CARLOS TAIBO
Mijaíl Saakashvili, el presidente georgiano, pronunció en Barcelona, días atrás, una breve conferencia en la que dijo cosas de interés a efectos de entender cuál es la naturaleza de algunos de los aliados que la UE tiene en el este de Europa.
Empecemos por recordar que Saakashvili no parece alentar duda alguna en lo que hace a un proceso, el iniciado en el oriente europeo en 1989-1991, saldado, si así lo queremos, en dos retoños. El primero lo configuran las llamadas revoluciones de colores que, libres y democráticas, han defendido por añadidura la apertura de las economías de los países por ellas beneficiadas. Tras postular un discurso neoliberal intocado, como si nada estuviese pasando en el mundo, cabe entender que el presidente georgiano entiende que la entrada en la UE constituye una suerte de solución mágica para todos los problemas, sin que aprecie en la Unión ningún interés espurio ni, naturalmente, ninguna tentación imperial. Esta última queda circunscrita al segundo retoño, Rusia, un Estado de cuya condición europea conviene recelar y ante el cual se impone no tender puente alguno (en realidad, Saakashvili sólo realizó alguna declaración respetuosa hacia el pueblo ruso una vez que fue interpelado al respecto).
Quienes encabezan el Kremlin son, por lo demás, herederos de los dirigentes soviéticos de antaño y su conducta remite a un escenario similar al que cobraría cuerpo en Alemania si neonazis confesos ocupasen el poder. Esos dirigentes –se nos recuerda– bien que se cuidaron de no destruir el partido comunista y los ministerios represivos, circunstancia que ha facilitado “la conversión del KGB en el Politburó”.
Por lo que se refiere, en fin, a lo ocurrido el verano pasado en Osetia del Sur y Abjazia, el presidente georgiano sostiene que ambas fueron ocupadas por la fuerza, por lo que cabe deducir sin ningún respaldo de la población local a las posiciones defendidas por Moscú. Los dirigentes rusos se entregaron, por otra parte, a una execrable purificación étnica que ha permitido una revisión unilateral de las fronteras. Georgia se limitó a responder a provocaciones –no tenía otra posibilidad–, de tal manera que carece de sentido atribuir responsabilidad alguna al Gobierno de Tbilissi, siempre respetuoso, en la percepción de Saakashvili, del derecho y de la multietnicidad. Y es que el presidente georgiano no aprecia en la Georgia que encabeza ninguna huella del totalitarismo que identifica con tanta facilidad en Rusia. Agreguemos, por cierto, que en la breve conferencia que nos ocupa no hubo hueco para ninguna mención a Estados Unidos (apenas cambió la cuestión en el diálogo posterior). Cada cual es libre de interpretar a su gusto si ello se debía a la naturaleza del escenario, que facilitaba las loas a la UE, o a cierto resquemor subterráneo ante la conducta norteamericana, acaso no en exceso solidaria a los ojos de Saakshvili,
del pasado verano.
Si hay que extraer una conclusión, esta se antoja sencilla: las palabras del presidente georgiano, siempre sin matices y transmisoras de un discurso plano, invitan a recelar seriamente de algunas de las apuestas que la UE blande en el oriente europeo, como invitan a dudar de que, con los mimbres enunciados, tengan solución razonable problemas muy complejos.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política
JORGE CALERO
El Proceso de Bolonia de reforma de la educación superior está generando en los últimos meses el rechazo cada vez más explícito de los estudiantes españoles. Otro colectivo relevante de la educación superior, el de los docentes, ha mostrado, en general, un entusiasmo claramente descriptible por el proceso. De hecho, resulta razonable sospechar que parte del rechazo de los estudiantes se ha originado en un rechazo previo de los docentes.
¿Por qué no gusta Bolonia? ¿Qué es lo que ha provocado la resistencia que ha ido enquistándose en la universidad española?
En mi opinión, el motivo fundamental es la vinculación del proceso de Bolonia con dos elementos adicionales que originariamente (tal y como se definió en 1999) no están en el núcleo del proceso. Este consiste esencialmente en la formación de un Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Los dos elementos adicionales a los que me refiero son la modificación de las metodologías docentes y un incremento en la mercantilización de la educación superior. Con respecto a este último, resulta opinable su incidencia real, pero, de cualquier modo, está tan extendida la idea que difícilmente se puede separar ya del discurso del rechazo a Bolonia.
El núcleo del proceso, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, no ha provocado rechazo ni en estudiantes ni en docentes: homologación de títulos, mayor capacidad de movilidad durante los estudios y, después, en el mercado de trabajo, son procesos muy bien aceptados. La cuestión cambia cuando hablamos de la modificación de metodologías docentes. El nuevo enfoque fue recibido con un cierto interés por los docentes, pero ha supuesto una muy considerable cantidad de cambios en sus actividades, que se producen tras un periodo de 20 años durante los que las reformas en la profesión han sido numerosas y profundas. La aplicación de las nuevas metodologías, además, supone más trabajo, y se ha realizado, hasta el momento, a coste cero y en un contexto de importantes dificultades financieras para las universidades (aunque el ministerio ha destinado recientemente una financiación específica). El interés inicial ha ido cediendo el paso a un cierto escepticismo y desapego por parte de los docentes. Del mismo modo, los estudiantes se muestran ahora muy poco entusiastas al respecto. Los grupos experimentales de adaptación al crédito europeo no son especialmente valorados. Los estudiantes ven, por ejemplo, que las condiciones de docencia en términos de tamaño de los grupos muy a menudo no han mejorado.
En cuanto a la mercantilización que pueda conllevar el proceso de Bolonia, los dos factores más criticados son, por una parte, el énfasis en la formación de profesionales orientados a la empresa y, por otra, la nueva oferta de másteres oficiales, con precios subvencionados pero más elevados que los correspondientes a las actuales licenciaturas. En este caso, han sido los estudiantes quienes más han rechazado estos elementos de la reforma. El desprestigio adicional que, de forma genérica, han sufrido los mercados en los últimos meses no ha ayudado a mejorar la situación.
Se han pretendido cargar, en España, demasiadas reformas a las espaldas del proceso de Bolonia. El discurso sobre Bolonia se ha ido saturando con tanto ruido que finalmente se ha generado un rechazo in extenso. Probablemente el éxito del proceso en los próximos años dependerá de cómo podamos ir aislando cada elemento del resto.
Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada
RAMÓN COTARELO
En el tramo final de las elecciones, con los últimos sondeos sobre la mesa, la situación presenta una apariencia paradójica: los vaticinios auguran escasas variaciones (excepto en el caso del Partido Socialista en el País Vasco) y, sin embargo, aquella es más incierta que nunca. La razón es que, por el ámbito de las consultas, el resultado depende de dos o tres escaños.
En el ámbito estatal, estas elecciones son más importantes para el PP que para el PSOE. Aunque los escándalos de la corrupción han forzado la declamación unitaria de los conservadores, sigue abierta la cuestión del liderazgo. Se vaticinan pocos cambios; si acaso, un leve descenso, del PP en el País Vasco, en donde el partido no es determinante por lo que dependerá de la voluntad del PSE para llegar al Gobierno. En Galicia, en cambio, de producirse un leve incremento del voto al PP, éste puede recuperar la mayoría absoluta. Así, Rajoy se ha concentrado en su tierra al entender que es allí donde se juega su liderazgo.
Para el PSOE las dos consultas son menos decisivas en el ámbito estatal, si bien no cabe ignorar el hecho sorprendente de que la crisis económica no le pase factura a pesar de la tendencia tradicional del electorado a culpar al Gobierno de todo lo malo en economía. Ello prueba a su vez la irrelevancia de la oposición del PP, enredado en sus conflictos internos.
En el orden autonómico, Galicia ofrece sólo dos posibilidades: repetición de la coalición PSG y BNG –con mayor o menor peso de uno u otro según sean los resultados electorales– o restablecimiento de la hegemonía del PP si éste consigue la mayoría absoluta, única forma de que la derecha alcance el gobierno a causa de su incapacidad para la política de alianzas. El impacto de estas elecciones en la política de ámbito estatal es reducido a causa de la debilidad del partido nacionalista. Una prueba más de que la verdadera eficacia de los partidos nacionalistas no consiste en apuntar a una hipotética independencia, sino en tener un mecanismo de presión en Madrid, donde dichos partidos suelen operar como grupos de presión a favor de sus respectivos territorios.
La situación es mucho más volátil en el País Vasco, y el impacto de los resultados en Madrid mucho más grande, ya que su principal partido nacionalista tiene grupo propio en el Congreso. A falta de saber a dónde irá a parar el voto abertzale radical, si el PSE fuera el más votado y el tripartito no obtuviera mayoría absoluta se abriría en Euskadi la insólita posibilidad de desalojar al PNV del poder.
Ello sería posible con una alianza entre PSE y PP, con o sin UPyD, que puede obtener uno o dos escaños en Vitoria, quizá a costa del PP. Sin embargo, esta opción tendría un impacto negativo en Madrid, donde el Gobierno depende en cierta medida del apoyo parlamentario del PNV.
Si el PSE lo desaloja de la lehendakaritza, el PNV podría pasar a la oposición en en el Congreso de los Diputados. La otra solución, la reedición de la vieja alianza entre el PSE y el PNV anterior al pacto de Lizarra-Garazi, quizá sólo pueda darse con una crisis del PNV, aunque puede que acarree la catarsis necesaria para estabilizar por fin el País Vasco.
Ramón Cotarelo es Catedrático en Ciencias Políticas
ANTONIO IZQUIERDO
La migración es la que nos revela cuáles son sus fundamentos y no al revés. Las condiciones para emprender la marcha pueden estar dadas desde hace mucho tiempo, pero para que el potencial se convierta en acto se requiere la ocasión. Así que cada época y circunstancias configuran su particular inmigración. En otras palabras, la conversión del sedentario en migrante obra sobre necesidades y derechos, pero se precipita en un preciso momento. Por eso, los ciclos migratorios son cada vez más cortos, y tanto quienes los integran como sus motivos y proyectos varían de uno a otro.
Hay ejemplos en nuestra breve historia como país de acogida. Tomemos tres flujos en tres momentos. El primero fue la emigración de argentinos que huyeron de la dictadura, después la estampida que provocó el “corralito” y, por fin, la movilización que hoy desencadena la Ley de la Memoria Histórica. En esta última línea hay precedentes europeos como el de los colonos de origen alemán establecidos durante generaciones en países del este (Ley de reparación de las consecuencias de la guerra).
En el caso argentino, el parecido de las tres olas se circunscribe a la nacionalidad y al nacimiento. El origen del movimiento, la composición social y el proyecto migratorio no son los mismos. Los primeros llegaban a España como refugiados políticos, los segundos como refugiados económicos y los terceros como refugiados históricos. Unos venían como perseguidos, otros eran empobrecidos y los de hoy son los herederos. Lo mismo ocurre con los cubanos o con los mexicanos, que responden a la llamada de esta ley respecto de aquellos que se fueron.
La verdad es que no todos eligieron España como primer destino. Algunos miraban a Estados Unidos, pero acabaron en Europa. No siempre se emigra al país preferido, sino al que resulta más accesible en ese instante. Tampoco la inmigración que desean los empresarios, los gobiernos o la sociedad civil suele coincidir con la que realmente se recibe. El caso de la emigración europea al Cono Sur
latinoamericano nos enseñó que, aunque buscaron sajones, hubieron de conformarse con acoger a los europeos del sur que estaban más dispuestos.
70 años después aparecen personas que obtienen el derecho a emigrar como españoles. No es seguro que vayan a salir del país de nacimiento, ni que vengan a España. Lo significativo es que se trata de flujos de herederos de aquellos españoles que fueron desplazados precisamente por el “hambre de derechos”. La Ley de Memoria Histórica ha levantado colas de potenciales inmigrantes que, sin embargo, no son extranjeros.
El movimiento de los descendientes del éxodo provocado por la guerra y por el fracaso industrial es también una consecuencia de la expansión de la idea de Justicia. Los “incluidos” que se desplazan lo hacen en calidad de ciudadanos y no como mercancías. Ciertamente se trata de una política de reclutamiento étnico-restrictivo (jus sanguinis), pero adquirir la nacionalidad es un acto voluntario que no borra las diferencias. La inmigración, dice Sandro Mezzadra, está escribiendo una historia alternativa que desafía los conceptos de nacionalidad, territorio, identidad y memoria.
Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Me temo que muchos españoles no se han librado todavía del prejuicio de que ganarse la vida trabajando honradamente con las manos es una maldición bíblica. No es que sigamos en la época del hidalgo hambriento, incapaz de mover un brazo para ganarse el pan. Tampoco somos ya un país de funcionarios y truhanes, sin más alternativas que vivir del servilismo o de la picaresca. Pero parece que todavía no nos hemos dado plena cuenta de ello.
La cosa viene de antiguo. Según dice la crónica negra, durante la época de nuestro católico imperio, primero expulsamos a los judíos, que eran los que sabían de cuentas y medicinas; luego echamos a los moriscos, que conocían los oficios y la agricultura. Y nos quedamos solos con la carne de cañón y los soldados de fortuna, gracias a los cuales conquistamos medio mundo.
Pero lo peor es que, durante siglos, la mayoría de nuestros antepasados se tuvieron que dedicar a disimular para parecer nobles cristianos de sangre pura y rancia, ajenos por completo a los viles oficios con los que tenía que ganarse la vida el resto de la humanidad o a las peligrosas ideas de los infieles.
Creo que lo de las ideas ya está superado. Mal que les pese a los herederos de la Inquisición, que alguno queda, la cultura del país hace tiempo que ha incorporado los principios del pensamiento libre y de la filosofía especulativa y desenfrenada. Somos uno de los países con más estudiantes universitarios en términos relativos. Y somos, además, un país bastante igualitario, donde el acceso a los estudios superiores no se ve inexorablemente limitado por las circunstancias económicas, geográficas y sociales de las familias de los estudiantes. Así que ya hemos logrado que cualquiera de nuestros hijos pueda llegar a ser abogado, médico, ingeniero, profesor de Filosofía o aguerrido periodista. Desde la transición democrática, hemos formado casi dos generaciones de jóvenes bien alimentados, esbeltos, bastante políglotas y cosmopolitas.
Pero nuestro sistema tiene aún una asignatura pendiente. Necesitamos jóvenes capaces de desempeñar oficios prácticos, pero crecientemente complejos. Cuando salgamos de la crisis en la que nos ha metido una cuadrilla de tahúres de la economía y las finanzas, necesitaremos profesionales cualificados para desempeñar de forma eficaz competencias técnicas en la nueva economía basada en la innovación. Para tener éxito en este empeño, tendrá que cambiar la cultura del país. Durante demasiados años (siglos), nuestro sistema de enseñanza ha estado excesivamente sesgado hacia el academicismo y va siendo hora de que se incorporen a él visiones más prácticas. Nuestra sociedad sigue viendo la formación profesional como una segunda opción indeseable. Y eso tiene que acabar.
Ya está cambiando. El Gobierno ha puesto en marcha iniciativas interesantes orientadas a la integración del sistema de formación de profesionales y el sistema académico, o al reconocimiento académico y profesional de la experiencia práctica adquirida fuera de las aulas (incluida la adquirida en el seno del hogar: ¡ya era hora!). Esperemos que con todo esto cambie para siempre la vieja tradición del hidalgo hambriento y que, en el futuro próximo, cuando salgamos de la crisis, podamos constatar que se ha consolidado un importante cambio cultural: los guapos y los listos prefieren la FP.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
CARME MIRALLES-GUASCH
Desde hace algunos años se está formulando un debate que está cambiando nuestra percepción del espacio construido y especialmente de la ciudad. Es el debate sobre el tiempo social, sobre un tiempo que no está construido sólo por unidades neutras de minutos o de horas, sino de tiempo dedicado a las diversas actividades diarias. El tiempo dedicado al trabajo, al ocio, a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos o a los desplazamientos cotidianos. Todos ellos, con sus complementariedades y sus conflictos, son nuestro tiempo social y lo podemos analizar desde el yo, individual, o del nosotros, colectivo.
Es un debate que genera muchas preguntas, las respuestas de las cuáles nos dan una visión mucho más precisa de nuestra estructura social y urbana. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicamos al cuidado del hogar?, y ¿qué diferencias existen entre géneros y edades?, o ¿cuánto tiempo empleamos en los desplazamientos al trabajo?, ¿qué tipología de ciudades nos obliga a consumir más tiempo en esos viajes? De hecho, se trata de ver nuestras actividades cotidianas no sólo desde sí mismas y aisladas de las demás, sino desde el tiempo de ejecución en relación al resto de las tareas. Desde esa perspectiva, podremos analizar, entre otros y con más detalle, las desigualdades de género entre actividades renumeradas y no remuneradas, o las diferencias entre grupos sociales sobre los tiempos de ocio.
De todo ello emerge una línea de investigación y de reflexión que está cambiando los horarios laborales y de los servicios, como es la conciliación de la vida laboral y familiar. Una conciliación que intenta mitigar los conflictos de tiempo dedicado a estas dos tareas cotidianas.
El tiempo, desde este punto de vista, es un recurso repartido por igual a toda la población y, además, es el más finito. Sin embargo, la distribución de nuestro tiempo cotidiano explica qué privilegios o qué desventajas tiene el grupo social al que pertenecemos, por edad, por clase social o por género.
A la vez ese recurso tiempo también refleja en qué modelo de ciudad vivimos. Las dinámicas territorialmente disociadas –aquellas que alejan actividades donde los lugares de trabajo, de ocio y de residencia están separados unos de los otros– y socialmente diferenciadas –donde viven ciudadanos con características sociales homogéneas– se han convertido, ahora más que nunca, en elementos de gestión de los tiempos, hasta el punto de que la conciliación temporal es cada vez más una conciliación territorial. Las ciudades ya no sólo se miden en unidades de distancia, sino también en unidades de tiempo. ¿Qué significa estar lejos o cerca del lugar de trabajo o del colegio de nuestros niños? La respuesta depende de a qué hora del día nos la planteemos: a las ocho de la mañana o a las once de la noche una misma distancia la podemos percibir, en relación al tiempo de recorrido, de forma muy desigual.
Hay ciudades que nos hacen perder tiempo, que nos obligan a malgastarlo en atascos y en desplazamientos y en otras, en cambio, todo está más próximo, más cercano, más alcanzable. Y esas diferencias no derivan sólo de la dimensión de la ciudad, sino de otras muchos elementos que, al ofrecernos tiempo o, lo que es lo mismo, al no malbaratarlo en tiempos de conexión inútiles, nos ofrecen calidad de vida.
Carme Miralles-Guasch es Profesora de Geografía Urbana
CARMEN MAGALLÓN
Dos submarinos nucleares, británico el uno y francés el otro, chocaron recientemente mientras patrullaban en el Atlántico Norte. Propulsados por un reactor nuclear y transportando misiles con cabezas nucleares, fueron, sin embargo, incapaces de detectarse. Los ministros de Defensa de ambos países se apresuraron a quitar hierro al asunto, pero la presidenta de la Campaña por el Desarme Nuclear (CND), Kate Hudson, remarcó la gravedad de un incidente que ha estado cerca de verter en el mar materiales altamente radioactivos.
Este hecho pone sobre la mesa un peligro ante el que, a diferencia de los años 80, en los que hubo grandes movilizaciones contra el despliegue de misiles en suelo europeo, hoy la gente no parece ser muy consciente. Un peligro que ha crecido por la proliferación horizontal –el aumento de los países poseedores–, por la continua sofisticación de los artefactos o proliferación vertical, y por el tráfico ilegal de materiales nucleares y radioactivos que comenzó en los 90. También por el deterioro de los compromisos internacionales y la creciente pérdida de legitimidad del actual estatus de los estados poseedores del arma nuclear: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Mientras estos Estados sigan teniendo armas nucleares y no den pasos efectivos hacia su destrucción, otros querrán seguir el ejemplo. Pakistán, India, Israel y Corea del Norte ya lo hicieron, con el agravante de situarse fuera del Tratado de No Proliferación (TNP).
Además, en el marco del cambio climático, la energía nuclear está siendo considerada para la producción de energía eléctrica, lo que aumenta la probabilidad de proliferación. El incremento del comercio y transferencias de tecnología nuclear de doble uso exige constantes adiciones a las regulaciones del TNP. Las exportaciones en esta materia se someten a condicionamientos que establece el Grupo de Países Proveedores y que otros quieren eludir montando sus propias plantas de enriquecimiento y reprocesado. Es el caso de Irán, cuyo programa nuclear está en el centro del debate desde hace años. En la apertura de la Conferencia de Seguridad de Munich, celebrada a principios de febrero, el iraní Ali Larijani acusó a Estados Unidos de utilizar una doble vara de medir al condenar la política nuclear de su país pero no el programa nuclear de Israel o los ensayos nucleares de la India y Pakistán.
El peligro de los arsenales existentes está en que se usen, y también en que sean robados por grupos criminales. El accidente de los submarinos pone al día la pregunta acerca de qué nos protegen las más de 10.000 armas nucleares operativas que hay en el mundo. Es cierto que son las armas ligeras convencionales las que producen un mayor número de muertes. Pero las nucleares suponen un peligro que, en caso de activarse, tendría dimensiones terribles. Hans Blix, presidente de la Comisión sobre Armas de Destrucción Masiva, ya hace tiempo que habló de la necesidad de situar el desarme nuclear en la agenda crítica de la sociedad civil.
Para avanzar hacia la prohibición y el desmantelamiento definitivo de las armas nucleares sólo hace falta voluntad política. Pero esa voluntad difícilmente surgirá si la sociedad civil no se implica con todo su empuje y la reclama.
Carmen Magallón es Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
RAMÓN COTARELO
Se comprende que, en el actual clima de confrontación política, el PSOE cierre incómodas filas en torno al ministro Bermejo defendiéndolo ante las peticiones de dimisión. Cualquier concesión en esta justa será vista como una debilidad por el adversario y aprovechada en consecuencia. No obstante, quizá sea más avisado cambiar de actitud cuando aún se está a tiempo que tener que encajar más tarde destrozos mayores.
Lo que mal comienza mal acaba y, por las razones que sean, los comienzos de este ministro han sido malos e innecesariamente conflictivos. Pero en este asunto de la caza todo se ha rizado el rizo, empezando por la convicción, no de unánime aceptación pero sí bastante extendida, de que todo lo cinegético tiene más que ver con la estética de la derecha que de la izquierda. Cuanto más a la izquierda, menos concordancia, al extremo de que es ella la que alimenta las tendencias prohibicionistas en línea con la lucha contra el maltrato animal. Asunto desafortunado cuando el ministro ha alardeado en alguna ocasión de ser muy “rojo”, según se ve más de dicho que de hecho.
Además de tratarse de una cacería, en sí misma de escaso encaje en el imaginario de la izquierda, la aventura fue “inoportuna”, según acabó reconociendo el ministro a regañadientes, luego de que comenzara desbarrando, como siempre, y burlándose de las primeras objeciones que se levantaron.
Inoportuna por coincidir en la actividad con el juez Baltasar Garzón que, al parecer, peca de igual debilidad hacia los comportamientos tradicionalmente ligados a los señoritos y en el momento en que se instruye un proceso por corrupción que afecta a militantes del Partido Popular. Inoportuna asimismo porque da una imagen lamentable de los usos y costumbres de los poderes del Estado en el cortijo andaluz.
Se añade con posterioridad que el señor ministro cazaba sin la preceptiva licencia. Es cierto que se trata de una mera falta administrativa subsanable con una multa y que ello no tiene mayor importancia… si no se tratara de un ministro. La distinción entre delitos y faltas está pensada para los ciudadanos ordinarios a los que no se exigen comportamientos éticos más ejemplares. Pero la cosa cambia cuando se trata de políticos que, si predican –y vaya si predican– han de dar trigo. Precisamente enjuiciar el comportamiento del ministro como el de un ciudadano ordinario es lo que explica la falta de ejemplaridad y calidad de nuestro sistema político que, si es democrático, se debe a que tiene un alto nivel de exigencia ética a los políticos. ¿Dimitir por una falta administrativa? Sí, ¿por qué no? La lenidad en estos casos sólo puede ser aval para comportamientos peores.
Hay una razón política táctica que puede erróneamente aconsejar al PSOE seguir cerrando filas en torno al señor Bermejo aun con la sospecha de que el grado de inadmisibilidad de su comportamiento todavía pueda agravarse y es la idea de no dar munición al Partido Popular en su particular cacería ministerial. Pero quizá deba mirarse desde otro punto de vista: la dimisión del ministro por un asunto aparentemente menor dejará más en evidencia la muy condenable actitud del Partido Popular en el que no hay dimisiones ni siquiera ante imputaciones penales graves.
Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencia Política
JORGE CALERO
La Comunidad Autónoma de Madrid anunció recientemente una reforma en profundidad de los criterios para la concesión de su cheque bebé. Anteriormente, se concedían 100 euros por cada hijo. Con los nuevos criterios, las familias recibirán 300 euros únicamente si tienen tres o más hijos y pasan por dificultades económicas. La justificación para la reforma, formulada por la presidenta Esperanza Aguirre, se basa en que “los recursos públicos hay que mirarlos con lupa”.
El antes y el después del diseño del cheque bebé en la Comunidad de Madrid nos definen dos formas muy diferenciadas de política social de apoyo a la familia. El diseño previo proporcionaba un apoyo extremadamente modesto, pero universal, orientado a incentivar la natalidad. El nuevo diseño tiene un carácter de “asistencia” para pobres con prole abundante. La transición entre un diseño y otro no deja lugar a las dudas: los nuevos criterios se aplican de forma retroactiva a los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Se rompe, por tanto, otro elemento importante de la política social: su carácter predecible. Obviamente, no es usual que alguien decida tener un hijo en función de 100 euros, pero la continuidad de las prestaciones emite señales que las familias identifican como favorables a la natalidad, señales de que la sociedad está ahí para prestar algún apoyo.
Además del cambio cualitativo señalado, la reforma supone un cambio cuantitativo notable. Piénsese que el número de hogares con tres o más hijos es muy reducido, en torno al 10% de las familias con hijos. La reforma provoca, por tanto, una reducción sustancial del apoyo a las familias más que cuestionable en el contexto actual. La crisis económica, previsiblemente, reducirá de nuevo la tasa de natalidad, que había repuntado ligeramente en los últimos años impulsada por el crecimiento económico. Justo cuando más se necesita un apoyo sistemático a la natalidad, aflora en el Gobierno de la Comunidad de Madrid esa orientación de las prestaciones como beneficencia, como un favor que se hace a los casos extremos. ¿Debemos extrañarnos? Creo que más bien no, en tanto que esa y no otra parece ser la política social con la que el Partido Popular se siente más cómodo.
Una política social que trascienda esa visión cercana a la beneficencia debe partir de la idea de que no se trata de hacer un favor a los más necesitados, sino que determinadas acciones, con independencia de quién las lleve a cabo, suponen un favor para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo muy claro lo tenemos, también, en las becas educativas: durante muchos años estas han arrastrado una orientación asistencial. Ya desde hace tiempo, los datos (muy tozudos) nos señalan en otra dirección: son los estudiantes que continúan estudiando después de la educación obligatoria los que no solamente se hacen un favor a sí mismos, sino que nos lo hacen también a todos.
Esta crisis está poniendo en situación de emergencia a muchas zonas de nuestra economía, y el estado del bienestar no va a ser una excepción. La presidenta Aguirre tiene razón cuando señala la necesidad de mirar con lupa los recursos públicos. Pero eso, más que hacernos retroceder hacia la beneficencia, debería servir para consolidar y ampliar modelos avanzados de apoyo a la familia. Cien euros pueden parecer anecdóticos, pero su ausencia constituye toda una señal.
JORGE CALERO es Catedrático de Economía Aplicada
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
La fría estadística dice que en el año 2007 se realizaron algo más de 112.000 interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país. ¿Qué ha pasado para que en un par de décadas hayamos pasado de tener un grave problema de salud pública, debido a los numerosos abortos que se realizaban en la clandestinidad, a convertirnos en un destino turístico abortivo de primer orden?
La Ley del Aborto vigente permite la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de violación, graves taras físicas o psíquicas del feto, o riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre. El legislador no reconoció el derecho de las mujeres a abortar, sino que lo despenalizó en los supuestos aludidos. Se trata de un modelo restrictivo que consiente el aborto exclusivamente en los supuestos tasados, pero que resulta muy permisible cuando existe un grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, ya que para este supuesto no existe plazo. Esta peculiar regulación explica por qué muchas europeas que pueden abortar legalmente en sus países de origen en un plazo vienen a España a interrumpir su embarazo cuando este plazo expira.
La Comisión de Igualdad del Congreso va a remitir al Gobierno una propuesta de ley de plazos que reconoce el derecho de las mujeres a abortar en la sanidad pública durante las primeras semanas del embarazo, o sin límite de plazos cuando existan graves malformaciones en el feto o corra peligro la salud de la madre, tal y como ocurre en la mayoría de los países europeos. Este modelo presenta la ventaja de que soluciona la inseguridad jurídica del sistema actual. Pese a esto, algunos pretenden reconducir el tema del aborto al debate filosófico sobre la vida y la muerte, como ha ocurrido recientemente con el intento de mantener con vida a Eluana Englaro, y forzar así la restricción del derecho. Una legislación restrictiva en este terreno no reduciría el número de abortos; en ese caso, como ocurrió en el pasado, las españolas viajarían a los países europeos donde la regulación fuera más permisiva.
Los problemas de índole social no se solucionan exclusivamente aprobando una ley. Es necesario que, de forma complementaria, el Gobierno impulse políticas que erradiquen la elevada tasa de abortos. España está en el vagón de cabeza de Europa en abortos, pero a la cola en educación sexual y en políticas familiares. Las estadísticas indican que los países europeos con menor porcentaje de abortos son aquellos que incluyen en sus planes de estudio la asignatura de educación sexual, con independencia de que tengan legislaciones muy permisivas en este terreno.
Asimismo, la nueva ley debe ordenar que los abortos se realicen en la red pública sanitaria, y acabar así con la hipocresía de un modelo que permite a un médico objetar en conciencia cuando está en la sanidad pública y, un rato más tarde, salir del armario para practicar un aborto en la sanidad privada. Es intolerable que las españolas tengan que refugiarse en la sanidad privada, como si no fuera su salud un derecho y su acción el ejercicio de una potestad que les reconoce la ley, y más aún que tengan que trasladarse lejos de su lugar de residencia cuando, en su comunidad autónoma, ni la sanidad pública ni la privada realizan la interrupción.
El Gobierno no debe desaprovechar la oportunidad de abordar de forma responsable el debate de un tema tan central, en el que está en juego la dignidad, la salud y la maternidad de cientos de miles de mujeres.
Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado
