ANTONIO IZQUIERDO
No se vive de los mitos, pero sí con ellos. Realmente, nos escondemos tras ellos. Sirven y se utilizan como un edulcorante de nuestras actitudes y nuestras experiencias. Una de esas mitificaciones es la que disfraza la realidad de la emigración española a Europa en los años sesenta del siglo pasado. Hace más de 40 años, así que no es extraño que se recuerde en forma borrosa. Pero la imagen se ha idealizado y los relatos orales convierten la invención en tópico. Al igual que es necesario repensar la transición democrática, hay que reescribir la historia de la emigración española.
Apuntaré hoy una de esas deformaciones que se ha convertido en un lugar común, según el cual los españoles nos fuimos a Alemania, Suiza o Francia con contrato de trabajo. No es la única invención. Hay otras falsedades respecto de la emigración española a América y a Europa sobre las que habrá ocasión de reflexionar. Por ejemplo, la idea sobre lo masivo que fue el retorno europeo o la de que la emigración femenina era invisible, todo ello unido a los resultados escolares de los hijos de los emigrantes. Pero vayamos al asunto que hoy nos ocupa, según el cual, cuando emigramos lo hicimos legalmente.
“¡No compare usted!”, exclama el entrevistado, “a diferencia de los inmigrantes que hoy llegan a España, nosotros fuimos legales”.
Pues bien, durante el sexenio 1960-65 y para el total de la emigración española a Europa las cifras oficiales aclaran que el 51% de la emigración fue “libre o clandestina”. Sí señor, así se la llamaba por entonces en los textos impresos y publicados por el Ministerio de Trabajo de España. Es cierto que también figuraba en las estadísticas como “emigración no asistida”, es decir, “aquella que se produce sin intervención alguna de las autoridades competentes”. En otras palabras, más de la mitad de los españoles que se fueron a la Europa occidental, se fueron por sus propios medios.
Eso sí, en esto no estábamos solos, ni entonces, ni hoy. Para consuelo de muchos transcribo un párrafo de un documento de la OCDE de la época, en donde se decía (página 51): “Existe una emigración libre de trabajadores que va al extranjero por propia iniciativa sin pasar, en consecuencia, por la organización de reclutamiento del Ministerio de Trabajo… se trata de un fenómeno que escapa al control de la Administración”.
Las proporciones de “libres o clandestinos” no eran similares según los países. Así, en Suiza, el promedio de la emigración no asistida a lo largo de esos seis años rebasaba el 60%, mientras que en Alemania los clandestinos superaban el 25%. En Francia más de la mitad iban “por libre”, y en Holanda no había control sobre un tercio de los que llegaban. Resumiendo, en los sesenta no se controlaba la emigración ni aquí ni en los países de destino.
Claro está que, si la migración clandestina fue ayer y continúa siendo “un mal de muchos”, no es un consuelo, sino la prueba de su persistencia y de su globalidad, pero sí que deberíamos aprender las lecciones de nuestro pasado cuando hoy contestamos a las encuestas.
Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Uno de los temas que van a estar presentes en la cumbre del G-20 va a ser la pretensión de Obama de que la Unión Europea colabore de forma más activa en los planes de reactivación de la economía, a lo que parece oponerse la mayoría de los mandatarios europeos. El problema es que Europa, si bien es una superpotencia económica, no cuenta con la suficiente unidad para proceder como tal y las actuaciones realizadas hasta ahora han estado presididas por la disgregación.
Conviene no caer en las mismas equivocaciones del pasado. Tras la depresión del 29, el presidente Hoover y su secretario de Estado del Tesoro cometieron el grave error de oponerse a los programas económicos de estímulo público, imbuidos por la teoría –que actuó también en contra del New Deal de Roosevelt– de que las depresiones son buenas porque sirven de catarsis a las burbujas financieras que las preceden. Schumpeter, Chamberlin o Hayek eran de la opinión de que la economía debe expulsar los venenos acumulados durante la época de expansión.
La mayoría de las crisis –la del 29, al igual que la actual– se originan a partir de los desequilibrios sembrados por los excesos económicos anteriores; la economía entra en una espiral depresiva en la que la demanda y, por lo tanto, la renta se van reduciendo más y más. Las empresas no invierten, generan paro que reduce aún más el consumo, que hace cerrar o poner en dificultad a otras empresas, y así indefinidamente. Renunciar a intervenir en la economía y pretender que esta se recupere por sí sola es tener una confianza excesiva en las fuerzas del mercado y, en el mejor de los casos, aun cuando se produjese la recuperación, sería tras mucho tiempo y la generación de un sufrimiento innecesario. La intervención resulta imprescindible.
El análisis del origen de la crisis nos conduciría a exigir una solución radical, un cambio en profundidad del modelo económico seguido en estos últimos 30 años, la destrucción de la totalidad de los postulados impuestos por el neoliberalismo económico. Pero esas reformas estructurales del sistema económico no se hacen en un día, ni parece, por otra parte, que se tenga la intención de acometerlas. Los planes expansivos de los gobiernos son, por lo consiguiente, necesarios. No atajarán la causa del problema, pero remediarán los efectos a corto plazo.
Ahora bien, no toda intervención estatal tiene un efecto beneficioso para la crisis. A río revuelto, ganancia de pescadores, y hoy son muchos los que se revisten de pescadores para echar las redes en el río fácil de los dineros públicos. Las actuaciones no pueden dirigirse, desde luego, al lado de la oferta. Por muchos incentivos que se concedan a las empresas, estas no invertirán ni producirán ni mantendrán el empleo si no tienen demanda. Fue mérito de Keynes descubrir que, en condiciones normales, no funciona la ley de Say, la oferta no crea su propia demanda. Es hacia la inversión pública y hacia las clases económicamente más desfavorecidas, y que tienen por tanto mayor propensión a consumir, hacia donde hay que orientar los planes expansivos de los estados.
CARLOS TAIBO
En estos últimos días, y con ocasión del quincuagésimo aniversario de la revuelta de
Lhasa, el Tíbet ha reaparecido en nuestros medios de comunicación. A decir verdad es poco lo que sabemos de ese apartado país, para algunos el tercer polo del mundo. Incluso si nos entregamos a la tarea de examinar en detalle la prolija literatura que al respecto se ha forjado, nos toparemos con problemas, toda vez que aquella alberga visiones muy enfrentadas de los hechos. Así las cosas, cuando nuestro conocimiento sobre una materia flaquea, lo común es que quedemos a merced de descripciones de los hechos en las que priman antes los intereses, en su caso los prejuicios ideológicos, que el conocimiento desapasionado. Prestémosle oídos a dos de ellas.
La primera, bien que la menos influyente, intenta responder a la crítica irracional y teleguiada de lo que hacen las autoridades chinas, que se ha convertido en letanía en los sistemas que padecemos. Nada mejor –viene a decírsenos entonces– que exculpar a aquellas de toda responsabilidad. Las secuelas de esta manera de ver las cosas son varias. Una de ellas es un respaldo indisimulado, aunque acaso inconsciente, a un discurso colonial que, a manera del postulado durante siglos por las metrópolis occidentales, acepta sin rebozo que China ha llevado la civilización al Tíbet, un país hasta entonces lastrado por el más abyecto primitivismo religioso. No sólo eso: de resultas se acatan sin rechistar las explicaciones oficiales ofrecidas por las autoridades en Pekín, cuyo formal antiimperialismo contrasta vivamente con su designio de esgrimir los más que discutibles derechos que sobre el Tíbet corresponderían al viejo imperio chino.
En este mismo orden de cosas, lo común es que se mire hacia otro lado cuando se hacen evidentes los efectos medioambientales, delicadísimos, de muchos de los proyectos postulados por China, obsce-
namente subordinados a la explotación de la riqueza natural del país. Por detrás de todo se aprecia, en suma, una negativa radical a examinar cualquier horizonte de autodeterminación para el Tíbet, un teatro en el que la población local –parece– ha sido premeditadamente marginada en provecho de la irrupción de elites foráneas.
La segunda de las lecturas, anclada en Estados Unidos pero en modo alguno desconocida entre nosotros, se asienta en cambio en la sugerencia de que todo vale frente a China, un competidor importante adobado, en una lectura cada vez más descarriada de los hechos, de una presunta condición socializante. Así las cosas, en lo que hace al Tíbet se defiende con fortaleza un derecho, el de autodeterminación, que se rechaza en otros muchos escenarios. De la misma manera, se condenan firmemente las violaciones de los derechos humanos que las autoridades chinas protagonizarían mientras se disculpan las cometidas por gobiernos amigos en otros muchos lugares. Lo que ocurre en el Tíbet queda así convertido en la quintaesencia de la maldad, que acosaría a quienes se entiende que son nuestros rivales, y ello por mucho que quienes defienden esta torcida manera de ver las cosas bien que se entreguen al cabo, eso sí, a un activo comercio con aquellos…
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política
JOSÉ MANUEL NAREDO
Por increíble que parezca, el Ministerio de Vivienda no dispone de ninguna estadística que siga la evolución del precio de los alquileres, por lo que la única estadística oficial sobre el tema es la del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE. El hecho de que esta estadística mantenga, a piñón fijo, todos los meses un crecimiento anual del precio de los alquileres del 4 % –desde que empezó a publicarse en enero de 2002 hasta el último dato de febrero de 2009–, hace dudar del significado de esta fuente. Todo ello muestra el ninguneo del que viene siendo objeto la vivienda en alquiler en este país de pretendidos propietarios. ¿Cómo es posible que la estadística de alquileres del INE no refleje la coyuntura inmobiliaria y que el Ministerio de Vivienda se inhiba en un tema tan primordial?
El precio del alquiler no puede ser ajeno a la coyuntura inmobiliaria. Así lo confirma el índice mensual de precios de alquiler que vienen elaborando, a partir de los anuncios, dos entidades privadas, Fotocasa y la escuela de negocios IESE. Este índice tiene la virtud de reflejar que el precio de los alquileres acusó con claridad el cambio de ciclo inmobiliario. Sus porcentajes de variación anual están en caída libre desde principios de 2008, hasta alcanzar una disminución del 7 % en el último dato de febrero, mientras el índice de alquileres del IPC, elaborado por el INE, mostraba el consabido aumento del 4 % para ese mismo mes.
Tan grave discrepancia se explicaría, en parte, porque el índice de Fotocasa refleja la evolución de los alquileres nuevos, mientras que el del INE refleja la evolución del pago de alquileres de inquilinos ya asentados en sus viviendas cuando empezaron formar parte de la encuesta.
El hecho de que se revise el importe de los contratos de alquiler con la evolución de la rúbrica de alquileres del IPC –que el INE elabora preguntando a un colectivo de inquilinos ya asentados cuánto les han subido los alquileres–, genera una curiosa tautología estadística: los encuestados responden que les han subido un 4 % y luego ese 4 %, publicado por el INE, se utilizará en la siguiente revisión al alza de su contrato, que vuelve a recoger el INE, y a utilizarse para revisar el contrato el año próximo… Esto explicaría, tal vez, la inmutabilidad de esta cifra.
Así los que no quisieron entrar por el aro de la propiedad y el endeudamiento, se ven ahora penalizados con ese fatídico aumento del 4 %, aunque los alquileres nuevos se desplomen y el IPC se estabilice o decrezca. Para escapar de esta espiral, a los inquilinos no les queda más remedio que mudarse a otras viviendas más baratas, en la medida en la que la caída de los alquileres nuevos se las brinde, al margen de la estadística oficial.
Valga lo anterior como botón de muestra de la desidia informativa y gestora de unas administraciones que siguen sin asumir la necesidad de reconvertir el actual modelo inmobiliario hacia el alquiler. Una novedad de esta crisis es que la información de los portales inmobiliarios privados de Internet está iluminando y facilitando con inusitada fuerza el ajuste de precios y rompiendo el oscurantismo reinante.
José Manuel Naredo es Economista y estadístico
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Con frecuencia, tras las grandes batallas ideológicas sobre cuestiones morales, planteadas por la aplicación del conocimiento científico, termina apareciendo la sombra de rastreros intereses económicos, apenas disimulados por un tenue velo de hipocresía. La historia de la legislación estadounidense en materia de investigación con células madre embrionarias es antológica a este respecto. En realidad, Bush no prohibió este tipo de investigaciones, sino sólo la financiación con fondos federales de proyectos en los que hubiera que obtener células madre embrionarias. Sus escrúpulos religiosos no eran, al parecer, tan refinados como para extender la prohibición a proyectos con células obtenidas en otros laboratorios extranjeros o privados. Así que lo que ha hecho Obama al eliminar esta prohibición es muy sencillo: se ha limitado a levantar el tenue velo de la hipocresía neocon y a dejar las cosas en su sitio.
En España tenemos tradición en este campo. La ley de reproducción asistida de 1988, que sacó adelante el entonces diputado socialista Marcelo Palacios, sirvió de referente para la normativa del Consejo de Europa y situó a España entre los países más avanzados en este terreno. En 2003, los neoconservadores españoles intentaron restringir con una nueva ley las técnicas de reproducción asistida y las investigaciones con células madre embrionarias. Sólo el tesón de algunos investigadores, en especial de Bernat Soria, actual ministro de Sanidad, y la decisión política del Gobierno de Andalucía hicieron posible que se mantuvieran vivas unas líneas de intervención terapéutica y de investigación clínica que hoy consideramos esenciales. Finalmente, las nuevas leyes de reproducción asistida (2006) y de investigación biomédica (2007) han creado un marco legislativo completo, científicamente avanzado y socialmente responsable que, sin duda, va a servir nuevamente de referencia para muchos países.
Mientras tanto, aquí podemos celebrar que Javier, un niño seleccionado genéticamente en un proceso de reproducción asistida, haya podido proporcionar a su hermano Andrés células madre de su cordón umbilical, necesarias para curarse de una enfermedad cruel e imposible de tratar con otros medios. Y, además, también podemos celebrar, con orgullo, que todo el proceso se ha llevado a cabo en un hospital público, el Virgen del Rocío de Sevilla, siguiendo criterios estrictamente científicos, con controles éticos y garantías de que ningún factor de interés económico pueda haber influido en el proceso.
A veces la ciencia y la política conspiran para que podamos sentirnos orgullosos de la sociedad en la que vivimos. Y no hay que desperdiciar esas raras ocasiones. Así que este puede ser un buen momento para rendir homenaje a tantos profesionales e investigadores del sistema público de salud que han hecho posible todo esto y de reconocer el tesón y la audacia de gestores y políticos que han ido abriendo nuevos caminos de libertad frente a los ataques doctrinarios e hipócritas. Y es también el momento de dar la enhorabuena a los padres de Andrés y Javier, porque sus hijos han tenido la suerte de haber podido nacer en un país como este.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
NÚRIA BOSCH
Nadie pone en duda que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, hace ya 23 años, ha fomentado el crecimiento económico, dado que España es un país beneficiario neto del presupuesto comunitario. Por ejemplo, en el año 2007 España recibió de la UE 12.796 millones de euros (1,22% del PIB español) y aportó 9.838 millones de euros (0,94% del PIB), lo que supuso un saldo positivo de 2.958 millones (0,28% del PIB). España es el país que en términos absolutos ha recibido más recursos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión desde que se incorporó a la UE. Estos, en el período 1992-2007, representaron el 60% de los gastos europeos destinados a España. Ello ha contribuido, sin duda, al proceso de convergencia habido en términos de renta per cápita con el resto de países de la UE.
La UE programa de forma plurianual (generalmente siete años) su marco presupuestario-financiero. Es lo que se denomina perspectivas financieras. Las establecidas para el periodo 2007-2013 suponen un cambio para España, ya que su saldo fiscal positivo con la UE se irá reduciendo según se vayan aplicando. Ello, no obstante, no tiene que conducir a afirmar que las actuales perspectivas no sean satisfactorias para España o se negociaran mal.
La reducción de los recursos estructurales y de cohesión en este periodo 2007-2013 viene motivado por dos causas primordiales. En primer lugar, la entrada de los países del Este genera una reducción relativa de los fondos disponibles, ya que en términos de PIB la cantidad es la misma que en el periodo 2000-06, es decir, 0,35% del PIB comunitario. Dicho en otras palabras, con los mismos recursos hay que atender más necesidades, lo que afecta a la política de cohesión y a todos los países.
En segundo lugar, España ya no es uno de los países más pobres de la UE. Su nivel económico es parecido al de la media comunitaria. Así pues, el propio proceso de convergencia económica mencionado y el efecto estadístico ocasionado por la entrada de los nuevos países hacen que, de las 11 comunidades autónomas que en el periodo anterior eran regiones objetivo 1 (las que acaparan la mayor parte de Fondos Estructurales), sólo sigan siéndolo cuatro (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia).
Por todo ello, hay que valorar positivamente que España haya conseguido prorrogar la percepción de recursos del Fondo de Cohesión hasta 2013, y que las comunidades autónomas que dejan de percibir recursos por el objetivo 1 de los Fondos Estructurales disfruten de un periodo transitorio en que la reducción de los fondos tendrá lugar de forma gradual. Asimismo, se ha creado un fondo tecnológico específico para España y se ha conseguido una mayor implicación por parte de la UE en el control de los flujos migratorios.
El resultado es, pues, que España va a continuar teniendo un saldo positivo con la UE durante el periodo 2007-2013, aunque más reducido. Es la hora de poner más el énfasis en el incremento de la eficiencia del uso estratégico de los Fondos Estructurales y de Cohesión, destinándolos hacia aquellos fines que generen más crecimiento económico a medio y largo plazo. Esta es la responsabilidad de las instituciones públicas.
Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El PP ha anunciado ya que impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) la futura Ley del Aborto. Al parecer esta ley también podría considerarse inconstitucional, como todas las anteriores que el PP impugnó. En lo que hasta ahora ha resuelto el TC ninguna lo era, pero este porcentaje tan nulo de aciertos no desanima al PP. Así pues, de nuevo, será el TC el que decida si es posible o no una política legislativa acordada por la mayoría que ganó las elecciones.
Que el TC controle a la mayoría no es nada extraño, pues esa es una de sus funciones esenciales. Lo que resulta raro es que el PP traslade al TC el peso de la oposición política a la mayoría, como está haciendo hasta ahora. Resulta cómodo para el PP, porque así no tiene que hacer oposición. No necesita buscar argumentos para descalificar las opciones de la mayoría ni tiene que plantear alternativas viables a esas opciones. Le basta con afirmar: “Es inconstitucional” y ahí termina su labor. Del resto se encarga el TC, sometido a una sobrecarga de trabajo y de tensiones totalmente inaceptable.
El caso de la ley de plazos es paradigmático, porque nos evidencia la ausencia de contenido del cuestionamiento de la constitucionalidad de la reforma proyectada. En torno al 90 % de los países europeos tiene una ley de plazos y nadie discute su constitucionalidad. ¿De qué Constitución está hablando el PP? ¿Es que nuestra Constitución no es homologable con el 90% de la constituciones europeas? ¿Es que contiene límites adicionales a los que se incluyen en el 90% de las constituciones europeas? ¿Tenemos una Constitución especialmente restrictiva respecto de las del resto de Europa y no nos habíamos enterado hasta ahora?
Los problemas que plantea este modo de hacer política son innegables. En primer lugar afectan al propio PP, ya que trasladan a la ciudadanía la idea de que este partido no tiene, en realidad, un programa político, más allá de la descalificación permanente de la política de la mayoría mediante el recurso de inconstitucionalidad. Pero, además, esta confusión constante entre el ámbito político y el constitucional eleva el nivel del debate de manera desproporcionada, transformando cada reforma legislativa en un conflicto constitucional. Se desvirtúa así el valor de la Constitución como marco de convivencia, ya que el texto constitucional termina convirtiéndose en un instrumento más de la lucha política. Además, se genera una imagen negativa de la Constitución entre la ciudadanía, porque se presenta como un freno permanente a cualquier reforma y deja de ser un instrumento de ordenación y solución de conflictos para pasar a ser, ella misma, la causa del conflicto.
Con este modo de hacer política el sistema democrático se resiente y las instituciones de control no pueden realizar su trabajo con normalidad, porque se ven sometidas a una tensión política constante que resulta inapropiada para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. En última instancia, la ciudadanía termina asumiendo una actitud escéptica y desvínculándose de las instituciones, ante la magnitud de las controversias que se desarrollan en el escenario político. Parece que el mundo se va a acabar a cada paso por el Estatuto de Cataluña, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las cuotas electorales o la ley de plazos. Sin embargo, no es así. Al contrario: se transforma en un mundo más equilibrado, más justo y más respetuoso con los valores, los principios y los derechos que nuestra Constitución proclama.
Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional
ANTONIO IZQUIERDO
La mala noticia que hoy cumple analizar es que ha menguado la llegada de familiares de inmigrantes. Empezaremos por examinar la calidad y fiabilidad del dato y, después, reflexionaremos sobre las causas y las repercusiones en la integración. La idea de fondo es que, precisamente ahora, hay que favorecer que vengan las familias de los solicitantes que reúnan los requisitos.
En tiempos de crisis económica, parece que todo lo que sea reducir cualquier flujo de inmigrantes es bueno, sin pararse a pensar más en ello. Con mucho respeto por las opiniones contrarias, considero que, en este momento, la política inmigratoria no debería recortar el flujo de reagrupamiento familiar, sino enarbolar el principio de la preferencia por la instalación de sus miembros. La migración familiar como derecho y prioridad.
Lo primero que conviene aclarar es si la disminución de familiares es fiable y cuáles son las causas. Porque los datos de reagrupación familiar están esparcidos por varios registros ministeriales y, hasta ahora, eran de dudosa calidad y de escasa profundidad. La pregunta es si la reducción se debe a un aumento de las denegaciones o a una rebaja de las solicitudes, amén de especificar si lo que ha perdido fuerza ha sido el reagrupamiento de menores, cónyuges o ascendientes. Es vital saber quién no viene y por qué.
Los datos recabados por la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes y por el Centre d’Estudis Demogràfics muestran que entre los reagrupados dominan los menores (63 por ciento) y los cónyuges (33 por ciento), mientras que la proporción de ascendientes no llega al 3 por ciento. Cada reagrupador no atrae a más de dos familiares y, salvo excepciones, no se producen reagrupaciones en cadena. Si es así, las reagrupaciones se circunscriben al núcleo familiar y a su sostenimiento.
Las denegaciones afectan más a los ascendientes que aún están en edad activa y a los hijos que están próximos a la edad de trabajar. Esta discriminación por edad es grave y va a impulsar las
reagrupaciones informales de hecho, al tiempo que desestabiliza la socialización de los hijos y su resultado escolar.
También hay que esclarecer los motivos por los cuales existe una diferencia notable según provincias entre solicitudes, concesiones y los reagrupamientos que efectivamente se llevan a cabo. Es necesario fijar cuáles son los medios de subsistencia, la vivienda adecuada y el grado de dependencia económica de los reagrupables para que las concesiones no se den a discreción.
Hay buenas razones sociales, políticas y económicas para defender la preferencia familiar. Los familiares en edad activa son trabajadores complementarios en el hogar y en el mercado. Además, la instalación de familias responde a dos necesidades de fondo, a saber: el vacío demográfico y la incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo. A lo que cabe añadir que el inmigrante solitario es más vulnerable y con la vejez aumentará su dependencia de los servicios de bienestar.
Pero, sobre todo con la preferencia familiar, apostamos porque el millón de menores de hoy participe en una democracia que les necesita y en un país que sea el suyo.
Antonio izquierdo es Catedrático de Sociología
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Es sorprendente la facilidad que tenemos en este país para convertir a un héroe en villano o viceversa. En cuestión de semanas, los sectores más conservadores de la sociedad española han pasado de reclamar a Barack Obama como un ejemplo a seguir gracias al papel que la religión desem-
peñó en su toma de posesión, a convertirle en un símbolo de la decadencia moral debido a las políticas que su Administración acaba de aprobar en materia de aborto e investigación con células madre. Lo curioso es que los actos del presidente eran fácilmente predecibles.
Las creencias religiosas de los candidatos desempeñan un papel muy destacado en las elecciones presidenciales estadounidenses. No es casual que ante los electores se hiciera hincapié en que el Partido Demócrata presentaba a un candidato convertido al cristianismo (Obama) y a un católico progresista (Joe Biden), y los republicanos, a un anglicano (John McCain) y a una activista evangélica (Sarah Palin); o que el aborto o el matrimonio homosexual centraran parte de la campaña.
La toma de posesión de Obama se caracterizó por el protagonismo de la religión. Así lo reclaman la cultura y la historia estadounidenses, pero eso no significa un guiño a las confesiones religiosas. Obama se limitó a seguir el ritual que utilizara Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud; de ahí, por ejemplo, que jurase su cargo y lo hiciera con la misma Biblia, que durante la ceremonia de proclamación un pastor rezara el Padrenuestro o el capellán de la Casa Blanca bendijese su primer almuerzo como presidente.
La alternancia entre demócratas y republicanos en la Casa Blanca se ha trasladado a las políticas federales sobre el aborto y la investigación con células madre. La Administración Reagan prohibió que el dinero federal financiara a organizaciones abortistas fuera de Estados Unidos; Bill Clinton revocó esta prohibición en 1993; George Bush la reestableció en 2001 y Barack Obama ha vuelto a la senda que en su día marcó Clinton. Sólo a un observador despistado le sorprendería que entre las primeras medidas se incluya el levantamiento de la prohibición de financiar tanto a las organizaciones estadounidenses que practiquen el aborto o proporcionen servicios relacionados con la interrupción del embarazo en el extranjero, como a aquellas dedicadas a la investigación con células madres.
A pesar de que el fondo de ambas políticas se revista de conflicto ideológico, lo cierto es que el debate real no tiene un contenido moral o religioso, sino económico. Con independencia de que los futuros avances médicos sirvan para curar enfermedades como el párkinson, el alzhéimer, la esclerosis o el cáncer, la nueva regulación intenta poner la ciencia médica al servicio del ser humano, pero también los fondos federales que forman parte del paquete dedicado al estímulo de la economía estadounidense.
Las políticas de la Administración Bush y, en concreto, el recorte del dinero público dedicado a la investigación con células madre han relegado a un segundo plano a los potentes equipos de investigación y a las multinacionales farmacéuticas estadounidenses, con la consecuencia de que la primera potencia mundial ha pasado de ser pionera a enviar a sus investigadores a terceros países donde existen más recursos económicos y la excelencia investigadora es superior en este ámbito.
Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado
JORGE CALERO
Las chicas son mejores que los chicos, de largo, en prácticamente todas las áreas del sistema educativo. Allá donde miremos, las chicas lo hacen mejor. Y, sin embargo, esas ventajas en la educación se disuelven al llegar al mercado de trabajo. En él, las mujeres siguen teniendo grandes dificultades para que las ventajas formativas se traduzcan en buenos puestos de trabajo, con buenas condiciones y buenos salarios. Es este uno de los ejemplos en los que se aprecia más claramente cómo en la sociedad española el mérito no es, a menudo, suficientemente valorado.
Veamos algunas cifras que indican la superioridad manifiesta de las chicas en el sistema educativo. 14 puntos porcentuales menos de fracaso escolar al finalizar la ESO (22,5% en comparación con 36,3%). 15 puntos más de escolarización en secundaria postobligatoria –Bachillerato y Ciclos Formativos– (65% contra 50%). El fracaso escolar y el abandono temprano son fenómenos esencialmente masculinos. Sigamos: 11 puntos más de escolarización en educación superior (42% contra 31%). Y eso, viniendo de un sistema educativo que hace sólo 30 o 40 años estaba claramente dominado por los hombres.
¿Cuáles son las (pocas) áreas en las que los chicos todavía sacan alguna ventaja? Destacaría dos. En primer lugar, las pruebas de competencias en matemáticas y ciencias de PISA (pruebas que se efectúan a la edad de 15 años). En segundo lugar, el acceso a los estudios superiores técnicos (ingenierías), donde la presencia masculina es mayoritaria (74%) y no ha retrocedido sustancialmente en los últimos años. Una explicación simple pero eficaz para ambos fenómenos la encontramos en el título, de los más expresivos que recuerdo, de un libro de C. Alemany, publicado en 1992 por el Instituto de la Mujer: Yo no he jugado nunca con Electro-L.
En todo caso, las chicas, cuando centran sus esfuerzos en el sistema educativo, saben lo que les conviene. Si algo les puede proteger de las discriminaciones de género potenciales en el mercado de trabajo es más educación y procesos muy objetivos de acceso y promoción (característicamente, las oposiciones en el sector público). Para muchos chicos, especialmente para los que no continúan estudiando después de la ESO, el sistema educativo es prescindible: saben que saldrán adelante en el mercado de trabajo, mejor o peor –peor en tiempos de crisis, desde luego–. Pero, para las chicas, los estudios son necesarios.
Necesarios, sí. Necesarios, pero no suficientes. Hace unos días, como cada año en torno al Día Internacional de la Mujer, volvieron a difundirse los estudios que señalan la existencia de una brecha salarial, situada entre el 15 y el 30%, entre los salarios de hombres y mujeres cuando el resto de sus características son iguales. Se volvió a escuchar frecuentemente la expresión techo de cristal para describir los límites que afrontan las mujeres en las zonas de mayor responsabilidad del mercado de trabajo. Elementos que señalan, persistentemente, a un hecho que me parece claro: la sociedad está despilfarrando buena parte del magnífico esfuerzo y resultados de las mujeres en el sistema educativo.
La tendencia es clara: los avances sostenidos de la mujer en la educación son mayores que los que se producen en el mercado de trabajo. El resultado que podemos esperar, entonces, será más despilfarro en los próximos años.
Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada
