CARLOS TAIBO
Ayer se cumplió el primer aniversario de la declaración de independencia de Kosovo. A su amparo han vuelto a escucharse voces que sugieren que el año 2008 fue –más allá, claro, de la crisis que nos acosa por todas partes– el año de las autodeterminaciones. Al respecto no sólo se ha aducido el ejemplo kosovar: se ha recordado también lo acontecido en Osetia del Sur y Abjazia en agosto, y no ha faltado quien agregue, en suma, el referendo que, celebrado en el otoño en Groenlandia, parece haber allanado el camino a una futura independencia de esta.
A decir verdad, sobran las razones para recelar de la etiqueta general que se ha colocado por delante de los ejemplos mencionados. Y es que, hablando en propiedad, y acaso con la parcial excepción del contencioso groenlandés, no hemos asistido a nada que huela, en serio, a autodeterminación. Al respecto no está de más recordar que en Kosovo el proceso de secesión con respecto a Serbia asumió la forma de una declaración unilateral de independencia del parlamento local, sin que mediase ninguna fórmula de consulta popular. Ello fue tanto más sorprendente cuanto que sobraban las razones para concluir que, de haberse convocado un referendo de autodeterminación, la opción por la independencia hubiera ganado de calle y le hubiera otorgado al proceso un marchamo de apoyo popular que a la postre, y al menos formalmente, faltó. Tiene uno derecho a adelantar que ello fue así, no tanto porque en el imaginable referendo se hubiese puesto de relieve la desafección de la minoría serbokosovar, como de resultas de una sutil presión externa encaminada a evitar que, en los hechos, una fórmula de autodeterminación sirviese de aliento a iniciativas similares en otros lugares. En última instancia, las potencias occidentales que reconocieron el Kosovo independiente bien que se cuidaron de sortear el término correspondiente para justificar su línea de conducta.
Al cabo no fue muy diferente lo que ocurrió en Osetia del Sur y en Abjazia. No se olvide que Rusia dio su visto bueno a las independencias respectivas sin invocar en momento alguno la presunta opinión de las poblaciones afectadas. Si en el caso de Kosovo lo que condujo a los reconocimientos externos fue, en los hechos, la certificación de que la independencia se antojaba el menos malo de los horizontes posibles –nunca, repitámoslo, la constancia de que aquella recibía un respaldo abrumadoramente mayoritario entre la población–, en el de las dos pequeñas repúblicas del Cáucaso el argumento principal empleado por Moscú, que nunca esgrimió al respecto las consultas populares realizadas en su momento, fue la idea de que había que proteger a suroestios y abjazios de una futura agresión militar georgiana.
Qué curioso es que permanezca casi siempre en segundo plano el único de los ejemplos que, bien que con alguna doblez, parece justificar la conclusión de que 2008 fue el año de las autodeterminaciones. Hablo, claro, del de Groenlandia, que ilustra de manera fehaciente algo que tiene su interés: en un Estado democrático es posible configurar normas que permitan calibrar, primero, cuál es la opción mayoritaria entre unos u otros segmentos de la ciudadanía, y abran el camino, después, a posibles procesos de independencia y secesión resultado de la libre expresión de las gentes. Tiempo habrá, de cualquier modo, para calibrar por qué derroteros discurre el proceso groenlandés en los años venideros.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
La inercia es muy grande y los intereses, numerosos. Es por eso que el plan Obama se está quedando a mitad de camino o, peor aún, se está transformando en un conglomerado de medidas, unas adecuadas y otras que incluso pueden ser
contraproducentes.
De los dos planes que Obama propone en su operación de salvamento de la economía, el conocido como de estímulo y el rebautizado últimamente como de estabilidad financiera, es el primero el que está teniendo más dificultades para salir adelante, hasta el punto de que el recién elegido presidente de EEUU ha dejado de momento aparcada su pretensión de reclamar más fondos para el segundo, centrándose en la aprobación del primero. Todo ello suponiendo que los conservadores se mostrarán al fin proclives a conceder dinero para la salvación de los bancos, mientras que son renuentes a otorgar créditos para que el Estado intervenga en la economía.
Obama contraataca con un discurso impecable, del más puro corte keynesiano: “Es cierto que no podemos depender sólo del Estado para crear empleos o hacer crecer la economía. Ese tiene que ser un papel del sector privado. Pero en este momento particular, con el sector privado debilitado por la recesión, el Estado es la única entidad con los recursos necesarios para devolver la vida a la economía”. Ahora bien, el keynesianismo ha quedado olvidado en estos 30 últimos años y los principios del neoliberalismo causante de la crisis dominan aún el discurso de la mayoría de los políticos. Parece que sólo una catástrofe económica como jamás se ha conocido será capaz de sacarles del error.
Los conservadores están dando muestras de una gran irresponsabilidad y de no haber comprendido la dimensión de la crisis, y por eso continúan anclados en las medidas de siempre, que son las que en gran parte han sido causantes de la recensión; medidas, eso sí, que juegan a favor de los intereses que defienden. Obama, para lograr que su plan fuese aprobado en el Congreso, ha tenido que introducir importantes recortes en el gasto social y dedicar un 35% de los recursos a disminuir los impuestos. Es decir, se da la paradoja de pretender solucionar el
desaguisado ocasionado por Bush con sus rebajas fiscales con más rebajas fiscales.
Uno de los factores que se encuentran en el origen de esta crisis económica es la creciente
desigualdad introducida en los últimos 30 años en la distribución de la renta tanto en EEUU como en Europa y en buena medida han sido las reformas fiscales las responsables de este fenómeno. Se han trasladado fondos de las personas con mayor propensión a consumir a aquellas que ahorran una parte considerable de su renta. A las primeras se las ha obligado a endeudarse por encima de sus posibilidades y nadie ha garantizado que el ahorro se haya orientado en la dirección correcta. Lo que menos se necesita en estos momentos son rebajas fiscales, que con toda seguridad se encaminarán en mayor proporción a las rentas altas.
El plan Obama ha chocado con los conservadores y, para ser aprobado, ha sido necesario pagar peaje a los ricos. ¿Qué ocurrirá cuando, como es probable, se demuestre insuficiente y haya que tomar medidas mucho más duras en contra de los intereses dominantes? ¿Hasta qué nivel de deterioro económico estarán dispuestos a resistir?
Juan Francisco Martín Seco es Economista
CARMEN MAGALLÓN
El Ministerio de Ciencia y Tecnología acaba de presentar el Borrador de Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Tecnología. Aun sin entrar en la valoración global del documento, se percibe en él una preocupación fundamental: que la producción tecnológica del país está por debajo de su capacidad económica. Desde una visión no reduccionista de la actividad investigadora, es el momento de introducir otras carencias en el debate. En particular, la precaria situación de la investigación para la paz en el sistema público investigador.
¿Es la paz un área específica de investigación? Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, escribió que en los periodos de ciencia normal, en vez de dedicarse a resolver problemas verdaderamente importantes como el logro de paz en el mundo, la ciencia se dedica a encajar puzzles. Pese al tono desdeñoso de este pensamiento, la resolución de puzzles se ha mostrado fructífera. Pero la comunidad científica sigue sin dedicar los esfuerzos que merece la elaboración de teorías sobre cómo afrontar los conflictos y hacer avanzar una cultura de paz. La Asociación Española de Investigación para la Paz, con 23 miembros, ha crecido por el interés social en el tema, pero los jóvenes investigadores que hay en nuestros centros tienen muy difícil el futuro. Sólo tres centros están ligados a universidades, en Granada, Barcelona y Castellón; ninguno a la red del CSIC.
Se habla, en abstracto, sobre la importancia de la interdisciplinaridad. Pues bien, la investigación para la paz es una concreción clara. Todos pueden aportar su excelencia para un pensamiento que se propone erradicar la violencia. No sólo la violencia directa de las guerras, la violencia de género o el terrorismo. También la violencia estructural de un orden económico y político injusto que está en la base del hambre, la pobreza y la imposibilidad de acceder a remedios para enfermedades curables. Así como la violencia cultural, que desde la religión, la ideología, el lenguaje, el arte, la ciencia y los medios de comunicación aporta legitimidad a las otras violencias.
La Filosofía, con sus reflexiones sobre la realidad, lenguaje y conceptos, ayuda a entender los desencuentros en un plano profundo; la Historia rescata las raíces de la disputa, la relación entre memoria y conflicto, actores y circunstancias; la Psicología, el peso de las actitudes y percepciones, las huellas del dolor, el estilo de liderazgo; la Sociología, la cotidianidad de la convivencia, los roles de personas y grupos, el carácter del poder y la autoridad, los flujos de relación y dinámicas grupales; las Relaciones Internacionales, los conceptos, leyes, normativas y organismos tendentes a guiar la convivencia de los Estados, las variables para regular el flujo de intereses y valores compartidos por la comunidad internacional. Incluso las ciencias experimentales pueden aportar.
El artículo 25 de esta nueva Ley de la Ciencia habla de la
cooperación científica y tecnológica internacional para el desarrollo. En muchos países, el desarrollo está lastrado por la violencia estructural y los conflictos armados. Para ser coherentes, además de tecnología, hay de dar valor y espacio a la investigación para la paz.
Carmen Magallón es Doctora en Físicas y directora
de la Fundación Seminario
de Investigación para la Paz
NÚRIA BOSCH
En España actualmente los servicios públicos personales (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) son provistos básicamente por los gobiernos subcentrales. Así, por ejemplo, las prestaciones de educación, a todos los niveles, sanidad y servicios sociales recaen esencialmente en las comunidades autónomas, aunque tampoco hay que olvidar el notable papel que realizan los ayuntamientos en materia de servicios sociales. Ello explica que hoy las comunidades autónomas gestionen el 36% del total del gasto público.
Esta realidad parecen desconocerla muchos ciudadanos. En un reciente estudio realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se pone de manifiesto cómo la mayoría de la población cree que es el Gobierno central el responsable de los diversos servicios públicos y, en especial, de los servicios públicos personales. El 49% de los encuestados afirmaban que la sanidad era responsabilidad del Gobierno central, el 41% lo creía en el caso de educación, y el 44% en el de los servicios sociales. Los porcentajes de los ciudadanos que atribuían esta responsabilidad a las comunidades autónomas son mucho menores (27%, 30% y 22%, respectivamente). Y, los que atribuían alguna de estas responsabilidades a los ayuntamientos, o consideraban que eran compartidas entre diferentes administraciones, eran todavía menos. Ello contrasta con el comportamiento frecuente de los ciudadanos de acudir a su ayuntamiento por cualquier demanda de servicios públicos.
La confusión ciudadana no desaparece cuando pasamos al capítulo de los impuestos. A pesar de unas elevadas tasas de falta de respuesta, predomina la idea de que los impuestos se pagan en su totalidad al Gobierno central. Por ejemplo, en el caso del IRPF, en cuyo impuesto las comunidades autónomas participan en el 33% –lo que se visualiza al realizar la declaración del mismo–, el 55% de los encuestados creen que corresponde todo el impuesto al Estado, y solo un 17% sabe que se comparte el rendimiento del impuesto con la comunidad autónoma.
Estos datos nos deberían hacer reflexionar sobre las implicaciones que tiene esta confusión a la hora de valorar la acción de las administraciones públicas por los ciudadanos y de rendir cuentas por parte de los políticos a estos últimos. En un sistema democrático los ciudadanos expresan la aprobación o no de la acción de gobierno a través de las urnas, pero difícilmente se puede hacer de forma responsable cuando los votantes no saben quiénes están detrás de los servicios públicos de que disfrutan o qué nivel de gobierno es el responsable de su correcto funcionamiento.
Quizás la causa estribe en que venimos de un país centralizado y, por lo tanto, la creencia en que el Estado es el responsable de todo todavía está en la cultura popular. De hecho, la descentralización de los servicios de sanidad y educación a algunas comunidades autónomas es relativamente reciente.
Con todo, es obligación de los responsables políticos, clarificar a la ciudadanía el funcionamiento de la administración pública para que después se pueda actuar responsablemente a la hora de acudir a las urnas y juzgar la acción política.
Núria Bosch es Confusión ciudadana
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
No existe un proverbio similar para la recusación al de excusatio non petita, accusatio manifiesta (la excusa que se da sin que haya sido pedida equivale al reconocimiento de la acusación). No podemos decir, por ejemplo, recusatio non petita, accusatio manifiesta, porque la recusación (por propia naturaleza, non petita) es un instrumento perfectamente legítimo que nuestro ordenamiento reconoce (art. 219 LOPJ) para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) en la vertiente específica de la imparcialidad de los jueces y magistrados que deben instruir y resolver los procesos. Es perfectamente normal que, si concurren condiciones objetivas para pedir la recusación, se haga uso de este medio para impedir que un juez pueda decidir de manera parcial en un proceso.
¿Existen esas condiciones objetivas en la recusación de Garzón? ¿Es pensable una enemistad manifiesta entre el juez y alguno de los procesados? ¿Los conocía previamente y había tenido algún conflicto personal con ellos susceptible de generar una enemistad manifiesta? ¿Puede haber un interés directo o indirecto del juez en el pleito más allá del ejercicio de su función jurisdiccional? No parece que ese sea el caso. Desde el punto de vista jurídico, la recusación no tiene ninguna sustancia. Quizás por ese motivo se intenta elevar el tono del debate político sobre bases inconsistentes (como las de la cacería de Jaén) porque se es consciente de que carecen de cualquier posibilidad de incidencia sobre el proceso.
Sin embargo, hay algo que resulta sorprendente en la actitud procesal del PP. Jurídicamente, no tenía ninguna necesidad de promover esta recusación porque no es al PP a quien se acusa en el proceso (pues, como muy bien se señala en el auto del juez que rechaza la personación en el proceso, al ser una persona jurídica, no puede tener la cualidad de imputado).
Se trata de una recusación improcedente e innecesaria, cuyo resultado no es otro que generar la duda sobre la imparcialidad del juez y situar el foco de la atención pública en un lugar inadecuado, porque resulta evidente que cualquier otro juez habría hecho lo mismo que Garzón. Al plantear una operación de esta naturaleza, la actitud del PP se acerca bastante a los términos, reformulados, del proverbio que citábamos al principio: excusatio (recusatio) non petita, accusatio manifiesta. No porque se haya excusado de algo que no puede haber hecho como partido político, sino porque ha acercado su posición procesal a la de los imputados al promover la recusación contra el juez.
Los partidos políticos no son responsables de las actividades delictivas que puedan desarrollar sus militantes, sus dirigentes o las personas que ejercen funciones públicas en las instituciones que gobiernan. De lo que sí son responsables es del modo en que se enfrentan a los casos de corrupción que afectan a esas personas. Lo que una sociedad democrática puede pedirle a sus partidos es que actúen con firmeza en la dirección adecuada.
Al recusar al juez, el Partido Popular ha hecho lo peor que podía hacer: dar la impresión de que el proceso va dirigido contra ese partido y no contra los presuntos delincuentes relacionados con él. Lo que podríamos esperar de un partido democrático es exactamente lo contrario: ponerse a disposición de la autoridad judicial para contribuir a esclarecer el asunto, lanzando así un mensaje claro a sus votantes y a la ciudadanía de rechazo a la corrupción.
Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional
JOSÉ MANUEL NAREDO
Nuestro país tuvo una potente banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo empeño privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos por Felipe González y los posteriores gobiernos del PP. Ahora se sufren las consecuencias de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad evidencian las tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de promover el crédito.
La banca pública existía desde antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los ochenta otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto correspondía a la banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los noventa la banca pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el Gobierno del PSOE decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para facilitar su privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el PSOE, este proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de Argentaria en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el Estado se desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas de Correos que pueblan la geografía nacional.
Los bancos públicos habían surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado pudieran ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender de las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso observar cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas demandas del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la concesión de créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para conceder los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus millonarios beneficios. Es decir, que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en la concesión de créditos, saca la máxima tajada posible por el mero hecho de tramitar los del ICO, dejando por completo fuera de lugar las ingenuas sugerencias del presidente Zapatero.
El desmantelamiento de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se plantea el Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. En este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.
José Manuel Naredo es Economista y estadístico
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Lo lógico y lo evidente ha adquirido carta de naturaleza jurídica gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ha sido necesario que el Alto Tribunal se pronuncie para llegar a la conclusión de que el sistema educativo puede impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pese a que la Constitución afirma de forma clara y precisa que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
En otras palabras, el sistema educativo tiene la obligación de ofrecer a los alumnos una formación sobre las características fundamentales y el funcionamiento de nuestra democracia, los principios y derechos establecidos en la Constitución española y los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática.
La inclusión de la asignatura en el currículo escolar no fue un capricho del Gobierno. Al mandato constitucional referido, hay que sumar que su impartición se enmarca en las políticas de la Unión Europea conducentes a la consolidación de la cultura democrática en su seno a través de la educación. Siendo esas sus raíces, bien se comprende que va en contra de la naturaleza de tal materia negar a lo padres el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios morales o religiosos; es más, ambas enseñanzas deben ser compatibles, pues la finalidad de la Educación para la Ciudadanía es la transmisión de unos ciertos códigos que han de aceptar todos los ciudadanos con independencia de sus creencias o convicciones.
Sin embargo, la Iglesia católica ha liderado una durísima cruzada contra la impartición de la asignatura a través de una llamada masiva a la objeción de conciencia y a la desobediencia civil, que ha ido más lejos del ejercicio legítimo de derechos como la libertad de expresión o manifestación, pues se ha inmiscuido en el cumplimiento de las leyes. No deja de ser curioso que la misma Iglesia que pactara en 1946 inculcar a sus seminaristas el más acendrado sentimiento patriótico español y obligara a los españoles a conocer y a recitar su catecismo, pretenda erigirse como defensora del derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos.
Pero mucho más preocupante ha sido el alineamiento de numerosos líderes del Partido Popular junto a las tesis de la Iglesia, tanto en sus contenidos como en su radicalidad, ya que esto ha servido para conceder cierta legitimidad política a sus reivindicaciones, pese a que la posición de la Iglesia se ha soportado en la idea de fondo de que el Gobierno carece de legitimidad política para regular la educación y ha lesionado derechos fundamentales de sus ciudadanos. Nunca el ansia de conseguir un puñado de votos ha erosionado tanto la legitimidad de las instituciones.
Este es un debate que los españoles deberíamos haber tenido en los años ochenta, cuando nos liberamos de la dictadura militar y no nos atrevimos a darnos la herramienta más importante que puede utilizarse en este terreno; es decir, explicar a las futuras generaciones que la llegada de la democracia nos convirtió en ciudadanos titulares de derechos y libertades. Determinados sectores de la sociedad tienen miedo a que los españoles tomemos conciencia de lo qué significa ser ciudadano y, en consecuencia, ser libres para tomar nuestras propias decisiones.
Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado
RAMÓN COTARELO
Tiene color político la corrupción? Ciertamente. Hay corruptelas en el PSOE, como las hay en el Partido Popular, y a los efectos legales todas son lo mismo: delitos. Pero políticamente presentan rasgos diferenciados. Mientras que las de la izquierda obedecen a comportamientos irregulares de sujetos específicos que meten la mano en la caja común, pero van en contra de la política de la tendencia a la que pertenecen, que siempre ha preconizado la austeridad en la gestión pública, las de la derecha tienen un aspecto más estructural y aparecen imbricadas en la ideología de la tendencia en que se dan, sobre todo, a raíz de la llamada “revolución neoliberal”, consistente en poner todo lo público al servicio de lo privado.
Los ideólogos neoliberales presentan ese principio de la privatización (o expolio) de lo público en favor de lo privado como la panacea que garantiza la prosperidad general. Ofrece, sin duda, oportunidades a los sectores sociales que pueden aprovecharlas –y son aquellos a los que representan los partidos de la derecha–, pero empobrece a la inmensa mayoría y es causa directa de la crisis. Algo parecido a las desamortizaciones del siglo XIX, que beneficiaron a los campesinos ricos que podían pagar las tierras, los aperos y las simientes.
Las oportunidades vienen calvas y hay que atraparlas como sea. En sociedades dominadas por el neoliberalismo, en las que se eliminan los controles públicos, se desregulan las relaciones económicas y laborales, se confía la vigilancia a empresas privadas sólo interesadas en los beneficios o, incluso, a un quimérico mecanismo de autorregulación del mercado, lo habitual es que los agentes privilegiados recurran al fraude, al cohecho, a la información privilegiada y a la simple estafa para ganar a la competencia y maximizar su lucro.
Se genera así una connivencia entre los intereses económicos y los políticos, que fue norma en los años de la apoteosis neoliberal coincidentes con los dos mandatos del PP. Los de las privatizaciones en interés privado y político de los gobernantes, de las desregulaciones, de la liberalización del suelo que provocó la burbuja inmobiliaria y de muchas presuntas ilegalidades que se conocen ahora, al arreciar la crisis económica, que aquí es más grave por esa burbuja inmobiliaria que tiene responsables económicos y políticos.
Afloran los resultados de aquella tupida red de intereses políticos y económicos urdida al amparo del neoliberalismo carpetovetónico, típico ayer del Gobierno de Aznar y hoy del de Aguirre (la que ponía la mano al fuego por sus consejeros); un neoliberalismo que conjuga el intervencionismo partidista en medios y adjudicaciones con la ausencia de control público de las operaciones con que sus allegados se han forrado en los últimos años.
Es injusto que quienes han pretendido poner coto a tanto desmán al llegar al poder en el partido en 2004, sean quienes deban pechar con la condena moral que provoca en la opinión este racimo de presuntos sinvergüenzas. Pero tienen un remedio fácil: que colaboren con la Justicia para esclarecer cómo surgieron y cómo prosperaron estas tramas en tiempos de Aznar y si este o sus allegados tienen algo que ver con ellas y cuánto.
Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas
CARLOS TAIBO
Hay tres cifras que han marcado el derrotero de Barack Obama en los últimos meses. A poco que se asuman criterios moderadamente serios, ninguna de ellas, como pronto se verá, invita a extraer conclusiones saludables en lo que se refiere a lo que está llamado a significar el nuevo presidente de Estados Unidos.
La primera de esas cifras no es otra que la que nos recuerda la dimensión ingente de esos 700.000 millones de dólares inicialmente aplicados –luego se han hecho valer inyecciones adicionales– en el plan de rescate de un puñado de inmorales instituciones financieras.
No está de más recordar que años atrás el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que la mitad de esa suma, desembolsada a lo largo de un decenio, bien podía ser suficiente para encarar los problemas más perentorios en materia de sanidad, educación, alimentación y agua en todo el planeta.
Qué llamativo resulta que, para este último menester, no hubiese sino migajas y que, en cambio, sumas formidables emerjan de la noche a la mañana –sin que se haya explicado convincentemente, por cierto, de dónde han salido– para acudir en socorro de quienes bien que se embolsaron suculentos beneficios en época de bonanza.
La segunda de las cifras de Obama ha pasado más inadvertida. En el programa electoral del entonces candidato se anunciaban reducciones fiscales para todos los ciudadanos norteamericanos que ingresasen al año menos de 250.000 dólares, esto es, menos de 183.000 euros. Ya podían estar satisfechos muchos de los integrantes de las clases pudientes estadounidenses cuando esa era la propuesta del candidato progresista, quien, a decir verdad, debía toparse con problemas sin cuento para explicar cómo, al amparo de semejantes regalos fiscales, se iba a financiar un programa de regeneración social que mereciese tal nombre. Y es que no conviene olvidar que el punto de partida lo aportaba un sistema impositivo –el labrado por George W. Bush–, que ya era de por sí generoso con las clases acaudaladas.
La última cifra de Obama nos ha llegado hace bien poco y anuncia que los ejecutivos de las empresas que se han visto beneficiadas de ayudas públicas no podrán recibir emolumentos superiores a los 500.000 dólares anuales (386.000 euros).
Qué curioso es que, en labios de los de siempre, semejante medida haya sido agriamente criticada por entender que limita, lamentablemente, las posibilidades de esas compañías y, cabe suponer, rebaja de forma injustificada las posibilidades al alcance de esos directivos. Esto es lo que se escucha en un país, Estados Unidos, en el que faltan las noticias que den cuenta de la apertura de causas legales contra quienes asumieron conductas que la percepción más relajada calificaría, sin dudarlo, de delictivas.
Obligado parece concluir que la lección moralizadora que emana de los nuevos poderes públicos en Estados Unidos no se halla, claro, a la altura de lo que cabe esperar o, lo que es lo mismo, que aquellos están transigiendo ante unas reglas del juego que deberían cuestionar con firmeza en un país en el que hay nada menos que 46 millones de indigentes. Ello es así, por mucho que alguno de los movimientos de Obama –así, el franco apoyo dispensado a una plena homologación salarial entre mujeres y varones– invite, bien que con cautelas, a la esperanza.
Carlos taibo es Profesor de Ciencia Política
ANTONIO IZQUIERDO
No hubo inmigrantes en el segundo Tengo una pregunta para usted protagonizado por el presidente Zapatero. Estuvieron muy presentes en el primer programa, pero desaparecieron en este último pese a crecer en cantidad y arraigo. Lo cierto es que están viviendo aquí, han avivado la demografía y sufren más el desempleo. ¿A qué puede deberse esta ausencia y qué consecuencias tiene su olvido para la calidad de la vida democrática?
En marzo de 2007, los inmigrantes le hicieron tres preguntas a Zapatero. La primera sobre la naturalización, otra acerca de las posibilidades de regularización y la tercera fue para pedir protección frente a la violencia de género. En otras palabras, lo que demandaron fue poder votar, vivir en la legalidad y no ser considerados sólo mano de obra. Las tres cuestiones se resumían en un: ¡Me arraigo, Sr. presidente! ¿Me apoyará usted en el empeño?
En una encuesta de septiembre del mismo año, el 68% de los entrevistados consideraba excesivo el número de inmigrantes y creía que representaban el 24% de los habitantes. Esta “percepción de anegamiento” aparecía muy repartida atravesando clases, partidos, ideologías y generaciones pero en mi opinión no identifica con precisión la xenofobia. Las llamo “preguntas niebla”, porque despistan a la hora de construir una estrategia de información de la opinión pública y difuminan cuáles son los núcleos del rechazo contra grupos específicos de inmigrantes.
Debemos ser conscientes de que hay inmigrantes que ya forman parte de la estructura del país. En los medios de comunicación han de aparecer como habitantes y no sólo como pasajeros de cayucos o cotizantes efímeros. Actuar en la crisis sobre los flujos de entrada o salida y sobre la irregularidad laboral, no implica la ausencia en la televisión de la voz de los inmigrantes que están aquí y quieren quedarse. Daré unos datos que revelan su decisión de echar raíces.
Representan el 10% de los habitantes (un punto arriba o abajo según el registro administrativo elegido) y otro tanto si nos referimos a su proporción entre la clase trabajadora. Su peso se acrece en los nacimientos (20%) y en las nupcias (17%) y hay más de 700 mil menores extranjeros escolarizados. Otro indicador de asentamiento es la nacionalización de más de 300.000 “extranjeros” en lo que va de siglo.
Supongo que habría diez extranjeros entre los cien asistentes al debate, pero sólo hubo una interviniente de “apariencia foránea”. La invisibilidad de los inmigrantes denota miedo electoral, incomprensión del patrón migratorio y dudas sobre la política a seguir. Pretender que de-
saparezcan del debate público es dar manotazos al aire, porque su “imagen excedente” se agiganta en la crisis y su radicación también. Además, los inmigrantes y las mudanzas legislativas han forjado un sistema combinado de familias instaladas y de circulación laboral. El modelo migratorio de trabajador temporal ha caducado.
Estamos agobiados por el desempleo y podemos perder la perspectiva de la integración hacia dentro. Dos pilares del futuro en común son la educación de los menores inmigrantes y la articulación democrática de la diversidad cultural. Los “silenciados” tienen preguntas para el presidente.
Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología
