CARME MIRALLES-GUASCH
Cuando se apaguen las luces de la inauguración, cuando todo encuentre la normalidad y podamos contemplar la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona sin focos ni cámaras de televisión, nos daremos cuenta de que falta un elemento importante, fundamental para el futuro de la aeronavegación: la conexión en transporte ferroviario.
Veamos la falta de transporte ferroviario. La nueva T1 nace con el objetivo de ampliar y, en algunos casos, duplicar la capacidad del aeropuerto de Barcelona. Se prevé un incremento de unos 55 millones de pasajeros anuales; aumentan los lugares de trabajo en más del 49%; se ubican 73 tiendas y 43 restaurantes, centros de negocios y otros servicios. Pero, además, alrededor del recinto del aeropuerto se edifican nuevas instalaciones y equipamientos de toda índole que abastecen su funcionamiento cotidiano. Todo ello implica centenares de miles de desplazamientos diarios, no sólo de los visitantes que llegan sin medio de transporte propio, sino de los trabajadores que cada día, en horarios de día o noche, en fines de semana o en días laborables, tienen que acceder a esta ciudad aeroportuaria.
Y si el buen aeropuerto no es el más bonito sino el más funcional, el que resuelve con más eficacia y rapidez los quehaceres de sus usuarios (sean visitantes o trabajadores), a este le falta una pieza fundamental: no tiene acceso ni en metro ni en tren de alta velocidad. ¿Se imaginan la inauguración de un aeropuerto sin zona de aparcamiento para coches?
No. No se puede imaginar porque no se habría puesto en servicio. Esta terminal tiene una capacidad para 12.000 vehículos, pero no se puede llegar a ella en tren, que está programado para dentro de unos años. El metro se está construyendo, pero no se prevé que funcione hasta 2012, si no surge ningún retraso. La alta velocidad no tiene calendario. Los autobuses metropolitanos y de alguna línea interurbana de medio recorrido no tienen la capacidad para asimilar los incrementos de actividad y de usuarios, por lo que serán miles las personas que diariamente se verán cautivas del transporte privado y, con ello, de atascos y humos.
Las grandes infraestructuras requieren de intermodalidad entre distintos medios de transporte y, en especial, con el tren, sobre todo en aquellas concentraciones de población que demandan una alta agilidad en sus accesos y donde parte de los usuarios son foráneos. Las infraestructuras ya no se valoran y evalúan por ellas mismas, sino como parte de un sistema de redes de transporte de diversa tipología, donde sus puntos de conexión sean cómodos y rápidos para los pasajeros que tienen que utilizar más de un medio de transporte.
¿Qué es un aeropuerto sino un punto intermodal entre transportes aéreos y terrestres? Sin embargo, estas conexiones entre distintos modos de transporte sólo se tienen claras cuando se trata de vincularlos a los medios privados. Igual pasó con la T4 en Madrid.
El diseño de las infraestructuras conlleva responsabilidades económicas, sociales y medioambientales, y bajo estas se tienen que impulsar los medios de transporte colectivos o públicos.
Carme Miralles Guasch es profesora de Geografía Urbana.
CARLOS TAIBO
Ahora que las elecciones al Parlamento de la Unión Europea –las mal llamadas elecciones europeas– han quedado atrás, entre nuestros dirigentes políticos siguen arreciando las declaraciones sobre el Tratado de Lisboa. Arrastran en su mayoría un franco alborozo por los progresos registrados en la ratificación del texto heredero del viejo tratado constitucional, acompañado, eso sí, de un inocultable desdén hacia quienes muestran escaso entusiasmo al respecto y en singular hacia los ciudadanos irlandeses que un año atrás decidieron rechazar el texto que nos ocupa.
Uno de los rasgos de la crisis en curso es que, mientras se denuncian algunos de los abusos que han cobrado cuerpo en los últimos años, se mantienen, sin embargo, los asientos legales e institucionales que deben permitir la preservación de esos abusos. No hay mejor retrato de lo anterior que el que aporta el mentado Tratado de Lisboa. Mientras nuestros responsables encomian las eventuales ventajas que aquel deparará en el terreno de una mayor
cohesión institucional y política, prefieren olvidar lo que, con certeza, conduce a muchos ciudadanos a recelar del texto: su defensa aberrante de fórmulas desreguladoras que están en el origen, sin ir más lejos, de la llamada Directiva Bolkenstein o de la hilarante propuesta de una jornada semanal de 65 horas.
Las cosas las dejó bien claras el ex primer ministro francés Laurent Fabius, quien en 2005 se vio obligado a subrayar algo llamativo: el tratado constitucional entonces sometido a referendo en su país –las cosas no han cambiado un ápice con el Tratado de Lisboa– se refería al mercado en 78 ocasiones y hablaba de la libre competencia en 27, pero sólo en una oportunidad mencionaba el pleno empleo. Tal y como lo recordó por aquel entonces un colega, el problema mayor del tratado constitucional no era que cancelase todo horizonte de transformación revolucionaria: el problema principal estribaba en que cortaba las alas –lo sigue haciendo el texto aprobado en Lisboa– al proyecto histórico que cabe atribuir a la socialdemocracia consecuente; esto es, el de un Estado que interviene en la economía para garantizar derechos y socorrer a los desvalidos.
Para que nada falte, y sin que nadie muestre indignación alguna, asistimos a una nueva huida hacia adelante: políticos y líderes de opinión prefieren no preguntarse por qué la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros de la UE se han inclinado por no convocar referendos en relación con el Tratado de Lisboa. La respuesta, claro, duele: porque tienen sobrados motivos para concluir que en muchos casos sus conciudadanos le darían la espalda a un texto que, dicho sea de paso, y en una farsa más, es en sustancia el mismo que muchos franceses y holandeses rechazaron en 2005.
Ante tantas miserias acumuladas, se impone una conclusión: en condiciones de quiebra de la legitimidad democrática y de descrédito de un modelo económico y social en crisis tras dos decenios de agresiones neoliberales, lo primero que deberíamos hacer es sopesar, en serio, si el Tratado de Lisboa es ese dechado de perfecciones que entre nosotros aprecian, con arrobo, socialistas y opulares.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El rechazo del recurso de súplica del juez Garzón
contra la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias es, a tenor de las informaciones periodísticas disponibles, totalmente incomprensible. El recurso de Garzón
era absolutamente contundente, aportando argumentos que desvirtuaban la muy débil base jurídica –dicho sea con todo respeto al Tribunal– del auto de admisión de la querella.
Pero no han servido de nada ni los razonamientos jurídicos del recurso ni la apelación a elementos formales significativos, tales como los votos particulares de varios magistrados de la Audiencia Nacional
que coincidían con el planteamiento del juez Garzón o el auto del
Juzgado de Instrucción número 3 de Granada del 28 de mayo de 2009, en el que se sostenía también que la competencia le debe corresponder al juzgado de Garzón.
Una opinión jurídica que es suscrita por magistrados y órganos jurisdiccionales diferentes no puede reunir las condiciones de irracionalidad patente que da lugar a la admisión de una querella por prevaricación.
Este es uno de los conceptos que habrá que comenzar a explicar de manera diferente en las facultades de Derecho en el futuro. Otro concepto que requerirá una revisión será el deber de abstención de los magistrados. Como es notorio, el magistrado ponente del auto de admisión de la querella no entendió que ese deber le vinculara, a pesar de haber firmado previamente un manifiesto contra la Ley de
Memoria Histórica y de haber concedido una entrevista a Hispanitas –publicada igualmente en Altar Mayor, la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos– en la que se le preguntaba directamente si consideraba legítima la Ley de Memoria Histórica, y él contestaba lo siguiente: “Me parece que la Historia debe estar en los libros de esa materia, y ahí es donde deben surgir los debates y las discusiones. Las leyes no crean la Historia más que en los Estados totalitarios”.
El magistrado podía haber aprovechado la ocasión para poner como ejemplo el régimen franquista, ya que es un caso paradigmático de cómo se intentó crear y recrear la historia a través de las leyes. Sin embargo, prefirió irse mucho más lejos: “Por ejemplo, en la Unión Soviética, la Enciclopedia Soviética se reeditaba periódicamente para añadir o eliminar teorías históricas en función de los intereses del
Partido Comunista. Pero si nosotros nos vamos a acercar a ese método mal lo tenemos…”.
Una persona que se había manifestado reiteradamente en contra de la Memoria Histórica debería haberse abstenido. Hay que recordar que había realizado sus manifestaciones en la revista en su calidad de magistrado y como vocal del CGPJ, respecto de un asunto que está relacionado de manera muy estrecha con el objeto de la causa en la que ha sido ponente posteriormente. Los conceptos jurídicos se pueden revisar todo lo que sea necesario, pero, en este caso, la revisión corresponde al legislador. Mientras tanto, la ley debe ser igual para todos: no sólo para el juez Garzón, también para el magistrado Prego.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional
RAMÓN COTARELO
Pasadas las elecciones europeas y con la próxima cita electoral en las municipales de 2011, los partidos tendrán que adaptarse a casi dos años de política ordinaria, institucional, que se rige por otras reglas que la escueta confrontación en la más acerba dialéctica schmittiana del “amigo/enemigo”. Las elecciones son periodos excepcionales en los que se cierran filas, se exhibe una unidad habitualmente ficticia, se simplifican los mensajes hasta
estilizarlos en consignas, pues no es cosa de enredarse en debates complejos. Todo en ellas se sacrifica al objetivo supremo de alzarse con el triunfo. En los periodos entre elecciones se abre la posibilidad de debatir los temas de interés general, de fomentar la democracia llamada deliberativa, de articular y explicar programas y confrontar los respectivos méritos de tácticas y
estrategias.
En España la prioridad corresponde a la solución de la crisis económica atacándola en su punto más específico, que es la enorme diferencia de desempleo entre el país y los otros miembros de la Unión. El Gobierno ha arbitrado una serie de planes cuyo resultado se verá en los meses de verano. La oposición no ha hecho más que esbozar los suyos. Es buen momento para exponerlos con mayor precisión, como también para plantear sin urgencias ni oportunismos el debate sobre la energía nuclear. Son muchos quienes dicen que las soluciones locales no sirven y que es preciso articular soluciones globales. Al respecto será conveniente ver qué está preparando el Gobierno español, al que le quedan seis meses para ocupar la presidencia de turno de la Unión.
En el orden político interno, las únicas cuestiones pendientes son el fallo del Tribunal Supremo sobre el Estatuto de Cataluña (con la consiguiente fórmula de financiación autonómica, que no es asunto baladí) y la normalización institucional en Euskadi, cosa que parece estar en marcha gracias a que los dos grandes partidos han conseguido aparcar sus enconadas diferencias en lo que hace a la política del País Vasco.
En cuanto a las fuerzas políticas, lo más problemático parece ser el creciente encontronazo del principal partido de la oposición con la justicia, que ya amenaza con anegarlo. Su doble rasero de denunciar la corrupción ajena y exigir responsabilidades sin tregua, al tiempo que niega la propia, lo atribuye a campañas políticas y no asume responsabilidad alguna, lo que le ha llevado a la delicada situación en que la probable substanciación de las acusaciones penales contra altos cargos del partido, repetidamente amparados por la dirección nacional, pueda provocar una crisis interna de incalculables
consecuencias.
El momento institucional permite también abordar otro asunto que las elecciones europeas han hecho aflorar en España y en Europa: la calamitosa situación de unas muy necesarias izquierdas a la izquierda de la socialdemocracia, fragmentadas, enemistadas entre sí, sin eco social, sin propuestas teóricas, embarulladas en personalismos y sin incidencia en la práctica, a no ser en el ciberespacio virtual en que viven sus fantasías de omnipotencia evolucionaria.
Ramón Cotarelo es Catedrático en Ciencias Políticas
JORGE CALERO
Qué se aprende en las escuelas? Esta pregunta, tan relevante, es contestada muy a menudo con un “cada vez menos”. Pero seamos más precisos: en la escuela se aprenden conocimientos y se aprenden actitudes. Aunque no sea exactamente la misma dicotomía, se podría decir que se aprende a trabajar y, también, se aprende a ser persona. Por tanto, cuando alguien afirma que en la escuela se aprende “cada vez menos”, conviene que precise si se refiere a una cosa o a la otra.
Son dos funciones que conviven en un equilibrio difícil e inestable. Al comparar diferentes sistemas educativos, de diferentes países o en distintos momentos en el tiempo, vemos que se da prioridad a una u otra función. En un extremo, incluso, se sitúan los modelos cuya prioridad es la formación de personas felices. En otro extremo, el concepto de felicidad es notablemente secundario y el énfasis se sitúa en la funcionalidad y, más específicamente, en la funcionalidad para el sistema productivo. Es el caso, por ejemplo, de la educación en algunos países asiáticos.
“Cada vez aprenden menos” puede ser, por tanto, una afirmación muy confusa, poco aclaratoria. Es posible que los jóvenes no aprendan tantos conocimientos como antes (convendría decir: como los que aprendían los pocos jóvenes que estudiaban antes). Es posible, también, que aprendan otro tipo de conocimientos, relevantes para la sociedad actual y no identificables claramente por sus mayores (nuevas tecnologías, por ejemplo). Quizás se forman de tal manera que en el futuro pueden ser excelentes personas, pero no tan buenos trabajadores. Incluso, es posible que no aprendan nada en absoluto, en ninguno de los campos.
¿Qué ha sucedido en las escuelas españolas? Durante los últimos lustros parece haber ganado peso la educación de actitudes, de personas, a expensas de la pura transmisión de conocimientos y competencias. Las consecuencias
de esta deriva son múltiples.
Resaltaré tres.
En primer lugar, “más educación” no nos conduce, necesariamente, a mejores puntuaciones en las evaluaciones de competencias como PISA. En segundo lugar, como la deriva no se produce de forma homogénea, se establece una diferenciación creciente entre escuelas, según su orientación mayor o menor hacia los conocimientos. Finalmente, es muy probable que la deriva tenga efectos diferentes en distintos grupos sociales y, en concreto, no resulte muy beneficiosa para las familias con menor capital cultural. Dicho de otro modo, las familias con más recursos culturales propios no son tan dependientes de las escuelas a la hora de garantizar que sus hijos/as aprendan conocimientos; los que menos recursos tienen, sí.
La escuela puede (y debe) renovar su orientación respecto a lo que enseña. Sin embargo, es preciso que se mantenga una cierta compensación entre las dos vertientes básicas del aprendizaje. La corrección de desequilibrios provenientes de periodos anteriores no debería llevar a una desatención de la necesaria transmisión de conocimientos y
competencias.
Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada.
CARMEN MAGALLÓN
Al leer que Margarita Salas, nuestra más célebre científica, investigadora en Biología Molecular y primera mujer admitida, en 1988, en la Real Academia de Ciencias, ha recibido el Premio Mujer Líder 2009, he pensado en las científicas que le precedieron y que nunca llegaron a ser reconocidas: las pioneras en la ciencia española, que vieron sus aspiraciones profesionales truncadas por una guerra que les envió al exilio. Por citar solo algunas: Teresa Toral Peñaranda, química, encarcelada en Las Ventas tras la guerra; la médica aragonesa Amparo Poch, fundadora de la revista Mujeres Libres, exiliada en Francia; Dorotea Barnés González, hija de un ministro de Educación de la Segunda República, introductora en este país de la Espectroscopía Raman, exiliada en Francia; Dolors Canals, bióloga exiliada en Cuba…
Es justo reconocer el mérito de Margarita Salas. Alumna de Severo Ochoa, fue una de las primeras que pudieron desarrollar su brillante carrera sin barreras insalvables, lo que no quiere decir que le resultara fácil. Cuando nació, en 1938, las científicas de la etapa republicana, pioneras en el tiempo, ya estaban formadas y trabajando, y algunas habían salido o estaban a punto de salir al exilio. Tras el esfuerzo adicional que les había supuesto irrumpir por primera vez en un espacio tan masculino como eran los laboratorios de principios del siglo XX, la diferencia entre los científicos y las científicas en el exilio es que la mayoría de estas no pudieron continuar sus investigaciones y sólo algunas llegarían a ejercer la docencia.
El debate que ha dado lugar a la Ley de la Memoria Histórica ha abierto también la oportunidad de dar reconocimiento a los grupos humanos que sufrieron la derrota de aquella guerra fratricida, a la que no habría que llamar civil. La gran mayoría de mujeres de ciencia exiliadas murieron sin ser reconocidas. Ya sin su presencia, se llevaron a cabo algunos actos, en ámbitos valiosos pero restringidos: en la Residencia de Estudiantes y en el Instituto Internacional, en Madrid. Fueron actos posteriores, recuerdos no integrados en los que se dedicaron a los científicos exiliados. Y tampoco tuvieron el eco que estas señoras merecían.
Recientemente y como excepción, Adela Barnés, química exiliada en México, y su hermana Ángela, historiadora, sobrepasando ambas los 90, recibían en vivo el cariño de la Universidad
Complutense.
Fueron también escasas las que pudieron ver sus contribuciones a la ciencia en letra impresa. “¿Dónde ha encontrado todo esto?, ¿por qué los historiadores de la ciencia no lo habían escrito antes?”, preguntó Dorotea Barnés a la investigadora que le estaba mostrando por escrito su trayectoria científica. “Pues he mirado en los mismos documentos que ellos, pero seguramente con otros ojos”, fue la contestación de la investigadora. Para ampliar el campo de preguntas y respuestas, quedan aún tareas pendientes: mirar desde otro paradigma, rescatar e integrar la memoria de la ciencia española en el exilio, divulgarla. Y hacer confluir los reconocimientos: los del pasado y los del presente, los de los hombres y los de las mujeres.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) fue la primera ley que, una vez aprobada la Constitución del 78, desarrolló un derecho fundamental. El contexto político, jurídico y social de la transición condicionó de forma notable las disposiciones de la LOLR y el modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas que en ella se plasmó. De ahí que no deba sorprender a nadie la anunciada intención del Gobierno de reformarla, para convertirla en una ley reguladora de la libertad de conciencia asentada sobre el principio de laicidad, entendido como separación y neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos.
En el Estado de Derecho toma pleno sentido aquella frase de Montesquieu de que la ley, como la muerte, no exceptúa a nadie. Por el contrario, la LOLR ha servido para que al albur de la discrecionalidad política se haya construido un modelo claramente discriminatorio.
Siguiendo el orden de situación privilegiada, en nuestro ordenamiento jurídico conviven: la Iglesia católica, que disfruta de un régimen diferenciado de la LOLR gracias a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979; las confesiones que firmaron acuerdos de cooperación con el Gobierno en 1992 (judíos, evangélicos y musulmanes); las confesiones sin acuerdo pero declaradas de notorio arraigo (mormones, Testigos de Jehová y budistas); las demás confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas; y las confesiones inscritas en el registro general de asociaciones, al que se ven reconducidas las organizaciones representativas de creencias no religiosas.
Esta concepción de la libertad religiosa contradice la lógica más elemental, ya que todos los ciudadanos son titulares del mismo derecho de libertad religiosa y su ejercicio no puede supeditarse a los intereses coyunturales de la clase política. No es casual que el texto constitucional formule el principio de igualdad y no discriminación previamente al enunciado de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas. La hermenéutica constitucional indica que los poderes públicos tienen la obligación de asegurar que todos los ciudadanos seamos iguales en el ejercicio y titularidad de esos derechos y libertades y, por lo tanto, en el terreno de la libertad de conciencia.
Asimismo, existen numerosas problemáticas cuya resolución no puede dejarse en manos de los jueces y a las que el legislador debe dar una repuesta precisa, como, por ejemplo, la presencia de símbolos religiosos en los espacios tutelados por los poderes públicos, el uso de símbolos religiosos en actos, ceremonias oficiales o en las tomas de posesión de los funcionarios y cargos públicos; la participación de autoridades civiles en calidad de tales en actos o manifestaciones religiosas; o la objeción de conciencia al cumplimiento de deberes públicos.
La voluntad política y el sentido común deben darse la mano en este proyecto. Está en juego algo tan poco baladí como es la salud del sistema democrático, y que los españoles dejemos de ser ciudadanos de una u otra categoría en función de nuestras concretas creencias o convicciones.
Óscar Celador Angón es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y Libertades Públicas
ANTONIO IZQUIERDO
Al abrir el contenedor social, hemos encontrado el brazo amputado de Franns Rilles. Esta es la foto que nos deja. Los medios de comunicación informan con dos semanas de retraso, los vecinos llevaban dos años comiendo pan irregular sin darse cuenta, el inmigrante hacía tres años que vivía en España en situación irregular y recorrió tres comunidades autónomas trabajando en tres actividades distintas sin contrato y, por último, ningún control interno funcionó. Todo lo cual se resume en la extensión de la cultura de la irregularidad y en el autismo de la política y de la información respecto de
la sociedad.
La noticia trasnochada muestra la distancia que separa a los políticos y a los medios de información de la dinámica social. La concentración de focos mediáticos en Valencia durante los últimos meses y en la campaña a las elecciones europeas no ha sido capaz de mostrar el crecimiento de la economía sumergida en la CCAA, que presenta la tasa más alta de inmigración irregular en España. Los medios se miran en su espejo.
El trabajo oculto tiene una larga tradición en el Levante español. Mucho antes de que llegaran los inmigrantes, los trabajadores nativos, incluidas mujeres y niños, vivían esa misma explotación laboral en varios sectores de actividad. Ahora son los forasteros los que ocupan su lugar. La familiaridad de haber crecido en medio de esa cultura de explotación y de irregularidad es la que ha insensibilizado a la población ante esta putrefacta realidad. Una sociedad informal produce inmigración en situación irregular.
El comportamiento de los dueños de la empresa es amoral. Niegan haber abandonado al herido antes de llegar a las puertas del hospital, niegan que en su empresa se practique la explotación, que se concreta en horarios crecientes y salarios menguantes, y sólo admiten que el trabajador herido estaba trabajando sin contrato. Y después de negar por tres veces todas las irregularidades menos una, acusan al inválido de trabajar en estado de embriaguez. El empresario intimida y acusa al vulnerable.
¿Es un caso de siniestralidad laboral entre cuántos? No lo sabemos. El Ministerio no compila esa estadística, aunque probablemente la incidencia de los accidentes de trabajo sea mayor en el trabajo clandestino. Pero sí que sabemos que el accidentado llevaba años trabajando sin papeles, en la construcción madrileña, en un aserradero murciano y ahora en la panadería valenciana. Se ha recorrido media España trabajando en la economía sumergida. El cierre social de los inmigrantes se resume en: irregularidad prolongada, aumento de la economía sumergida y debilidad de los controles internos.
En la crisis disminuye el flujo de entrada, de modo que hay que reforzar los controles interiores para que los sin papeles generados aquí no superen a los que llegan. La irregularidad hacia dentro es, ahora, la que más nos debe preocupar. De no ser así, antes o después habrá que hacer otra regularización general de inmigrantes. Eso si no la prohíbe el Gobierno de turno para que no podamos seguir el rastro que deja la miga del pan.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
ANTONIO IZQUIERDO
La política de inmigración tiene que variar sus objetivos tanto si cambia el modelo productivo como si sólo se reforma. Hay que reemplazar cuántos por quiénes. En otras palabras, rebajar la preocupación por el número de inmigrantes e incrementar el interés por la cualificación de los mismos. Y en ese sentido, la acción pública debería perseguir unos buenos resultados a medio plazo en lugar de contentarse con cambiar el discurso según la coyuntura. Conviene plantearse seriamente la formación de los inmigrantes instalados, de sus hijos y los recursos educativos de los que vengan.
Los datos del Padrón Municipal y del Movimiento Natural de la Población durante 2008 son elocuentes porque muestran las dos caras de la moneda inmigratoria: siguen viniendo a pesar del intenso incremento del desempleo y se quedan pese a la contundencia de la crisis. La recesión económica ha desacelerado los flujos laboral y familiar, pero no los ha detenido, porque la dinámica migratoria adquiere cierta autonomía.
El depósito de inmigrantes ha crecido en 330.000 personas a lo largo del año. Ha aumentado menos que en cualquiera de los ocho años anteriores, pero es un saldo nada desdeñable y significativo. Unos llegan para probar suerte y otros con intención de quedarse. La mitad de los nuevos extranjeros empadronados proceden de la UE-27 y los latinoamericanos son los inmigrantes extracomunitarios que menos crecen. El resultado final son 5,6 millones de extranjeros, que representan el 12% de la población en la actualidad.
Los nacimientos de madre extranjera fueron 107.000 y suponen el 21% del total. Han aumentado los alumbramientos respecto del año anterior y si les sumamos los nacidos de padre extranjero es probable que el peso alcance el 24% y duplique la proporción de extranjeros en la población. Uno de cada cuatro nacidos extranjeros es de madre marroquí y corre mayor riesgo de exclusión. A este notorio aporte vital hay que añadir los más de 700.000 menores extranjeros que ya están en los colegios. Su fracaso escolar constituiría una pérdida de recursos y un problema social.
Lo cierto es que la maltrecha economía sigue atrayendo mano de obra y que aumentan también los nacidos de origen extranjero. De modo que la cuestión principal no es cuántos inmigrantes vienen o se van, sino cuál es el perfil educativo de los que acuden o se marchan. Desconocemos si los que están llegando son trabajadores poco calificados y si se van los más formados. Lo que proponemos es que el éxito escolar de los niños y el nivel de estudios de los que vengan han de ser el objetivo prioritario de la política de inmigración si no queremos que la exclusión de los padres se trasmita generacionalmente.
Una economía más productiva y sostenible es tarea de generaciones. Exige reconocer y reforzar la formación de los trabajadores extranjeros que ya están aquí y volcarse en la educación de sus hijos, pero también requiere atraer más inmigrantes cualificados. La conclusión es que los objetivos cualitativos han de prevalecer sobre los cuantitativos en la regulación de los flujos laborales venideros.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
CARME MIRALLES GUASCH
Si los tiempos demandan nuevos modelos, más ideas y otras coordenadas de pensamiento, creo interesante y útil hacer un hueco a las propuestas que, desde distintas miradas, van perfilando un nuevo concepto de barrio o incluso de ciudad, donde los coches no son bienvenidos. No se trata de penalizar el uso de la vía pública, como la famosa tasa del centro de Londres o del aparcamiento en la calle con las zonas azules o verdes de nuestras ciudades. Se trata de construir barrios donde no se pueda circular en coche, donde la vida cotidiana se desarrolle sin este artilugio. En un espacio donde sólo pueden entrar algunos transportes públicos y sólo en contadas y especiales ocasiones los privados.
Puede que algunos piensen que es una broma de mal gusto en los tiempos que corren, cuando el dinero público se destina a la compra y a la fabricación de automóviles. Sin embargo, tanto en EEUU como en Europa se está gestando una cierta corriente de opinión, minoritaria pero creciente, desde puntos de vista, enfoques y disciplinas científicas diversas, que confluye en formular una cotidianidad libre de la dependencia del automóvil. Unas ideas que van tomando forma y organizan una tipología urbana donde los espacios públicos son sólo para los peatones, las bicicletas y los transportes públicos. Y donde las escuelas, los servicios, y los lugares de trabajo son accesibles con estos medios de transporte. Es lo que se empieza a conocer como Car free cities.
Esta idea se alimenta desde distintos argumentos. Algunos están relacionados con el medio ambiente, pues los automóviles son los responsables del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el cambio climático nos advierte cada día con más urgencia del abuso de los medios de transporte mecánicos y del riesgo de no transformar nuestros hábitos de movilidad. Otros argumentos están relacionados con las redes sociales que se generan en nuestras ciudades entre vecinos, comerciantes y paseantes del espacio público. Unas redes que se debilitan en la medida que este se va llenando de coches, ruidos y humos. También desde los que apuestan por la calidad de vida relacionada con la tranquilidad, las slow cities, donde el tiempo se pueda consumir de forma más lenta.
Pero no todo es retórica. En Alemania, en 2006, se inauguró un barrio inspirado en esta nueva forma de ver el urbanismo.
En Vauban, a las afueras de Friburgo, cerca de la frontera con Francia y Suiza, viven unas 5.000 personas en una superficie de 40 ha. La idea vertebradora del proyecto es la siguiente: los habitantes del mundo desarrollado somos responsables del 80% de la contaminación mundial; es nuestra tarea, por tanto, encontrar respuestas técnicas e incluso un nuevo estilo de vida que nos permitan vivir según un modelo sostenible. Y parece que los habitantes de este barrio lo están consiguiendo. Es un barrio atractivo para familias con niños, pues más del 20% son menores de 10 años y la demanda de suelo, especialmente para proyectos de cooperativas, ha superado el número de parcelas ofertadas.
No es una opción para todos, pero tendría que ser una opción para aquellos que lo desearan. Responsables municipales tomen nota.
Carme Miralles Guasch es profesora de Geografía Urbana
