JOSÉ MANUEL NAREDO
Una vez más, cuando se aproximan elecciones, arrecian discursos políticos que, lejos de aclarar los problemas y las propuestas, los soslayan o confunden deliberadamente. Porque la finalidad de tales discursos es aportar mensajes que atraigan votos y, para ello, interesa utilizar palabras atractivas, cuyas controladas dosis de ambigüedad permitan contentar a todo el mundo.
El partido del Gobierno opta por silenciar o edulcorar los problemas y, cuando ello no es posible, recurre a términos de síntesis que, a modo de conjuros, resuelvan las contradicciones en el mero campo de las palabras. Tras haber negado la crisis en las elecciones de hace un año, ahora se dice que lo peor ya ha pasado y se anuncia la aparición de “brotes verdes” en el panorama económico, aun cuando los últimos datos los demientan incluso en el caso de Estados Unidos. La oposición opta por cargar las tintas negras en lo económico y por desenterrar las sospechas sobre la responsabilidad de los atentados del 11-M para avivar la confusión y la sospecha en todos los planos, a la vez que se ignoran cínicamente las evidencias de corrupción que afloran en sus más altas instancias en los tribunales. Se trata de generar un magma difuso de realidades y ficciones que impida distinguir con claridad la verdad de la mentira, las personas respetables de los aprovechados y delincuentes, las causas profundas de nuestros males y sus remedios efectivos de los falsos atajos y panaceas, dejando a la ciudadanía cada vez más inerme para separar el grano de la paja y exigir responsabilidades.
En este contexto encaja el popurrí de medidas lanzadas para “combatir la crisis”. Se trata de mover muchas fichas para aparentar eficacia o de hablar mucho para encubrir la falta de contenido del discurso. No importa que la jugada sea incoherente, lo importante es que atraiga el mayor número de votantes, de derechas y de izquierdas, desarrollistas y conservacionistas, empresarios y trabajadores… Se postula para ello el pacto interclasista con un empeño que rememora el corporativismo franquista, se enarbola el señuelo del desarrollo “sostenible”, a la vez que se subvencionan el consumismo más desaforado y los megaproyectos del cemento, como también se dice trabajar a favor de un “nuevo modelo” económico, cuando se trata a todas luces de apuntalar el antiguo a expensas del erario público.
Pasa el tiempo y aumenta el paro sin que se aclare el principal punto de partida de cualquier programa coherente de medidas: el reconocimiento de que el curioso andamio especulativo inmobiliario-financiero autóctono acabó haciendo de España el país con mayores tasas de endeudamiento privado del mundo. Precisamente, si no cabe esperar que la burbuja repunte, es porque el endeudamiento ha tocado techo. Por ello, resulta surrealista que se traten de curar los males derivados del excesivo endeudamiento privado a base de forzar el déficit y el endeudamiento público para avalar y reanimar nuevas deudas y consumos privados, en vez de acometer el programa de saneamiento y reconversión económica que la actual situación demanda.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
RAMÓN COTARELO
Las relaciones entre justicia y política en nuestras conflictivas sociedades son siempre complejas. El tipo ideal manda que haya una separación absoluta, pero la realidad impone un modelo que mezcla ambas hasta los dos extremos inaceptables de la politización de la justicia y la judicialización de la política.
Hoy es imposible ignorar que el juez Garzón es un referente mundial en la lucha por la jurisdicción universal y la protección de los derechos humanos frente a la impunidad de los dictadores. En estos campos el magistrado ha combatido contra gobiernos nacionales y extranjeros, de derecha o de izquierda, todos empeñados en que prevalezca la razón de Estado frente a la justicia. La última muestra, el acuerdo del Partido Popular y el PSOE para limitar la jurisdicción universal en España.
Tampoco cabe ignorar que Garzón es un referente en la recuperación de la memoria histórica mediante la reparación de los crímenes del franquismo, tanto de los asesinados y enterrados en anónimas fosas comunes, como de los miles de hijos de republicanos secuestrados por los franquistas y entregados a familias afectas al régimen a veces en condiciones de esclavitud. Aquí el juez se ha enfrentado a la desidia del Gobierno socialista, empeñado en reducir el alcance de su propia acción, y a la oposición radical y las denuncias del Partido Popular, así como de ese sindicato de funcionarios dirigido por un ex colaborador de Blas Piñar movido por una presumible nostalgia del franquismo cuya querella contra Garzón por prevaricación está admitida a trámite.
Garzón también es referente en su lucha contra la corrupción política, requisito de la regeneración democrática, como se ve en la instrucción de la trama Gürtel. La campaña contra el juez ha sido descomunal. Desde el Partido Popular, afectado por la trama, le han llovido denuncias y querellas judiciales que han quedado en nada, así como insultos que tratan de desprestigiarlo. Rajoy sostuvo que es un juez socialista por haber ido segundo en la lista del PSOE por Madrid en las elecciones de 1993. El mismo Rajoy calla, sin embargo, que el juez abandonó la política un año después y abrió un proceso contra algunos responsables del Gobierno del PSOE que dio con varios de ellos en la cárcel por los GAL.
En el nuevo ataque contra Garzón por la vía judicial, los tribunales se pronunciarán en su momento, pero no cabe olvidar el alcance simbólico que encierra la querella. Se trata de mostrar que quien ose investigar los crímenes del franquismo puede pasarlo mal. Sin duda el asunto se dilucidará en derecho en la cuestión sobre si hubo o no actuación prevaricadora del juez por haber actuado ultra vires. Pero el mensaje que se habrá trasladado a la población es que, mientras que las fosas comunes del franquismo no se abren, nadie indaga la suerte de los miles de asesinados y, en definitiva, no se hace justicia con las víctimas, adultos o niños, por una coincidencia entre las fuerzas políticas y los tribunales de justicia. Quien pretenda incoar procedimiento para reparar los crímenes del franquismo puede acabar con una querella criminal.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas.
ANTONIO IZQUIERDO
Queremos salir de la crisis económica sin tocar el modelo social; es decir, atornillando como subalternos a jóvenes, mujeres e inmigrantes? ¿O levantaremos la cabeza ofreciendo posiciones de poder y liderazgo cultural a estas tres categorías sociales que demuestran tener energía y capacidad para cambiar la situación? La clamorosa parálisis intelectual y política en la que vivimos presagia que saldremos de la crisis más débiles, más desclasados y con menos bienestar; es decir, menos organizados, más desmotivados y con más pobres. Visto así, el debate es: ¿alternativa social o peor que antes?
El nuevo modelo productivo debería beneficiar a jóvenes, mujeres e inmigrantes. Son los tres agregados sociales con menos poder y que más valor añaden al futuro de nuestra sociedad. España anda instalada en la medianía social de las viejas clases medias, y no saldremos del cinismo y de la mezquindad mientras no valoremos la educación, la autonomía y la esperanza encarnada en los colectivos sociales más creativos y ambiciosos que tenemos. Juntos forman la clase de servicios más y menos cualificados que crece en número pero no en autoridad.
Los jóvenes ocupados no se definen sólo por el mileurismo sino por la distancia entre lo estudiado y el empleo; es decir, por su desclasamiento, la contratación temporal, la dificultad de mejora en su ocupación y el vacío de posiciones directivas. Las mujeres no sólo están lastradas por la discriminación salarial, sino por la represión de su maternidad, el retraso en la formación de pareja y la baja tasa de ocupación a lo largo de su vida activa. Y a los inmigrantes no sólo se les paga menos y se les despide más, sino que se les criminaliza, se les excluye de la ciudadanía y se menosprecian sus talentos.
Las tres categorías sociales pueden frustrarse como actores de otro modelo social. Es cierto que son heterogéneos en sus modos de vida y de expresión sociopolítica, pero no más que los protagonistas del vigente esquema social. Saben negociar las identidades, comparten expectativas de movilidad laboral, demandan el reconocimiento de sus capacidades y rechazan la injusta distribución de oportunidades.
Les propongo tres indicadores que resuman este cambio de modelo social. Primero, que los jóvenes se independicen antes de los 25 años. Segundo, que las nuevas parejas puedan tener los hijos que desean en vez de reprimir la maternidad. Y tercero, que en la fiesta de graduación de 2º de Bachillerato sea un chico inmigrante quien lea, delante de padres y profesores, un párrafo del libro Un universo diferente, del físico Robert B. Laughlin. Independencia económica, emancipación familiar y espíritu científico.
La pregunta que cabe responder es si las medidas económicas aprobadas para superar la crisis económica favorecen esa dinámica social. Es decir, si ofrecen mejores oportunidades a los jóvenes, no penalizan a las madres por serlo y propician la ciudadanía de los nuevos habitantes. Porque no se sostendrá el nuevo modelo productivo si la liga de los subalternos y desclasados no asciende a la primera división de la sociedad.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Hace años había la costumbre de regalar a los niños (y niñas), por la primera comunión, una pluma estilográfica. Era como un reconocimiento social de que la criatura se iniciaba en el mundo de la cultura formal: ya sabía leer y escribir y, a partir de aquel momento, se esperaba que ejerciera juiciosa y prolijamente unas capacidades que le abrirían las puertas del saber universal. Creo que, años después, las costumbres fueron evolucionando y a los niños se les empezó a regalar una cámara de fotos, luego una consola y seguramente, en la actualidad, un teléfono móvil que, de paso, ya incluye la cámara, el videojuego y el teclado para escribir en lenguaje SMS.
Un ordenador es otra cosa. A pesar de las apariencias, tiene más que ver con un cuaderno, un libro y una estilográfica que con un teléfono móvil. Desde luego también sirve para jugar y para divertirse. Además, conectado a Internet es un potentísimo vehículo de comunicación interpersonal. Pero sobre todo es un instrumento de propósito general para almacenamiento, recuperación y procesamiento de información; es decir, con las adecuadas matizaciones, para el acceso al conocimiento. El problema con los ordenadores es que han entrado en la cultura formal hace mucho menos tiempo que las plumas estilográficas o los libros; además, son bastante más caros y muchos padres no los han usado nunca, así que no se les ocurre regalárselos a sus hijos.
Sin embargo, el manejo y la posesión de un ordenador conectado a la Red son, en la actualidad, condición ineludible para la inserción de los jóvenes en la cultura de nuestro tiempo. Así que la sociedad debería poner todos los medios para garantizar que las desigualdades socioeconómicas no impidan la igualdad de oportunidades de
acceso a una herramienta básica de la cultura y el saber.
Supongo que esto es lo que ha querido hacer el presidente del Gobierno cuando ha anunciado que se propone adoptar medidas para que todos los niños tengan un ordenador conectado a Internet a partir de los 10 u 11 años. Me parece perfecto. No porque crea que eso va a ser la panacea de nuestro sistema educativo, sino por algo más elemental: va a permitir que todos los niños tengan iguales condiciones de acceso a la cultura característica de la sociedad de la información en la que nos movemos.
Que disponer de ordenador y de acceso a Internet no es garantía de una buena educación en la escuela es algo tan evidente que no merece la pena destacarlo. Lo mismo que no basta con tener lápiz y cuaderno para hacer bien los deberes. Pero de lo que tenemos que hablar es del problema inverso: ¿cómo debe ser en la actualidad el escritorio de un niño de 11 años para que pueda hacer bien sus deberes escolares? Y la respuesta es que debe tener un ordenador conectado a Internet. Al menos eso es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los hogares de clases profesionales y elevado nivel de estudios de los padres. El objetivo es que pueda ser así en todas las escuelas y en todos los hogares.
Conseguido esto, todo el sistema educativo deberá movilizarse para aprovechar las potencialidades que encierran estas máquinas de la cultura y el saber en manos de nuestros niños.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El aumento de casos relativos a la llamada jurisdicción universal en la Audiencia Nacional ha generado un debate tras el que se anuncian reformas legales de carácter restrictivo. Es comprensible que este tipo de asuntos sean vistos con preocupación por los responsables políticos, que tienen que hacer frente a las protestas de los estados afectados. Sin embargo, resulta discutible la legitimidad de esas protestas, tanto cuando se trata de países no democráticos como cuando se trata de estados
democráticos.
Sobre los países que no son estados de derecho, por carecer de sistemas democráticos, poco hay que decir. Es coherente, aunque lamentable, que no hayan suscrito el Estatuto de Roma y que se nieguen a someterse a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. No existe contradicción entre el ejercicio ilimitado del poder político que practican en el interior de sus fronteras y su voluntad de actuar en ejercicio de esa misma soberanía en el ámbito internacional. La ausencia de democracia favorece el tipo de crímenes que son susceptibles de ser juzgados a través de una jurisdicción universal. Estos estados no tienen ninguna legitimidad para oponerse al enjuiciamiento de esos crímenes.
Cuestión diferente se plantea con los países que constituyen democracias asentadas y en los que cabe hablar de estados de Derecho con mecanismos internos de control del poder plenamente asentados. La perplejidad con la que asisten a estos procesos se manifiesta en una crítica amarga basada en la idea de que nadie tiene que darles lecciones sobre el modo de funcionar de un Estado de derecho. Nadie pretende hacerlo con carácter general, ya que algunos de estos países tienen una cultura jurídica democrática mucho más extensa y profunda que la nuestra.
Sin embargo, esa cultura jurídica se ha basado históricamente en la idea de que en su acción exterior nada podía limitarles, pues cualquier control afectaría a su soberanía como Estado. Por ese motivo, han hecho cosas en el plano internacional que nunca habrían aceptado en el interno y ese es justamente el núcleo del problema. La contradicción entre el sometimiento interno a la ley y la barbarie externa no es ya sostenible para la conciencia jurídica de los países democráticos. En lugar de cuestionar la pretensión de tribunales extranjeros de enjuiciar a sus presuntos criminales, deberían plantearse qué es lo que ha fallado de manera tan estrepitosa en su forma de entender el Estado de derecho para que personas que decían representar a su país hayan realizado, presuntamente, actos
abominables.
Si los estados no democráticos carecen de cualquier legitimidad para cuestionar la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional, los estados democráticos sólo la tendrán en la medida en que revisen sus propias concepciones acerca del sentido de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Pero, si lo hacen, serán ellos mismos los que juzguen esos crímenes, sin necesidad de que intervenga ningún tribunal foráneo.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.
JORGE CALERO
En el ámbito de la educación, todo lo que sucede en un momento determinado tiene explicaciones que se remontan a muchos años atrás. Los procesos educativos se caracterizan por una muy fuerte inercia, relacionada con la transmisión del capital cultural entre generaciones. Esta inercia explica en parte, por ejemplo, las dificultades que existen en España para que los jóvenes continúen estudiando después de la educación obligatoria: sus padres y madres pertenecen a generaciones donde el nivel educativo también era bajo. Por este motivo la educación es una inversión a largo plazo, cuyos mayores rendimientos se alcanzan décadas después de efectuado el esfuerzo inversor.
El mismo carácter inercial que he mencionado, referido al conjunto del sistema, se da en el caso de la educación de cada persona. Lo que sucede en los años muy iniciales de la vida va a ser determinante para las trayectorias educativas. Queda poca duda acerca de la importancia de la familia en ese periodo inicial, al transmitir (de forma muy desigual, sin embargo) capacidades y actitudes que luego serán muy importantes en la escuela. Y, desde hace ya algún tiempo, la investigación educativa nos viene señalando la importancia de la educación infantil en los recorridos educativos.
Efectivamente, existe un consenso generalizado en la comunidad educativa en apuntar a la educación infantil, especialmente entre 1 y 3 años, como una pieza clave para complementar (en algunos casos contrapesar) la incidencia de la familia en esos primeros años, permitiendo una buena inserción en el sistema educativo. Se insiste en el carácter educativo de la educación infantil. Esto no parece haberse extendido al conjunto de la población; no es casualidad que el término guardería, que parece aludir al pupilaje que se efectúa en los parkings, sea el más extendido para referirse a la escuela infantil. La función específicamente educativa, que depende mucho de la calidad del servicio, pasa todavía a un segundo plano con relación a otras funciones no desdeñables, vinculadas a la conciliación entre vida laboral y familiar.
Al hablar de educación infantil nos referimos a la etapa comprendida entre 0 y 6 años. En España, desde 2002, el segundo ciclo de educación infantil (de 4 a 6 años) es gratuito pero no obligatorio, aunque de hecho la escolarización en esas edades es prácticamente universal. El primer ciclo, el comprendido entre los 0 y los 3 años, no es gratuito y presenta muchísimas irregularidades, al menos, en cuatro aspectos: disponibilidad de oferta, presencia de centros públicos (depende enormemente de la Comunidad Autónoma e incluso del municipio), precio y calidad del servicio.
La educación infantil de calidad, especialmente cuando llega a los grupos sociales más desfavorecidos, es un excelente instrumento para mejorar e igualar las oportunidades de las personas a lo largo de la vida. Un instrumento cuya disponibilidad debemos cuidar especialmente si pretendemos moderar la inercia de los procesos educativos.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
NÚRIA BOSCH
A raíz del debate del estado de la nación, ha vuelto a surgir la polémica en torno a la desgravación fiscal a la compra de la vivienda habitual. El presidente del gobierno anunció en dicho debate que eliminaría a partir de 2011 dicha desgravación fiscal a los contribuyentes cuyos ingresos brutos al año superasen los 24.000 euros. No obstante, la resolución final aprobada por el Congreso no concreta la cifra de renta a partir de la cual la medida tendrá efecto, sólo dispone que de su supresión quedarán exentas las rentas más bajas. Asimismo, no tendrá efectos retroactivos.
En mi opinión, la propuesta de eliminación de la desgravación va en la dirección correcta. Varias son las razones que podemos aportar para apoyar su desaparición. En primer lugar, hay estudios que demuestran que la desgravación fiscal de la vivienda puede resultar regresiva o, cuando menos, es poco progresiva, ya que son los contribuyentes de rentas más elevadas los que más se benefician de la misma. En cambio, los niveles bajos de renta muestran una menor proporción de contribuyentes beneficiarios de la deducción. Ello seguramente tenga que ver en que aquellos presentan mayores dificultades para la obtención de ayudas financieras destinadas a la compra de la vivienda.
En segundo lugar, la desgravación fiscal a la adquisición de la vivienda induce a que los compradores adquieran una vivienda de un precio mayor a la que comprarían en ausencia de la desgravación, lo que ocasiona una presión alcista sobre los precios, incrementándolos. Es decir, podemos argumentar, basándonos en los principios más simples de la teoría económica, que la desgravación fiscal a la compra de la vivienda acaba capitalizándose positivamente en su precio. Por tanto, a quien beneficia es a los propietarios del suelo, a los constructores y a los promotores.
En tercer lugar, algunos economistas también defienden que la supresión de tal desgravación es una medida adecuada para fomentar el alquiler de la vivienda, en un país donde el porcentaje de viviendas en alquiler alcanza porcentajes muy bajos. Ello también ha provocado que se desprecie el alquiler de la vivienda y sólo se valore tenerla en propiedad.
Asimismo, la supresión de la desgravación fiscal a la vivienda la defienden hace ya tiempo organismos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.
Por tanto, la supresión de esta desgravación fiscal parece acertada, y más en el contexto de la actual crisis. Este anuncio puede ocasionar una reactivación de las ventas de viviendas, siempre y cuando las entidades financieras vuelvan a facilitar la concesión de créditos. Igualmente, la eliminación de la desgravación puede fomentar el cambio del modelo productivo, pasando recursos para la inversión del sector de la construcción hacia sectores más productivos. Además, ello supondría para las arcas del Estado un ahorro de casi 3.000 millones de euros, que podrían emplearse, a su vez, en medidas que creasen más productividad.
En definitiva, la reforma puede generar varios efectos positivos en un contexto de fuerte crisis económica como el actual.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública.
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
La lectura del informe recién presentado por la Comisión sobre Abusos a Menores, creada por el Gobierno irlandés en 2000, nos pone ante el guión de una espantosa película de terror. Los cinco tomos que componen el informe documentan cientos de casos de abusos físicos y sexuales sistemáticos, de los que fueron objeto muchos de los niños atendidos entre 1930 y 1990 en los hogares de acogida, reformatorios y escuelas gestionadas por la Iglesia católica irlandesa. El informe no contiene los nombres de los culpables, las víctimas o los testigos, debido a que la Comisión, constituida con el objeto de aclarar numerosas denuncias de abusos sexuales y no para depurar responsabilidades penales, operó de acuerdo con una estricta cláusula de confidencialidad. Lo que sí deja claro el informe es que las numerosas denuncias sobre abusos sexuales eran ciertas y que la principal culpable de los hechos es la jerarquía católica irlandesa porque, pese a conocer lo que estaba sucediendo, no hizo lo necesario para evitar los abusos.
Las historias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes no son nuevas, pero hay dos datos del caso irlandés que son escalofriantes: por una parte, que la Iglesia subordinase completamente el discurrir de las atrocidades que experimentaron los menores a la salvaguarda de su imagen institucional y, por otra, que no trasladase las numerosas denuncias que recibió sobre abusos de sus religiosos a la jurisdicción civil, limitándose, en el mejor de los casos, a reubicar al abusador o violador en otro de sus centros donde, las más de las veces, este volvió a cometer abusos. Este informe puede ser sólo la punta del iceberg, ya que en breve está previsto que la opinión pública conozca un segundo estudio de la Comisión sobre Abusos sexuales a Menores realizado en el periodo 1975 y 2004 en las parroquias de Dublín y que la jerarquía eclesiástica irlandesa ya ha adelantado que será muy duro.
El daño generado a la credibilidad de la Iglesia católica en Irlanda es enorme, especialmente por el papel que la institución ha desempeñado en la historia nacionalista de este país y porque es la responsable de escolarizar a la mayoría de los católicos irlandeses. De ahí que su primado haya respondido de forma rápida pidiendo disculpas por los delitos y abusos sexuales cometidos por sus religiosos, así como su deseo de que los abusos relatados no vuelvan a repetirse y de que las víctimas sean resarcidas.
Ahora bien, ¿es suficiente con pedir perdón? En el derecho canónico puede que sea así, ya que según el canon 1397 el sacerdote o religioso que cometa violación carnal será trasladado a otro lugar o territorio, y en el peor de los casos puede ser suspendido del estado clerical. Pero en el Estado de Derecho las disculpas de los delincuentes, aún las más sentidas, resultan insuficientes.
El problema de fondo es la impunidad. Sería deseable que los poderes públicos –si no la propia Iglesia–, dieran a conocer los nombres de los abusadores y facilitaran la labor de la justicia. Delinquen quienes abusan pero también quienes, conociendo los hechos, no denuncian al abusador.
Óscar Celador Angón es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Cuando el aquelarre constructivo del último decenio ha acabado provocando en el país un notorio exceso de edificios y viviendas que la población no alcanza a comprar ni a alquilar, el reciente paquete de medidas reafirma la decisión de que el Estado compre suelo a las empresas inmobiliarias para promover la construcción de 200.000 viviendas, esta vez de precio protegido. Es como si al obeso enfermo de indigestión se le da como remedio una buena fabada.
Semejante despropósito, soslayado en el debate sobre el estado de la nación, obliga a recordar que diagnosticar bien los males del organismo económico es el primer paso para aliviarlos, en vez de agravarlos gastando en ello el escaso dinero público disponible.
El problema estriba en que los intereses inmobiliarios imperantes pesan tanto que a veces prohíben ver lo evidente: que el pasado boom inmobiliaro ha desplazado el problema desde la escasez de viviendas y locales hacia el exceso y
desocupación de los mismos, haciendo que España tenga ya más viviendas y más kilómetros de autopistas e infraestructuras per cápita que todos los países de la UE.
Cualquiera que recorra la geografía hispana se ha de topar por fuerza, no sólo con multitud de viviendas y oficinas en venta o en alquiler, sino con verdaderas ciudades o urbanizaciones fantasmas que, ya terminadas o todavía en construcción, esperan la llegada de las personas que algún día puedan habitarlas. Pero, junto a este exceso, han crecido el chabolismo, la infravivienda y el hacinamiento, solapándose así viviendas deshabitadas con habitantes sin vivienda. La aglomeración madrileña ejemplifica tal estado de cosas, al disponer de abundante patrimonio inmobiliario desocupado en el centro, en los PAU y en los municipios circundantes que han multiplicado su parque de viviendas, albergando megaproyectos como los realizados en Arroyomolinos (Xanadú), en Seseña (residencial El Quiñón) o en Yebes (Ciudad
Valdeluz).
En Madrid siguen adelante operaciones como la de Campamento y se activan otras nuevas como la de Chamartín. En Sevilla se inicia la construcción de una megatorre para añadir más millones de metros cuadrados edificados a un stock inmobiliario cuyo excesivo tamaño lastra la crisis. Cuando esto ocurre a lo largo y a lo ancho del territorio peninsular, parece claro que la parquedad de la demografía y de los bolsillos de la población retrasará durante lustros la digestión de tan desmesurado stock inmobiliario, dejando el territorio plagado de esqueletos y despojos de inmuebles fruto de tan sonado e irrepetible festín constructivo.
¿Para qué sirve el nuevo Ministerio de Vivienda si no aborda con firmeza los dos principales problemas de la crisis inmobiliaria actual? Esos problemas son: dar uso a un patrimonio inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad que, paradójicamente, no ha resuelto las necesidades de vivienda de la población, y aligerar el excesivo endeudamiento de compradores y promotores, que ha traído el aumento de la morosidad y las suspensiones de pagos.
José Manuel Naredo es Economista y estadístico
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
En el mundo del Derecho existen dos tipos de presunciones: las presunciones que admiten prueba en contrario (iuris tantum) y las que no la admiten (iuris et de iure). La presunción de inocencia es, obviamente, una presunción iuris tantum, que puede ser desvirtuada si se demuestra que se han cometido los delitos que se le atribuyen a las personas implicadas en los procesos judiciales de carácter penal. Sin embargo, el PP está actuando en el caso Gürtel como si la presunción de inocencia no admitiera prueba en contrario, como evidencia la afirmación de su presidente en relación con dos de los implicados de ese partido: “Nadie podrá probar que no son inocentes”.
Ciertamente, nadie podrá decir que los implicados del PP son culpables hasta que un tribunal lo declare en sentencia firme. Ahora bien, la presunción de inocencia no opera del mismo modo cuando ya existen indicios racionales de criminalidad. En ese caso, aun cuando sean formalmente inocentes (como también lo es quien se declara culpable hasta tanto se dicte sentencia firme) tienen que desvirtuar esos indicios para no ser condenados. Por ese motivo, la presunción de inocencia no impide que, como se suele afirmar en los medios de comunicación, las personas implicadas se consideren potencialmente culpables en cuanto han cometido “presuntamente” determinados delitos.
Por cuanto estamos hablando de personas que ejercen cargos públicos y que representan a la ciudadanía, la cuestión se complica. Su permanencia en los cargos, una vez que la opinión pública es conocedora de indicios de entidad contra ellos, supone una distorsión importante para el funcionamiento del sistema democrático. Lo embrolla todo, porque provoca una mezcla continua de responsabilidades políticas y judiciales, dificultando incluso la defensa de sus derechos por los implicados.
En efecto, aunque sus posibilidades de dar explicaciones están limitadas por su posición procesal, su obligación como responsables políticos consiste en ofrecer una respuesta detallada y precisa que disuelva cualquier duda en la ciudadanía respecto de su idoneidad para seguir desempeñando un cargo público. Esa contradicción sólo se puede resolver optando entre dos alternativas: aclarar la situación ante la opinión pública –lo que puede debilitar su posición en el proceso– o presentar
la dimisión.
No es ninguna de esas la vía que han elegido los aforados. Los diputados de la Asamblea de Madrid pretenden seguir en el
desempeño normal de sus funciones –más allá de su suspensión de militancia en el PP– sin dar ningún tipo de explicación pública. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, que tendrá que declarar hoy como imputado, ha dicho: “Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente todo lo que hay, que es nada”. Podría parecer una expresión del pensamiento paradójico: explicar todo, que es nada. En realidad, la paradoja consiste en que lo que está haciendo es no explicar nada, que es todo. En esas condiciones, el presidente de la Generalitat Valenciana podrá presumir de muchas cosas, pero no de inocente.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.
