Francisco Balaguer Callejón
Cincuenta años después, hubiera sido un buen momento para emitir un comunicado que pusiera fin a la actividad terrorista de ETA. Sin embargo, han preferido otro tipo de conmemoración, infinitamente más siniestra, asesinando a dos personas y causando heridas a otras 66 en estos dos últimos días. Si es verdad que creen luchar por motivos políticos, deberían saber ya que existe una absoluta incompatibilidad entre los fines que pretenden y los medios que utilizan. En un sistema democrático, la libertad es incompatible con las bombas y se ejerce a través de la palabra, no de la violencia.
Desde hace ya varios años, de manera periódica, caen nuevas cúpulas de ETA y se extiende la sensación de que la banda está cada vez más débil y de que su fin se acerca. Los éxitos policiales, el estrechamiento de sus canales de financiación, la progresiva limitación de su proyección política, son factores que contribuyen a generar la impresión de que el fin del terrorismo es viable.
Sin embargo, existen otros elementos, quizás no tan perceptibles, que alimentan la idea de que la banda está encerrada en un círculo vicioso, que dificulta cualquier salida, debido a las inercias que ella misma ha generado (entre las que parece figurar en primer plano la del gran número de presos que están encarcelados con condenas pendientes para muchos años).
Ese círculo vicioso es lo que parece mover todavía a los sectores que apoyan a ETA. Caminan ya sin el aliento de una convicción que les guíe, más allá del peso de su propia historia. Sin embargo, destruir es tan fácil que siempre podrán poner unas cuantas bombas y mantener la tensión moral que el terrorismo provoca en nuestra sociedad. Porque la reacción frente a la barbarie genera, inevitablemente, un conflicto entre la irracionalidad que el terrorismo supone y las respuestas que un Estado de Derecho puede dar. Los atentados no sólo se llevan por delante a personas que tenían familias, amigos y proyectos de vida que nunca podrán ya realizarse. También nos hacen más vulnerables porque extienden la miseria moral que está detrás de cualquier acto de violencia.
Frente al terrorismo de ETA no caben soluciones milagrosas. El repudio que hoy expresamos será seguido, lamentablemente, por otros actos terroristas que tendremos que condenar con la misma vehemencia. Cuantos más atentados se produzcan, mayor será la sensación de letanía y de impotencia que tengamos. Tan duro como enterrar a los muertos y curar a los heridos es saber que seguramente no serán los
últimos. Sin embargo, tenemos que seguir dando siempre una respuesta firme y decidida, que haga ver a los asesinos que no van a conseguir nunca debilitar nuestras convicciones, ni alterar las reglas en las que se basa la convivencia democrática. Por importantes que sean los éxitos policiales en el futuro, lo que puede resultar decisivo es la respuesta moral ante el terrorismo, una lucha en la que toda la sociedad debe implicarse y ante la que no cabe permanecer indiferente.
Catedrático de Derecho Constitucional
Francisco Balaguer Callejón
El Consejo General del Poder Judicial, tras dos prórrogas solicitadas, no ha conseguido aprobar ningún informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La no emisión del informe carece de consecuencias jurídicas respecto de la tramitación ulterior del futuro proyecto de ley, por lo que puede decirse que no afectará a la voluntad política del Gobierno. Por otro lado, si el informe se hubiera emitido –cualquiera que fuese su contenido–, tampoco vinculaba al Gobierno. Esto no quiere decir que su no emisión no merezca una valoración de las motivaciones que han conducido a una situación tan peculiar.
Las motivaciones que se han enunciado públicamente –y que no han sido desmentidas por las personas a las que se les atribuyen– para el voto negativo al informe favorable a la reforma legislativa proyectada son razones definidas como “de conciencia” que han dado lugar a un tenso debate “ideológico”. La pendiente en la que esta forma de actuar sitúa al Consejo es muy pronunciada. Introduce una confusión inaceptable acerca del margen de maniobra que todo cargo público tiene, en un sistema democrático, para anteponer su conciencia al ordenamiento jurídico. Un margen que, en realidad, sólo puede articularse en torno al sistema de valores objetivado en la Constitución.
El alcance de esta confusión es fácil de entender: imaginemos que la mayoría de los vocales fuera, por azar, de una confesión religiosa contraria a las transfusiones de sangre y que el Consejo tuviera que informar, porque alguna ley así lo hubiera dispuesto, acerca de una reforma que afectara a las actuaciones sanitarias, ¿podrían los vocales de la mayoría negarse a emitir un informe que avalara la conformidad con el ordenamiento jurídico de las transfusiones de sangre? ¿Podrían elaborar un informe en sentido contrario, privilegiando así lo que su conciencia religiosa les dicta sobre el marco constitucional? Porque, no lo olvidemos, el debate sobre el anteproyecto de ley planteado, como se ha hecho, como una polémica sobre la posibilidad legal de abortar en nuestro país, es un falso debate. Esa posibilidad ya existe desde hace muchos años y lo que pretende la reforma legal es que se elimine la inseguridad jurídica propia de una regulación desfasada y se establezca un marco legal similar al de la inmensa mayoría de los estados miembros de la UE.
Frente a ello no cabe oponer razones de conciencia. Los vocales conservadores de extracción judicial no lo habrían hecho ante la aplicación judicial de la legislación vigente, sea cual fuere su convicción íntima respecto del aborto, ¿por qué han decidido hacerlo en relación con una reforma destinada a dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación actual? Esos vocales no tenían que elegir entre la Constitución y la Biblia. Nadie puede dejar de reconocerles el derecho a conservar su sistema de creencias en su vida privada. Pero su actuación pública está regida por la Constitución, no por la Biblia.
Catedrático de Derecho Constitucional
Ramón Cotarelo
Toda negociación tiene sus entresijos. Se da en un contexto que puede ser más favorable a unas partes que a otras y todas tratan siempre de maximizar sus beneficios valiéndose de distintos recursos. En el caso del diálogo social en España el contexto es muy favorable a la patronal: con más de cuatro millones de parados y en mitad de una grave crisis económica, la fuerza negociadora de los sindicatos merma mucho. Tanto como aumenta la posición de fuerza de los patronos que, de no tropezar con los mecanismos del Estado del bienestar, podrían intensificar la tasa de explotación de los trabajadores y aumentar más sus beneficios. Sobre todo cuando ya se ha exprimido al límite a un Gobierno de izquierda (cuya intervención exigía no hace mucho el presidente de la patronal) que ha tomado medidas excepcionales con sacrificio de todos, especialmente de los trabajadores, para mejorar la situación de bancos y empresas.
En estas condiciones, el recurso que se emplea es, por un lado, la amenaza del mayor aumento del paro, que es el máximo ataque a los derechos de los trabajadores, y la llamada “restricción de alternativas” por otro, esto es, la existencia de una fuerza mayor (en este caso los órganos de gobierno de la CEOE) que impide hacer las concesiones que uno dice que quisiera hacer.
A eso mismo recurría el Gobierno días antes al asegurar que no habría abaratamiento del despido porque su electorado no lo entendería. En cuanto a la amenaza, el Gobierno la ha puesto en práctica al declarar roto el diálogo social y culpar de la ruptura a la patronal.
Ello ha suscitado una acerba crítica del PP en el sentido de que no cabe poner límite a la negociación, pues todo es discutible. Eso es lo que normalmente pide quien está en situación de fuerza. El Gobierno no puede fijar límites, pero sí, en cambio, los empresarios con sus famosos órganos decisorios.
La fulminante intervención del PP prueba lo que este pretende negar, esto es, su unidad de acción y división de tareas con la patronal: unos rompen y otros acusan a la otra parte negociadora de la ruptura. Enfrente están los sindicatos apoyados en un Gobierno de izquierda en una unidad de acción similar y en una situación que es la esencia misma del Estado del bienestar, cuyo principal defensor es siempre las centrales sindicales.
Por eso en el momento de la confrontación el problema del neoliberalismo acaba siendo siempre con los sindicatos, que defienden los derechos de los trabajadores, los servicios públicos, la contratación colectiva y la seguridad social.
De ahí que los patronos pretendan aprovechar el momento de debilidad sindical para desmantelar el sistema valiéndose de esta división de funciones: ellos proponen las restricciones y su partido presiona para que se impongan, valiéndose de la retórica política que pinta de nuevo el viejo capitalismo salvaje y de anticuados a los defensores del Estado del bienestar, como hizo en su día Margaret Thatcher y como quiere hacerlo su principal imitadora nacional, la presidenta Esperanza Aguirre, al llamar “sindicalista piquetero” al jefe del Gobierno.
Catedrático de Ciencias Políticas
Carlos Taibo
Todos los veranos nos vemos acosados por algún conflicto de cariz nacional que se revela en el interior de China. Y todos los veranos nos vemos mareados por las opiniones que al respecto vierten muchos analistas que poco más blanden que sus anteojos ideológicos. El contencioso que en las últimas semanas ha opuesto –parece– en el Xinjiang a uigures y han nos viene como anillo al dedo para escarbar en algunas de las prácticas insanas que se manifiestan, en nuestros medios de comunicación, a la hora de sopesar esos conflictos.
Si así se quiere, y en ausencia de ningún conocimiento, ni preciso ni impreciso, en lo que hace a la disputa en cuestión, nuestros expertos acaban por tomar posición conforme a tres grandes ejes. El primero lo configuran los preconceptos que manejan en lo que se refiere a la cuestión nacional. Aunque lo común es que se defiendan a rajatabla las posiciones de los estados, retratados entonces como sólidos baluartes del Derecho, no faltan quienes, claro, asumen el camino contrario y gustan de apreciar realidades siempre venturosas en aquellos movimientos que cuestionan la integridad de los estados realmente existentes.
Un segundo eje de definiciones lo determina la condición, muy singular, de la República Popular China. De nuevo se hacen valer divisiones radicales. Mientras para unos todo vale frente a Pekín, percibido como un competidor peligroso al que conviene poner freno, para otros, en cambio, hay que rechazar abruptamente cualquier crítica de lo que hacen los gobernantes chinos, visceralmente descalificada por lo que tendría de punta de lanza de los intereses del capitalismo internacional. Esta fractura tiene una manifestación en su caso diferente cuando separa a quienes ven en China un modelo de socialismo razonablemente impoluto y a quienes aprecian en ella, antes bien, la manifestación más rotunda de las miserias de la globalización capitalista.
Identifiquemos, en suma, un tercer y último eje, sin descartar en modo alguno que otros puedan presentarse. Sabido es que los uigures son mayoritariamente musulmanes, y que ello abre, por fuerza, un nuevo frente de combate. Fácil es imaginar cuáles son, aquí, las preferencias. De un lado se encuentran quienes aprecian por todas partes, también en el Xinjiang, el ascendiente del rigorismo islamista y rápidamente lo vinculan con lo que ha dado en llamarse terrorismo internacional. Del otro se hallan quienes, por el contrario, estiman que por doquier se barrunta una cruda represión encaminada a poner freno a un auge islamista ahora identificado con saludables movimientos de resistencia y emancipación.
No es difícil intuir a dónde queremos llegar. Si sobran las razones para concluir que la información que nos llega sobre un conflicto como el de Xinjiang está claramente mediatizada por los intereses de las partes directa o indirectamente implicadas –los movimientos locales, las autoridades chinas, las potencias occidentales–, no parece que la carga de prejuicios que nuestros analistas acarrean permita otra cosa que acrecentar nuestros conocimientos sobre lo que esos analistas son, y no sobre lo que ocurre en las calles de Urumqi. Bueno será que, en esas condiciones, nadie diga que no está sobre aviso.
Profesor de Ciencia Política
Carme Miralles Guasch
A principios del pasado mes de junio en Barcelona se puso en marcha el Año Cerdà para conmemorar los 150 años de la aprobación del Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona. La ciudad, a mediados del siglo XIX, derribó sus murallas y habilitó un plan que conectó lo que hoy se conoce como el casco antiguo con los pueblos del llano –Sants, Sarrià, Gracia, Sant Andreu–. Con ello no sólo se urbanizó, sino que se ampliaron los límites legales de la ciudad y, con los años, se consolidó el centro comercial y uno de los barrios más genuinos de Barcelona, el Ensanche, con su cuadrícula y sus calles arboladas.
Sin embargo, lo interesante de este evento –que se prolongará hasta mediados de 2010 con exposiciones, conferencias y publicaciones de todo tipo– no es sólo la figura histórica del ingeniero Idelfons Cerdà.
Lo interesante e importante es el debate que, a partir de él, se puede iniciar sobre el futuro de la ciudad y, más concretamente, sobre su área metropolitana. Una cuestión, la de las áreas metropolitanas, que en España está por estrenar.
El reto socioeconómico de Cerdà era el de adaptar las ciudades a la sociedad industrial que estaba por nacer, y para ello ideó un modelo de urbanización que ayudara a su desarrollo, aunque primero fue capaz de percibir y analizar el profundo malestar que, en sus inicios, introdujeron las máquinas de vapor en la sociedad urbana y las tensiones que había en la sociedad en general. Si este era el reto de Cerdà, ¿cuál es el nuestro?
Muchas de las grandes ciudades españolas no son sólo ciudades aisladas de los núcleos urbanos del entorno. Al contrario, sus habitantes realizan las actividades cotidianas en estos distintos lugares; aunque existan los límites municipales, estos no impiden que los ciudadanos trabajen, compren y duerman en distintas localidades. Para ellos, para su cotidianidad, toda esta multiplicidad de municipios es una sola ciudad, su ciudad, su área metropolitana. Sin embargo, las administraciones públicas prestan muy poca atención a la realidad metropolitana como contexto territorial y social que requiere de una gestión conjunta y coordinada de los servicios urbanos.
¿Es posible hablar de vivienda, de transporte, de equipamientos educativos, comerciales, sanitarios, de gestión de los residuos o de política industrial sin tener presente este fenómeno plurimunicipal? El sentido común, la eficacia de las políticas públicas y la experiencia en otros países indica que se tiene que atender esta realidad cotidiana de muchos ciudadanos y, con ello, iniciar el debate del fenómeno metropolitano español, que está por hacer. Sería una cuestión nacional, transversal, pluridisciplinar, enraizada a la vida real de miles de ciudadanos y que nos permitiría reconocer nuestros problemas urbanos comunes y, con ellos, encontrar las mejores soluciones. E, incluso, ir un poco más allá y entender el fenómeno urbano, muy poco comprendido e interpretado. Aunque es en las ciudades donde la izquierda pierde las elecciones.
Profesora de Geografía Urbana
Óscar Celador
El reconocimiento de los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza en el texto constitucional protagonizó las discusiones más acaloradas durante los debates constituyentes, y fue el resultado del consenso entre una derecha partidaria de un sistema educativo de gestión privada pero financiado por el Estado, y una izquierda que propuso que el principal protagonista de la educación fueran los centros públicos. Este debate ha sido resucitado recientemente como consecuencia de la campaña emprendida por los centros concertados que segregan en la escolarización de su alumnado por razón de sexo, ante el temor fundado a perder las subvenciones públicas que perciben; así como por los gobernantes de algunas comunidades autónomas, y en especial por los de la Comunidad de Madrid, que han decidido abanderar la defensa de la libertad de enseñanza en detrimento del derecho a la educación en condiciones de igualdad.
Los defensores de la libertad de enseñanza argumentan que esta satisface el derecho de los padres a elegir colegio conforme a sus convicciones morales y religiosas, y que la obligación del Estado es financiar dicha elección. Lo que no parece lógico es que esta posición la esgriman los propios responsables de que el sistema escolar público cuente con los recursos económicos necesarios para la consecución de sus objetivos de servicio público. Cuando se defiende la libertad de enseñanza y al mismo tiempo se devalúa el nivel de la escuela pública se está abogando por la privatización de la educación y por el retorno a épocas felizmente superadas, en las cuales la educación de calidad era un bien escaso monopolizado en nuestro país por la Iglesia católica, y del que disfrutaban exclusivamente determinadas clases sociales.
Es curioso que los actores referidos reclamen que la escuela privada tenga mayor protagonismo en el sistema educativo, cuando precisamente España es uno de los países de la Unión Europea que dedica mayor porcentaje de su PIB a subvencionar la educación privada. Asimismo, hay que tener en cuenta que las escuelas públicas cumplen con una función social que las escuelas privadas no están dispuestas a asumir, tal y como se deduce de las estadísticas que indican que el grueso de los alumnos de origen inmigrante se escolarizan en las escuelas públicas, y que a las escuelas privadas concertadas –y por lo tanto financiadas por el Estado– asisten los alumnos con mayores niveles de renta.
La educación entendida como servicio público esencial debe servir para remover las desigualdades socioeconómicas, no para fomentarlas. La escuela pública gratuita y competitiva es uno de los pilares sobre los que se asientan los modelos sociales más avanzados, en la medida en la que permite que todo niño, con independencia de su origen social y económico, pueda llegar a donde su talento le lleve sin ninguna traba. En este proceso, los poderes públicos deben apostar decididamente por un modelo de escuela pública laica y de calidad, ya que esta es la mejor garantía para que el principio de igualdad de oportunidades que inspira el sistema educativo no sea una utopía.
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
José Manuel Naredo
No puede haber cambio del modelo económico imperante sin corregir la marcada dimensión especulativa y caciquil que ha venido caracterizando a la economía española durante el pasado auge. ¿Por qué no ha mejorado sensiblemente la calidad de vida de la población cuando la economía española ha venido disfrutando de una financiación inusualmente barata y abundante? ¿Cuál ha sido el destino de esa financiación?
Una parte importante de la misma se invirtió en la compraventa de empresas y activos patrimoniales preexistentes como tarea mucho más prioritaria en la lucha por el poder y por la “creación de valor” de las grandes corporaciones que la de cuidar su propia actividad ordinaria, ligada a la venta de bienes o servicios. Las mismas empresas no financieras vinieron invirtiendo en adquirir activos financieros, más del doble de lo que destinaban a mejorar o ampliar sus infraestructuras y equipos, privilegiando así, la especulación frente a la fabricación de bienes o servicios, cada vez más subcontratada y precarizada. Las copiosas inyecciones de liquidez que se vienen practicando reanimarán, evidentemente, este juego especulativo si no se modifica el contexto que lo propicia.
Otra gran parte de la financiación ha venido alimentando la burbuja inmobiliario-financiera y la constelación de megaproyectos e infraestructuras generalmente asociados a ella. Una vez obtenidas las plusvalías de la recalificación de terrenos y/o los beneficios de la fase de construcción, suele evidenciarse el fiasco económico y el sinsentido de los megaproyectos, ahora subrayado por la crisis inmobiliaria. Numerosos exponentes de este proceder han venido desordenando el territorio al dictado de oligarquías político-empresariales que sembraban por doquier, con el apoyo del dinero público, parques temáticos, nuevas “ciudades” e infraestructuras, sin contar con las necesidades de la población ni con las vocaciones del territorio. Tal vez la operación denominada Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, pase a la historia por haber contribuido a la bancarrota de Caja Castilla La Mancha, al forzarla, entre otras cosas, a financiar un ruinoso aeropuerto privado para que accedieran los ricos del mundo a jugar en el nuevo casino que servía de pretexto a la operación. Pero esto parece un juego de niños en comparación con la treintena de casinos y la megalópolis del juego que se pretendían instalar en el desierto de Los Monegros…
Afortunadamente la crisis vino a parar tamaños despropósitos. Pero, una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, queda el negocio puro y duro de la construcción de infraestructuras inflado por el dinero público que fluye ahora con redobladas pretensiones anticíclicas, haciendo que la letra E de España avale las obras que sin ton ni son salpican el territorio. ¿Ha preguntado alguien a la ciudadanía cuáles son sus prioridades, antes de emprender un programa de este porte? No parece que así sea y, sin cambiar las reglas del juego, las nuevas inversiones seguirán alimentando la dimensión especulativa y caciquil de la economía española que nos ha llevado a la penosa situación actual.
Economista y estadístico
Juan Francisco Martín Seco
Atacado por los republicanos y criticado en su propio partido, Obama dio ayer una rueda de prensa recurriendo a los ciudadanos para que salven su reforma de la Sanidad. Una de las más escandalosas lacras de la sociedad americana es la ausencia de una cobertura sanitaria universal. El 40% de la población del país más poderoso del planeta carece de asistencia sanitaria y un porcentaje significativo del restante 60% no disfruta de una protección completa.
En múltiples ocasiones, los gobiernos demócratas han proyectado su reforma, la última vez fue el de Clinton, pero otras tantas veces se han quedado en las intenciones. Y es que son muchos los intereses en juego. Primero, todo el amplio mundo sanitario, desde las aseguradoras a los profesionales, pasando por la poderosa industria farmacéutica, que puede ver menguar su lucrativo negocio. Segundo, todos los adoradores del “santo temor al déficit”, como la mayoría de los congresistas del Partido Republicano, contrarios, sí, al gasto público cuando se trata de incrementar las prestaciones sociales, pero muy laxos cuando el objetivo se centra en bajar impuestos o en canalizar sumas fabulosas de recursos para salvar a los bancos en crisis.
Lo cierto es, y este es el talón de Aquiles de los que se oponen a la reforma, que EEUU gasta en Sanidad más del doble que la mayoría de los países. Concretamente, el gasto sanitario por habitante es cuatro veces el de España. Los críticos de la protección social pública olvidan que el hecho de que el Estado no financie determinadas prestaciones no significa que la sociedad no tenga que destinar recursos a esa finalidad. La única diferencia, y no es precisamente baladí, radica en si se financia vía precios o impuestos. En el primero de los casos suele resultar más caro, con peores servicios y cobertura y con una distribución bastante más injusta.
La oficina del presupuesto del Congreso ha cifrado para 2019 en 239.000 millones de dólares el coste de la reforma. Obama lo niega, y seguramente con razón, porque tales cálculos contemplan exclusivamente el coste de extender la cobertura a los que hoy no la tienen pero sin cambiar las reglas del juego. Pero en una reforma en profundidad los recursos pueden salir del propio sistema, evitando los derroches actuales y las ganancias desorbitadas.
El ejemplo americano debería servir de lección a otros países, como España, para eludir las tentaciones privatizadoras. En nuestro caso, el haber troceado la Sanidad por comunidades puede introducir inestabilidad e inseguridad en el sistema y propiciar el afán de aventura de algunas autonomías empeñadas en incorporar mecanismos privados que sólo pueden encarecer el servicio y depauperar las prestaciones. El porcentaje que los gastos de protección social representan del PIB es en España seis, siete puntos inferior a la media europea; y nuestro generoso sistema de pensiones absorbe tres o cuatro puntos menos del PIB. Los costes laborales, incluyendo los sociales, son mucho más reducidos que los de la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿A qué viene entonces la pretensión de reducir las cotizaciones sociales?
Economista
Carmen Magallón
El pasado 15 de julio fue asesinada en Grozni, Chechenia, Natalia Estemírova, profesora de Historia, periodista y destacada defensora de los derechos humanos. Miembro de Memorial, organización que recibió en 2004 el Premio Nobel Alternativo, era amiga de la periodista Anna Politkóvskaya, asesinada a su vez en 2006. Por sus investigaciones y denuncias sobre los abusos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que sufre la población chechena, había recibido varios premios, entre ellos el instituido en nombre de Politkóvskaya. Y también constantes amenazas.
Las amigas de Dones x Dones de Barcelona y de la red de Mujeres de Negro nos han recordado los momentos que compartieron con ella en el Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison, el 8 de marzo de 2004 y en la Conferencia Internacional de Mujeres de Negro que tuvo lugar en 2005 en Jerusalén. Y nos han recordado sus palabras: “Yo me declaro abiertamente pacifista, porque sé lo que supone para la gente joven el militarismo y las guerras. Estoy en contra de todas las guerras y la violencia, y tengo muy claro lo que suponen para las mujeres, como también la capacidad que tienen (estas) para reconstruir la vida, defenderla y desarmarla. En Chechenia, todo el peso de la guerra ha recaído sobre las mujeres. Cuando comenzaron los secuestros, fuimos las mujeres las que nos enfrentamos denunciando estos crímenes. En 1995, organizamos una marcha pacífica desde Moscú hasta Grozni. Y no denunciamos únicamente los crímenes y la violencia del Gobierno ruso, también la violencia de nuestro propio Gobierno y de los grupos armados”.
Compartiendo la filosofía que sustenta la práctica de los grupos de Mujeres de Negro, Estemírova no se plegaba a las adhesiones de grupo y apuntaba con el dedo a los culpables, fueran estos ajenos o propios. Su postura era difícil de tragar por quienes tienen por modelo y exaltan a la madre espartana, siempre dispuesta a criar y ofrecer a sus hijos para batallar en defensa de la patria. Para quienes puedan pensar que el pacifismo es una rendición por no responder a la violencia con la violencia, subrayo el valor de esta mujer, pacifista por sus palabras y por sus hechos que, pese a las amenazas, no dejó de sacar a la luz las violaciones de derechos que veía a su alrededor.
A los demás nos queda levantar nuestra voz contra la impunidad, que es la institucionalización de lo execrable. La impunidad es el triunfo de los matones, un cáncer que anula nuestra dignidad colectiva, imponiendo la ley de la selva y el poder del más fuerte. Aceptar la impunidad en silencio, resignarse, nos degrada como seres humanos. Por eso me uno a las Mujeres de Negro que, en Barcelona y Madrid, han salido a la calle para honrar la memoria de Estemírova; para exigir a los gobiernos ruso y checheno que hagan justicia y que esta muerte no quede impune, y a nuestro Gobierno, que se haga eco de esta exigencia y le busque cauce efectivo en los organismos y plataformas internacionales.
Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
En este año 2009, tan prolífico en efemérides científicas, también deberíamos conmemorar el 50 aniversario de la famosa conferencia de Snow sobre “Las dos culturas”. En ella, este físico y literato británico se quejaba del abismo de incomprensión que se había abierto entre la cultura científica y la cultura humanística en el ámbito académico británico y europeo. Desde entonces, la expresión “las dos culturas” no necesita mayor desarrollo para que se entienda que nos estamos refiriendo a las protestas de Snow ante colegas científicos que nunca han leído a Shakespeare o ante literatos
que no saben de qué va el segundo principio de la termodinámica.
Ha habido, sin embargo, algunos cambios significativos en estos 50 años. Por una parte, en el ámbito académico, la situación ha empeorado, en cierto sentido. En las últimas dos décadas, lo que llamábamos cultura humanística ha sido casi engullida por la impetuosa corriente del discurso posmoderno. Aquí ya no se puede decir que los humanistas se mantengan ajenos a la cultura científica, y viceversa. Es mucho peor: los humanistas han incorporado la jerga científica para escribir textos incomprensibles al tiempo que se han dedicado a deslegitimar la objetividad del conocimiento científico. Y los científicos han pasado al ataque para desvelar la “impostura”. La famosa treta de Sokal (que consiguió publicar en una revista de humanidades un artículo lleno de jerga científica, pero sin ningún significado, para denunciar la falta de rigor del comité editorial de la revista por haberlo admitido) produjo una verdadera convulsión entre los intelectuales, y sus secuelas todavía no se han olvidado.
En el ámbito más abierto de lo que podríamos llamar la cultura popular y los medios de comunicación de masas, la situación es aún peor. En cierto modo puede decirse que las fronteras entre ciencias y humanidades se han ido desdibujando en estos medios, arrastradas por una imparable corriente de banalización de todos los contenidos culturales. A Snow le preocupaba la división de la ciencia y las humanidades, a pesar de que vivía en un país lleno de científicos humanistas. A nosotros debería preocuparnos la progresiva banalización de todas las culturas reducidas por los mass media a ese único magma de palabrería, elucubraciones pseudocientíficas, fraseología mística y reality shows, que algunos llaman Cuarto Milenio.
Pero no todo está perdido. Snow también habría disfrutado en estos tiempos asistiendo al seminario de la Menéndez Pelayo sobre cultura científica y democracia, organizada por la Unidad de Cultura Científica del CSIC, o leyendo uno de los más audaces ensayos filosóficos sobre Física Cuántica, Las carencias de la realidad física, escrito por Ramón Lapiedra, físico teórico, antiguo rector de la Universidad de Valencia y uno de los grandes impulsores de los estudios de Humanidades en la universidad española de los años noventa. Además también hay algunos medios periodísticos que dedican una atención permanente, constante y equilibrada a la ciencia y al resto de la cultura de nuestro tiempo, y que, al parecer, están marcando tendencia.
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
