FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
La economía es la única de las ciencias sociales que sigue pretendiendo establecer verdades incontestables y determinar las leyes que rigen la actividad económica de las sociedades. Hace ya mucho tiempo que la historia o la sociología, por ejemplo, reconocieron su incapacidad para precisar las supuestas leyes que explicarían el curso de la historia o los movimientos sociales. La economía no renuncia, sin embargo. Por el contrario, después de cada crisis, cuando todas sus predicciones quedan en evidencia, la ciencia económica vuelve a explicarlo todo, intentando convencernos de que puede arbitrar las soluciones correctas, cuando no las únicas posibles.
Al parecer, algunas de esas soluciones pasan por la lesión de las competencias de las Comunidades Autónomas, consideradas un obstáculo menor en las vías “científicamente” trazadas de la recuperación económica. La desconfianza de los economistas conservadores hacia las CCAA no es nueva. En realidad, la descentralización política ha sido tradicionalmente un impedimento en los planes de adelgazamiento de lo público mediante las privatizaciones, que tan de moda estaban antes de la crisis. Si se quiere vender lo público, es siempre más fácil y ventajoso actuar como un solo interlocutor y no como 17.
Es cierto que esas posiciones conservadoras han encontrado el modo de desquitarse, intensificando los ataques contra la sanidad o las universidades públicas allí donde
gobiernan. Pero nunca será lo mismo que disponer de todo el Estado para negociarlo ante los poderes privados. Es comprensible, desde esa perspectiva, la desconfianza con la que algunos sectores han contemplado las recientes reformas estatutarias: una cosa es transferir el poder político estatal a la esfera privada y otra muy diferente trasladarlo a otros ámbitos públicos democráticamente legitimados. Lo primero se presenta como inexorable, por mandato de la ciencia económica; lo segundo es, según nos dicen, una ruptura de la unidad y un debilitamiento inaceptable del Estado.
La tensión entre autonomía y economía parecía haberse cerrado con la última etapa de Gobierno del PP, cuando se vulneraron competencias autonómicas apelando a la competencia estatal sobre la planificación general de la actividad económica. Aunque el Tribunal Constitucional puso orden en diversas ocasiones, lo cierto es que las CCAA tuvieron ya la experiencia de una importante afectación de competencias, que limitaba las posibilidades de ordenación de su espacio económico.
Las CCAA no son un obstáculo en el camino: son el camino. Han demostrado ser un factor dinamizador de la economía y pueden seguir siéndolo en el futuro si se diseñan políticas adecuadas contando con su colaboración. Frente a la ciencia económica, la política debe recuperar su dignidad democrática. Que haya sólo una opción para resolver los problemas económicos es altamente discutible; que esa opción deba pasar por alterar el orden constitucional de competencias, lesionando las facultades que le corresponden a las CCAA, ni siquiera debería haberse planteado.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Primera pregunta: ¿se puede hoy hablar en público sobre la energía nuclear sin que la cuestión se convierta en un galimatías de acusaciones, mensajes tremendistas y descalificaciones políticas? Mi sospecha es que no; así que soy consciente de que, al escribir estas líneas, me lanzo a la piscina sin apenas agua. Pero me parece que, a pesar de todo, es una obligación cívica intentar intervenir en un asunto de interés público como este, aportando razones, no gritos.
Segunda pregunta: ¿cuál es la vida útil de una central nuclear? Aquella durante la cual se estima que está garantizado su funcionamiento dentro de los márgenes de seguridad establecidos. Esto responde tanto a las especificaciones técnicas iniciales como a las modificaciones, mejoras y revisiones que se hacen a lo largo del tiempo. La determinación de la vida útil de una central es una cuestión estrictamente técnica. No obstante, los organismos encargados de esta tarea deben tener una adecuada composición y normas de actuación para garantizar que intereses espurios no puedan contaminar decisiones técnicas. En España ese organismo es el Consejo de Seguridad Nuclear, que acaba de dictaminar por unanimidad que la vida útil de la central de Garoña se puede prolongar 10 años más.
Tercera pregunta: ¿prolongar la vida útil de Garoña significa renunciar al compromiso en favor de las energías renovables y de un modelo de desarrollo económico sostenible? En absoluto. Al contrario, el ahorro que se genera podría utilizarse para impulsar el sector de las renovables y aumentar las inversiones en I+D sobre nuevas fuentes energéticas y sistemas de aprovechamiento eficientes.
Cuarta pregunta: ¿por qué resulta tan polémica la cuestión del cierre de Garoña? Por su carácter simbólico e ideológico. El debate sobre la energía nuclear no está definitivamente cerrado ni en España ni en el mundo. Científicamente no hay un consenso claro respecto al balance de ventajas e inconvenientes de la energía nuclear ni respecto a la posibilidad de superar, mediante nuevos diseños y desarrollos científicos, los problemas más importantes que plantea, relacionados sobre todo con el tratamiento de los residuos radiactivos. Y políticamente la sociedad está dividida en cuanto a la valoración de los diferentes modelos de desarrollo económico y social que se consideran vinculados a las alternativas energéticas. El debate social ha derivado así en un debate puramente ideológico, impenetrable a las sutilezas de los argumentos racionales. Cerrar Garoña es una victoria de los antinucleares y ampliar su vida útil una claudicación ante el capitalismo mundial.
Última pregunta: ¿qué debería hacer el Gobierno? Preocuparse por el bien común y actuar con sensatez. En una época de crisis, me parece que el bien común está más cerca del ahorro de recursos que del despilfarro, aunque el ahorro suponga renunciar, por el momento, a dar gusto a otras aspiraciones legítimas. Y mientras tanto no vendría mal que, desde los poderes públicos, se impulsaran cauces efectivos y fiables para organizar el debate en torno a estas difíciles cuestiones científicas y sociales de forma sensata y racional.
Miguel Ángel Quintanilla es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.
CARLOS TAIBO
Al calor de los acontecimientos iraníes de las últimas semanas hemos podido comprobar, una vez más, cómo las disputas relativas a eventuales fraudes electorales provocan inmediatamente alineamientos irracionales. Conforme al código imperante entre seudoexpertos y tertulianos, si son nuestros amigos quienes ganan las elecciones, lo suyo es deducir que estas han sido limpias; si el triunfo sonríe, en cambio, a nuestros oponentes, todas las dudas están, entonces, justificadas. No es preciso mencionar de qué lado van, en lo que hace a Irán, las simpatías de la abrumadora mayoría de nuestros todólogos.
Aunque no hay motivo alguno
–antes al contrario– para concluir que las aguas bajan más tranquilas, algunos datos se han clarificado. Sabemos, por lo pronto, que, al amparo de unas reglas electorales que se prestan a los trucos, se han producido irregularidades no precisamente menores. El criterio más extendido entre los expertos es el que sugiere, con todo, que el presidente Ahmadineyad ganó las elecciones, acaso con cierta comodidad, pero lejos de la mayoría aplastante que le han atribuido los cómputos oficiales. El exceso de celo a la hora de buscar, por medio de manipulaciones más bien burdas, una victoria incontestable que, por añadidura, zanjase las cosas en una primera y única vuelta bien puede haber sido, a la postre, un craso error del aparato de Gobierno iraní. Porque lo cierto es que, de haber discurrido los hechos de forma más mesurada, lo más probable es que Ahmadineyad hubiese asegurado sin problemas severos un nuevo mandato delante de una oposición obligada a bajar la cabeza.
Salta a la vista que, aunque vapuleada, esa oposición de la que acabo de hablar ha recobrado el vuelo y probablemente se está granjeando apoyos –pienso ahora antes en los internos que en los foráneos– hace unas semanas impensables. Tan es así que, por momentos, parece haberse diluido la impresión, muy común hace bien poco, de que las diferencias entre Ahmadineyad y Musaví resultaban ser menores en un escenario en el que la descarnada represión a la que se han entregado los aparatos de seguridad ha venido a enaltecer inesperadamente la figura del segundo. Aun con ello, estamos en la obligación de preguntarnos –olvidemos ahora las grandes disputas relativas a la conflictiva inserción de Irán en el planeta– si el segmento aperturista del clero iraní es lo que algunos, con exceso de optimismo, creen ver en términos de retroceso del rigorismo religioso y de reconocimiento de los derechos de las mujeres.
No está de más que agreguemos que los nuevos gobernantes norteamericanos han asumido una posición parsimoniosa que revela de su lado un propósito, al parecer insorteable, de negociar con quien sea. Ahí están, para testimoniarlo, las declaraciones de Obama –han gustado poco, cierto es, en el mundo conservador estadounidense–, que subrayaban la eventual proximidad entre los candidatos contendientes y procuraban alejarse de cualquier toma de partido que nublase el horizonte de imaginables negociaciones futuras. Queda por saber si el derrotero de los hechos en Teherán permitirá que el presidente estadounidense salga airoso de apuesta tan delicada.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
CARMÉN MAGALLÓN
Puesto que la permanencia o cierre de la central nuclear de Garoña se ha convertido en un conflicto vivo, quisiera, huyendo de la polarización, aportar unas pequeñas reflexiones desde la perspectiva del análisis de conflictos, tratando de ver si hay salidas en las que puedan ganar todos. Pensar que en un conflicto todos pueden ganar puede parecer ingenuo. Puede ser. Pero no es lo mismo ser ingenuo por ignorancia que serlo por vocación. Hace años aprendimos –nos lo descubrió aquel magnífico escritor que fue Raúl Ruiz– que ser ingenuo significa ser libre. Visto así, la ingenuidad es otra vía de ejercicio de la libertad.
Entre los actores, el Consejo de Seguridad Nuclear ha aportado informes favorables a la continuidad de la central, basándose en los conocimientos científico-técnicos que les asisten. Esos conocimientos son importantes –son sin duda lo mejor que poseemos–, pero desgraciadamente no pueden aportar certezas al cien por cien, porque ni las teorías científicas ni los desarrollos tecnológicos cubren el amplio espectro de lo posible. La indeterminación y el riesgo que una sociedad quiere asumir ha de ser decidida añadiendo a lo tecno-científico otros criterios.
A favor de la continuidad se han manifestado los trabajadores de la central, que, comprensiblemente, defienden sus puestos de trabajo; y algunas autoridades y vecinos de la zona que desean seguir teniendo opciones de desarrollo y empleos, hasta ahora ligados directa o indirectamente con la existencia de la central nuclear. De estas voces hay que rescatar la legitimidad de los intereses que expresan, para preguntarse a continuación si no pueden ser alcanzados desde un escenario de cierre. Una salida en la que todos ganaran implicaría garantizar empleos de calidad a quienes trabajan en la nuclear, similares a los que habrían de dejar, e inversiones de reconversión para que el de-
sarrollo de la zona no se resintiera. Otras voces apuestan por la energía nuclear porque, dicen, es la vía con menor impacto de producción de dióxido de carbono. Por eso, y por la coyuntura de crisis económica, están a favor de la continuidad.
Las voces a favor del cierre llegan desde distintos lugares sociales: desde grupos ecologistas, sí, pero también desde científicos, escritores, artistas, asociaciones vecinales, sindicales, institucionales y personas individuales. También desde empresarios con intereses en energías alternativas. Ven el riesgo de los residuos, resaltan que, en una central antigua, como es la de Garoña, la probabilidad de un accidente aumenta, ligan la permanencia de la central con un tipo de desarrollo nocivo, dicen, para la región, que impide otros más sostenibles y, sobre todo, quieren apostar por un futuro de energías renovables.
Creo que la solución del cierre es la que contiene más elementos compatibles con la ganancia de todos, y más desde que una reciente encuesta arrojó el dato de que una mayoría de este país está dispuesta a pagar más por la energía si esta es no nuclear. El cierre es la opción que perfila otro futuro. Y es también la que refuerza el sistema democrático al no defraudar la confianza que depositaron ciudadanos y ciudadanas en la promesa electoral del partido gobernante.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Toda la estrategia del PP en relación con el caso Gürtel parece orientada en una sola dirección: ganar tiempo. A esa finalidad se está supeditando cualquier racionalidad en el tratamiento de este asunto, lo que explica que se estén dando respuestas insuficientes, contradictorias y claramente contrarias a las que cabría esperar de un partido democrático. Mientras tanto, la Justicia sigue realizando su trabajo y avanzando en la determinación de las responsabilidades penales de los implicados.
La última resolución, el auto del Tribunal Supremo (TS) en el que declara su competencia respecto de un diputado y un senador del PP (este último, tesorero de ese partido) en relación con presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho, no parece haber alterado esta situación. Por el contrario, de manera incomprensible, el PP ha querido minimizar la gravedad de esta resolución apelando a cuestiones poco significativas (si el TS asume la totalidad de la causa o sólo la parte relativa a los aforados) o que no formaban parte del proceso (la posible financiación irregular del PP).
El tiempo de la justicia y el de la política son, por su propia naturaleza, diferentes. Los procesos judiciales son lentos porque deben respetar las garantías procesales y no pueden desarrollarse con la inmediatez con la que se pueden adoptar decisiones políticas.
Un modo razonable de abordar esa diversidad de tiempos es tomar las decisiones adecuadas separando el plano de las responsabilidad judiciales y el de las responsabilidades políticas. Una limpieza profunda en el PP resolvería radicalmente el problema político, de manera que la depuración de responsabilidades penales pasaría a un segundo plano, porque no afectaría a personas que estén desarrollando funciones importantes en el principal partido de la oposición o en las instituciones democráticas. La actividad política del PP podría seguir desarrollándose con normalidad, al desvincularse de los presuntos delitos que hayan podido cometer algunos de sus militantes y dirigentes.
¿Por qué entonces ese empeño en seguir retrasando las soluciones que se evidencian cada vez más necesarias? Después de la magra victoria obtenida en las elecciones europeas, no parece que ese empeño tenga ya mucho sentido. Pero tampoco lo tendría si el PP hubiera arrasado. Ni siquiera un partido con el 99% de apoyo popular podría hacer nada ante un simple juez, porque ese juez personaliza uno de los poderes del Estado, garantizando la división de poderes y el Estado de Derecho. La legitimación democrática no se consigue sólo ganando elecciones, sino también respetando la ley.
Los líderes del PP deberían saber ya que en política el tiempo siempre se pierde cuando no se actúa en la dirección adecuada. Con su pretensión de ganar tiempo, el presidente del PP está consiguiendo lo contrario: está haciendo perder el tiempo a su partido y a la sociedad española en momentos difíciles como los que estamos viviendo, en los que una oposición seria y constructiva sería fundamental para contribuir a superar la crisis.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Insistentemente, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, ha criticado las medidas de rescate a las entidades financieras planteadas primero por Bush y posteriormente por Obama. La razón radica en la forma en que se han instrumentado mediante la compra de activos tóxicos y no a través de la recapitalización de los bancos. El plan de Geithner no es sustancialmente distinto al de Paulson. Detrás de ambos se encuentra el miedo que en la sociedad americana despierta la palabra nacionalización. Sin embargo, cualquier procedimiento que no la contemple no ataja el problema de raíz y permite la supervivencia indefinida de los bancos zombis, al tiempo que se prima a los accionistas y gestores responsables del desaguisado y perjudica a los
contribuyentes.
España tiene pendiente su particular plan de rescate, que se está demorando con respecto al de otros países. El retraso se debe quizás a la aparente falta de urgencia, al no contar nuestras entidades financieras con hipotecas subprime americanas en sus balances, lo que se explica no tanto por la bondad de la tutela del Banco de España sino porque, dado nuestro déficit de la balanza de pagos, los bancos españoles acudían a los mercados internacionales a endeudarse en lugar de a invertir.
No obstante, según avanza la crisis se va tomando conciencia de que muchas de las entidades financieras españolas pueden estar tocadas por sus propias hipotecas subprime, es decir, por créditos nacionales difíciles de recuperar. Moody’s acaba de rebajar la calificación a 30 de ellas. Nuestro sistema financiero no está operando con fluidez y constituye un embudo para la financiación de particulares y empresas y un elemento sustancial, por tanto, en el agravamiento de la crisis. Mientras no se saneen adecuadamente los bancos y las cajas, no se restablecerá la situación de normalidad en los créditos y será difícil salir de la
recesión.
Parece ser que el Gobierno prepara un decreto ley en el que se crea el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, encargado de sanear los bancos con dificultades. Por lo que se ha filtrado a la prensa, el diseño va en la buena dirección: capitalización de las entidades financieras mediante la adquisición de acciones, en el caso de los bancos, y de cuotas participativas en el de las cajas, pero en ambas instituciones asumiendo derechos políticos y, por lo tanto, capacidad de gestión. Es lo menos que pueden pedir los contribuyentes, que van a ser los paganos de los derroches anteriores. Lo que no se entiende es esa insistencia en afirmar que pasada la tormenta deben volver al sector privado.
El decreto ley deberá sortear también el escollo de la ley de cajas de ahorros, que cometió el error de asignar la tutela de estas a las comunidades autónomas. En la época de la globalización, y cuando uno de los graves problemas con que se ha encontrado la Unión Europea en esta crisis es que las entidades financieras sobrepasan los límites de los Estados y se carece de instituciones europeas capaces de controlarlas, en España nos empeñamos en trocear la realidad por
autonomías.
Juan Francisco Martín Seco es economista.
RAMÓN COTARELO
Uno de los argumentos/amenaza que suelen emplear ETA y la parte de la izquierda abertzale que no la condena es que, si no se abre un nuevo proceso de negociación, seguirán los atentados y el sufrimiento, cosa que, en principio, nadie quiere. A juzgar por ello parecería que el Gobierno democrático llevara años encastillado en la negativa a iniciar negociaciones y son los terroristas los que hacen lo posible por entablarlas.
Sin embargo, lo cierto es lo contrario. Ha habido tres procesos de diálogo (con González en los ochenta, con Aznar en los noventa y con Zapatero en 2006) y los tres se interrumpieron por decisión unilateral de ETA porque, aunque echa la culpa de la ruptura a los demás, en el fondo cree que negociar significa imponer sus criterios sin más.
En estas condiciones no es verosímil que Gobierno español alguno vuelva a sentarse en una mesa de negociación con ETA, porque sólo insinuarlo ya le haría perder las elecciones. Es la propia ETA quien ha hecho imposible la política de negociaciones de forma que su insistencia sólo puede entenderse como una provocación, una artimaña más para minar la moral del enemigo y un medio de propaganda entre sus simpatizantes.
Dada la carencia absoluta de crédito de ETA después de tres rupturas, una nueva propuesta de negociación sólo podría empezar a considerarse si, en lugar de venir precedida de una tregua, viniera de la deposición total, definitiva y verificable de las armas. Sólo entonces sería pensable que un Gobierno español obtuviera la autorización parlamentaria para iniciar las negociaciones con la organización terrorista con miras a conseguir el fin definitivo de la violencia.
La insistencia en la negociación prueba que ETA sabe que su tiempo ha pasado. La mayor eficacia policial con la ayuda de Francia, el acierto judicial de orientar la persecución del terrorismo al desmantelamiento de su aparato de apoyo y financiación, la oportunidad de una legislación excepcional que hace imposible que la actividad armada canalice su discurso político a las instituciones (y, de paso, se beneficie de las subvenciones públicas) hacen que la eficacia de ETA y las perspectivas de la lucha armada sean cada vez más reducidas.
¿Cómo ignorar que en el año 1981 ETA asesinó a 91 personas y ahora pasan años sin un solo atentado mortal? A ello se añade el hecho definitivo de que un Gobierno vasco decidido por fin a acabar con la lacra terrorista constituye un fuerte foco de atracción para la reacción social mayoritaria contraria al terrorismo que, hasta ahora, no había podido fraguar a causa de la ambigüedad y la inhibición de los gobiernos nacionalistas.
La única perspectiva de negociación se abre con el cese definitivo de la actividad criminal etarra. Sólo así, recuperando la normalidad democrática de la sociedad vasca, podrán todas las fuerzas políticas proponer sus programas y podremos también volver a argumentar quienes somos partidarios del derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España, incluido el vasco, pero nos negamos a hacerlo a punta de pistola.
Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas
ÓSCAR CELADOR
El juicio que se ha celebrado en Francia contra la Iglesia de la Cienciología por presunta estafa y asociación ilícita y que, a petición de la propia Fiscalía, puede acabar con la disolución del grupo religioso, está llamado a tener una repercusión capital en el terreno de las libertades públicas, pues este país está considerado como la cuna de la laicidad europea. Las fuentes de financiación de las confesiones religiosas siempre han sido un terreno muy espinoso, ya que se trata de organizaciones que se desenvuelven en un mercado muy peculiar –el de las creencias y convicciones–, donde la manipulación y el engaño no pueden enjuiciarse de acuerdo con los parámetros habituales.
Decía Schopenhauer que las religiones, como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar y que en determinados momentos de la vida de los seres humanos pueden ser un instrumento muy útil para alterar hasta la más férrea de las voluntades. No es casual que el artículo 752 del Código Civil español, al igual que la mayoría de las legislaciones europeas, declare nulas las disposiciones testamentarias que el testador realice durante su última enfermedad en favor del sacerdote que le hubiese confesado.
La Justicia francesa debe pronunciarse sobre una serie de interrogantes de difícil respuesta como, por ejemplo, ¿pueden los Estados democráticos decidir lo que es o lo que no es religioso? o ¿en qué medida pueden incluirse dentro del tipo penal de estafa las actividades de organizaciones que se soportan en un conjunto de creencias basadas en la fe y, por lo tanto, cuya certeza no es verificable?
La armonización de los principios de libertad y de neutralidad religiosa ha supuesto que las democracias europeas adopten modelos constitucionales donde, por una parte, los individuos sean los únicos legitimados para determinar qué es o no religioso de acuerdo con su propias experiencias personales; y, por la otra, los estados sean neutrales en este terreno limitando su papel a impedir que las confesiones religiosas, al igual que las demás entidades jurídicas que operan en el tráfico jurídico, puedan realizar actividades que atenten contra el orden público o los principios constitucionales. En este caso concreto, la Justicia gala debe decidir si el intercambio de formación y material religioso a cambio de elevadas donaciones privadas encaja en el tipo penal de estafa.
La Cienciología está acostumbrada a este tipo de procesos, ya que sólo ha conseguido ser declarada grupo religioso después de largos procesos judiciales en países como Estados Unidos, Suecia, Australia o España. Ahora bien, la cuestión de fondo a la que debe responder la Justicia es en qué medida los grupos religiosos pueden solicitar donaciones o poner precios a sus servicios, cuando el producto que comercializan es algo tan subjetivo como la salvación o el perdón de los pecados, sin que dicha actividad pueda ser considerada una estafa.
Numerosos líderes religiosos se estarán frotando las manos ante la posibilidad de eliminar un rival, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Óscar Celador es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y Libertades Públicas.
NÚRIA BOSCH
El presidente Obama se ha propuesto reformar el sistema sanitario estadounidense antes de fin de año. Es de destacar que el país más rico del mundo tenga un sistema sanitario muy deficiente. Gran parte de la población (unos 50 millones de personas) no tiene ninguna cobertura sanitaria, ya que no puede pagarla.
El sistema sanitario estadounidense se basa en seguros privados, lo que ocasiona que una gran parte de la población no pueda pagarlos. Las empresas que tienen planes sanitarios para sus empleados aportan solamente una pequeña proporción. De carácter público, sólo cabe mencionar los programas federales Medicare y Medicaid, para ancianos, niños pobres y discapacitados, pero estos programas serán insolventes en pocos años. Todo ello contrasta con el caso de Europa, donde todos los países tienen un Sistema Nacional de Salud.
La reforma sanitaria de Obama contiene tres principios: reducción de los costes sanitarios, acceso a un sistema sanitario asequible para cada ciudadano y respeto al derecho a la elección de médicos. Su gran objetivo es que toda la población tenga seguro sanitario, es decir, un sistema sanitario universal que pueda ser accesible a todas las familias. Para ello, pretende crear una aseguradora sanitaria pública. Así, la población tendrá la opción de mantenerse en las aseguradoras privadas o pasarse a contratar la pública. También pedirá a los empresarios que colaboren.
La reforma significa un cambio sin precedentes en la industria sanitaria de Estados Unidos. Por ello, se necesita la colaboración de dicha industria, cosa que no ocurrió en la reforma pretendida por Hillary Clinton en los años noventa. No obstante, ahora parece que la industria sanitaria está dispuesta a colaborar, prometiendo reducir los costes sanitarios, que crecen anualmente mucho más que la inflación y el PIB. En concreto, plantearon reducir en 1,5 puntos porcentuales el aumento del gasto sanitario en Estados Unidos, que crece a un ritmo del 7% anual. La reducción del gasto supondría un total de dos billones de dólares en diez años, lo que representa tres puntos porcentuales del PIB.
No obstante, la reforma no está exenta de problemas. Algunos opinan que la industria sanitaria al final no colaborará y que estos grandes grupos de interés se opondrán a la creación de la aseguradora pública, ya que les generará competencia. Tampoco será fácil que colaboren los empresarios. Igualmente, hay que buscar recursos para financiar la reforma, lo que deberá hacerse con modificaciones tributarias o aumentos de impuestos, que deben aprobarse en el Congreso, siendo los republicanos reacios a cualquier incremento de impuestos.
Es de esperar que Obama pueda llevar a cabo la reforma, tanto por razones de equidad como de eficiencia. Estados Unidos tiene unos indicadores de salud mediocres comparados con los de los demás países ricos. Esta mala salud afecta a las clases sociales bajas y resta eficiencia al sistema productivo del país. Como dijo el presidente estadounidense, “la reforma no es un lujo que pueda posponerse, sino una realidad que no puede esperar”.
JOSÉ MANUEL NAREDO
El año 2008 muestra por primera vez en mucho tiempo un notable empobrecimiento de los hogares, que fuerza la caída del consumo más allá de lo que sugeriría el más moderado recorte de la renta disponible. Pues, al igual que las revalorizaciones patrimoniales animaron el crecimiento del consumo y del endeudamiento de los hogares a través del llamado “efecto riqueza”, ahora la caída de las cotizaciones bursátiles e inmobiliarias, observada en 2008, arroja un “efecto pobreza” de signo contrario.
La distinta naturaleza de los activos y pasivos de los hogares constituye un elemento clave en la explicación de la crisis. El valor de las viviendas y de las acciones propiedad de los hogares resulta de aplicar al conjunto del stock los precios a los que se vende una pequeña fracción del mismo. Lo cual presupone que sólo esa pequeña fracción del stock puede venderse a esos precios, siendo, por lo tanto, el conjunto del stock así valorado una riqueza teórica, que sólo existe a condición de que no se ponga masivamente en venta, lo que traería la iliquidez y/o el derrumbe de precios. Pero, mientras el valor de los activos inmobiliarios y bursátiles de los hogares se desinfla, no ocurre lo mismo con sus deudas, que siguen teniendo que pagar a tocateja.
Las cuentas financieras del Banco de España ayudan a cuantificar el empobrecimiento de los hogares. La caída de las bolsas ha cerrado el año 2008 ocasionando un recorte del 13,7% del valor del conjunto de los activos financieros de los hogares respecto al año anterior, a la vez que los precios de venta de la vivienda arrojaban en diciembre una caída anual del 7%, según el índice elaborado por Fotocasa. Como consecuencia de ello, cabría cifrar una pérdida de valor de los activos totales de los hogares en ese año próxima al 8%. Este giro de los acontecimientos hace que los hogares traten cuerdamente de recortar su consumo y de moderar su trepidante ritmo de endeudamiento. Los préstamos concedidos a los hogares cayeron el 22% en 2007 y el 69% en 2008 respecto al año anterior. El quebranto patrimonial de los hogares, unido a la caída de su renta disponible, redujo también su ahorro financiero en 2007 y 2008 el 27 y el 64% respectivamente.
El hecho de que el endeudamiento empiece a reducirse a mayor ritmo que su generación de ahorro financiero corrige la insólita situación de años anteriores, en la que los hogares, en vez de aportar financiación neta al sistema financiero, se la demandaban. A la demanda de financiación de las empresas se ha venido sumando, así, en los últimos cinco años, la de los hogares, teniendo que recurrir la banca al endeudamiento exterior para abastecer tales exigencias, mayoritariamente orientadas a sostener la burbuja inmobiliaria. Con el pinchazo de esta, la necesidad de financiación de los hogares empezó a caer durante 2008 hasta transmutarse en capacidad de financiación a finales de ese año, apuntando así hacia una normalidad de manual, en la que los hogares ahorren, las empresas inviertan y el país no tenga que vivir de la financiación exterior.
José Manuel Naredo es economista y estadista
