Antonio Izquierdo
Acabamos de conocer dos datos que conviene repensar. El primero apunta a que el 44% de los inmigrantes que llegaron en 2008 lo hizo sin tener un empleo previo, y el segundo afirma que aumenta la permanencia y la naturalización de los extranjeros. Uno refleja el alcance del sistema de inmigración irregular y motiva la reciente reacción del Gobierno para impedir que el desempleo ilegalice a la persona. El otro certifica que muchos extranjeros están decididos a dejar de serlo y nos pone delante de su acceso a la función pública y al derecho de voto. Resulta evidente que, en el interior de las tensiones actuales, se mezclan motivos de irregularidad con firmes procesos de integración legal. Ocupémonos hoy de los segundos; es decir, de la inmigración hacia dentro.
Según datos que ha generado la Encuesta de Población Activa, el 62% de los extranjeros lleva más de un lustro residiendo en España y un tercio de los africanos y asiáticos hace más de diez años que vive aquí. Por su parte, el registro del Observatorio Permanente de la Inmigración muestra que siete de cada diez extranjeros tienen asegurada su residencia legal, lo cual los habilita para trabajar en igualdad de condiciones con los españoles. Es importante destacar que la discriminación laboral y el rechazo social no han impedido que el 60% de los marroquíes y argelinos consigan la residencia permanente. Su racialización es rentable económica y electoralmente, pero las barreras para su nacionalización y promoción ocupacional tendrán un alto coste social y generacional. Ellos constituyen el agujero negro de la integración.
En la crisis se ha consolidado el asentamiento por cálculo y por voluntad. Saben que si se van ahora, les será difícil volver y además están decididos a convertirse en ciudadanos con derechos políticos. Por eso han crecido las renovaciones de los permisos más duraderos. Esta voluntad de afincarse implica que los inmigrantes se han ganado el derecho a denunciar públicamente las injusticias que se cometen con ellos. De modo que el hecho de que aumente su visibilidad y sus reivindicaciones es una señal de integración, de que forman parte de la sociedad y no tienen miedo a expresarse. Socialmente son lo que mantienen en público.
Asimismo crece la adquisición de la nacionalidad española producto de una residencia continuada. Más de 84.000 extranjeros se han naturalizado en el año 2008 y 364.000 lo han hecho desde 2001. A estos nuevos nacionales, que lo son por su voluntad de vivir aquí, se añade el aumento de los nacidos extranjeros que, al cabo de un año de vida, devienen españolitos. Seremos, cada día que pasa en una medida mayor, un país de españoles que han nacido en otra nación y de nacidos aquí de padres inmigrantes con definidos rasgos étnicos.
Los datos de la inmigración hacia dentro demuestran que la sociedad española tiene capacidades de integración. Los conflictos abiertos presuponen un reconocimiento del grado de incorporación logrado y revelan los límites en cada contexto. Los inmigrantes ya están siguiendo distintos y asimétricos procesos de identificación en los barrios, escuelas, mercados laborales y políticos.
Catedrático de Sociología
Núria Bosch
La ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, destinada a prestar servicios y ayudas a las personas en esta situación, nació con varias aspiraciones, tales como lograr la cohesión social y territorial, y alcanzar una mayor coordinación entre el sector sanitario y el de servicios sociales. No obstante, la aplicación de la ley está generando varios problemas.
De acuerdo con dicha ley, la Administración del Estado garantiza unos mínimos básicos para todas las personas dependientes, pero la mayor proporción de los servicios lo deben ofrecer las comunidades autónomas. Este planteamiento está generando numerosos problemas en su implementación, básicamente por las diferencias que presentan las comunidades autónomas en el grado de contingencia, en la discrecionalidad a la hora de aplicar la ley y en las posibilidades de financiación de los servicios. El nuevo acuerdo de financiación autonómica, que aporta nuevos recursos para la aplicación de la ley, puede paliar este último problema.
Se observan grandes diferencias en el grado de contingencia entre las comunidades autónomas, ya que han utilizado baremos diferentes para determinarlo. Según la información estadística disponible, las comunidades autónomas con una mayor proporción de personas con algún grado de dependencia y, por tanto, susceptibles de aplicarles la ley, son Extremadura y Galicia, seguidas de Andalucía, Asturias, y las dos Castillas. En cambio, la comunidad que aparece con un menor grado de dependencia es Madrid. También donde se han presentado más solicitudes en relación a la población coincide con estas comunidades autónomas. Va a la cabeza Andalucía. En cambio, vuelve a ser Madrid donde hay menos solicitudes en términos relativos.
La anterior disparidad comporta unos costes en la prestación de los servicios de la ley muy diferenciados entre las comunidades autónomas, lo que da lugar a un impacto de la ley muy distinto en función del territorio.
Otro problema a destacar es que el número de solicitudes ha sido más alto del esperado, seguramente porque había una subvaloración del número de personas dependientes. Ello dificulta la aplicación de la ley, ya que se producen retrasos por un exceso de demanda.
Por tanto, los resultados actuales parecen de entrada que no permitirán alcanzar los objetivos que en su inicio quería lograr la ley. No se logra la equidad de trato a lo largo de todo el territorio estatal, sea cual sea el lugar de residencia. En contraposición, la aplicación de la ley va a resultar heterogénea, por las diferentes situaciones explicadas anteriormente. Para lograr una prestación similar entre las diferentes comunidades autónomas son necesarios más recursos, por ello es positivo el nuevo sistema de financiación autonómica que los aporta, y una serie de actuaciones entre el Estado y las comunidades autónomas para solventar las diferencias territoriales de partida existentes actualmente. El objetivo de las Administraciones debe ser no defraudar las expectativas que han puesto en la ley miles de ciudadanos.
Catedrática de Hacienda Pública
JORGE CALERO
El sector público se ha ido retirando, paulatinamente, de la producción directa de la mayoría de los servicios que presta a los ciudadanos. Esta retirada ha abierto las puertas a la competencia. Empresas y, en su caso, entidades sin ánimo de lucro compiten entre sí para prestar sus servicios en ámbitos tan dispares como el cuidado de los ancianos o las instalaciones polideportivas. Esto ha sucedido en España durante los últimos 20 años. En algunas comunidades autónomas y ayuntamientos (por ejemplo, los gobernados por el Partido Popular) el proceso se ha efectuado de forma muy intensa y desinhibida. Sin embargo, el fenómeno es mucho más extenso y abarca la práctica totalidad de las administraciones públicas. De hecho, la opinión pública no ha registrado todavía la magnitud del cambio: en la actualidad, el papel del sector privado se da por descontado en amplísimas zonas de los servicios que tradicionalmente había prestado directamente el sector público.
El impulso ideológico de este proceso procedió, como es lógico, de posiciones liberales. La respuesta que ha generado en posiciones progresistas ha sido, en mi opinión, insuficiente y a menudo mal enfocada. Cuando se ha tratado de dar una respuesta desde la oposición esta se ha basado, sobre todo, en limitar el impacto de las reformas sobre los derechos de los trabajadores. En las administraciones gobernadas por partidos progresistas se ha aceptado, frecuentemente de forma acrítica, la inevitabilidad del proceso. En cualquiera de los dos casos ha pasado a un segundo plano una cuestión que considero crucial: cómo garantizar la calidad de los servicios para los ciudadanos.
Desde que se empezaron a estudiar seriamente estas reformas privatizadoras, en los países anglosajones en la década de 1980, se identificó la cuestión de la calidad como su punto más débil. Cómo evitar que las empresas, con objeto de reducir sus precios, erosionen la calidad de los servicios. Existen una diversidad de soluciones específicas para evitarlo, que empiezan en el diseño de los concursos y continúa con la evaluación del servicio. Pero, aunque las administraciones han aprendido a externalizar y privatizar, no han aprendido cómo hacerlo bien. Una y otra vez nos encontramos ejemplos de malos servicios que quizás salen baratos a la administración, pero que finalmente no proporcionan lo que necesitan los ciudadanos.
Y no hay que olvidar una cuestión: aunque sean entidades privadas las que producen los servicios, los que financian siguen siendo los gobiernos y, por tanto, los ciudadanos. En ellos reside la decisión última acerca de qué nivel de calidad es exigible y si este se alcanza. La calidad es importante en servicios que podríamos definir como “dirigidos a la propiedad” (pensemos, en los servicios urbanísticos o los de recogidas de residuos urbanos, por ejemplo). Pasa a ser no ya importante sino crítica cuando nos referimos a servicios básicos de atención a las personas, como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Catedrático de Economía Aplicada
CARLOS TAIBO
Tiempo es de que se vayan despejando las numerosas incógnitas que han rodeado al acceso de Barack Obama a la Casa Blanca. Algunas de ellas penden, como es sabido, de la actitud que el presidente norteamericano está llamado a asumir en relación con los varios conflictos que jalonan el Oriente Próximo.
Aunque el discurso pronunciado por Obama en El Cairo no incluyó ningún compromiso estrictamente nuevo –con los enunciados ya habían coqueteado en el pasado Bush padre, Clinton y, llegado el caso, el propio Bush hijo–, obligado parece certificar que el máximo mandatario estadounidense abrazó un lenguaje distinto del de su antecesor. Si, por un lado –y ciñamos nuestra valoración a estos dos hechos–, demostró que es capaz de hablar del mundo árabe y musulmán sin colocar de por medio la palabra terrorismo, por el otro se permitió abrir sibilinamente la puerta a un eventual diálogo con Hamás.
Lo que nos queda por saber es, sin embargo, lo realmente importante: si Obama, más allá de las palabras, es capaz de modificar material y sensiblemente las políticas. Hablando en plata: si entre sus proyectos se encuentra el de amenazar –y llevar a la práctica, de ser preciso, la amenaza a Israel– con cortar las ayudas económicas y militares que permiten en buena medida su subsistencia como Estado y el de asumir en Naciones Unidas una posición distinta de la que han hecho suya los sucesivos gobernantes norteamericanos, empeñados en liberar a Tel Aviv de las condenas internacionales y condescendientes ante lacerantes incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
A título provisional, lo único que sabemos a ciencia cierta es que los hechos más recientes no facilitan los planes que Obama tenía en mente. El principal de esos hechos es, claro, la trifulca generada al calor de las elecciones presidenciales iraníes, que ha venido a obstaculizar seriamente el despliegue del que se antojaba el plan maestro del presidente estadounidense: desactivar las tensiones con la república islámica para, luego, ofrecer una salida al eterno conflicto de Palestina sobre la base del principio de dos estados. Lo ocurrido en Irán en las últimas semanas le ha dado alas, antes bien, a los halcones israelíes, partidarios de seguir un camino con las etapas invertidas: a los ojos de aquellos se trataría de cerrar primero, por la vía más expeditiva posible, el contencioso iraní, para después trampear lo indecible –y a fe que son expertos en ello– en lo que se refiere al reconocimiento de un Estado palestino que merezca tal nombre.
Así las cosas, Obama tiene por delante dos escollos que superar. Si el primero estriba en mantener su hoja de ruta y no sucumbir a la de Netanyahu y compañía, el segundo consiste en demostrar que, a diferencia de sus antecesores en la Casa Blanca, está dispuesto a poner firmes a los gobernantes israelíes del momento. A buen seguro que, entre bastidores, el presidente norteamericano ya ha tomado nota, de cualquier modo, de lo que piensa el grueso del establishment político de su país: que, en su condición de mamporrero en la región más caliente del planeta, Israel realiza servicios inestimables que merecen ser generosamente recompensados.
Profesor de Ciencia Política
RAMÓN COTARELO
La organización territorial del Estado ha sido la cuestión pendiente de la democracia española y, dentro de ella, la más peliaguda, la de la financiación de las comunidades autónomas (CCAA) del régimen general, porque es la que genera más agravios comparativos. La prueba es que el modelo que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la abstención del PP es el quinto desde 1986. Esta modificación permanente tiene causas económicas que son bazas en el juego político, porque, si bien es cierto que el modelo ha ido ajustándose con los años a los efectos de conseguir un mayor equilibrio entre los gastos y los ingresos, al tiempo que ha aumentado la corresponsabilidad fiscal de las CCAA, no lo es menos que las variaciones en los modelos de 1992, 1997 y 2002 estuvieron condicionadas por la debilidad parlamentaria del Gobierno central dependiente de los apoyos de los partidos nacionalistas, singularmente los catalanes, que han tratado de beneficiar a sus comunidades.
El modelo aprobado no es excepción: se mantienen los criterios de adjudicación de fondos; aumenta la corresponsabilidad fiscal (la cuota del IRPF e IVA de gestión autonómica sube al 50% y la de los impuestos especiales al 58%), de forma que será muy difícil recurrir a las rebajas de impuestos como arma política partidista autonómica; se ajusta el cálculo de financiación a la población real, ya que el de ahora se hacía sobre el censo de 1999; y se acotan las obligaciones de solidaridad con la fijación del 75% de ingresos fiscales para el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y el 25% según la capacidad fiscal de cada territorio.
Aunque el modelo beneficia a las autonomías más dinámicas, con la dotación de tres fondos específicos (“suficiencia global”, “convergencia” y “cooperación”) para paliar desigualdades y evitar que haya territorios desfavorecidos, se ha conseguido un modelo que satisface a todos (“todos ganan; nadie pierde”, según aseguran en el Gobierno), especialmente porque ha habido una importante aportación adicional de unos 11.100 millones de euros hasta 2012, 7.000 de ellos de inmediato. El impacto que este desembolso tenga en el déficit de las administraciones públicas es algo que habrá que calibrar en el futuro.
Siendo esto así, ¿por qué se han abstenido las CCAA gobernadas por el PP? Porque, a la vista del modelo, el partido carecía de una actitud compartida, con unas comunidades inclinadas hacia el no –como Madrid o Valencia, que se sienten capitidisminuidas– y otras al sí –como Galicia y Murcia–, sin que en ningún caso se den razones convincentes para el no, razón por la cual el partido recomienda la abstención para no dar una baza al Gobierno que ha resuelto así, de momento, su aislamiento parlamentario y para no incurrir en el error en que cayeron las CCAA socialistas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que se negaron a aceptar la reforma del sistema de financiación de 1997 y tuvieron luego que luchar denodadamente para recuperar lo perdido.
Catedrático de Ciencias Políticas
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Una nueva resolución judicial (y ya es la segunda) ha rechazado su competencia en relación con las peticiones de exhumación de las fosas del franquismo. Se trata de una decisión del Juzgado de Instrucción nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, que entiende que la competencia le corresponde a la Audiencia Nacional. Este pronunciamiento tiene una especial trascendencia si tenemos en cuenta que se produce después de la decisión del TS de admitir a trámite la querella de Manos limpias contra Garzón, precisamente por haber sostenido este juez la misma posición jurídica, favorable a la competencia de la Audiencia Nacional.
La primera resolución judicial que avaló las tesis de Garzón fue la del Juzgado de Instrucción nº 3 de Granada, formalmente posterior a la decisión del TS, aunque por la cercanía de la fecha difícilmente pudo ser tenida en cuenta esa decisión por la jueza de Granada. Así pues, tenemos ya dos pronunciamientos judiciales que sostienen que en esta materia la competencia es de la Audiencia Nacional. Pero uno de ellos, además, se ha producido con pleno conocimiento por el juez que lo ha emitido del Auto del TS en el que se admite a trámite la querella contra Garzón.
Lo que hizo Garzón fue cumplir con la obligación que corresponde a todo juez de dar respuesta a cualquier controversia jurídica que se le plantee. Esta obligación se deriva de la prohibición de non liquet, que impide a los jueces ampararse en la posible oscuridad de las normas o en la dificultad de encontrar las reglas aplicables para dejar sin resolver las cuestiones que se les plantean. Un principio que está vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución. Los jueces tienen que resolver en Derecho, con independencia de que el contenido de sus resoluciones sea favorable o desfavorable.
La prohibición de non liquet se encuentra en el art. 1.7 del Código Civil, en donde se establece que “los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido”. Previsiones similares se contienen en otras leyes (como en el art. 11.3 LOPJ) hasta el punto de que el Código Penal contempla, en su art. 448, la inhabilitación de seis meses a cuatro años para el juez o magistrado que se niegue a juzgar. El Estado de Derecho, en suma, debe dar siempre una respuesta a las peticiones de Justicia que se le planteen. No es aceptable que esas demandas queden sin respuesta.
Desgraciadamente, la prohibición de non liquet no está teniendo efecto en la práctica debido a las dudas de naturaleza competencial que se están suscitando entre órganos jurisdiccionales. Salvo honrosas excepciones (como la de la jueza de Benavente que decidió abrir las fosas) pocas demandas han obtenido respuesta hasta ahora. Sin embargo, pese a que todavía no se han resuelto las peticiones de Justicia planteadas ante los tribunales, ha habido ya tiempo para que el TS admita la querella de un grupo franquista contra uno de los jueces que quería resolverlas.
Catedrático de Derecho Constitucional
Juan Francisco Martín Seco
En todas las concertaciones sociales, que ya han sido muchas, me he hecho la misma pregunta: ¿qué aportan los empresarios? Las organizaciones sindicales suelen consentir recortes en los derechos de los trabajadores, de manera que estos se han venido reduciendo de forma continuada. Flexibilizar el mercado laboral, lo llaman. El Estado acaba poniendo sobre la mesa dinero, recursos públicos que son de todos los ciudadanos, pero la CEOE con lo único que colabora es con su firma y con salir en la foto.
En la actual negociación está ocurriendo algo similar. Los representantes de las empresas no dejan de hacer reivindicaciones maximalistas, pero no se ve muy bien qué están dispuestos a ceder. Dirán que van a crear empleo, pero esto, en todo caso, lo harán las empresas y únicamente si les conviene y, por supuesto, al margen y de forma independiente de si la patronal ha firmado o no.
Aumentar la cobertura del seguro de desempleo no es algo que concedan ni la CEOE ni los empresarios, sino el Gobierno, es decir, todos los españoles, a través de los presupuestos del Estado y no se entiende muy bien por qué hay que esperar al diálogo social para tomar esta decisión que, aparte de ser de estricta justicia social, es una de las medidas que puede resultar más eficaz contra la recesión.
Los empresarios aprovechan la crisis para plantear las exigencias más retrógradas. Proponen el contrato laboral del siglo XXI, aunque se parece más al del siglo XIX. Se habla de abaratar el despido, pero no es cierto; lo que se pretende abaratar es el despido improcedente. Nadie dice que sea caro el procedente, bien sea por motivos disciplinarios –cero indemnización–, bien sea por causas económicas, tecnológicas o de cualquier otro tipo. Los empresarios aspiran a igualar el improcedente con el procedente o, lo que es lo mismo, a dictaminar ellos, en lugar de un juez, sobre su procedencia. Existen, sí, muchos contratos temporales, tantos como a lo largo del tiempo han reclamado las empresas y los distintos gobiernos han venido concediendo. Por cierto, si muchos de ellos se introdujeron en la legislación laboral sin aquiescencia de los sindicatos –recuérdense las distintas huelgas generales–, no se ve por qué ahora no se puede hacer lo contrario aun cuando la CEOE no esté de acuerdo.
Más recochineo tiene la otra petición, la de bajar cinco puntos las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que hace pocos días reclamaban una reforma del sistema público de pensiones basándose en su inviabilidad. Así, bajando cotizaciones y los impuestos, no hay duda de que es inviable. Sustituir cotizaciones por IVA implica trasladar la carga impositiva de las empresas a los consumidores.
Pretender ganar competitividad reduciendo los costes, tanto si son salariales o sociales, nos introduce en un camino sin salida. En primer lugar, porque nadie asegura que la reducción de costes se traslade a los precios y no a incrementos del excedente empresarial. En segundo lugar, porque siempre habrá países con costes más bajos y, en todo caso, todos reaccionarán disminuyéndolos, de manera que se producirá una carrera al infinito.
Economista
José Manuel Naredo
Una vez más el Gobierno ha echado las campanas al vuelo anunciando “brotes verdes” en el pulso de la coyuntura económica a partir del dato de junio de los trabajadores inscritos en la seguridad social. Esta interpretación es demagógica porque las inscripciones a la seguridad social están sujetas a una fuerte estacionalidad y el mes de junio es especialmente alcista. Existen métodos estadísticos para eliminar la estacionalidad de las series temporales y la de afiliados a la seguridad social se viene desestacionalizando desde hace tiempo. Lo que no se ha dicho es que, en términos desestacionalizados –que es como debe interpretarse esta serie– la afiliación siguió bajando en junio, mostrando que no hay signos de que se haya invertido la caída del empleo (y el aumento del paro) que se observa desde principios de 2008. Otra cosa es que el dato de junio confirme que la caída se ha ido moderando, junto con la menor destrucción de empleo en la construcción, pero eso no implica que el empleo repunte ya. Para ello tendrían que apreciarse primero indicios de expansión de la propia actividad económica que no se vislumbran: indicadores tan fiables del pulso de la coyuntura como son la recaudación por IVA, el crédito al sector privado, el tonelaje transportado o el consumo de energía y de cemento no muestran signos de reactivación.
El eslogan “España va bien” de Aznar sintetiza la reacción común ante los problemas adoptada, desde antiguo, por nuestros gobernantes. Desde el famoso baño de Fraga en la playa de Palomares, para ocultar evidencias de contaminación todavía presentes. O desde el gran retraso en reconocer la crisis económica de los setenta, que tuve la ocasión de vivir como analista, cuando el régimen franquista daba sus últimas boqueadas. Pasando por la tardanza en asumir la crisis que afloró tras los festejos del 92, pese al potente gasto público encargado de paliar sus síntomas. Hasta la, primero, negada, luego, minimizada y, ahora, ya casi presuntamente superada crisis actual. En repetidas ocasiones se ha argumentado que España iba mejor porque su PIB caía menos que en otros países, cuando indicadores, como el empleo o la recaudación de impuestos mostraban lo contrario. ¿Cómo cabe interpretar esta paradoja? Por una parte, hay que subrayar que ese invento del PIB que acapara la atención de los economistas conlleva sesgos y carencias que ocultan aspectos fundamentales de nuestra realidad económica: por ejemplo, las enormes plusvalías realizadas al calor de la burbuja inmobiliario-financiera no salen en la foto del PIB, aunque hayan venido animando la recaudación de impuestos y los bolsillos de muchos. Por otra parte, resulta poco creíble que se derrumbe el empleo sin que lo haga en consonancia el producto, presuponiendo aumentos de productividad por empleado impensables en tiempos de crisis.
Seguir entonado el “España va bien” cuando el país va a acabar el año acumulando cerca de 5 millones de parados y déficits y endeudamientos que marcan máximos históricos sólo puede acarrear desprestigio para los que nos gobiernan y deberían conocer lo que ocurre.
Economista y estadístico
ÓSCAR CELADOR
La Asamblea Nacional Francesa ha creado una comisión parlamentaria con el objeto de elaborar un informe sobre la legalidad del uso del burka y el niqab en los espacios públicos. Ambas prendas de vestir cubren el rostro de las mujeres, bien mediante una túnica que oculta a la mujer de pies a cabeza y deja una rejilla en la cara, bien a través de un velo que cubre toda la cabeza y sólo deja sin tapar los ojos. A diferencia de otros símbolos islámicos, el burka y el niqab representan una prescripción coránica radical difícilmente conciliable con los principios de igualdad de sexos, dignidad y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.
El uso de símbolos o vestimentas representativas de las creencias religiosas, siempre que su uso sea el resultado de una opción libre, está amparado por los derechos a la libertad religiosa, a la identidad cultural y a la propia imagen. Sin embargo, estos derechos pueden ser limitados por los principios constitucionales, tal y como ha expuesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aquellos supuestos en los que se ha pronunciado sobre la legalidad de las legislaciones de Estados, como Suiza o Turquía, que han prohibido el uso del velo o el pañuelo islámico en el contexto educativo. Según el alto tribunal, si bien la libertad religiosa incluye el derecho a manifestar las creencias o convicciones en público, los Estados pueden prohibir el uso del velo islámico cuando su utilización atente contra los valores del Estado democrático o los derechos y libertades fundamentales. Otro elemento a tener en cuenta en este debate es el orden y la seguridad públicas, ya que el uso del burka o el niqab impide la correcta identificación de sus portadores, por lo que podría ser utilizado por terceros –musulmanes o no– para cometer delitos.
En Francia los musulmanes disfrutan de los mismos derechos y libertades que los demás ciudadanos, y en consecuencia, al igual que estos, deben respetar la legislación de la sociedad en la que han elegido vivir. Este principio explica por qué el año pasado el Consejo de Estado francés rechazó la petición de nacionalidad de una mujer marroquí casada con un francés, y madre de tres hijos franceses, por practicar una corriente islámica radical que impone el uso del burka, al entender que sus principios religiosos amenazaban la esencia de los valores republicanos.
Ahora bien, el conflicto en torno al papel que la mujer debe desempeñar en el Islam no se resolverá con la simple aprobación de una norma que prohíba determinadas vestimentas. Dicha ley tan solo es un indicador de cómo ha fracaso el modelo de integración de las minorías religiosas y culturales francés. La solución pasa por utilizar la educación para que las mujeres musulmanas comprendan que son libres para decidir cómo quieren vestirse y comportarse sin tener miedo a nada y a nadie, pues el Estado de derecho es el garante de sus decisiones, y para que los otros entiendan que no pueden aspirar a integrarse plenamente en una sociedad democrática utilizando recetas que proceden del islamismo más radical e intolerante con los derechos de las mujeres.
Profesor de DErecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
JORGE CALERO
Los procesos educativos son especialmente sensibles al entorno económico y social en el que se desarrollan. Como el canario en la mina de carbón, dan señales tempranas de los riesgos, y algunas de las señales que se perciben en la educación española son preocupantes.
Un acercamiento al día a día de las escuelas nos permite observar las dificultades que tiene un número creciente de familias para hacerse cargo de los costes complementarios de la educación. Me refiero, por ejemplo, a los costes de comedor: estamos comprobando cómo, incluso las familias que reciben una beca parcial para cubrir los seis o siete euros diarios que supone el servicio de comedor, no pueden hacerse cargo del copago (dos o tres euros), cuando este existe. Algunos niños dejan de comer en la escuela los últimos meses del curso por no poder afrontar esta aportación; llegan incluso a regresar a sus casas y ya no asistir a las clases de la tarde. Los maestros y maestras nos dicen que, para muchos chicos, la comida en el comedor escolar es la única comida caliente del día. La crisis está poniendo en riesgo este recurso.
La señora Thatcher se ganó su sobrenombre de “milk snatcher” (la que roba la leche) en 1970. Como Secretaria de Estado de Educación, una de sus primeras medidas fue la supresión del vaso de leche que se ofrecía a los escolares de primaria británicos. Una medida universal que, según el ideario (neo)liberal, resultaba superflua: la leche de los niños la debe comprar la familia; el gasto en leche, además, es una carga innecesaria para el presupuesto público. Pero esos principios son más que discutibles en situaciones extremas. Muy extremas fueron, por ejemplo, en Argentina durante los años 2001 y 2002, cuando muchas escuelas debieron dar prioridad a las necesidades de alimentación de los niños por delante de a sus necesidades educativas. Y la actual crisis está poniendo a algunas familias en nuestro país en situaciones de necesidad que ya afectan a la educación de sus hijos.
La escasez de los recursos de las familias para afrontar todos los costes de la educación y la escasez de los presupuestos actuales para solventar la situación está erosionando, también, la cohesión social. La mayoría de los programas de becas de comedor y transporte educativo son competitivos, es decir, no se reconoce un derecho a la beca cuando se reúnen las condiciones objetivas, sino que se establece una lista de acceso en función de la situación del resto de demandantes. Muchas familias que no acceden a una beca sienten un agravio comparativo con respecto a las familias inmigrantes: los “culpables” quedan identificados de un modo suficientemente claro. Aquí, la xenofobia no requiere de grandes oportunidades para salir a la luz.
Este ha sido el primer curso de un sistema educativo tocado por la crisis económica. Al menos, el próximo también lo estará. Conviene estar atentos a que las situaciones de mayor necesidad no lleguen a bloquear el acceso real a la educación de grupos sociales con poca visibilidad y menos voz.
Catedrático de Economía Aplicada
