ANTONIO IZQUIERDO
La indecisión sobre si se ha de ilegalizar y expulsar a los inmigrantes legales que han perdido el empleo demuestra que en España domina una ideología negativa respecto a la inmigración. Significa que el que trabaja en aquello que no queremos hacer puede venir, pero que cuando pierde el empleo se convierte en una mercancía peligrosa, en una mano de obra desechable y con derechos reversibles.
Esa exhibición de cinismo social denota, además, una falsa conciencia de la realidad. Pues sabemos que la mayoría de los inmigrantes desempleados ni se van ni son expulsados. No hay medios para echarlos ni es rentable su salida. La mayoría van del paro al trabajo sumergido. Esa ideología es negativa, porque socava los cimientos de la democracia y defiende la preferencia nacional. Pensar que la Administración se dedique a fabricar irregulares denegándoles la renovación del permiso cuando pierden el empleo va contra la lógica democrática de la igualdad legal y de la integración social.
La ideología negativa y defensiva se evidencia en que la legalidad se supedita a la conservación del trabajo y a que no vengan otros. No hay legalidad sin empleo, ni regularización sin cerrojo exterior. La razón de fondo del debate rebasa, sin embargo, el impacto de la presente crisis económica y reside en una conciencia trágica de la emigración que es hegemónica en la mentalidad española. No se quiere repensar nuestra experiencia histórica, así que la idea dominante es que toda migración expresa pobreza y fracaso nacional.
¿Cuál es hoy el clima mental? La mitad de los encuestados cree que sólo se debe legalizar a los que tienen trabajo, un tercio piensa que el hecho de vivir aquí es razón suficiente y el resto quiere devolverlos al país de origen. Así que tenemos una franja significativa de españoles solidarios, una minoría de racistas y una mayoría que opta unas veces por la igualdad y otras por la discriminación. La política democrática tiene la misión de reducir el “racismo enlatado” y evitar que salga de las encuestas a la calle.
Los sondeos del CIS revelan que la “imaginación pública” (supera a las opiniones formadas. Los entrevistados multiplican por cinco la proporción registrada de inmigrantes extracomunitarios. Y creen que los foráneos reciben muchas más ayudas del Estado que los ancianos o los parados. El Gobierno debe ofrecer datos y valores para conformar una ideología positiva de la inmigración que evite la exageración y la mala comprensión de la realidad.
Tenemos la obligación moral de forjar un espíritu público que esté informado, científica e idealmente. Porque no se debilita la economía sumergida ilegalizando al trabajador ni se fortalece la democracia excluyendo al
desempleado. ¿Estamos dispuestos a ilegalizar y expulsar al cónyuge que pierde su empleo separándolo del que lo conserva? La articulación de un “orden migratorio” justo requiere defender la estabilidad legal de los inmigrantes desempleados, porque la “irregularidad a la carta” genera inestabilidad democrática y contribuye al desorden de los mercados de trabajo.
Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología
CARLOS TAIBO
La discusión relativa al proceso de Bolonia choca frontalmente con un obstáculo: pese a que sobran las razones para concluir que el proceso en cuestión arrastra demasiados elementos conflictivos, nuestros gobernantes han decidido que su aplicación es inexcusable.
Si desde hace tiempo la UE está empeñada en asumir ambiciosas pulsiones de mercantilización y privatización, a duras penas cabría imaginar que la enseñanza universitaria quedase al margen de aquellas. Bolonia es hoy la punta de lanza principal al respecto. Mientras, por un lado, reclama una presencia creciente de las empresas en la universidad, por el otro apuesta por activas políticas de reducción del gasto público.
Si lo primero es inquietante –tanto más para quienes pensamos que en las sociedades opulentas hay que reducir la producción y el consumo al tiempo que se desarrollan la vida social y el ocio creativo–, lo segundo configura una agresión contra viejas políticas redistributivas, como lo testimonian la sustitución de becas por créditos o el encarecimiento general de los estudios que bebe del nuevo sistema de posgrados (aunque estos tengan precios públicos, los títulos de grado que se alcanzarán con anterioridad tendrán un valor menor, con lo que la obligación de cursar posgrados se traducirá en un encarecimiento inevitable de la inversión necesaria para rematar los estudios).
Hay otra cara de la cuestión a la que apenas se presta atención: si el proceso de Bolonia se aprobó en un momento de bonanza económica, su aplicación coincide con una etapa de crisis y recesión. Esto es más importante de lo que pueda parecer, por cuanto pone en un brete el despliegue de los elementos saludables –alguno hay– que el proceso acarrea. Así, el establecimiento de límites en el número de alumnos por grupo debería traducirse, por fuerza, en un incremento sensible en el número de profesores. Nada más lejos, sin embargo, de una realidad llamada a convertirse en un poderoso estímulo para la explotación de los docentes peor pagados y de los becarios, en contra de la excelencia que se preconiza. Es probable que, si hasta ahora las protestas contra Bolonia han sido protagonizadas por estudiantes, en adelante se sumen a ellas muchos profesores inquietos por las consecuencias, esperables, de su aplicación. Hay quien agregará que los partidarios acérrimos de Bolonia deberían preguntarse si esas empresas cuya presencia en la universidad añoran, ocupadas hoy en menesteres más prosaicos, no le van a dar ostentosamente la espalda.
Ni siquiera cabe dar por demostrado el buen sentido de muchos de los cambios que deben introducirse en el sistema de enseñanza. El carácter uniformizador de esos cambios –la presunción, por ejemplo, de que la proliferación de seminarios y clases prácticas mejorará la formación de los alumnos– merece una discusión que se ha esquivado de la mano de la aceptación resignada de lo que viene de arriba. En tales condiciones, y aunque la demanda de una moratoria en el despliegue del proceso acarrea algún elemento de racionalidad, lo suyo es que nos preguntemos si, frente a la aplicación manu militari que han postulado hasta ahora nuestros gobernantes, no se impone discutir, en serio, y desde el principio, qué modelo de universidad y qué modelo de sociedad queremos.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política
JORGE CALERO
El Estado del bienestar ha ido ampliando en algunos países (y en el nuestro en buena medida) las zonas de protección a ámbitos que abarcan la vida de los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”. En este proceso se corre el riesgo de descargar excesivamente de responsabilidad a los individuos. Fue precisamente este uno de los lemas de la revolución neoliberal desde la década de 1980: el Estado sobreprotector anula la responsabilidad de las personas. Convenía, por tanto, poner al individuo más en contacto con el riesgo y la incertidumbre, cosa que suelen hacer exitosamente los mercados. El término live on welfare (vivir de la asistencia social) adquirió en los países anglosajones un marcado carácter peyorativo.
Esta crítica a un Estado del bienestar sobreprotector fue aceptada, al menos parcialmente, por algunos partidos de tradición socialdemócrata. Donde tuvieron oportunidad emprendieron reformas cercanas a la Tercera Vía del laborismo británico. La voluntad de volver a hacer a los ciudadanos responsables de su suerte se tradujo en “políticas de activación”: quien perdía su trabajo dejó de ser un desempleado y pasó a ser buscador de empleo, por ejemplo. En la misma línea vinculada con la responsabilidad se introdujeron exigencias vinculadas a la formación para el mantenimiento de determinadas prestaciones.
Pero el veneno está en la dosis. De una cierta exigencia de responsabilidad, sin duda necesaria, se puede derivar fácilmente hacia la culpa. Y en una situación de crisis como la actual, la culpa empieza a hacerse presente. En realidad, se hace más presente –ya existía–, engarzando con una prevención ideológica contra las prestaciones que se asignan en función de la necesidad y no de aportaciones previas. Ahora que estas prestaciones pasan a ocupar un lugar más central (la necesidad es, también, más central, como sucede en el caso del agotamiento de los plazos de cobertura del desempleo) la estigmatización se vuelve más patente.
Aparecía hace unos días en un periódico un reportaje en el que se efectuaba un seguimiento de una persona que comía en un comedor social. Antes de acudir al comedor había estado, presumiblemente, tomando unas cervezas en un bar cercano. Se trata de un ejemplo extremo en el que se aplica el microscopio a quien utiliza un servicio social con objeto de efectuar una nada sutil inversión de los papeles: la víctima de una situación de necesidad deja de ser víctima y pasa a ser culpable, un parásito del conjunto de la sociedad.
Insisto, el ejemplo es extremo, pero lo he seleccionado porque creo que ilustra una tendencia más general. Creo, además, que la situación actual no permite una banalización ideológica de ese calibre. Es un momento para una comprensión inteligente de las situaciones de necesidad y, también, para aceptar que tenemos mecanismos suficientes para
cubrirlas.
Y resulta difícil resistir la tentación de hacer una pregunta: ¿qué pasaría si nos aplicaran un microscopio semejante a las personas que no utilizamos los servicios sociales?
Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
La creación de una vicepresidencia autonómica es una de las decisiones más afortunadas de la reciente remodelación del Gobierno. La estructura del Gobierno central se adapta así al Estado autonómico y le otorga una relevancia específica a las cuestiones territoriales, que dejan de estar diluidas en el conjunto de los ministerios para pasar a ser objeto de una política territorial propia a nivel de Gobierno. El nombramiento de Chaves aporta a la Vicepresidencia una experiencia dilatada en este tipo de cuestiones y una específica sensibilidad, desarrollada especialmente en los últimos años de Gobierno del Partido Popular, en los que Andalucía sufrió los embates centralistas que tanto desestabilizaron el funcionamiento del Estado autonómico. Es de desear que esta Vicepresidencia no sea sólo una respuesta coyuntural a la situación política, sino que venga para quedarse, como un instrumento de vertebración territorial en futuros gobiernos, sean del color que sean.
La agenda territorial del Gobierno debe pasar a primer plano, no sólo porque las comunidades autónomas han demostrado ser un instrumento de dinamización de la economía, sino también porque el desarrollo de los nuevos Estatutos no puede posponerse indefinidamente. La “permanente inminencia” de la sentencia sobre el Estatut parece estar detrás de los sucesivos aplazamientos de decisiones importantes en materia autonómica. Se trata de un claro error. En primer lugar, porque el Estatuto de Catalunya es una norma válida y vigente que debe ser aplicada sin perjuicio de lo que en el futuro pueda decidir el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, porque no se perciben razones de entidad que puedan dar lugar a una sentencia contraria, especialmente si tenemos en cuenta las características de la principal impugnación presentada en su contra, la del Partido Popular.
En efecto, a través de la impugnación del Estatuto de Catalunya, el Partido Popular ha aportado un nuevo y discutible concepto a la ciencia jurídica. Se trata de lo que podríamos llamar inconstitucionalidad intermitente: los mismos preceptos, en el mismo tipo de norma, son inconstitucionales o dejan de serlo en función de criterios extraños a su valoración jurídica. Por ese motivo, han sido impugnados por incluirse en el Estatut de Catalunya, pero no lo han sido cuando se han incorporado a los otros estatutos reformados. Así pues, en virtud de esta “inconstitucionalidad intermitente”, esas normas se recurren por inconstitucionales en el Estatuto de Catalunya, pero dejan de serlo en el de Andalucía y en otros estatutos y pasan de nuevo a ser inconstitucionales cada vez que hay una nueva discusión sobre el Estatuto de Catalunya.
Sea cual sea el sentido de la futura decisión del Tribunal Constitucional, en el Estado de derecho los actos de los poderes públicos gozan de una presunción de legitimidad. Los conflictos políticos y las impugnaciones de esos actos no pueden impedir –salvo en los supuestos en los que es posible la suspensión temporal– su aplicación. Es el momento, por tanto, de un desarrollo estatutario que revitalice nuestro Estado autonómico.
Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional
JOSÉ MANUEL NAREDO
Nuestro país está muy castigado por el cemento. España ha venido siendo durante más de un lustro el primer país en consumo de cemento de Europa y el quinto del mundo, llegando a doblar el de países con mayores poblaciones y/o territorios, como Francia y Alemania. Durante los últimos años del auge han estado cayendo sobre la geografía hispana una media aproximada de diez toneladas anuales de hormigones y mezclas por hectárea. Y, para colmo, cuando los excesos del cemento han alimentado hasta el límite el endeudamiento y la crisis actual, el Gobierno sugiere echar todavía más para combatirla. Pues para suplir la caída del cemento asociado al ladrillo, el Gobierno pretende “acelerar” las obras públicas contenidas en un Plan de infraestructuras y transportes que se revela cada vez más sobredimensionado e impropio de la presente fase de declive.
Semejante proceder, unido al gran peso de la construcción en la economía española, sería incomprensible si no estuviera asociado al enorme poder de los intereses vinculados a este sector, que vienen operando desde el franquismo, pues el negocio de las obras públicas ha estado, y sigue estando, vinculado al manejo oligárquico de concesiones, recalificaciones y contratas. A diferencia de la agricultura y de la industria, el sector de la construcción ganó peso y se vio reforzado por la expansión de la actividad inmobiliaria desde la adhesión de España a la UE. Tras un proceso de fusiones, el núcleo central de este sector está hoy constituido por un puñado de grandes empresas, casi todas ellas enraizadas con la oligarquía franquista, que completan el negocio de la obra pública con el de contratas a largo plazo de servicios de mantenimiento, limpieza, recogida de basuras, etc. La continuidad en el cambio, propia de la llamada Transición política, hace que se siga operando sin tapujos una descarada connivencia entre estas empresas y los políticos de los dos principales partidos. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que el director de la Oficina Económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero pasara a convertirse en presidente de la patronal de grandes empresas de construcción, la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN).
La indefensión de los ciudadanos ante semejante neocaciquismo es manifiesta. Sin contar para nada con los ciudadanos, nos hemos tenido que tragar, y tendremos que pagar, un aquelarre de obras y megaproyectos de dudoso interés social. Madrid ha ejemplificado bien tal estado de cosas. Además de ser la única ciudad del mundo que llegó a contar con doce tuneladoras de gran sección funcionado a la vez, ahora el flamante ministro de Fomento ha acordado con la presidenta regional acometer dos megaproyectos de gran impacto ecológico y escaso interés social: cerrar la M-50 y hacer un nuevo aeropuerto privado, cuando apenas se acaba de ampliar el actual. Por lo que se ve, las semillas razonables de pensamiento siguen cayendo en suelo de cemento, aunque la crisis pida a gritos evitar el despilfarro y priorizar y consensuar mejor el gasto público.
José Manuel Naredo es Economista y estadístico
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Rahm Israel Emanuel, jefe de gabinete de Obama, entre cínica e irónicamente suele afirmar que “nunca hay que desaprovechar una crisis”. Hace referencia a que se va a emplear el plan de reactivación económica para paliar el déficit que la sociedad de EEUU tiene de servicios públicos esenciales tales como la Sanidad.
Aquí, en España, la derecha política y económica también quiere aprovechar la crisis, pero para lo contrario, para sus intereses. Bajar impuestos, abaratar el despido, conseguir ayudas públicas para las empresas, desregular aún más el mercado laboral, disminuir las cotizaciones sociales, reducir salarios. El otro día, el gobernador del Banco de España se unió a este coro para retomar un tema viejo pero muy querido del neoliberalismo económico: el de poner en duda la viabilidad del sistema público de pensiones y exigir reformas encaminadas a reducir las prestaciones.
Desde hace más de 20 años, periódicamente se alzan voces proféticas anunciando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces, al igual que con los antiguos predicadores, llega la fecha fatídica sin que se produzca el temible augurio. El origen de esta pertinaz actitud se encuentra en el propio Pacto de Toledo que, al hacer depender la financiación de las pensiones de las cotizaciones (la famosa separación de fuentes), les abre un buen resquicio para sus elucubraciones. Bien es verdad que en el texto no se afirma que sea “exclusivamente” sino “principalmente”, pero este matiz se olvida en la práctica y nos vemos embarcados cada cierto tiempo en una dialéctica inútil sobre la pirámide de población,
el número de activos y pasivos o el fondo de reserva.
Estos argumentos se quiebran tan pronto como aceptemos que la Seguridad Social no es una unidad diferente del Estado y que es este, con todos sus ingresos, el que responde del pago de la prestación por jubilación. A pesar de periodos de crisis como el actual, cuando se contempla la evolución de la economía a largo plazo prescindiendo de las fases del ciclo, descubrimos la marcha ascendente de la renta per cápita. Hoy, por término medio, somos el doble de ricos que hace 20 o 30 años. ¿Qué impide entonces que el Estado obtenga de esa riqueza, mediante los correspondientes gravámenes, los recursos necesarios para financiar la Sanidad, la Educación, otros servicios públicos y, por supuesto, las pensiones? Y ello con independencia de la evolución demográfica y del número de trabajadores. ¿O es que las rentas de capital no deben tributar? Bajo estas hipótesis, sólo una hecatombe económica podría hacer inviable el sistema público de pensiones, pero entonces el problema no sería únicamente de los jubilados sino
de todos los españoles.
La amenaza que se cierne sobre las pensiones no es distinta a la que puede afectar a la Educación, a la Sanidad, al seguro de desempleo y, en general, a todos los elementos del Estado del bienestar; el verdadero peligro radica en reformas fiscales como las acometidas en los últimos 20 años que reducen la progresividad y la suficiencia del sistema tributario.
Juan Francisco Martín Seco es Economista
RAMÓN COTARELO
La decisión personal de Rosa Aguilar, que sus compañeros de formación dicen respetar pero critican acerbamente pone de relieve un problema de fondo en la segunda fuerza de la izquierda española que alguna vez tendrá que afrontar. Se trata de su supervivencia en un sistema de partidos con fuerte tendencia al bipartidismo (excluidos los subsistemas de algunas comunidades autónomas), basado en una fórmula electoral tan desproporcional que ahoga todo intento de articular terceras fuerzas políticas de ámbito estatal.
La decisión –en realidad un acto de transfuguismo en mitad de un mandato–, jurídicamente irreprochable y políticamente no tanto, señala un problema de la izquierda que esta no ha sabido resolver todavía. Izquierda Unida suele presentarse como la izquierda transformadora, pero en democracia sólo cabe transformar la realidad ganando elecciones, legislando con una mayoría parlamentaria y gobernando con apoyo en dicha mayoría. Lo que no sea eso es testimonial.
IU no es una formación con posibilidades reales de formar Gobierno y su única esperanza reside en obtener un número de diputados algo superior al actual que le permita condicionar la política de un PSOE obligado a pactar por no tener mayoría absoluta parlamentaria. Es decir, su esperanza es influir en las decisiones de la mayoría siendo minoría y con un peso que no corresponde a su verdadera representatividad electoral, lo que en lógica democrática tampoco es de recibo.
Hay en la izquierda una antigua querella entre sus dos tradiciones –la socialdemócrata y la de raíz comunista– acerca de cuál es la verdadera izquierda. El mero paso del tiempo, sobre todo desde el hundimiento del comunismo, ha zanjado la porfía por cuanto los partidos socialistas y socialdemócratas son frecuentes partidos de Gobierno (monocolor o de coalición) en todos los países europeos, en los que es frecuente que ganen las elecciones, mientras que la izquierda de origen comunista se ha hundido en la irrelevancia parlamentaria. Ni siquiera hoy, en mitad de la crisis más grave del capitalismo desde la de 1929, parece ser capaz de configurar posibilidades electorales reales.
Todos los sistemas occidentales –el español también– se configuran como una contraposición entre una derecha unitaria (muchas veces capaz de incluir a la extrema derecha, pero no siempre) y una izquierda posible, caracterizada por su moderación, a veces centrismo y hasta cierto oportunismo que juzga que sólo así se pueden ganar elecciones para ir aplicando políticas reformistas. Es el signo de los tiempos y no resulta, por ende, incomprensible que políticos de experiencia y prestigio como Rosa Aguilar quieran incorporarse al caudal de la izquierda que, sin llamarse “transformadora”, es la única que está en situación de transformar la realidad, aunque no sea, porque no podría, a gusto de todos.
No obstante, habría sido de desear que la ya ex alcaldesa de Córdoba hubiera hecho su tránsito de modo menos precipitado y con mayor elegancia. Como lo ha planteado sólo es un acto de transfuguismo más. Eso sí, en
las alturas.
Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Desde el Neolítico la humanidad está modificando el genoma de plantas y animales domésticos a base de mezclar y seleccionar artificialmente las variedades que resultan más provechosas para nuestra especie. Nuestros cereales y legumbres, nuestras frutas y hortalizas, la leche y la carne con la que nos alimentamos, los caballos que montamos y las mascotas que alegran nuestras vidas, todos ellos son en realidad artefactos, frutos del arte, es decir de la técnica. Durante milenios hemos intervenido en la naturaleza con bastante despreocupación, aunque no sin correr grandes riesgos.
¿Qué es lo nuevo ahora con los transgénicos u organismos modificados genéticamente (OMG)? Dos cosas. La primera es que, gracias a la ingeniería genética actual, no tenemos que limitarnos a mezclar y seleccionar variedades que se producen de forma natural, sino que además nosotros mismos podemos crear algunas de las variedades que nos interesa seleccionar. El matiz es importante, porque estas nuevas técnicas nos permiten concebir posibilidades que sería sumamente improbable (imposible en la práctica) obtener a partir de
variaciones genéticas espontáneas y, además, hacerlas realidad de forma rápida y eficaz.
La otra novedad, con respecto a nuestros antepasados, es que ahora somos más conscientes de nuestras posibilidades tecnológicas y de la responsabilidad que asumimos con nuestras realizaciones técnicas. De hecho, la legislación actual está llena de normas y reglamentos que establecen todo tipo de garantías y criterios de evaluación de riesgos en relación con la tecnología, especialmente en el campo de la alimentación y el medio ambiente. En Europa está en vigor además la aplicación generalizada del principio de precaución, según el cual en las políticas comunitarias hay que tener en cuenta el peligro potencial de una nueva tecnología, aunque no haya evidencia científica definitiva del mismo. Referido a los transgénicos, esto significa que, aunque no haya ninguna evidencia concluyente sobre su potencial peligro, se deben tomar precauciones en su cultivo por si acaso.
Hay quien piensa que, si el principio de precaución se hubiera aplicado estricta y sistemáticamente desde el inicio de los tiempos, no habríamos salido del Paleolítico. Pero no es cierto. Su aplicación correcta obliga solamente a ser precavidos, es decir, a regular el uso de la tecnología, facilitar información precisa y fiable a los ciudadanos y propiciar que estos se involucren y participen en los procesos de evaluación de las opciones científicas, tecnológicas y políticas que se presentan.
No deberíamos ver los transgénicos como una amenaza evidente para el planeta ni como un riesgo seguro para la salud. Tampoco es su rasgo más relevante el hecho de que en su desarrollo estén comprometidas grandes compañías multinacionales (lo mismo pasa con la telefonía y no por eso dejamos de usar el teléfono). Son, ante todo, una interesante posibilidad tecnológica sobre la que los ciudadanos tienen el deber y el derecho a pronunciarse de forma responsable y bien informada: ¿qué transgénicos, cuántos, dónde, cómo?
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
NÚRIA BOSCH
El gasto social que comporta el Estado del bienestar está muy descentralizado en España. Las comunidades autónomas dedican alrededor del 70% de su gasto a Educación, Sanidad y protección y promoción social (en el caso de las comunidades autónomas, esta categoría de gasto comprende básicamente servicios sociales y vivienda). En cambio, sólo el 50% del gasto del Gobierno central tiene carácter social, y está constituido primordialmente por el pago de pensiones. La porción de gasto que las comunidades autónomas destinan a fines sociales es mayor que la de los Länder alemanes o la de los cantones suizos y parecida a la de las provincias canadienses. Por su parte, un 25% del gasto de
las corporaciones locales es de
carácter social.
Ante esta situación, un aspecto importante a destacar es que se observan notables diferencias en los niveles de gasto social entre las comunidades autónomas. Según datos de 2005, la comunidad con un mayor gasto social per cápita es Navarra, que se sitúa un 37% por encima de la media. La posición opuesta es ocupada por la Comunidad Valenciana, al situarse ocho puntos porcentuales por debajo de la media.
Además de Navarra, las comunidades que disfrutan de un nivel de gasto social per cápita por encima de la media son: País Vasco (15% por encima de la media), Extremadura (13%), La Rioja (11%), Castilla-La Mancha (10%), Castilla-León (9%), Cantabria (7%), Asturias (5%), Galicia (4%), Aragón (4%) y Canarias (3%). En cambio, están por debajo de la media, además de la Comunidad Valenciana, las siguientes comunidades: Catalunya (un 2% por debajo de la media), Andalucía (5%), Murcia (6%), Baleares (6%) y Madrid (7%).
Es obvio que el principio de autonomía comporta que cada comunidad lleve a cabo las políticas públicas y preste los niveles de servicios que considere oportunos y que estén de acuerdo con la demanda de servicios de sus ciudadanos. No obstante, las diferencias en los niveles de gasto público entre las comunidades autónomas pueden ser debidas a causas distintas a las derivadas de diferencias en la demanda ciudadana de servicios públicos. En este sentido, se constata una alta correlación entre el gasto social per cápita de cada comunidad autónoma y el nivel de recursos per cápita que les proporciona el sistema de financiación.
Por tanto, parece que las diferencias observadas en el nivel de gasto social entre las comunidades es más bien respuesta de los problemas que presenta el actual sistema de financiación autonómica. Por un lado, las comunidades forales, que gozan de un sistema de financiación mucho más bondadoso en recursos que las de régimen común, se sitúan en los primeros lugares en los niveles de gasto social. Por otro lado, entre las comunidades de régimen común hay una gran correspondencia entre su nivel de gasto social y el nivel de recursos de que disfrutan.
Por ello, una vez más la reforma del sistema de financiación de régimen común aparece como un asunto necesario y urgente.
De ella depende gran parte del buen funcionamiento, nivel y calidad del Estado de bienestar
de nuestro país.
Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública
CARMEN MAGALLÓN
La entrada de Elena Salgado en el Ministerio de Economía ha desatado algunos comentarios que vale la pena analizar. Quienes tengan antenas críticas convendrán en que no sólo hay que dar relevancia a los claramente burdos, que sin duda hay que atajar, sino también a los sutiles, esos que se notan menos porque están más al fondo, pero que por eso mismo son más difíciles de desarraigar. A un país con Gobierno paritario le toca afinar más, le toca ocuparse de lo sutil.
Me refiero a comentarios que se escuchan de pasada en algunos medios de comunicación y que, pareciendo laudatorios, son en realidad condescendientes y paternalistas. El que me hizo rechinar los dientes afirmaba que no había que tener miedo, porque ella, la nueva ministra de Economía, “lo va a hacer muy bien”.
No he escuchado este tipo de comentario sobre un hombre que acaba de ser nombrado ministro. De un ministro se dice –y por tanto nada en contra si se dice de una ministra– que está o no preparado, o que lo ha hecho fatal, pero en el momento de su nombramiento no se comenta que “lo va a hacer muy bien”. La bondadosa expresión, dirigida a una mujer que va a ser ministra de un asunto nunca antes en este país en manos femeninas –ya saben, demasiado importante para nosotras–,
proyecta la idea de que no hay que dudar porque, a pesar de ser mujer, ella “lo va a hacer muy bien”.
A mí ese comentario me recuerda alguno que recogían los Anales de la Sociedad Española de Física y Química, a principios de los años treinta del siglo pasado, cuando llegaban aportaciones de científicas españolas que disfrutaban de una pensión en el extranjero, de las que concedía entonces la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, institución de la República que fue reemplazada por el CSIC. Como el siguiente: “El Sr. Moles hace notar con simpatía el hecho de haberse recibido desde Norteamérica… una nota de la señorita Barnés (sobre) el estudio de la constitución de la cistina”, expresión y tono inhabitual al hablar de las notas científicas de los hombres.
La cuestión, parece, es hacer un guiño a que ellas son del otro sexo. Aunque no venga al caso. Porque a veces sí viene al caso. Pero justamente cuando viene al caso no se percibe, no se investiga, o no se acepta. Por ejemplo, vendría al caso preguntarse por qué es considerado más importante el Ministerio de Economía que el de Asuntos Sociales, tradicionalmente en manos de una mujer.
A mí sólo se me ocurre porque el de Economía decide, entre otras cosas, la cantidad de dinero a asignar al de Asuntos Sociales. Claro que esa capacidad de decisión funciona en esa dirección porque, en el sistema establecido lo que rige, la prioridad en la toma de decisiones es la acumulación económica y no asuntos más importantes. Pero eso no se plantea. El orden que hay es el que es: abiertamente capitalista. Me pregunto si sólo es sutilmente patriarcal.
Carmen Magallón es Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
