugnan no dicen lo que dice la Iglesia o dicen lo que la Iglesia no dice, que es mucho decir.
Ramon Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
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La penosa situación en que se encuentra España en el caso de la refugiada de hecho Aminatou Haidar, en huelga de hambre desde el pasado 16 de noviembre en el aeropuerto de Lanzarote, tiene causas mediatas e inmediatas. Las mediatas proceden del vergonzoso abandono del Sáhara en 1975 y los más de 35 años posteriores en que España ha seguido haciendo dejación de sus deberes morales frente a la población saharaui, reconociéndole de boquilla un derecho de autodeterminación que niega de forma activa en la práctica y sacrificándola a una razón de Estado de entendimiento con Marruecos que jamás ha sido tan sinrazón como está siéndolo ahora.
Las causas inmediatas proceden de la cadena de disparates administrativos y legales que han llevado a España a admitir en su suelo a una persona prácticamente secuestrada por las autoridades de su país sin que nadie se explique cómo haya podido suceder tal cosa. Esta situación convierte de hecho a nuestro país en cómplice de la ilegalidad y el atropello de los derechos humanos más elementales perpetrados por el Reino de Marruecos en la persona de esta mujer que, con su entereza moral, simboliza hoy a los ojos del mundo el derecho de autodeterminación de su pueblo.
Frente al ejemplo de la dignidad de esta activista saharahui –que recuerda la grandeza espiritual de un Gandhi en una situación similar y salvando las distancias–, el comportamiento de España hasta la fecha –recurriendo a engañifas y tratando de encontrar ambiguas soluciones diplomáticas de dudoso valor moral– puede acabar convirtiendo a nuestro país no sólo en cómplice del atropello, que ya lo es, sino en ejecutor último del criminal designio marroquí si, llevando su claudicación al límite, decide alimentar por la fuerza a la pacifista en abuso de poder y violación de su clara y expresa voluntad en sentido contrario.
La actitud de Aminatou Haidar cuenta hoy sin duda con la simpatía y el apoyo de la opinión pública española y mundial porque siempre el valor moral y la dignidad de las personas, sobre todo cuando encarnan la causa de sus pueblos, frente a la brutal sinrazón de los Estados y sus aparatos represivos ocupan un alto lugar en el corazón de los seres humanos.
España tiene, pues, una ocasión de oro de enmendar sus yerros, los pasados y los presentes, si abandona su lamentable afán de congraciarse con la tiranía marroquí (que, en el colmo de la desfachatez, despoja arbitrariamente a una persona de la ciudadanía que, sin embargo, le forzó a aceptar en contra de su voluntad). El Ejecutivo debe erigirse en valedor de los derechos de la activista saharaui sin imponerle ninguna decisión que ella no quiera libremente aceptar; debe reconocer el derecho de asilo de Haidar como perseguida que es en su propio país ocupado ilegalmente por otro; y debe defender su causa frente a Marruecos en todos los foros internacionales y, junto a ella, la del derecho de autodeterminación del pueblo saharahui, al que un día hace más de 30 años abandonó vergonzosamente.
Si eso no se hace así, el país entero sabrá que en esto, al menos, el presidente del Gobierno le ha fallado.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
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La corrupción es la apropiación privada indebida de recursos públicos. Se da, como es lógico, en la función pública pero, al extenderse, contamina a toda la sociedad en la que se generalizan las prácticas de economía sumergida y defraudadora. Es comportamiento típicamente humano, como demostró hace más de 40 años el ecologista Garrett Hardin, que lo bautizó con el nombre con que hoy lo conocemos de la tragedia del común: siempre que en una colectividad los individuos pueden elegir entre explotar recursos públicos y privados, los primeros que se esquilman son los públicos, aunque sean escasos y su agotamiento pueda provocar una catástrofe.
La corrupción no está necesariamente vinculada a un régimen político u otro. Los dos grandes defectos de la democracia ateniense (además del hecho de ser una oligarquía) fueron la demagogia y la corrupción. Igual que los de las democracias de hoy. Pero las dictaduras, las monarquías absolutas, los parlamentarismos censitarios, no son menos corruptos: hay dos diferencias importantes aunque no afecten al meollo del asunto. La primera es que, al ser el control público mayor en las democracias, los casos de corrupción se conocen antes y mejor, con lo que parece que hay más. Pero eso no quiere decir que los regímenes no democráticos sean menos corruptos. Al contrario, sólo son más opacos.
La segunda, dependiente de la primera, es que en las democracias la corrupción se puede denunciar y en los regímenes no democráticos, generalmente sometidos a represión, no.
La corrupción tampoco está ligada a unos u otros modos de producción. En los países del llamado socialismo real era parte estructural del sistema, de forma que toda la máquina de la planificación centralizada estaba apoyada en la corrupción, como sucede en el capitalismo del libre mercado, en muchos casos “engrasado” mediante la corrupción. Aunque no en todos, pues también hay un capitalismo de raíz calvinista y protestante en el que aquella es menor, como se prueba hoy en los países nórdicos.
La corrupción habita de forma natural en la sociedad y, si no cabe erradicarla, es preciso combatirla fomentando una cultura política cívica y recurriendo a la legislación penal. Lo que hay de nuevo en la reciente prevalencia de la corrupción en el mundo y no sólo en España es que se origina en la universalización del neoliberalismo subsiguiente al hundimiento de los países comunistas. La actual crisis económica se debe a una saturación de corrupción general: desregulación, dejación de funciones y complicidad de los organismos supervisores, especulación, fraude, información privilegiada, etc. Aparte de lo que corresponde a la naturaleza humana está el hecho de que el neoliberalismo es una doctrina que eleva la corrupción a principio mismo de actuación al sostener que lo público debe gestionarse con criterios privados o desaparecer a favor de lo privado, al desregular y privatizar sin más control que el inexistente del mercado. Exactamente los principios que defiende esa fundación FAES que acaba de dar un premio al rey y este ha recogido.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
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Prácticamente está todo dicho acerca de las consecuencias de una posible sentencia del Tribunal Constitucional sensiblemente restrictiva del Estatut, entendiendo por tal la que desvirtúe principios simbólicos o restrinja competencias estratégicas.
De un lado, casi todas las fuerzas políticas catalanas, excepción hecha del Partido Popular, Ciutadans y, con matices, Unió Democratica de Catalunya, preanuncian beligerancia en caso de una sentencia restrictiva; de otro, casi todas las fuerzas políticas españolas, pretendiendo despolitizar el conflicto, repiten que las sentencias de los tribunales se acatan y se cumplen. Pero es que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ordinario, sino un ente político y como tal –especialmente en este caso, en el que se ha dado todo tipo de episodios de fondo partidista– está sometido a los vaivenes políticos.
Venir a pedir ahora acatamiento incondicional frente a las decisiones de un órgano que tiene fuertes déficits de legitimidad y que lo hagan precisamente aquellas fuerzas que más lo han maltratado no deja de ser un ejercicio de hipocresía o de cinismo. No debe olvidarse que la reforma en curso del Estatut se inició porque había un acuerdo general en que Catalunya debía acceder a mayores cotas de autogobierno por la vía legal tras el agotamiento del Estatut de Sau. Carece de sentido enfrentarse a la nueva redacción con un rasero puesto en el nivel de autogobierno del Estatut anterior cuando en otros estatutos se ha alzado sensiblemente.
Los catalanes hacen bien levantando la voz y con ella otras debieran hacerlo, empezando por la del partido del Gobierno, que comenzó la reforma estatutaria como un bravo San Jorge y quiere terminarla como un escurridizo Poncio Pilato. El PSC tiene que recordar a los magistrados de ese órgano político que es deber del Tribunal Constitucional –quizá hoy su último deber– atender al complejo equilibrio constitucional de la España de las autonomías y al autonómico de la España constitucional. Aunque no sea más que porque parte esencial del mérito en levantarlo fue de ese mismo Tribunal en tiempos mejores.
Las cosas han ido por donde han ido y el Tribunal Constitucional está muy tocado. Es bastante posible que sea preciso cambiarlo en profundidad –incluida la reforma constitucional– si se quiere que sobreviva a este tifón provocado porque el estatuto en reforma es el catalán, en el que se quiere hacer un escarmiento para mostrar al impertinente nacionalismo que el irredentismo tiene un límite infranqueable.
Carece de sentido provocar un enfrentamiento por asuntos que, en muy buena medida, son retóricos o tienen precedentes o, simplemente, están regulados de forma análoga en otros estatutos. Lo que podía faltarnos es que, tras años de escuchar que Catalunya estaba siendo objeto de trato privilegiado con agravio comparativo para los demás, nos encontráramos con que es objeto de un trato discriminatorio negativo con agravio comparativo para los catalanes por haber ido por la vía estrictamente legal de reforma del Estatut sin inventarse aventuras
soberanistas.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
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Enfrentada a la práctica democrática, la Iglesia católica española está en batalla contra las normas de convivencia que relativizan el predominio absoluto de los valores que su moral consagra. Este toque a rebato corre a cargo del segundo en la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, cuya defensa de la primacía católica sólo es comparable a su modo sesgado de entender los debates públicos, cosa especialmente clara en los dos últimos sobre los crucifijos en las aulas y la reforma de la legislación sobre el aborto.
Dice monseñor que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de pedir que se retiren los crucifijos de las escuelas es “discriminatoria”, atenta contra la libertad y contradice la saludable doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. De donde se siguen tres conclusiones que oscilan entre la falsedad y la arrogancia. La primera, que la Iglesia propugna una separación entre ella y el Estado que su historia y su práctica cotidiana, desde su financiación hasta la organización de la enseñanza, desmienten de continuo. La segunda, que se arroga el derecho a casar las decisiones de los tribunales decidiendo que el de Estrasburgo simplemente no sabe lo que dice, ya que su decisión va en contra de la finalidad que afirma perseguir. La tercera, que la presencia de los crucifijos en las escuelas, fruto de un acto de imposición estatal de los tiempos del nacionalcatolicismo franquista, es una muestra de libertad.
Y de los crucifijos pasa monseñor a anatematizar la legislación sobre el aborto en un acto de imperio absoluto del dogma católico que pretende imponerse sobre la voluntad del legislador, obligándole a modular su actuación en materia de interés general según sus convicciones privadas so pena de una sanción cercana a la excomunión. Poseído de un espíritu antihegeliano, monseñor Martínez Camino dice que el Estado no puede imponer principios morales a la sociedad ni arrogarse la representación de la mayoría, aunque sea a favor del catolicismo. Es decir, que el Estado no tiene por qué cuidarse del interés general, pero la Iglesia sí puede tratar de imponer su concepción de la moral al legislador, incluso con amenazas.
Siempre que la Iglesia católica pretende imponer su visión moral al conjunto de la sociedad, invoca el derecho divino y la ley natural haciéndolos coincidentes y atribuyéndose el monopolio de su interpretación; es decir, pretende situarse por encima del Estado, al que sólo reconoce función vicaria suya. Y siempre, también, que se critica esa pretensión totalitaria de imponer la parte al todo, surgen voces que reclaman para la Iglesia el derecho a la libertad de expresión, recordando que se trata de formular una posición moral en el conjunto del debate democrático.
Ambas posiciones no son compatibles: el debate democrático se da en el marco de la supremacía de la legislación civil sobre todas las creencias morales particulares y rechaza con contundencia la pretensión de una de aquellas de imponerse sobre las demás por razón de su pretendido origen divino.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
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Cuando arrecian los escándalos de corrupción como en España, o de comportamientos éticamente reprobables de los gobernantes como en Italia, o de los ex gobernantes como en Francia, o del conjunto de los legisladores como en Gran Bretaña, suele suscitarse un ánimo muy crítico hacia la democracia, que aparece deslegitimada por tales episodios. El escepticismo y la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones de una sociedad libre son el caldo de movimientos populistas que pretenden sustituir la democracia por el autoritarismo.
Para evitar ese peligro, en estos momentos de crisis es cuando las instituciones democráticas deben activar todos sus mecanismos defensivos de legitimación. El más eficaz es la exigencia de responsabilidad de todos los cargos públicos en todos los niveles. Pero esa responsabilidad no se reduce a que los políticos recaben para sí la responsabilidad por las consecuencias de sus actos o los de sus subordinados, una responsabilidad que, de todos modos, ha quedado ya muy diluida a causa del uso abusivo y meramente formal que se hace de ella.
Junto a dicha responsabilidad, habitualmente llamada política, que suele exigirse en sede parlamentaria, la democracia dispone de otras dos tan importantes como la anterior, o incluso más, a los efectos de legitimación. La primera es lo que los ingleses llaman responsiveness y hace referencia a la prontitud con que los políticos reaccionan a la opinión de la calle de forma acorde con su condición de representantes y, en cierto modo, delegados de los ciudadanos. La segunda, a la que los ingleses llaman accountancy, suele ser subsidiaria de la anterior, es la rendición de cuentas e implica que los políticos están obligados a dar explicaciones de sus actos en toda circunstancia y momento cuando la situación así lo requiera.
Este es el momento en que los tres pincipales dirigentes del Partido Popular, Rajoy, Aguirre y Camps, todavía no han cumplido los requisitos mínimos de esas dos formas de responsabilidad: Rajoy no ha dado aún explicación alguna de la incidencia de la trama Gürtel en el partido que preside y menos todavía ha aclarado las contradicciones entre las decisiones preventivas que dice haber tomado en su día y los datos del sumario, que muestran lo contrario.
Aguirre, aquejada de la misma carencia respecto a las órdenes para contratar con las empresas de la trama de corrupción añade, además, un ominoso silencio respecto al funcionamiento de una Fundación, Fundescam, con la que se podrían haber financiado sus campañas, así como su grado de implicación en la trama de presunto espionaje.
Por último, el señor Camps está en aguda deuda con la opinión pública respecto a los motivos que lo llevaron a faltar a la verdad en relación con el pago de sus trajes o de sus vínculos con los pintorescos miembros de la trama, así como su grado de implicación en las contrataciones presuntamente irregulares de la Generalitat. En tanto estas carencias no se subsanen con las debidas explicaciones, el comportamiento de los políticos citados tendrá una fuerte carga de deslegitimación de la democracia.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
