RAMÓN COTARELO
La intervención de la Caja de Castilla-La Mancha es un cañonazo en la línea de flotación del barco gubernativo de gestión de la crisis, que se basaba en la seguridad de que el sistema financiero español estaba a salvo a causa de la vigilante política del Banco de España, que obligaba a provisionar siempre suficientemente para reducir riesgos. Tal era la seguridad, que España proponía su modelo como ejemplo a imitar en otros países. La caída de la CCM muestra que aquella seguridad era infundada y abre la vía a la sospecha de que en España no ha habido casi infección con activos tóxicos procedentes del extranjero porque ya tenemos los propios, generados en la burbuja inmobiliaria patria, y que además no estaban vigilados.
En su comparecencia a raíz de la fulminante intervención dominical, Solbes quiso tranquilizar a mercados e inversores asegurando que no era una situación extrema, que no había un problema de descubierto sino una coyuntural falta de liquidez de la entidad que se corregirá con el aval de hasta 9.000 de euros por Real Decreto Ley. Es asombrosa la falta de sentido común de los políticos. Un gobierno forzado a reunirse en Consejo de Ministros un domingo por la tarde para aprobar un Real Decreto Ley trataba obviamente de evitar un pánico bancario en la CCM el lunes por la mañana. Porque lo que el Gobierno no había dicho es que la intervención se acordó a la vista de una demanda de retirada de depósitos con carácter galopante. Y, junto a la intervención, la destitución de los cargos directivos de la caja, de plena confianza del partido en el Gobierno en Castilla La Mancha. Todo ello normal en un domingo por la tarde.
La urgencia del momento no debiera ser óbice para que el Gobierno explique por qué ha mantenido el discurso tranquilizador hasta el último momento, si es que no vio los signos de riesgo de la burbuja inmobiliaria, o los vio pero no quiso hacerles frente y, si es así, por qué. No se trata de buscar hipotéticos culpables que carguen con el sambenito de mala gestión de la crisis, sino de averiguar por qué un Gobierno que ya reaccionó tarde y mal a los primeros avisos de crisis ha vuelto a hacerlo en un desarrollo negativo posterior para el que ya debería estar preparado.
En el caso de la Caja de Castilla-La Mancha hay dos cuestiones que se plantean al unísono, uno referido al origen inmediato del problema y el otro al mediato. El inmediato presupone averiguar qué volumen de negocio tenía la caja atrapado en el ladrillo y qué volumen tienen las demás cajas, algo que será imprescindible aclarar si se quiere garantizar la supervivencia del sistema. El mediato cuestiona la forma de gobierno de las cajas en España con el predominio de la gestión política, cuyo peligro puede observarse en la delirante pugna que ha abierto doña Esperanza Aguirre por el control de Caja Madrid, poniendo en peligro la estabilidad de la cuarta institución financiera del país.
Y, finalmente, la última cuestión que está en el ánimo de todos pero nadie quiere plantear abiertamente: ¿puede saltar el problema de las cajas a la banca comercial?
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Siempre ocurre igual: cuando se choca con la economía, el progresismo se termina. El plan Geithner, que plantea dedicar un millón de dólares para salvar a la banca, es sustancialmente igual al que diseñó hace seis meses Paulson. Como el Gatopardo, cambiemos algo para que nada cambie. En ambos casos se trata de limpiar la basura de las entidades financieras con el dinero de los contribuyentes sin recibir nada a cambio. La única diferencia es que Geithner lo hace más alambicado, suponiendo que tal vez así pase desapercibida su verdadera naturaleza.
Comienza por llamar préstamos y títulos heredados a los que hasta ahora se denominaban tóxicos, y continúa por dar entrada en la operación al sector privado en condiciones muy ventajosas. Curiosamente, los hasta ahora denostados hedge funds y fondos de capital riesgo se convierten en los protagonistas y también en los posibles beneficiarios del invento.
Las entidades financieras podrán sacar a subasta sus préstamos y títulos tóxicos (ahora heredados) y el precio lo fijarán los futuros inversores, que sólo tendrán que aportar un euro por cada 14 de inversión –el Tesoro pondrá otro y los 12 restantes serán garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos–. El sistema es asimétrico, ya que el inversor privado obtendrá el 50% de las posibles plusvalías, pero su riesgo quedará limitado a poco más del 7% del precio inicial, aquel en el que se ha rematado la subasta, asumiendo el Estado la práctica totalidad de las posibles pérdidas.
Según el secretario del Tesoro de Obama, la razón de invitar al sector privado radica en que se precisa algún procedimiento para valorar esos activos tóxicos. La fórmula escogida es la de la competencia de los distintos inversores privados en la subasta. Subyace la creencia –un tanto arriesgada– de que esos activos, aunque ahora carezcan de compradores, tendrán en el futuro un valor mucho mayor. La apuesta, sin duda, es aventurada y sin fundamento, y carente de fundamento también es pensar que el verdadero valor de esos activos lo marca una subasta en la que los jugadores exponen muy poco y pueden ganar mucho. El precio de esos activos va a estar sobrevalorado, y resulta difícil entender por qué este es un precio más real que el que estarían dispuestos a pagar esos mismos inversores sin la muleta del Estado.
El camino correcto sería la nacionalización: abandonar a las entidades financieras a su suerte haciendo que administradores y accionistas pagasen los excesos pasados e intervenirlos in extremis, salvando a los depositantes y nacionalizando el banco, no temporalmente sino de forma definitiva. Se hace cuesta arriba comprender cómo, después de los desmanes cometidos por el sistema financiero –que todos estamos pagando–, se puede tener miedo a la nacionalización de los bancos. Únicamente el cautiverio ideológico al que el neoliberalismo económico nos tiene sometidos puede explicar tal cerrazón. Después de la crisis del 29, el sistema capitalista necesitó diez años de una terrible depresión para despertar de su letargo e introducir mecanismos de corrección. Esperemos que ahora se precise menos tiempo.
Juan Francisco Martín Seco es Economista
CARME MIRALLES-GUASCH
Una excelente película, con un gran director, además de magnífico actor. Clint Eastwood nos ofrece en Gran Torino un pedazo enorme de vida, de vida vivida. Y también nos regala, auque sea entre líneas, una profunda reflexión sobre el barrio, sobre ese trozo de ciudad en el que discurre buena parte de nuestra vida cotidiana.
El barrio de Walt Kowalski, el protagonista de la película, se ha transformado. Sus vecinos de siempre ya no vienen allí y ahora el barrio esta ocupado por asiáticos de los que él no entiende ni su idioma ni sus costumbres. Unos inmigrantes que no sólo transforman el barrio, sino que hacen patente la relación entre lo global y lo local. Aquello que ocurre en un mundo que nos parece tan alejado de nuestro entorno, aquellas decisiones internacionales de la alta política que creemos que no nos pueden afectar nunca, repercuten, tarde o temprano, en nuestra vida cotidiana.
El barrio es donde vivimos, donde saludamos a nuestros vecinos, donde nos reconocemos como ciudadanos, desde donde vemos el mundo, aunque su forma, sus habitantes, sus densidades puedan ser muy distintas. En la película es un típico barrio periférico de casas unifamiliares situado en una ciudad de la América profunda. En nuestro entorno su formalidad puede adoptar distintas tipologías, pueden ser barrios más o menos céntricos, más o menos densos y con más o menos servicios, pero en todos y en cada uno de ellos se trata de nuestro espacio vital, allí donde también viven nuestros vecinos. A la gente que saludamos por la mañana al salir de casa y por la tarde cuando regresamos, aunque en muchos casos no los conozcamos o incluso, como en la película, no los entendamos.
El barrio es también un objetivo político, y lo puede ser por omisión o por mención. Lo puede ser porque las políticas urbanas lo tengan como unidad de acción y porque quieran que esté más presente en la cotidianidad de la ciudad, con equipamientos y servicios a escala vecinal. O porque, por el contrario, la escala de las acciones políticas sobrepasa en objetivos y tamaños a estas unidades de la cotidianidad.
En la película, cuando el protagonista le advierte a su vecina que por una calle no se puede pasar, pone de manifiesto los límites del barrio, las fronteras invisibles en nuestras ciudades, entre nuestros barrios. Fronteras inexistentes en lo formal y, por lo tanto, mucho más difíciles de reconocer y a la vez mucho más peligrosas. Fronteras sociales y étnicas que en las ciudades americanas son mucho más profundas y que en las nuestras empiezan a aparecer junto al incremento del fenómeno inmigratorio y con el aumento de la precarización laboral que la crisis nos trae. Por todo esto, los ciudadanos tendríamos que tener la suficiente inteligencia colectiva como para que nuestras políticas urbanas tuvieran como objetivos prioritarios amortiguarlas. La cohesión social también tiene que ser una estrategia urbana, para hacer de las ciudades espacios de inclusión.
El barrio es una pieza urbana indiscutible que puede actuar como elemento estratégico en las políticas urbanas de la inclusión que tanto necesitan y necesitarán nuestras ciudades.
Carme Miralles-Guasch es Profesora de Geografía Urbana
RAMÓN COTARELO
Desde el accidente del Yakovlev-42, hace cinco años, Federico Trillo-Figueroa, entonces ministro de Defensa, no ha tenido otro objetivo que zafarse de las consecuencias jurídico-penales y políticas. Hasta la fecha lo ha conseguido, bien es cierto que al muy alto coste del general ludibrio en que lo tiene una opinión pública que exige que los responsables políticos asuman sus responsabilidades y dimitan de sus cargos cuando hay desaguisados de este porte. Como, por asunto de muchísima menos gravedad, hizo hace poco Mariano Fernández Bermejo precisamente a instancia reiterada e indignada de Trillo.
Son dos los desaguisados producidos en el accidente del Yak-42:
las condiciones de contratación de la aeronave, rayanas en el fraude, y el desbarajuste en la identificación de los cadáveres que dio lugar a una situación de doble perjuicio para las víctimas y sus familiares. Los dos implicaban la responsabilidad de Federico Trillo, por acción o negligencia. Que haya conseguido soslayarla hasta la fecha demuestra el grado de implicación y complicidad en tareas de encubrimiento que alcanzan las administraciones públicas cuando les interesa y la habilidad de Trillo para aprovechar los entresijos legales y los privilegios e inmunidades que otorga el poder a fin de escurrir el bulto al hacer frente a las consecuencias de su gestión por acción u omisión.
Sin embargo, el inexorable curso de la justicia está haciendo que su situación sea cada vez más insostenible. Es cierto que tanto el juez de instrucción, Grande Marlasca, como el actual presidente del tribunal juzgador, Gómez Bermúdez, han considerado impertinente la personación de Trillo en la causa. Pero el desarrollo de esta –con la permanente aparición de datos e informaciones que apuntan a decisiones emanadas directa y personalmente de Trillo– están abocando al proceso a un callejón sin salida. Empieza a carecer de sentido que se mantenga su incomparecencia, ya que cada vez es más claro que es sobre él sobre quien recae la responsabilidad de la autoría intelectual del presunto delito, por utilizar una terminología que viene siendo familiar de un tiempo a esta parte.
En cuanto a la obvia responsabilidad política de la que Trillo se ha escurrido hasta la fecha, sostiene el ex ministro que quedó sustanciada desde el momento en que su partido, el Partido Popular, perdió las elecciones y él fue reelegido diputado por Alicante. Son dos falacias en una: la responsabilidad política era y es personal, no colectiva, no afectaba al Gobierno en su conjunto y menos al partido; por otro lado, la elección en listas cerradas y bloqueadas no dice nada sobre una eventual (y, por lo demás, imposible) exoneración de responsabilidades políticas.
La situación de Federico Trillo es insostenible y la decencia democrática requiere que dimita de todos sus cargos políticos a la espera de que el procedimiento penal exija su comparecencia en él. Entre otras cosas, para evitar la penosa impresión de que ha dejado en la estacada a sus subordinados.
Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Ni siquiera la Semana Santa se ha librado del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, debido a que algunas cofradías han suscrito manifiestos en contra de la reforma de la Ley del Aborto y un sector muy minoritario de ellas ha anunciado además su intención de lucir lazos blancos para expresar su defensa de la vida humana desde el momento de la concepción.
La presencia de símbolos reivindicativos contra las actuaciones de los poderes públicos en actos de naturaleza religiosa no parece acertada. Las cofradías han sido autorizadas por las delegaciones del Gobierno exclusivamente para realizar una procesión en el marco de una festividad religiosa. Esto no quiere decir que los cofrades no tengan derecho a manifestarse públicamente en defensa de aquello que consideren oportuno, pero para ello deben solicitar, al igual que cualquier otro colectivo, la pertinente autorización. Lo que no tiene sentido, y además es ilegal, es utilizar una autorización administrativa para realizar una procesión en el marco de una festividad religiosa para manifestarse contra las políticas públicas. A mayor abundamiento, las procesiones presentan una serie de componentes de carácter cultural, popular e histórico que van mas allá de lo religioso; de ahí que su celebración tenga un carácter integrador para muchas comunidades, que se vería roto con la presencia de símbolos ajenos a los estrictamente procesionales.
La posición de las cofradías es difícil de entender, especialmente una vez que la Iglesia católica ya ha dejado muy clara cuál es su posición sobre esta temática y que diversos líderes del Partido Popular, que se han opuesto de forma rotunda a la ley de plazos, hayan declarado que no asistirán a la manifestación convocada contra la reforma de la Ley del Aborto. Parece evidente que, ante la proximidad de la cita electoral europea, el principal partido de la oposición ha decidido colocarse la careta de partido de centro y tiene miedo a respaldar en las calles lo que defiende legítimamente en el Parlamento. En política ya se sabe, una cosa es lo que se predica y otra lo que se hace, pero lo importante es que a uno le voten.
La defensa del derecho a la vida que están abanderando algunas cofradías es tan loable como legítima, pero plantea numerosas cuestiones, como ¿por qué no se han utilizado las procesiones de Semana Santa para manifestarse en defensa de la vida en otros momentos?; como, por ejemplo, cuando el Gobierno envió las tropas a Irak, o para denunciar las numerosas injusticias sociales que asolan el mundo. Es más, ya puestos, ¿por qué las cofradías no lucen cintas de diferentes colores en función de las causas que apoyan o desaprueban? Probablemente, la respuesta a estos interrogantes sea la que ha propiciado que, contrariamente a lo que algunos esperaban, la mayoría de las cofradías haya renunciado a exhibir signos contra el aborto.
En cualquier caso, el resultado es indiscutible, pues esta Semana Santa parece que se hablará más de los lazos que porten o no unas u otras cofradías que de otras temáticas más propicias para estas fechas.
Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado
CARMEN MAGALLÓN
El Foro Mundial del Agua celebrado recientemente en Estambul se ha cerrado sin llegar a un consenso sobre la declaración del acceso al agua potable como derecho humano. No obstante, 20 países, entre ellos España, han apoyado esta declaración. Podemos felicitarnos de que nuestro país se haya alineado con gran parte de América Latina, buena parte de África y algunos países asiáticos en una reivindicación tradicionalmente defendida por el Foro Alternativo.
Fue en el anterior Foro del Agua, celebrado en 2006 en México, cuando conocí a las mujeres mazahuas. Me impresionó verlas desfilar con sus vistosos trajes en la marcha que abría el Foro Alternativo. Con fusiles de madera al hombro y pancartas, reclamaban su derecho al agua. Más tarde, pude leer el minucioso trabajo de la antropóloga Anahí Copitzy Gómez sobre el problema que creó el sistema Cutzamala, una enorme y compleja obra hidráulica que abastece a la ciudad de México captando agua del territorio mazahua.
Las expropiaciones, daños ambientales y, sobre todo, la carencia de abastecimiento de agua en sus comunidades, levantaron un movimiento que en 2004 llevaría a las mazahuas a constituir el Ejército Zapatista de Mujeres por la Defensa del Agua. En estos días, lejos de los debates de Estambul, pero en su estela de preocupaciones, y de la mano de Anahí, he visitado algunas comunidades mazahuas en el Estado de México: Loma de Juárez, Los Berros, Salitre del Cerro y San Isidro. Lo primero que impresiona es su profunda hospitalidad: lo dejan todo para acompañarte. Las mayores vienen a la reunión con sus bellos trajes, nos enseñan las piletas de agua potable y el invernadero conseguido tras las luchas, y nos hablan de las promesas pendientes. Tanto el nombre del grupo como el portado de armas, dicen, son símbolos, pues, aun sin contactos con el zapatismo, se identifican con él. Pero es a través de sus acciones colectivas, de corte no violento, como han logrado empoderarse para finalmente poder dialogar. Las marchas, plantones, entrevistas y bloqueos en la principal planta potabilizadora forzaron finalmente la firma de un convenio con el Gobierno federal, que incluye diversos proyectos de desarrollo y el reclamado abastecimiento de agua.
El caso de las mazahuas es paradigmático de una realidad que se repite en muchos lugares del mundo: derechos de pueblos originarios son avasallados en beneficio de la gran urbe. El Foro Alternativo del Agua, que surgió frente a las políticas privatizadoras impulsadas por el Banco Mundial y el poderoso lobby transnacional europeo, ha venido siendo altavoz de las necesidades de afectados por conflictos del agua, similares a las del pueblo mazahua. Este año, en Estambul, además de sumar fuerzas en pro del agua como derecho humano, se han puesto sobre la mesa los graves impactos sociales y ambientales que acarrea la construcción de grandes presas. Y se ha cuestionado la legitimidad de un foro oficial que, por la naturaleza de los problemas a tratar, debería ser organizado por la ONU y no, como es el caso, por las principales empresas privadas de agua del mundo.
Carmen Magallón es Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
CARLOS TAIBO
La decisión de retirar los soldados españoles presentes en Kosovo ha suscitado una casi unánime reacción de repulsa que se ajusta, bien es cierto, a razonamientos varios. Así, si los unos invocan los deberes de solidaridad dentro de la OTAN, los otros consideran que la medida debió tomarse un año atrás, y no faltan quienes –por dejar las cosas ahí– aprecian garrafales errores en materia de relaciones diplomáticas. Tiene su gracia comprobar, de cualquier modo, cómo un hecho nimio se convierte a los ojos de muchos en un inquietante indicador de ruptura con una gran potencia, Estados Unidos, a la que –parece– toca ofrecer un permanente tributo de pleitesía.
En un debate tan lastrado por prejuicios y elementos emocionales, y en un magma de esencialismo estatalista, pocos han tenido a bien preguntarse si la razón de fondo esgrimida por las autoridades españolas se sustenta en algún fundamento sólido. Tal vez porque casi todos, pese a discrepar de la medida en virtud de una razón u otra, al cabo consideran que la retirada –formas aparte– está justificada o, al menos, puede disculparse. Nada más sorprendente cuanto que las explicaciones oficiales chirrían por todas partes.
En realidad, ninguna atención prestan –no nos engañemos– al escenario kosovar, convertido sin más en una excusa para dirimir celtibéricas disputas. Es verdad, con todo, que la reiterada afirmación que señala que Kosovo no es en modo alguno Cataluña, Euskadi o Galicia –toda vez que su historia reciente da cuenta de acontecimientos trágicos que, bien que olvidados en estas horas, no se han registrado en esos tres lugares– deja un tanto perplejo: si ello es así, y es la singularidad kosovar la que ha abocado en un proceso de independencia unilateral, ningún motivo habrá para que ocurra lo mismo en Cataluña, Euskadi o Galicia, y ningún recelo deberá suscitar, entonces, el mantenimiento de los soldados en el noroeste de Kosovo.
El esencialismo que hemos invocado conduce, por lo demás, en el caso de nuestros gobernantes, a la reiterada afirmación de que Kosovo es Serbia, cabe suponer que cimentada en el contundente argumento de que eso es lo que rezan las leyes de este último país. La incuestionable afirmación, tan cara a nuestros líderes de opinión, de que la independencia unilateral de Kosovo conculca las normas del Derecho Internacional rara vez se ve acompañada, entre tanto, del recordatorio de que este último hace poco más que refrendar lo que rezan las leyes internas de los Estados, nada propicias, de siempre, a acatar procesos de autodeterminación y de eventual secesión, por mucho que estos últimos configuren una respuesta -no estoy afirmando que este sea necesariamente el caso kosovar– a viejas políticas de represión y exhiban un rotundo marchamo democrático.
Para cerrar el círculo de desafueros, apenas se han dejado escuchar en estos días –la censura al respecto es tan evidente como irritante– las opiniones de quienes, más allá de las disputas que genera el contencioso kosovar, recelan de oficio de las bondades de un intervencionismo, el que nos venden, que sólo en virtud de alguna circunstancia azarosa tiene algo, hablando en serio, de humanitario.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política
JORGE CALERO
Es bien sabido que la seguridad de un sistema está determinada por la seguridad de su eslabón más débil. Creo que el eslabón más débil del sistema educativo lo forman los estudiantes con necesidades educativas especiales (es decir, con alguna discapacidad). ¿Por qué es importante este colectivo desde el punto de vista de la totalidad del sistema educativo? Porque el trato que reciben va a indicar si realmente el sistema cumple el principio de “no dejar a nadie atrás”. Nos va a proporcionar información, por ejemplo, acerca de si el sistema educativo está orientado a atender a las personas en función de sus necesidades, sean estas de la magnitud que sean, o, por el contrario, en función de sus recursos previos (beneficiando a los que más tienen).
Sabemos, además, que a menudo el eslabón más débil es aquel que recibe menos atención, y esa desatención pone en riesgo al conjunto del sistema. En mi opinión, esto también sucede en el caso de los estudiantes con discapacidad: existe una tendencia, por parte de diversos actores (profesorado, alumnos, familias del resto de alumnos, etc.) a “mirar
hacia otro lado”.
En España hay 136.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. La mayoría de ellos se escolariza en centros ordinarios, mientras que únicamente el 21% acude a centros específicos de educación especial. En principio, los centros de educación especial deberían destinarse exclusivamente a aquellas situaciones que no pueden atenderse adecuadamente en los centros ordinarios. La inclusión, como se denomina a la política de no segregar en centros específicos a los alumnos con discapacidad, ha sido la línea directriz de la intervención pública en España en los últimos 25 años. Sólo unos pocos países (entre ellos Suecia y Noruega) han aplicado una política de inclusión más
intensa que España.
Sin embargo, la inclusión exige no sólo importantes recursos humanos y materiales, sino también el desarrollo de una sensibilidad específica por parte de todos los actores implicados. En un documento reciente de la Fundación ONCE y el CERMI se alerta sobre la situación actual del modelo de inclusión en España, definiéndolo como “un modelo que [...] parece estancado, falto de recursos o con una asignación inadecuada, y muchas veces a expensas del voluntarismo individual y el interés vocacional que frecuentemente acaba quebrándose por la inercia negativa”. Quizás el exponente más claro del estancamiento del modelo es el hecho de que muchas familias de alumnos con discapacidad buscan para sus hijos el “refugio” que proporcionan los centros específicos de educación especial, renunciando a la
alternativa de la inclusión.
Es fácil “mirar hacia otro lado” en todo lo relacionado con las personas con discapacidad y, específicamente, con los alumnos con discapacidad. Pero las oportunidades de más de 100.000 personas, las oportunidades del eslabón más débil, están en juego. Conviene siempre mirar al eslabón más débil, porque, finalmente, nuestra suerte
dependerá de él.
Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada
NÚRIA BOSCH
Los artículos 2 y 138 de la Constitución garantizan la solidaridad entre las comunidades autónomas. El cumplimiento de este principio ha de llevar a políticas públicas de redistribución de renta y recursos si se dan disparidades regionales, ya sean de carácter socioeconómico o fiscal. Aparte de las políticas propias que puede desarrollar el Estado, por ejemplo a través de la inversión pública, hay instrumentos específicos como el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que persigue corregir las diferencias de carácter socioeconómico existentes entre las comunidades autónomas, fomentando el desarrollo regional. Además, el propio sistema de financiación autonómica incorpora instrumentos para garantizar la solidaridad. El Fondo de Suficiencia persigue corregir las diferencias fiscales o presupuestarias, pretendiendo garantizar una provisión similar de servicios en todas las comunidades autónomas.
Uno de los problemas más graves que tiene el sistema actual de financiación autonómica es que el Fondo de Suficiencia cumple de manera muy errónea con el principio de solidaridad. El objetivo de dicho Fondo debería ser redistribuir recursos entre las comunidades autónomas para que pudieran suministrar un nivel similar de servicios a sus ciudadanos, haciendo un esfuerzo fiscal también parecido. No obstante, el funcionamiento del Fondo lleva a una redistribución excesiva.
Las comunidades autónomas con mayor nivel de renta deben pasar recursos a las de menor nivel, pero tal como se hace actualmente esta redistribución lleva a unos resultados totalmente injustos, ya que las comunidades con mayor nivel de renta después de la redistribución se quedan con menos recursos por habitante que las comunidades con menor nivel. Así, por ejemplo, Madrid, Baleares o Cataluña, que son comunidades con una capacidad fiscal alta, es decir, realizan una contribución fiscal muy superior a la media (del orden de un 41%, 32% y 21%, respectivamente), después de la aportación que realizan a la solidaridad se quedan con unos recursos per cápita inferiores a la media (del orden de un 11%, 19% y 6%). En cambio, a otras comunidades les ocurre lo contrario. Por ejemplo, Extremadura y Castilla-León, que realizan una contribución fiscal inferior a la media (un 32% y 5%, respectivamente), por tener una capacidad fiscal baja, después de recibir los recursos de la solidaridad disponen de unos ingresos muy por encima de la media (25% y 19%).
Por tanto, hay una inversión de posiciones y una redistribución excesiva. El proceso redistributivo debe aproximar las posiciones relativas entre las comunidades autónomas de mayor y menor capacidad fiscal, pero no invertirlas.
La reforma de la financiación autonómica debería corregir este mal funcionamiento de los mecanismos actuales de solidaridad entre las comunidades autónomas. Como ocurre en otros países federales, las comunidades con mayor capacidad fiscal deberían destinar una parte de los ingresos impositivos de que disfrutan por encima de la media a la solidaridad, pero la otra parte debería revertir en el propio Gobierno autonómico.
Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública
RAMÓN COTARELO
La respuesta del Partido Popular al incipiente proceso por presuntas corruptelas en su seno no puede ser más dañina para el sistema democrático y la funcionalidad de las instituciones. Casi política de tierra quemada. Empezó siendo un ataque a la legitimidad de las instituciones al poner en cuestión la imparcialidad de la justicia o el funcionamiento de los órganos legislativos (caso de la Asamblea de Madrid) o la profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado. A continuación ha pasado a tratar de amedrentar personalmente a los funcionarios y cargos responsables del funcionamiento de las instituciones.
Nadie puede negar que el Partido Popular como partido y su presidente en concreto han desatado una verdadera persecución del juez Garzón en todos los órdenes con una acumulación de recusaciones y denuncias, así como una sarta de descalificaciones de todo tipo que equivale a un acoso personal. La finalidad sólo puede ser intimidar al magistrado y conseguir su desistimiento como única forma de paralizar la acción de la justicia que está esclareciendo presuntos delitos cometidos por los militantes y cargos del partido.
A ello ha de sumarse la insólita y violenta diatriba del señor Cosidó, portavoz del Partido Popular en asuntos de seguridad en contra del ministro Pérez Rubalcaba y de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que ha puesto bajo sospecha de partidismo con una irresponsabilidad que sólo cabe calificar de incendiaria. Después de amedrentar a los jueces, nada puede ser más dañino para el Estado de derecho que sembrar sospechas infundadas sobre la imparcialidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Que estos procedimientos los usen los terroristas está en la naturaleza de las cosas; que recurra a ellos un partido conservador rompe la lógica misma del sistema.
Cierra el ciclo la agresividad del señor Trillo en contra del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por no sancionar al juez Garzón según sus innumerables requisitorias de parte. Que el señor Trillo lo hiciera en un tono impertinente, por decirlo con suavidad, ya es grave, pero que el Partido Popular pretenda que la sociedad española acepte lecciones de ética de ningún tipo de alguien con la ejecutoria del señor Trillo en materia de responsabilidades políticas rebasa los límites de lo aceptable.
Ningún partido democrático puede reaccionar a la apertura de un proceso penal en un Estado de derecho cuestionando las instituciones, especialmente la administración de Justicia, y tratando de amedrentar a quienes las representan y gestionan, porque eso implica una falta de lealtad a las reglas del juego que no puede ir en beneficio sino de quienes, en verdad, no creen en la democracia ni en el imperio de la ley. El Estado democrático, con todo, tiene instrumentos suficientes para contrarrestar estas agresiones y, sobre todo, cuenta con la opinión pública ciudadana mayoritaria, que ayudará a conseguirlo manifestando su apoyo a las personas y cuerpos sometidos a intimidación. El resultado se verá en las próximas elecciones europeas.
Ramón Cotarelo es Catedrático en Ciencias Políticas
