FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Desde un punto de vista jurídico, resulta irrelevante que un determinado caso sea enjuiciado por unos u otros tribunales. Simplemente se aplican las reglas de competencia establecidas en nuestro ordenamiento y ahí termina el asunto. Por eso resulta tan sorprendente que esta cuestión –en principio aproblemática– se esté convirtiendo en el centro de la polémica en el caso Gürtel. Después de los dos últimos informes de la Fiscalía Anticorrupción (ante el TSJM y el TSJCV) todo resulta más incomprensible, no sólo por la interpretación de los hechos que hace el fiscal, sino también por la omisión de algunos datos que figuran en los Autos dictados por Garzón y que deberían haber sido objeto de valoración jurídica. Porque el fiscal tiene todo el derecho a formular su criterio en desacuerdo con el juez, pero debería hacerlo mediante la ponderación de todos los aspectos relevantes que obran en el sumario.
Así, a modo de ejemplo, resulta extremadamente desconcertante la ausencia de comentarios a los numerosos elementos probatorios (hasta un total de 20) a los que hace referencia el juez instructor, en su Auto de 31 de marzo de 2009, para determinar la identidad de los aforados estatales y europeos. Se puede discrepar del alcance que el juez confiere a esos datos, pero lo que no se puede hacer es ignorarlos lisa y llanamente, como si no existieran. También resulta extraña la omisión de cualquier argumentación respecto de la posibilidad –sugerida por el instructor en otro Auto– de que el presidente de la Generalitat valenciana hubiera podido cometer el presunto delito fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, lo que conllevaría la competencia del Tribunal Supremo.
En otros supuestos, los informes de la Fiscalía Anticorrupción no omiten elementos del sumario sino que los incorporan, pero sin aportar argumentación alguna destinada a contradecirlos. Así ocurre con el último informe policial, que se manifestaba en términos absolutamente concluyentes acerca de la identificación de uno de los aforados. Sin comentario de ningún tipo que lo desvirtúe, el fiscal procede directamente a informar lo contrario: que no existen datos que permitan identificar a la persona que aparece tras las iniciales referidas en el sumario.
Por otro lado, más allá de los hechos omitidos o de las argumentaciones ausentes, también resultan discutibles algunas de las interpretaciones defendidas en esos Informes para avalar la improcedencia de elevar la causa al Tribunal Supremo.
A estas alturas del proceso, el fiscal parece formar parte de una selecta minoría que entiende que el asunto no debe ser enjuiciado por el Tribunal Supremo. Si se tratara solamente de eso, nada habría que objetar, porque el fiscal tiene que decidir en derecho y no en función de los criterios de mayorías o minorías ocasionales que puedan pensar de un modo u otro. La cuestión es, sin embargo, que el convencimiento del fiscal debería haberse argumentado de una manera sólida, para que no parezca que se trata más de una cuestión de fe que de razón.
Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional
RAMÓN COTARELO
La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica amparada por la ley en la mayoría de las sociedades avanzadas del mundo, incluida España. En nuestro país, sin embargo, la vigente ley reguladora del aborto, que fue una norma de compromiso para sortear la frontal oposición de los sectores contrarios de entonces, se ha revelado insuficiente. Al limitarse a despenalizar la práctica sólo mediando la decisión facultativa y no reconocerla como derecho pleno de las mujeres, deja a estas desprotegidas frente a las prácticas abusivas de organizaciones y entidades contrarias a ella, con lo que frecuentemente se han vulnerado sus derechos del modo más craso.
Lo característico del debate actual sobre el aborto es la virulencia con que se manifiestan quienes se oponen a su regulación. No es infrecuente que los llamados “grupos pro vida” ataquen a quienes consideran sus enemigos, a veces, paradójicamente, con resultado de muerte. Esta virulencia de quienes basan su actitud en los mandatos de una u otra religión, en un imaginario “derecho natural”, en la tradición o en la más oscura superstición trata de imponer criterios morales particulares al conjunto de la sociedad como leyes de obligado cumplimiento.
El debate se da en todos los terrenos. Los enemigos del derecho de las mujeres a decidir pretenden encuadrarlo lingüísticamente hablando de “antiabortistas” y “provida”, de un lado, y “proabortistas” y “promuerte”, por otro, cuando lo cierto es que sólo hay partidarios y enemigos del derecho de las mujeres a decidir. Los partidarios quieren conquistar un derecho que no obliga a nadie; los enemigos tratan de imponer una obligación general y criminalizar a quien la incumpla. Su falta de escrúpulos los lleva a emplear la violencia, la demagogia, como en el caso de la campaña de los obispos; la mentira, como en el caso del manifiesto de los llamados científicos pronunciándose sobre un asunto que está más allá de la ciencia; una esperpéntica contralegislación, como en el caso del Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana; o el intento de instrumentalizar las procesiones de Semana Santa, convirtiéndolas en manifestaciones en contra de un derecho.
Resulta revelador, sin embargo, de la curiosa situación actual el hecho de que la vociferante oposición a la reforma de la ley que encabeza la Iglesia no tenga el apoyo del PP, bajo cuyo Gobierno se practicó en España medio millón de abortos al amparo de la ley que se quiere reformar. Y no es de extrañar: a los argumentos de peso ya esgrimidos hasta la saciedad en el terreno científico y moral se une el hecho de que la mayoría de la población española, como revela un reciente Publiscopio de este diario, es partidaria de la reforma de la ley y del reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres con una ley de plazos. Y dentro de esa mayoría son mayoría, a su vez, los sectores más jóvenes.
Es cierto que las cuestiones morales no pueden resolverse a golpe de mayorías; pero también lo es que menos podrán resolverse a golpes (y nunca mejor dicho) de minorías, por vociferantes e iluminadas que sean.
Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencia Política
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
De nuevo suenan tambores de guerra en la educación. Cuando todavía no se han acallado los ecos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contraria al reconocimiento del derecho a objetar a la Educación para la Ciudadanía, la patronal de centros concertados ha anunciado que recurrirá a los tribunales si las administraciones autonómicas retiran los conciertos económicos a los centros que sólo escolarizan a alumnos del mismo sexo, tal y como acaba de hacer la Consejería de Educación de Cantabria.
La Ley Orgánica de Educación intentó romper con la dinámica de que los alumnos de origen inmigrante y españoles con menores niveles de renta fueran escolarizados casi exclusivamente en la escuela pública. Para ello, la LOE prohibió cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social en la escolarización de los alumnos que asisten a centros financiados por el Estado. El TS ha interpretado la LOE dejando en manos de las administraciones educativas la decisión de financiar a las escuelas privadas que no opten por la enseñanza mixta.
Los defensores de la educación segregada por razón de sexo justifican su posición en que este modelo favorece la mejora del aprendizaje, ya que atiende a las especificidades cognitivas y de madurez que diferencian a los hombres y a las mujeres, mientras que la educación conjunta distrae a los alumnos en el proceso de aprendizaje a partir de la pubertad. Se trata de argumentos muy peligrosos, ya que también servirían para justificar la educación segregada de cualquier colectivo, y son muy similares a los que esgrimieron en los años 60 los partidarios de educar de forma separada a los alumnos blancos y negros en algunos estados estadounidenses.
El principal problema que presenta la educación segregada no es su filosofía escolar, sino el hecho de que esta se promocione con dinero público. Los padres tienen derecho a elegir el colegio en el que quieren escolarizar a sus hijos de acuerdo con sus creencias, pero, como ha reiterado en diversas ocasiones el TS, esto no quiere decir que los poderes públicos tengan la obligación de subvencionar esa elección.
Existen argumentos tan numerosos como poderosos para justificar la educación mixta. La educación en la igualdad de género debe comenzar en la escuela, pues no existe mejor mecanismo para conseguir la plena equiparación entre hombres y mujeres que el hecho de que estos se eduquen juntos y aprendan a relacionarse. La segregación de los alumnos por razón de sexo puede suponer que estos reciban una educación soportada en contenidos y valores diferentes que, en algunos casos, perpetúen tanto los prejuicios y comportamientos sexistas como los roles y estereotipos tradicionales de los que tanto les ha costado liberarse a las mujeres.
El sistema educativo es un servicio público que tiene por objeto preparar a sus usuarios para su plena integración en la sociedad y que, por lo tanto, debe reflejar la realidad de una sociedad en la que los hombres y mujeres están llamados a convivir y a respetarse mutuamente.
Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
En España fuimos muy pocos los que criticamos la Unión Monetaria (UM). Sin embargo, el asunto estaba bastante claro y sólo un cierto papanatismo europeísta y los numerosos intereses en juego pudieron ocultar las contradicciones y los peligros del proyecto. Bastaba considerar la evolución de las divisas que iban a conformar la nueva moneda para constatar cómo las paridades se habían ido modificando con los años. Pretender mantener fijo indefinidamente un tipo de cambio sin que se produjesen graves desequilibrios y enormes dificultades constituía una utopía.
El caso de España es sintomático. Tradicionalmente, la inflación en nuestro país ha sido superior a la media europea, con lo que el déficit exterior ha constituido siempre un factor de estrangulamiento del desarrollo, que obligaba a devaluaciones periódicas, única forma de restaurar el equilibrio en la balanza de pagos. Por si quedaba alguna duda, la pretensión de mantener fijo el tipo de cambio en el Sistema Monetario Económico (SME) devino a principios de los noventa en un estrepitoso fracaso. El déficit exterior por cuenta corriente alcanzó un nivel que entonces parecía desproporcionado (3% del PIB). Cuatro devaluaciones sirvieron para ponernos en nuestro sitio.
La creencia de que la UM haría que convergiesen las tasas de inflación carecía de toda lógica. En esta década, la economía española ha presentado año tras año incrementos de precios muy superiores a la media de la zona euro, con lo que la competitividad de nuestro país ha ido deteriorándose, sobre todo, cuando a su vez el euro se apreciaba con respecto al dólar. La consecuencia era previsible: un enorme desequilibrio en la balanza de pagos (10% del PIB), que ha conducido a un endeudamiento exterior difícilmente soportable a medio plazo. Mientras la economía internacional se ha movido en el auge y la euforia, ha sido posible la financiación en
el extranjero y que se inflase artificialmente la economía española, creando una falsa imagen de bonanza mediante unas tasas de crecimiento basadas en buena medida en la especulación y el empleo basura.
Pero, tan pronto como aparecieron los problemas en los mercados financieros, el ensueño se disipó, colocándonos ante una difícil encrucijada. Ya no es posible devaluar; la moneda única lo impide. La única alternativa es la deflación y una larga depresión, tanto más larga cuanto extenso ha sido el periodo del espejismo económico.
Fue este pronóstico el que nos condujo a algunos a enjuiciar negativamente la UM. Cuando no es posible en el ámbito monetario, el ajuste se traslada al real con recesión y paro. Lo más grave radica en que unos son los que obtienen las ganancias en la época de auge y otros muy distintos los que soportan los costes de la depresión. Habrá quien diga que en el momento actual los problemas serían mucho mayores si no hubiéramos estado en la UM. Pero es que entonces nunca hubiéramos llegado a esta situación, la devaluación se hubiera producido mucho antes y la burbuja jamás hubiera adquirido la dimensión que ha alcanzado.
Juan Francisco Martín Seco es Economista
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Existe un amplio consenso acerca de la importancia de la innovación para la competitividad y la prosperidad de un país: saldremos de la crisis, seguramente, pero sólo habremos sacado ventaja de ella si somos capaces de incorporar a nuestra economía buenas dosis de innovación, se escucha estos días por todas partes. ¿Qué significa esto?
En economía, innovar es introducir en el mercado nuevos productos o nuevas formas de producir algo (y, por extensión, nuevas formas de vender, distribuir, financiar, etc). Hay muchas modalidades de innovación, dependiendo de la naturaleza del mercado y del tipo de producto o proceso del que estemos hablando. Así, hablamos de innovaciones en un mercado local o en el mercado global, de carácter radical o incremental, de tipo endógeno o exógeno, basadas en la organización, la comercialización, o en la tecnología, etc.
Todas las economías dinámicas se caracterizan por su gran capacidad para introducir innovaciones en los mercados globales, de carácter radical, no sólo incremental, generadas endógenamente y con fuerte componente tecnológico.
La innovación tecnológica tiene un valor especial en un entorno competitivo. Gracias a ella, una empresa puede ofrecer al mercado algo de lo que sólo ella dispone, lo que le proporciona una ventaja inicial considerable. Por otra parte, la capacidad para la innovación tecnológica tiene un cierto carácter acumulativo, de modo que no es raro que una ventaja tecnológica inicial termine apoyando la generación de otras innovaciones en el mismo sector de actividad y contagiando a otras muchas actividades de una empresa o de un país.
Por eso, la ciencia (la mejor y más productiva fuente de ideas radicalmente nuevas) y la tecnología son los dos resortes principales de una economía basada en la innovación. Una sociedad innovadora no es sólo una sociedad tolerante con las nuevas ideas y dispuesta a aceptar cambios; debe ser, además, una sociedad comprometida con la cultura científica y tecnológica.
Un país con escasa capacidad científica y tecnológica puede tener poetas geniales, artistas inmortales, intelectuales brillantes y héroes insuperables, incluso empresarios exitosos y políticos famosos; pero nunca tendrá una economía sana y competitiva, basada en la innovación. La Historia de España proporciona un buen elenco de ilustraciones a este respecto.
Ahora estamos en una buena coyuntura para dar el salto. En el plano científico, tecnológico y educativo, la sociedad española ha hecho un esfuerzo formidable, especialmente en el sector público. Ha llegado la hora de obtener alguna recompensa a tanto esfuerzo sostenido. Por lo que se refiere al ámbito empresarial, la crisis actual puede ser una bendición para nuestra economía: a partir de ahora escasearán las oportunidades para hacerse rico a base de especulación financiera o urbanística, así que es probable que muchos jóvenes y nuevos empresarios empiecen a tomarse en serio la posibilidad de generar riqueza a través de la innovación tecnológica. Además, ahora están mejor preparados para ello.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
CARLOS TAIBO
Se celebra hoy el septuagésimo octavo aniversario de la proclamación de la Segunda República. Habida cuenta de lo ocurrido en los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica en el epicentro de muchas discusiones, no está de más que rescatemos uno de los debates que afecta a la percepción contemporánea de lo sucedido siete decenios atrás.
Valga como guía de nuestra reflexión un libro publicado en Italia en 2006 –Il passato di bronzo, de Gabriele Ranzato– que aconseja repudiar, por su nula vinculación con los valores que hoy defenderíamos, al conjunto de las fuerzas que, mal que bien, dieron alas a la Segunda República. Ranzato viene a recordarnos, por lo pronto, que los anarquistas tenían poca simpatía por la democracia liberal y que otro tanto ocurría con los trotskistas. El recorrido, claro, no acaba ahí. El desapego con respecto a los criterios que articulan las sociedades occidentales contemporáneas sería evidente, también, en el caso de los comunistas y alcanzaría, cómo no, al ala izquierda del Partido Socialista, encabezada por Largo Caballero.
No piense el lector, con todo, que el diagnóstico remata ahí: Ranzato se encarga de recordar el equívoco papel desempeñado por republicanos moderados como Azaña y Prieto al calor de los hechos del convulso año 1934. Aunque el profesor italiano, a diferencia de lo que ha sucedido entre nosotros al amparo del revisionismo de derechas, no se entrega al elogio indisimulado del general Franco, lo cierto es que su análisis conduce a considerar el decenio de 1930 como una etapa trágica y desgraciada de la que todos fueron responsables por igual.
De resultas, y a esto vamos, quienes mostraron su inquietud ante la existencia de dramáticas injusticias quedan homologados con quienes pusieron todo su empeño, a través de las armas, para preservar aquellas, en un escenario en el que, a tono con el discurso que ha marcado la transición política, se acepta de buen grado que lo mejor es, sin más, no hablar de aquellos años.
La consecuencia principal es inequívocamente delicada: para muchos ciudadanos que crecieron en el franquismo, la versión oficial de lo ocurrido difundida por este no fue objeto de contestación pública, sin que emergiese en paralelo para las generaciones más jóvenes una versión diferente de los hechos. Así las cosas, sorprende sobremanera que, cuando no hay una crítica expresa y consistente del franquismo, se nos inste una y otra vez a reconocer las taras de los partidos y movimientos que crecieron al calor de la Segunda República.
Conviene subrayar cuantas veces sea preciso que semejante manera de ver la realidad –de distorsionarla, por mejor decirlo– hunde sus raíces en un vicio tan interesado como asentado. Ese vicio, el presentismo, nos emplaza a juzgar el pasado desde la atalaya de los valores que hoy se suponen generalmente aceptados, en abierta ignorancia, entonces, de las reglas del juego que se hacía valer en el decenio de 1930. No sólo eso: nos invita a rehuir cualquier suerte de contestación de una democracia liberal que se nos presenta inmaculada, y ello por mucho que en nuestro caso muestre un equívoco maridaje con una institución, la Monarquía, que arrastra una inequívoca continuidad material con respecto al franquismo y sus desmanes.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencias Políticas
ANTONIO IZQUIERDO
Por qué emprender una política de retorno si se sabe que no va a tener éxito? Ciertamente el volumen de inmigrantes que retornan de manera asistida es muy escaso en relación con la intensidad del desempleo. La mayoría de los regresos van por libre. Entre 2006 y 2007, sin recensión, más de 300.000 extranjeros salieron de España, y en 2003 casi 700.000 se fueron de EEUU. La lección es que hay más movimiento cuando la economía crece. ¿Cuáles son las razones para quedarse cuando pintan bastos y qué motivos hay para organizar programas de retorno?
Veamos lo que sucede entre Estados Unidos y México. Los mexicanos “hacen lo posible para no volver”. Según los estudios del CCIS de la Universidad de California, San Diego, primero disminuyen el consumo, aligeran las cargas familiares y comparten gastos de vivienda con otros inmigrantes. Por fin, reducen las remesas y buscan empleo en otros sectores de actividad o en otros estados menos afectados. La estrategia es resistir, porque el carácter de los migrantes no es la resignación.
Además, la crisis golpea en México con más fuerza y confían más en la capacidad estadounidense para salir antes de esta calamitosa situación. Con la emigración se persigue el trabajo y ganar más, pero también una buena educación para los hijos y subirse al ascensor social. Emigraron como una alternativa a la falta de oportunidades y ahora no piensan que en el origen la perspectiva sea mejor que en el destino. El mundo ha cambiado y las motivaciones para emigrar no son únicamente laborales.
De modo que hay menos emigración hacia EEUU porque hay menos trabajo, pero también hay menos retorno porque hay menos confianza en el país de origen. Si a lo anterior le sumamos el aumento de la vigilancia fronteriza, el resultado lógico es que “en época de tribulaciones no hay que hacer mudanzas”.
La disminución de los flujos es sólo uno de los resultados de la crisis; el otro es el auge de la percepción proteccionista. En México ya cunde la alarma imaginando el retorno como la explosión de la pobreza y entre los estadounidenses, las repatriaciones (573.000 en 2007) son el placebo para la inseguridad. Pero ni uno ni otro Gobierno ponen en práctica políticas de retorno compartidas que atemperen estas sensaciones exageradas.
¿Nos abandonamos, entonces, al retorno libre e imaginado o emprendemos programas insuficientes? Las políticas que regulan las migraciones tienen dos objetivos: la gestión del movimiento y la formación de la opinión pública. Y las políticas de retorno forman parte de esa regulación de los flujos. Así que importa el número de retornados asistidos pero también su impacto en la percepción. Pues lo que crece en las crisis es la demanda de un control injusto sobre las entradas y salidas y, sin duda, un programa de retorno es más transparente que uno de repatriaciones masivas. Mejor asistir el retorno y disuadir a los inmigrantes potenciales que expulsar a los que están ya aquí dentro. En este sentido, es preferible una acción de los gobiernos implicados que achique el espacio del racismo, al laissez faire.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
JOSÉ MANUEL NAREDO
Transcurrida la tormenta mediática que desató la reciente cumbre del G-20 cabe concluir sobre su significado y alcance: no pasará a la historia por su afán de replantear, sino de reanimar, el capitalismo financiero imperante. Pero difícilmente cabía esperar que un grupo informal de países ricos o recientemente enriquecidos por el último auge fuera a hacer otra cosa.
No se sostiene el empeño de magnificar la trascendencia histórica de la reunión equiparándola con la de Bretton Wood, que sentó las bases del vigente sistema monetario internacional, en la postguerra mundial. La última reunión del G-20 no ha sentado las bases institucionales de ningún nuevo sistema, sino que ha tratado de revitalizar el antiguo. No ha creado nuevas instituciones, sino potenciado las ya existentes. Lo único verdaderamente histórico de esa reunión es el astronómico importe de las ayudas públicas comprometidas para favorecer, caiga quien caiga, el repunte de la actividad económica.
Jamás se había coordinado un plan de salvamento tan intenso, en el que el G-20 sumó un billón de dólares de dinero público a los cuatro millones ya comprometidos por distintos países. Esta decisión fuerte y resolutiva, se aderezó con otras más débiles e imprecisas de cara a la galería. Se echó carnaza a la opinión pública amagando, sin golpear, sobre dos temas altamente impopulares: las elevadas retribuciones de los ejecutivos y la existencia de los paraísos fiscales. A la vez que se prometía aumentar la regulación y la transparencia de los instrumentos, los mercados y las entidades financieras “de importancia sistémica”, encargando y reforzando para ello a las dos entidades que habían fracasado hasta ahora en hacer realidad esta promesa: el Fondo Monetario internacional y el Foro (ahora llamado Consejo) para la Estabilidad Financiera, otorgando al discurso internacional sobre las medidas de fondo un tono más ceremonial que real.
Con todo, la pasada Cumbre ha aclarado sin pretenderlo varios aspectos. El hecho de que el propio documento del G-20 afirme la voluntad de “regular y vigilar… por primera vez, los fondos especulativos de importancia sistémica”, tiene la virtud de aclarar que antes ¡¡¡no se regulaban ni vigilaban!!!, a la vez que surge la duda de lo que se entenderá por “importancia sistémica”. Por otra parte, la dureza de la represión policial de los movimientos alternativos evidencia la naturaleza exclusiva, no inclusiva, del propio G-20. Este grupo informal resultó de incorporar al elitista G-7 algunos de los países que habían ganado en poder y peso económico, que han conseguido ahora mayor presencia en los foros financieros internacionales. El nuevo sistema no podría salir del G-7 y tampoco del G-20, pese a haberse sentado en él a Rodríguez Zapatero. La creación de un nuevo sistema monetario internacional tendría que surgir de un foro mucho más amplio e integrador y no de un foro que excluye la presencia de los desfavorecidos y críticos del sistema actual. La inhibición de las Naciones Unidas en estos temas y el protagonismo del G-20 apuntan más, como decimos, a reanimar que a cambiar el capitalismo financiero imperante.
José Mauel Naredo es economista y estadístico
JORGE CALERO
Es bien sabido que la seguridad de un sistema está determinada por la seguridad de su eslabón más débil. Creo que el eslabón más débil del sistema educativo lo forman los estudiantes con necesidades educativas especiales (es decir, con alguna discapacidad). ¿Por qué es importante este colectivo desde el punto de vista de la totalidad del sistema educativo? Porque el trato que recibe va a indicar si realmente el sistema cumple el principio de “no dejar a nadie atrás”. Nos va a proporcionar información, por ejemplo, acerca de si el sistema educativo está orientado a atender a las personas en función de sus necesidades, sean estas de la magnitud que sean, o, por el contrario, en función de sus recursos previos (beneficiando a los que más tienen).
Sabemos, además, que a menudo el eslabón más débil es aquel que recibe menos atención, poniendo esa desatención en riesgo al conjunto del sistema. En mi opinión, es también esto lo que sucede en el caso de los estudiantes con discapacidad: existe una tendencia, por parte de diversos actores (profesorado, alumnos, familias del resto de alumnos, etc.), a mirar hacia otro lado.
En España hay 136.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. La mayoría de ellos se escolariza en centros ordinarios, mientras que únicamente el 21% acude a centros específicos de educación especial. En principio, estos centros deberían destinarse exclusivamente a aquellas situaciones que no pueden atenderse adecuadamente en los centros ordinarios. La inclusión, como se denomina a la política de no segregar en centros específicos a los alumnos con discapacidad, ha sido la línea directriz de la intervención pública en España en los últimos 25 años. Sólo unos pocos países (entre ellos Suecia y Noruega) han aplicado una política de inclusión más intensa que España.
Sin embargo, la inclusión exige no sólo importantes recursos humanos y materiales, sino también el desarrollo de una sensibilidad específica por parte de todos los actores implicados. En un documento reciente de la Fundación ONCE y el CERMI se alerta sobre la situación actual del modelo de inclusión en España, definiéndolo como “un modelo que (…) parece estancado, falto de recursos o con una asignación inadecuada, y muchas veces a expensas del voluntarismo individual y el interés vocacional que frecuentemente acaba quebrándose por la inercia negativa”. Quizás el exponente más claro del estancamiento del modelo es el hecho de que muchas familias de alumnos con discapacidad buscan para sus hijos el refugio que proporcionan los centros específicos de educación especial, renunciando a la alternativa de la inclusión.
Es fácil mirar hacia otro lado en todo lo que se relaciona con las personas con discapacidad y, específicamente, con los alumnos con discapacidad. Pero las oportunidades de más de 100.000 personas, las oportunidades del eslabón más débil, están en juego. Conviene siempre mirar al eslabón más débil, porque finalmente nuestra suerte dependerá de él.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Es una afirmación habitual la de que Europa nunca reacciona en tiempos de crisis. En realidad sí lo hace, pero siguiendo las mismas pautas que en las situaciones normales y, por eso, su comportamiento resulta tan extraño. Mientras EEUU o China ponen en marcha planes especiales con unidad de dirección y una orientación más o menos clara, la UE hace lo de siempre: ponerse al servicio de los estados miembros.
Ahora bien, en los períodos de crisis esta actitud resulta ineficaz, porque los estados atienden de una manera mucho más intensa a sus intereses particulares, dejando poco margen para la concertación supranacional y el desarrollo de líneas políticas comunes. Como se ha evidenciado en la Cumbre del
G-20, a lo más que llegan los estados miembros de la UE es a formar bloques ocasionales para defender posiciones conjuntas frente a otros estados miembros.
Es en los momentos de crisis cuando se percibe la inadecuación del método de integración seguido hasta ahora para hacer frente a los problemas de Europa. Ese método de integración surgió hace 50 años como una respuesta de los Estados europeos a los procesos de democratización interna y de globalización incipiente. La pérdida de poder político que ambos procesos suponían fue compensada mediante la integración, trasladando a las instancias europeas una capacidad de decisión que no estaría sometida a condiciones democráticas. A través de la concertación supranacional, los Estados consiguieron sortear las limitaciones y la pérdida de poder derivadas de la democratización y de la globalización. A cambio, cargaron sobre el proyecto europeo las imágenes negativas de las reconversiones industriales y las reestructuraciones de los sectores productivos: todos los males venían siempre de Europa.
Esa forma de construir Europa no ha sido nunca europeísta, porque ha supeditado el proyecto europeo a los intereses de los Estados. De ahí que se haya dispersado en una Europa de geometría variable, en función de las necesidades específicas de cada Estado miembro. Una Europa a la carta que ahora manifiesta su completa inadecuación para hacer frente a la crisis económica. Aunque los estados quisieran, no podrían dar una respuesta común a la crisis, porque no hay una Europa que funcione como entidad económica como lo hacen EEUU, China o Brasil.
Hay estados que se integran dentro de la zona euro y otros que tienen sus propias divisas, del mismo modo que conviven en la UE estados con estructuras productivas muy diferentes entre sí, a los que no se les pueden aplicar las mismas recetas y que tienen planteamientos muy diversos sobre opciones estratégicas esenciales, que pueden condicionar la solución a la crisis y la evolución futura de las economías europeas.
Si una respuesta europea a la crisis resulta actualmente imposible, la cuestión es si la construcción de Europa podrá orientarse en el futuro en un sentido europeísta, hacia una Unión Europea centrada en la ciudadanía y capaz de articular un Estado social europeo.
Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional
