RAMÓN COTARELO
En la crítica a la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar la candidatura de Iniciativa Internacionalista se mezclan dos razonamientos y, probablemente, no de modo desinteresado. De un lado, se dice que la decisión es injusta porque se ha tomado sin pruebas suficientes y sin atenerse a lo exigido en la llamada Ley de Partidos, a cuyo amparo se adopta. De otro, que lo injusto es la propia Ley de Partidos,
que debe derogarse. La finalidad de ambas críticas es protestar contra la ilegalización, la undécima de las que se producen en el País Vasco por connivencia con ETA. La conclusión que pretende colarse aquí es que España no es una democracia porque, en lugar de ilegalizar comportamientos delictivos, se ilegalizan ideas, en este caso las
independentistas.
El auto del Tribunal Supremo, ciertamente, a fuer de obra humana, puede ser injusto. De hecho, no cabe ignorar que la decisión se adoptó por 11 votos contra cinco. Podría darse, incluso, una vulneración de derechos fundamentales, en cuyo caso los agraviados pueden recurrir en amparo al Tribunal Constitucional que les dará la razón, si la tienen. Lo malo es que quienes se oponen a esta decisión también
se opusieron a las otras diez sin razón suficiente.
En segundo lugar, la Ley de Partidos puede ser injusta. Pero es la ley vigente y las leyes se cumplen. Si alguien cree en conciencia que una ley es inicua y que no debe cumplirla, lo que ha de hacer es quebrantarla públicamente y aceptar la sanción correspondiente con la esperanza de que su incumplimiento mueva al legislador, a la mayoría, a modificarla o promulgar una nueva. Lo que no se puede hacer es desobedecer la ley y pretender impunidad por ello.
La conclusión, por último, es que la conclusión de los críticos es falsa. En España no se ilegalizan ideas, y desde luego no las independentistas. La prueba es que hay partidos independentistas representados en las instituciones, como Aralar en el País Vasco o ERC en Cataluña, que es partido de Gobierno en la Comunidad. La diferencia es que no son conniventes con la violencia ni constituyen la vertiente política de quienes asesinan para imponer sus ideas políticas.
Los independentistas vascos conniventes con el terrorismo debían de creer que su táctica era óptima, pues la repitieron 11 veces. Pretendían acceder a las instituciones presentando listas sin cumplir con la ley. Buscaban una victoria estratégica, demostrando que se puede estar en las instituciones sin romper con la violencia ni desvincularse de ella, o bien una derrota también estratégica que les permitiera sentar plaza de víctimas de una democracia que no es tal.
Todo eso ha cambiado radicalmente a raíz del comunicado de la candidatura –por el que se condena taxativamente y sin fisuras el uso de la violencia para obtener fines políticos– que acompaña al recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional. La cuestión ahora es si ese giro repentino de acatamiento de las normas democráticas y del Estado de derecho llega a tiempo para surtir efectos políticos y jurídicos. Ojalá sí.
Ramón Cotarelo es profesor de Ciencia Política
CERME MIRALLES-GUASCH
El siglo XXI, entre otras muchas cosas, está fortaleciendo un concepto que, a lo largo de casi todo el siglo anterior, se ha ocultado bajo las diversas capas de la modernidad. El límite es un concepto transversal global y, aunque concebido durante el siglo pasado, es más actual que nunca. Ya no podemos evolucionar sustentando nuestro pensamiento en la idea de incrementar el consumo, la producción y la contaminación de forma ilimitada. El progreso, como crecimiento continuado, se tiene que apoyar en el ser más que en el tener, y no como opción individual más o menos voluntariosa, porque existen límites concretos y palpables en el crecimiento material. Unos límites que podemos percibir un poco difusos. Y, aunque la percepción es subjetiva, estos son objetivos y se agrandan en la medida que nos acercamos a ellos.
Algunos los empezamos a tener claros e incluso los hemos contabilizado e introducido en las agendas políticas. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero de las que, con el Protocolo de Kioto, existen cuotas máximas de emisiones por Estados. Y, aunque algunos, o demasiados, como España, los supere, existen asignaciones de emisiones a nivel mundial que indican qué máximos son peligrosos superar. Estamos topando con un linde, no a nivel particular sino global, por lo que este se nos aparece más contundente y urgente. De ahí esa percepción del cambio climático como el resultado de sobrepasar uno de estos límites y la necesidad inaplazable de encontrar alguna solución. De ahí que las políticas públicas y las estrategias empresariales estén empezando a integrar este limite, expresado en forma de asignaciones, y con él a incluirlo como base de un progreso más sostenible.
Sin embargo, algunos dirán, y con razón, que, a pesar del ejemplo citado, existen muchos otros que van en la dirección opuesta. Uno de estos podría ser la información sobre las ventas de automóviles que últimamente leemos con cierta frecuencia en la prensa. Las ventas de turismos en el primer cuatrimestre de este año están alrededor de 265.000, una cifra superior a la que teníamos a principios de los noventa. Es cierto que, en algún momento, a lo largo de este periodo se habían duplicado, llegando a unas cantidades de venta de 532.000 unidades. Si miramos estas cifras bajo el prisma del límite antes mencionado, se puede decir que la venta de automóviles también debería tener un máximo y que, además, este no puede ser sostenido en el tiempo, por lo que no podemos esperar un incremento lineal a lo largo de mucho tiempo. Si a principios de los noventa nos parecía razonable el número de automóviles vendidos, por qué ahora nos parece un sector en plena crisis, hasta el punto de pedir ayudas directas del erario público.
¿No tendríamos que pensar en un número de ventas razonable sin que este sea siempre el máximo histórico alcanzado? Igual desde este punto de vista y ampliándolo a otros sectores, como la vivienda, por ejemplo, lo que nos tendría que sorprender y preocupar no es lo que se vende ahora, sino lo que se vendía hace unos años, porque igual habíamos sobrepasado algunos limites que, aunque no tuviéramos la capacidad de ver, han demostrado ser una realidad aplastante.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Arrimar el ascua a su sardina, eso es lo que hacen los empresarios a propósito de la crisis. Les acompaña un nutrido coro de políticos, técnicos y medios de comunicación social, empeñados todos ellos en introducir aún más flexibilidad en el mercado de trabajo. Proponen que, con el fin de reducir la tasa de paro, se abarate el despido. Esto es, pretenden apagar el fuego con gasolina, porque la demostración más evidente de la enorme desregulación del mercado laboral español es la gran velocidad con que las dificultades económicas se han traducido en destrucción de puestos de trabajo. Y no podía ser de otra forma en una economía que tiene un tercio de la mano de obra con contratos temporales.
En 1979, los agentes sociales y los partidos políticos consensuaron el Estatuto de los trabajadores, pero parece ser que los pactos son para no cumplirlos y casi de inmediato surgió una ofensiva para flexibilizar, afirmaban, las relaciones laborales, que consistía tan solo en reducir los derechos de los trabajadores. Una tras otra, se sucedieron cuatro reformas laborales (1984, 1994, 1997 y 2002), yo diría contrarreformas, que han configurado el mercado de trabajo que tenemos.
Ahora, los mismos que abogaron y consiguieron introducir más y más clases y tipos de contratos temporales son los que hablan de un mercado dual y se proclaman paladines de los contratados temporales, ya que, según dicen, los sindicatos no los defienden. Bien es verdad que tienen una forma muy ingeniosa de solucionar la dualidad, convirtiendo a todos los trabajadores en precarios, porque el nuevo contrato que proponen, más que fijo, es discrecional a voluntad del empresario y prácticamente sin indemnización. Lo que pretenden en el fondo es evitar la tutela judicial y poder despedir a su capricho.
Sustituir el derecho laboral, que tiene un carácter tuitivo, por el derecho mercantil –la pura voluntad de las partes– en el que el trabajador siempre lleva las de perder, porque se encuentra en una situación de indefensión frente a la empresa. En definitiva, retornar a las relaciones laborales del siglo XIX.
¿Por qué la izquierda y los sindicatos están siempre a la defensiva? La mejor defensa es un buen ataque. ¿Por qué no propugnar una reforma laboral, pero en el sentido contrario del que se está planteando? Si se quiere reducir el número de contratos temporales, el único camino adecuado es hacer desaparecer las múltiples facilidades que en los momentos actuales tienen las empresas para formalizar este tipo de contratación y dejarlo limitado a lo que siempre debería haber sido: para aquellos casos en los que la actividad a desarrollar tiene un carácter temporal.
¿Que la indemnización de 45 días por año que se establece para el despido improcedente es muy elevada? De acuerdo, eliminemos el despido improcedente, aquel que un juez ha dictaminado carente de causa, ni disciplinaria ni económica ni tecnológica, es decir, el que obedece al capricho del empresario. Permitamos sólo los despidos procedentes cuya indemnización, la más alta, es de 20 días por año.
Juan Francisco Martín Seco es economista
ANTONIO IZQUIERDO
Cree usted, como imagina la mitad de los españoles, que uno de cada cuatro habitantes de este país son inmigrantes extranjeros? Y, cuando se habla de inmigrantes, ¿piensa el lector de inmediato en africanos y luego en latinoamericanos? En resumen, ¿forjamos las actitudes positivas o negativas hacia la inmigración sobre esas bases tan falsas?
Así pensaban los 2.800 españoles entrevistados en septiembre de 2007, según el informe Evolución del Racismo y la Xenofobia en España, publicado en estos días por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Es probable que, cuando se publique el nuevo sondeo que el Observatorio realizó en 2008, se refleje el impacto de la crisis económica en un aumento de las percepciones
deformadas.
Lo cierto es que entonces la proporción de residentes extranjeros rozaba el 9% y no el 24% como creía la imaginación pública. En realidad, la proporción era de un 6%, es decir, cuatro veces menos, si descontamos a los extranjeros en régimen comunitario. ¡Cuatro veces menos de los imaginados! Porque los extranjeros están segmentados jurídicamente en comunitarios y régimen general, y esa división lleva aparejados distintos derechos y obligaciones. ¿Cuándo contestamos a las encuestas pensamos en todos los inmigrantes o sólo en algunos? Parece claro que los entrevistados no contaban a los británicos o franceses ni incluían a los rumanos entre los comunitarios, aunque la mayoría de ellos ya lo eran en esa fecha.
Tampoco acertaban en la composición de la inmigración por continentes. El 40% de los entrevistados pensaba de inmediato en los africanos, un 25% identificaba inmigrante con latinoamericano y el 16% con europeo del Este. Y no era así. El reparto de los cinco millones y cuarto de extranjeros que estaban empadronados indicaba que el 44% eran europeos (3% no comunitarios), un 34% latinoamericano, el 17% africano y los restantes asiáticos. Las estadísticas dicen todo lo contrario de lo que se piensa y el error puede deberse tanto a los prejuicios como a la dispar distribución de los extranjeros según la localidad.
Cuando se hizo la encuesta, la población inmigrante más numerosa era la marroquí, seguida por la rumana y la ecuatoriana. El panorama en 2008 ya no es así y las fuentes estadísticas certifican que hay más rumanos que marroquíes. Por este motivo, los extranjeros comunitarios ya suman la mitad del total de la población foránea. Todo esto nos demuestra que la inmigración cambia más deprisa que nuestras percepciones. Lo que no ha variado es que el 47% son mujeres.
No se vea en este editorial una defensa a ultranza de las estadísticas, que también tienen sus zonas ciegas. Ni tampoco supone un menosprecio de las percepciones que tanto influyen en nuestros actos. Tómese como una co-
rrección de la mirada que muchas veces nos engaña. Espero que estos datos nos ayuden a formar mejor nuestra opinión, aunque también es probable que al lector le dé igual cuál sea la proporción y la composición de la inmigración. En ese caso, estas líneas pueden leerse como un homenaje al libro ¡Dígalo con números!
Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología
CARLOS TAIBO
Sabido es que varios son los países que siguen llamando a la puerta de la Unión Europea con el propósito de convertirse en miembros de esta. Es el caso de los estados situados en los Balcanes occidentales, como lo es de Ucrania, Georgia y Moldavia. A la lista debe añadirse el nombre de un eterno candidato, Turquía, y el de algunos de los países del norte de África, con Marruecos en posición de cabeza.
Sobran los motivos para afirmar que la perspectiva de nuevas ampliaciones no tiene hoy, con todo, la fuerza de la que disfrutó en el pasado. Ello es así por dos razones. La primera la configura la delicada situación de la Unión Europea, víctima por igual de sus problemas internos y de la crisis general que atenaza al planeta; la UE no está, en otras palabras, para viajes de altos vuelos. La segunda nos recuerda que, tal vez por lo anterior, los candidatos se muestran ahora menos entusiasmados que quienes les precedieron en la tarea; basta con echar una ojeada al deterioro de tantos procesos en Hungría o en Bulgaria para percatarse de que la incorporación a la Unión no es ninguna bicoca que resuelva mágicamente los problemas. Así las cosas, y en lo que a atracción mediática se refiere, sólo la discusión relativa a la candidatura de Turquía permanece viva. Interesa rescatarla por cuanto permite aislar un elemento de disputa que, tan obvio como importante, suele esquivarse, sin embargo, en los análisis. Se ha señalado ad náuseam que Turquía arrastra varios problemas que dificultan una incorporación plena a la UE. Se ha hablado, así, del ascendiente que el islam ejerce sobre su cultura política, de la marginación que padecen las mujeres, del peso del nunca plenamente resuelto contencioso de Chipre o, en fin, y cómo no, del agujero negro que en términos de derechos humanos supone lo que ocurre en el Kurdistán.
Uno tiene por momentos la impresión de que semejante acumulación de argumentos responde
a menudo, sin embargo, al designio de ocultar lo principal: Turquía es un país demasiado grande, demasiado poblado y demasiado pobre, de tal suerte que su incorporación a la UE resultaría muy onerosa para esta aun en el caso de que no se hicieran valer las circunstancias antes mencionadas. Porque, y dejemos las cosas claras, si la UE no ha sido nunca una agencia filantrópica, menos lo es ahora, en una tesitura muy complicada. Por echar mano de un ejemplo próximo en el tiempo que algo nos dice de estas disputas, lo suyo es recordar que, en lo que atañe a los 12 Estados inmersos en las dos ampliaciones -la de 2004 y la de 2007– que acaban de verificarse, una de las candidaturas que planteó menos problemas fue la de Eslovenia, con dos millones de habitantes, en tanto la que mayores acarreó fue la de Polonia, con 38 millones.
Si nuestro diagnóstico es certero en su propósito de atribuir un relieve notabilísimo a las dimensiones de los candidatos, y a su eventual riqueza de partida, parece servida la conclusión de que quienes esperan a la puerta de la UE en los Balcanes occidentales, a los efectos un puñado de pequeños países, están, por una vez, de enhorabuena.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política
NÚRIA BOSCH
El pasado 4 de mayo empezó la campaña para el pago del IRPF correspondiente a 2008. El pago del impuesto y su cuantía suele ser uno de los temas de las tertulias de café de esta época. Si la cuantía a pagar es mínima o el resultado es a devolver, muchos ciudadanos ya se consideran satisfechos. Es como si quedaran exentos de pagar el impuesto.
Parece que no tuvieran en cuenta los pagos ya realizados durante el año mediante retenciones a cuenta (por ejemplo, sobre salarios o intereses) y pagos fraccionados, ya que el ciudadano percibe la renta obtenida en términos netos, es decir, después de impuestos, lo que disminuye la conciencia de que la renta es de mayor cuantía. La teoría de la Hacienda Pública llama a este fenómeno ilusión fiscal. Esta tiene lugar cuando los ciudadanos no perciben con claridad los pagos impositivos. Las retenciones del impuesto realizadas en origen sobre rentas generadas pueden producir cierta ilusión fiscal.
No obstante, el IRPF puede calificarse de tributo con una alta perceptibilidad, debido a que los ciudadanos-contribuyentes tienen una relación directa con la Administración tributaria por la realización y presentación de la declaración del impuesto. Otros impuestos perceptibles son los que gravan la riqueza (por ejemplo, el de sucesiones y donaciones o el impuesto sobre bienes inmuebles). No ocurre lo mismo con los impuestos sobre la producción, como el IVA o los impuestos sobre consumos específicos (hidrocarburos, bebidas alcohólicas, tabaco,
etc.). Aquí, la percepción de pagar impuestos por parte de los ciudadanos disminuye mucho más debido a que los pagos impositivos se camuflan en los precios de los bienes y servicios. Por ello, las modificaciones al alza o a la baja del IRPF tienen mucho impacto social, mientras que las de la imposición sobre el consumo pasan más desapercibidas.
En España, en el año 2006, la imposición sobre la producción tenía un mayor peso sobre el PIB que la imposición sobre la renta y la riqueza. La presión fiscal por la primera categoría de impuestos era del 12,36% del PIB y por la segunda del 11,69%. Pero para los contribuyentes, la segunda es mucho más perceptible, pareciendo que haya una mayor carga tributaria por esta última. Si a ello añadimos la presión fiscal por las cotizaciones sociales, un 12,94%, la presión fiscal total en España en el 2006 era del 36,99% del PIB.
Ahora bien, actualmente estas cifras se han modificado sustancialmente. Los últimos datos provisionales para el 2008 avanzados por la IGAE, cifran la presión fiscal por la imposición sobre la producción en el 9,82% del PIB, la de los impuestos sobre la renta y la riqueza en el 10,74%, y la de las cotizaciones sociales en el 13,02%. Por tanto, la presión fiscal fue del 33,58% del PIB en 2008, unos 3,5 puntos inferior a 2006.
La causa principal de ello no han sido las rebajas de impuestos –aunque hay que destacar la reforma del IRPF que se aprobó en 2007– sino la crisis económica, que reduce la renta y el consumo. Es de esperar que la ciudadanía perciba correctamente estos cambios y no ocasione mayor ilusión fiscal.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
RAMÓN COTARELO
Si las próximas elecciones al Parlamento europeo se ven como precedente de las generales de 2012, el resultado del debate sobre política general de ayer y hoy viene a ser un precedente de aquellas. Y, si es así, el diagnóstico es de empate.
Empate entre PSOE y Partido Popular no porque ambos lo hayan hecho igual en el debate, sino porque sus circunstancias son muy distintas. Estando en pleno fondo de la crisis, cuando casi todas las medidas que cabía tomar ya se han tomado, el presidente del Gobierno trajo un nuevo abanico de propuestas positivas en amplio frente, tendentes a estimular la demanda en los sectores más dañados (vivienda, automóviles, pymes y autónomos) así como de política social redistributiva e inversiones en sectores que sean nuevos yacimientos de empleo. La batería responde a un proyecto global para salir de la crisis que incluye un cambio en el modelo productivo, para lo que anunció un proyecto de ley y solicitó varias veces el acuerdo y el consenso de la Cámara. El problema es si lo tiene o no.
Mariano Rajoy repitió el estilo de la legislatura pasada que le hizo perder todos los debates. En un tono despectivo y agresivo, demostró lo que los críticos vienen diciendo: que carece de propuestas concretas o no se atreve a formularlas. Igual que en pasadas ocasiones, se concentró en un monotema, el paro, al que dedicó el 80% de su intervención; pero no para combatirlo o paliarlo, sino para emplearlo como arma arrojadiza contra el Gobierno, como hizo con el terrorismo en la legislatura anterior.
Si hay que declarar un ganador, habría que otorgar la victoria de nuevo a José Luis Rodríguez Zapatero porque es más positivo, más convincente y suena con mayor entusiasmo. El problema es que no basta con ganar en el debate personal, sino que esta vez se trata de ganar el debate en su conjunto. Dadas las circunstancias, ahora cuenta, y mucho, la posición de todos los grupos parlamentarios. José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido reiteradamente el acuerdo y el consenso de la cámara para su ambicioso plan de salir de la crisis cambiando el modelo productivo, convirtiendo con ello implícitamente el debate sobre el estado de la nación en un voto de confianza. Pero, por lo que llevamos visto y lo que hoy es esperable, quizá no lo obtenga. Su oferta ha intentado atraer a la derecha (rebajas fiscales, contención del gasto) y a la izquierda (no reducción de los derechos de los trabajadores) pero puede que no satisfaga a ninguna y si el jueves, al votar las resoluciones, la petición de acuerdo y consenso del Gobierno fuera rechazada, ello equivaldría a una falta de confianza de la Cámara. Ante su soledad parlamentaria y dado que no es previsible se presente una moción de censura –que, al ser constructiva, precisaría una mayoría absoluta a favor de Mariano Rajoy, lo que, por ahora, es impensable–, quizá haya llegado el momento de que sea el presidente quien presente la cuestión de confianza.
Al embarcarse en un plan tan ambicioso como el del cambio del modelo productivo, la prudencia política aconseja negociarlo antes y asegurarse de que se cuenta con los apoyos precisos.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
CARMEN MAGALLÓN
Son muchos los lugares del mundo en los que un conflicto armado hace inviable cualquier avance de las políticas de desarrollo; de ahí que estas se vinculen cada vez más a estrategias de construcción de la paz, entendida en sentido amplio: desde la prevención y alerta temprana hasta la reconstrucción postconflicto, pasando por el impulso de acuerdos y salidas negociadas. En estos días, y siguiendo la estela de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Cooperación Española para el Desarrollo presenta hoy un Plan de Acción sobre Mujeres y Construcción de la Paz, cuya novedad más reseñable es la insistencia en “promover a las mujeres como agentes necesarios e importantes en la construcción de la paz, como protagonistas con voz propia, generadoras de desarrollo y seguridad, tanto en los entornos de violencia organizada como en la vida cotidiana, sin limitarse a contemplarlas únicamente como víctimas o grupo vulnerable”.
Son muchos los lugares en los que ellas trabajan contra la violencia y por una vida digna. Vemos lo que hacen en Afganistán, en Sudán, en Haití, en Irak, en Gaza o en Colombia. En Liberia sus iniciativas fueron claves para desarmar a los contendientes y que cesara la lucha, y en Sri Lanka, a tenor de los acuerdos que fue capaz de alcanzar el comité integrado por mujeres tamiles y las representantes gubernamentales, tal vez las fallidas negociaciones de paz no hubieran fracasado, ni se hubiera llegado a la dramática situación que hoy se vive en aquél país de haber tenido ellas mayor peso en las decisiones.
No olvidemos tampoco lo que lograron las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, las viudas de Guatemala o las Madres de El Salvador, contra la impunidad de los responsables de las desapariciones forzadas; cómo las Mujeres de Negro, desde Israel y Belgrado, levantaron su voz contra las políticas agresivas de su Gobierno, deslegitimándolas con su desvinculación; o cómo la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas trató y sigue tratando de desactivar en el día a día los artefactos que mantienen el conflicto armado en su país.
Es ese trabajo y la importante tradición del feminismo internacionalista (recordemos el Primer Congreso Internacional de Mujeres por la Paz en plena I Guerra Mundial) el que reconoce el Consejo de Seguridad en la Resolución 1325. Por primera vez, una resolución exhorta al secretario general, a los estados miembros y al resto de partes (agencias humanitarias, militares y sociedad civil) a emprender acciones para el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los procesos de paz; también para su protección ante las agresiones que sufren en los conflictos armados y en las situaciones post-conflicto; y para que haya una formación en perspectiva de género (capacidad para tener en cuenta la experiencia de hombres y mujeres) del personal que participa en las operaciones de paz.
Nos congratulamos de que el Plan de Acción de la Cooperación Española responda a esta exhortación con medidas prácticas transversales que implican a todos sus actores.
Carmen Magallón es Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
JORGE CALERO
El sector público ha extendido considerablemente su actuación desde la llegada de la democracia. En términos de gasto público, esto ha supuesto que en la actualidad el 38,6% del PIB sea asignado públicamente (en 1975, la proporción era del 25%). ¿Qué efecto tiene ese gasto? ¿Se cumplen realmente los objetivos que se pretenden alcanzar? En buena medida, la respuesta a estas preguntas, hoy, debe ser que no lo sabemos.
La evaluación es el instrumento que permitiría conocer si el dinero público se gasta bien. En los mercados, los ciudadanos gastan su dinero privado y tienen, normalmente, una fácil reacción si creen que no está bien gastado: gastarlo en otro sitio.
La propia demanda evalúa constantemente lo que recibe. La respuesta de la “salida”, del cambio de proveedor, no es posible para un ciudadano que ve cómo se gasta, en el sector público, el dinero de sus impuestos. Es preciso, por tanto, algún tipo de información que recoja y elabore cada administración pública y que permita que los recursos acaben dedicándose en la cuantía y el modo adecuado para cubrir los objetivos.
Incluso más: es necesario que esta información alcance, de forma comprensible, a los propios ciudadanos. Porque, a falta de “salida”, los ciudadanos pueden trasladar sus decisiones a través de los procesos electorales. Desde luego, de forma menos inmediata que en un mercado, pero sus opiniones sobre si su dinero se gasta bien deberían llegar a tener algún efecto.
La evaluación, por consiguiente, es imprescindible. ¿Cómo estamos en este aspecto en España? En mi opinión, la situación es manifiestamente mejorable. Existen diversas iniciativas en diferentes niveles de la Administración pública. Sin embargo, me atrevería a decir que la falta de evaluación constituye todavía un importante déficit democrático en España. En comparación con otros países, donde el avance en los últimos años ha sido muy intenso, nuestra situación deja mucho que desear. La evaluación seria, sistemática e independiente de los programas de gasto público constituye más la excepción que la norma. En algunos ámbitos sí que parece haberse abierto algún paso la retórica de la evaluación, pero casi siempre sólo la retórica y no la práctica. También son frecuentes los casos en los que, tras una evaluación, los resultados quedan relegados al olvido; se transmite, así, un mensaje desalentador acerca de la utilidad de las evaluaciones.
El principal obstáculo a la evaluación sigue siendo una tradición patrimonial y defensiva de los responsables de las políticas de gasto, que a menudo tienden a actuar como si los recursos fueran suyos y sintieran una amenaza exterior.
En una crisis como la actual se hace todavía más acuciante la necesidad de que el sector público rinda cuentas de sus actuaciones. Y la rendición de cuentas ya no puede ser, como antaño, un mero control contable que evite la corrupción. En ella debe intervenir la evaluación, un medio moderno y dinámico de garantizar que cada euro contribuye a alcanzar eficazmente su objetivo.
Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada
ANTONIO IZQUIERDO
Es buena la iniciativa del Gobierno de firmar acuerdos con Rumanía para reducir la explotación de los trabajadores rumanos en España y poner freno a la degradación de las condiciones laborales en los mercados de trabajo. Loable y preñado de dificultades es el empeño de colaboración entre las inspecciones de trabajo de ambos países para perseguir y multar a las empresas-buzón. Hay que apoyar la intervención bilateral en la regulación justa de las corrientes migratorias porque beneficia a todos los ciudadanos y es una asignatura pendiente de la política española de
inmigración.
Pero esa regulación de las entradas y salidas hay que practicarla en los ciclos de bonanza y en los de crisis. Porque lo que ahora resulta incómodo y le quita credibilidad y legitimidad al propósito es el hecho de afanarse en las políticas de regreso cuando pintan bastos y no haber regulado con igual énfasis las entradas masivas en los años pasados. Se agachó la cabeza ante un empresariado ávido de contrataciones verbales y temporales que ahora arroja a sus vulnerables destinatarios a la irregularidad y al desempleo.
Dicho lo cual conviene llamar a las cosas por su nombre y diferenciarlas por los apellidos. Y ni el nombre ni los apellidos de lo que probablemente harán los rumanos que viven en España es una migración de retorno. No lo es en su concepto ni lo va a ser en la práctica. El mal uso del vocablo cabe achacarlo a la hegemonía político-cultural de la ideología antiinmigrante que ha pervertido el título y el contenido de las políticas anulando su sentido. Lo más grave es que esa corrupción de las palabras repercute en las prácticas sociales y contamina las percepciones.
Tres significados se esconden tras el retorno. El genuino y preciso, que es el de una persona que vuelve al país de origen con intención de quedarse definitivamente tras haber vivido un largo tiempo en otro país. Ese retorno puede ser voluntario y asistido. El sentido pervertido de retorno, que es, en realidad, una expulsión de los inmigrantes en situación irregular. Expulsión con un grado variable de coerción y costes. Y, en tercer lugar, el regreso, que ahora se les propone a los rumanos y que viene a ser, en la práctica, una migración circular por el interior del espacio comunitario. Es una política que puede impulsar más la movilidad que el retorno definitivo de los
desempleados.
Los rumanos componen la comunidad inmigrante más numerosa en España y han dominado durante los cinco últimos años los flujos de entrada y de salida, así como los contingentes de temporeros agrícolas. La teoría de la migración circular les cuadra casi a la perfección por su estatus comunitario, costes de trasporte, juventud, temporalidad, nivel formativo, vulnerabilidad laboral y altas cotas de rechazo social. Pero pueden moverse con libertad en la UE y tienen una información perfecta de cuáles son las oportunidades que les brinda su país. Sin duda, la duración de la crisis va a agudizar el regreso temporal y la circularidad; sin embargo aún es pronto para hablar de verdadero retorno.
Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología
