Carmen Magallón
La reciente presentación de un informe de la CIA que detalla las torturas usadas en los interrogatorios a detenidos en sus prisiones secretas alrededor del mundo revela una vez más los abusos cometidos contra los derechos humanos bajo el mandato del presidente norteamericano George Bush, al amparo de su política de guerra contra el terrorismo. Algo ya sabido es ahora ratificado desde la propia fuente oficial: que, para obtener información, la agencia usó tácticas de privación de sueño, confinamientos en cajas estrechas y oscuras, prácticas de ahogamiento, torturas psicológicas y simulacros de ejecución, pasando por encima y violando sistemáticamente la legislación internacional sobre el trato debido a las personas privadas de libertad. Hay que recordar que los japoneses que emplearon estas técnicas en la Segunda Guerra Mundial fueron considerados criminales de guerra por los expertos jurídicos y militares de EEUU. De manera diferente, tras los atentados del 11-S, la maquinaria del poder estadounidense, por encima de las voces críticas –que también existieron– promovió una vergonzosa justificación social de la tortura, contando con expertos legales que dieron argumentos para considerar el caso una excepción y eludir los principios del Derecho Internacional Humanitario, y con el apoyo de intelectuales que relativizaron la tortura considerándola El mal menor (Ignatieff, 2005).
Una sombra de vergüenza se cierne también sobre los gobiernos europeos, cuyas conductas ante el conocimiento de la perpetración de estos abusos contra los derechos humanos se situaron en el silencio cómplice, en el mejor de los casos, y en la colaboración por la puerta de atrás, en el peor. Y de las que no sólo son responsables los gobiernos y políticos. Organizaciones de derechos humanos levantaron la voz, sí, pero faltó el clamor necesario para que los representantes políticos se comprometieran debidamente.
En esa estela de justificación seguimos hoy. Aunque Obama haya decidido cerrar las cárceles secretas y el fiscal general de EEUU, Eric Holder, haya abierto una investigación sobre el tema, Cheney y otros siguen defendiendo que esas técnicas de interrogatorio fueron necesarias para obtener información que salvó vidas, un argumento que todavía concita muchas adhesiones. La idea de que el fin justifica los medios, en el origen de tantas guerras y violencias, sigue muy anclada en las mentes. El problema ahora es si se va a hacer justicia y aplicar la legislación internacional procesando a los máximos responsables políticos de estas torturas, tal como ha dicho la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navy Pillay. De no ser así, la impunidad y el doble rasero erosionarán la credibilidad de un sistema de leyes que precisamente este mes celebra su 60 aniversario: las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Ratificadas por 194 países, y por tanto de aplicación universal, constituyen el cuerpo de legislación sobre el Derecho Internacional Humanitario, una normativa básica y necesaria que la comunidad internacional no puede permitir que se deteriore y desacredite.
Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
José Manuel Naredo
El pasado 27 de agosto se divulgó la noticia del fallecimiento de Joaquín Ruiz-Giménez. A raíz de este acontecimiento se removieron en mí vivencias que me inducen a rendir homenaje póstumo a esa persona que tanto hizo en favor de la democracia y a preguntarme por qué, paradójicamente, acabó siendo después excluido de ella. Creo que la respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con la enorme distancia que separa la elevada amplitud de miras y calidad humana de su persona de la lamentable calidad de la actual democracia y del juego político que la envuelve.
Joaquín Ruiz-Giménez tuvo desde siempre hondas convicciones social-cristianas que le hicieron alejarse del régimen franquista desde que dejó de ser Ministro de Educación, a raíz de las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en 1956. A partir de entonces se dedicó sobre todo a la universidad –como catedrático de Filosofía del Derecho– y al ejercicio libre de la abogacía. Desde su cátedra divulgó sus ideas solidarias y democráticas, llegando a formar un grupo de profesionales críticos al régimen franquista que hoy se siguen considerando con orgullo discípulos suyos (algunos de ellos, como Gregorio Peces Barba o Elías Díaz, han contribuido con emotivos artículos en el obituario publicado anteayer en El País). Y su despacho acogió a represaliados del franquismo de todas las corrientes políticas, con procesos tan sonados como el “1001”, que encausó a los máximos dirigentes de Comisiones Obreras. A esto se añade su gran tarea como fundador, en 1963, de la revista (y de la editorial) Cuadernos para el Diálogo, que constituyó una plataforma de comunicación de primer orden al servicio de “un mundo más libre, más solidario, más justo”, que se situaba por encima de los sectarismos habituales.
¿Qué es lo que impidió que Joaquín Ruiz-Giménez tuviera un puesto al sol en el liderazgo de la nueva democracia? Que fue un militante de las ideas poco dado a la componenda y a la demagogia comúnmente utilizadas para medrar en la arena política. Que, lejos de todo sectarismo, se mostró tolerante hacia las creencias de los demás, siempre y cuando apuntaran a favor de ese mundo más libre, justo y solidario. Que fue, en suma, una buenísima persona, incapacitada para el maquiavelismo empresarial o político. Doy fe de esto último cuando, estando yo abrumado por la pena de la muerte imprevista mi suegro –el científico y comunista exiliado Federico Molero, cuyos asuntos defendía entonces Ruiz-Giménez– y, a la vez, agobiado por una serie de deudas asociadas a ese hecho, me extendió un cheque personal en blanco para liberarme al menos del perentorio agobio económico. Este gesto para mí único e irrepetible de una persona que apenas me conocía, me dejó tan honda impronta que hoy todavía se me saltan las lágrimas al recordarlo.
No, Ruiz-Giménez no estaba capacitado para el comportamiento mezquino y duro de quienes buscan poder y dinero caiga quien caiga. Se movía guiado por sentimientos de amistad, solidaridad, confianza y por valores éticos no negociables. Y es sobre estos sentimientos sobre los que cabe construir una verdadera democracia.
Economista y estadístico
Ramón Cotarelo
Desde un punto de vista geopolítico y con el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, Colombia viene actuando como una cabeza de puente de los Estados Unidos en América del Sur. Aunque el país disponga del segundo ejército en importancia de la zona y muchos conflictos concretos vividos en los últimos años los hayan desencadenado acciones de las fuerzas militares o paramilitares colombianas (por ejemplo, el último ataque en territorio ecuatoriano), suele pretextarse que el auge del izquierdismo en los países aledaños supone un peligro para la seguridad nacional de Colombia y, desde luego, un riesgo para los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Invocando la lucha contra el narcoterrorismo, ambos países firmaron un acuerdo de defensa que pone siete bases militares a disposición de los estadounidenses en territorio colombiano, circunstancia que ha disparado la inquietud –cuando no la hostilidad– entre los países circunvecinos y pone en entredicho la veracidad del discurso de Obama de cambiar el enfoque imperial estadounidense en América Latina. Hasta puede decirse que se confirma, una vez más, la sabiduría convencional de que los demócratas acaban practicando siempre una política exterior más agresiva que los republicanos, y Obama no parece ser una excepción.
Para atender a esta crisis, de la que depende la estabilidad política del subcontinente y en la que incluso se barajaba la posibilidad de ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela –cuyo mandatario, Hugo Chávez, hablaba de “vientos de guerra”–, se convocó la cumbre de Unasur, la organización que reúne a 12 países de la zona en San Carlos de Bariloche, en la Argentina. A fin de evitar un fracaso similar al que se produjo en la última, en Quito, a la que Álvaro Uribe no acudió por considerar que había animadversión hacia Colombia, esta reunión se planteó muy breve y, para soslayar posibles bloqueos, sin orden del día previo.
La mayoría de países de la zona, más o menos de izquierda, rechaza la presencia de bases militares estadounidenses sosteniendo que tienen una finalidad política estratégica que amenaza la soberanía de los estados y la global del subcontinente, pues la lucha contra el narcoterrorismo es sólo un pretexto. Por su lado, Colombia sostiene que el acuerdo no implica peligro alguno fuera de las fronteras colombianas, que la verdadera amenaza es el terrorismo y lo que considera la actitud connivente con él de algunos países de la región, así como la carrera de armamentos que, a su juicio, ha desencadenado la política exterior venezolana. De hecho, es cierto que se da un incremento de la carrera armamentística y el gasto militar se ha duplicado en América del Sur en los últimos cinco años, pero lo que se ha puesto en evidencia en el encuentro de Bariloche es que el enfrentamiento y la desunión entre los países de América del Sur impide una acción concertada en defensa de sus intereses y trabaja a favor del de los Estados Unidos de seguir controlando la zona directamente y por medio de gobiernos sumisos a su política.
Catedrático de Ciencias Políticas
Juan Francisco Martín Seco
Con motivo del globo sonda lanzado estos días de atrás por el Gobierno sobre una posible subida de impuestos, ha vuelto a surgir una cantinela un tanto peligrosa: no es posible subir los impuestos a los ricos, ya que cuentan con mil formas de eludirlos. Este argumento se encontraba detrás de las distintas contrarreformas fiscales del PP –incluso de las del PSOE– para reducir el tipo marginal máximo en el IRPF o para dar un trato de favor a las rentas de capital con respecto a las del trabajo. Se ha utilizado también para denigrar el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio; se intenta vender la idea de que, dado que el sector público se muestra incapaz de crear impuestos verdaderamente progresivos, vayamos a tributos simples y lineales.
Lo malo es que todas estas zarandajas las ha comprado la izquierda. De ahí que el PSOE en la oposición propusiese el tipo único para el IRPF. Como era de esperar, en el Gobierno no se atrevió a implantarlo, pero lo que sí ha eliminado es el Impuesto sobre el Patrimonio. Y como los ricos no lo pagaban… Me consta que una de las principales fortunas del país –enterado de la noticia y pensando en el dinero que iba a ahorrarse– no pudo por menos que exclamar, lleno de júbilo: “No sabía yo que fuese tan socialdemócrata”. Es poco probable que los jornaleros, albañiles, camioneros, administrativos y demás trabajadores sufriesen un ataque similar de alegría. Y es que, como dice nuestro presidente de Gobierno, bajar los impuestos es de izquierdas.
Desde hace más de 20 años vengo denunciando en la prensa las distintas contrarreformas fiscales y ataques a la progresividad que ha sufrido nuestro sistema tributario, especialmente por lo que respecta al IRPF; pero, así y todo, examinemos algunos datos de este tributo. El 4% de los contribuyentes aporta el 37% de la recaudación, y aproximadamente el 20% de esta se obtiene del 1% de declarantes, aquellos que cuentan con una base imponible superior a los 120.000 euros anuales. Los 10.580 contribuyentes (el 0,06% del total) con ingresos declarados superiores a 600.000 euros tributan por término medio al año más de 400.000 euros, aportando así más del 6% de toda la recaudación. ¿Podemos afirmar que el impuesto no es progresivo?
Si de verdad se quiere subir los impuestos a los ricos hay múltiples formas de llevarlo a cabo. Se podría comenzar por abolir la Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), que es donde se esconden buena parte de las grandes fortunas. Habría que reformar también la Ley General Tributaria para eliminar todos los posibles mecanismos de elusión. Se deberían integrar de nuevo las rentas de capital en la base general del IRPF, eliminando así el trato de favor de que gozan en la actualidad.
Se podría elevar el tipo marginal a los contribuyentes de ingresos elevados y, sobre todo, habría que establecer unos impuestos sobre Sucesiones y Patrimonio verdaderamente progresivos, que dejen exentas a las clases bajas y medias y graven a las rentas altas. Lo que no resulta demasiado creíble es que lo vaya a realizar un Gobierno que acaba de eliminar el Impuesto de Patrimonio.
Economista
Francisco Balaguer Callejón
La especulación acerca del posible contenido de la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya está generando burbujas políticas que no aportan nada positivo. Se ha llegado a decir, por ejemplo, que el TC va a declarar inconstitucional la referencia del Preámbulo a que el Parlament definió a Catalunya como nación. Aunque nada se puede descartar en el mundo de las ideas, esta no parece tener mucho fundamento, ya que, en este tipo de procesos, el TC enjuicia la constitucionalidad de las normas, no de los hechos que puedan referirse en ellas y, si declara la inconstitucionalidad de ese párrafo, estaría declarando la inconstitucionalidad de un hecho.
Más allá de las especulaciones, es comprensible y legítima la preocupación por el sentido de la sentencia del TC. Una preocupación que no podemos limitar a Catalunya, pues, si bien es cierto que una eventual declaración de inconstitucionalidad de las líneas maestras del Estatut resultaría formalmente aplicable sólo a ese texto normativo, también lo es que esas líneas maestras son las que han inspirado la reforma de los otros cinco Estatutos que están vigentes en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana e Illes Balears. Los nuevos Estatutos de Autonomía, pese a ser solamente seis, se aplican en comunidades autónomas que integran a la mayoría de la población y del territorio del Estado. Por ese motivo, lo que se está jugando ahora en el TC no es sólo el futuro de Catalunya ni es algo que afecte sólo al Gobierno de la nación: es un auténtico problema de Estado y como tal debería ser tratado.
Los nuevos Estatutos de Autonomía, siguiendo básicamente el modelo del Estatut, han supuesto un impulso fundamental al Estado autonómico, superando la previa concepción estrictamente institucional y competencial de los primeros Estatutos y dotándolos de instrumentos más coherentes con la función constitucional que les corresponde. Los Estatutos se han abierto a la ciudadanía mediante las tablas de derechos y han situado a las CCAA en su contexto histórico, abriéndolas también a Europa, a su propio desarrollo institucional, territorial y competencial y a una relación más equilibrada con el Estado. Lo que nos estamos jugando es muy importante porque un resultado adverso supondría retroceder muchos años en el desarrollo constitucional del Estado Autonómico.
Precisamente porque es tan importante, no tiene sentido adelantar problemas que quizás nunca se planteen o hacer conjeturas sobre escenarios catastrofistas que no parecen muy probables. Del mismo modo que el TC no debería declarar inconstitucionales los hechos cuando está controlando las normas, tampoco deberíamos articular discursos sobre meras especulaciones en lugar de hablar de los hechos reales. Y el único hecho cierto, hoy por hoy, es que no sabremos nada definitivo hasta que la sentencia se dicte y que ese será el momento adecuado para debatir sobre su significado y sus posibles consecuencias para Catalunya y el Estado autonómico en su conjunto.
Catedrático de Derecho Constitucional
Carme Miralles-Guasch
El verano es un buen momento para abrir ventanas. Para asomarnos y mirar un poco más allá de nuestro día a día, de nuestro entorno, de lo más próximo. Para fijarnos en horizontes lejanos que nos obliguen a levantar la mirada y observar nuevos perfiles y formas. Para que nos dé el aire y podamos ventilar un poco el cerebro. Ventanas al mundo. A un mundo cada vez más interconectado y al mismo tiempo tan diverso, desigual y asombroso. Ventanas que se pueden abrir viajando, leyendo o viendo una película. Y las que quiero abrir son las de dos ciudades tan distintas que parece imposible encontrarles alguna cosa en común: Tokio y Venecia.
Tokio tiene unos 12 millones de habitantes; el Gran Tokio, su área metropolitana, llega a los 30 millones. Es una ciudad vertiginosa, rápida, tumultuosa, iluminada con miles de neones. Con una de las redes de transporte ferroviario más densas del mundo, con trenes abarrotados, aunque con frecuencias de paso mínimas. Con estaciones que conectan líneas de metro, de ferrocarril convencional y de alta velocidad. Con rascacielos que llegan a los 50 pisos y con autopistas elevadas de dos o más niveles. Con personas cansadas, que terminan sus largas jornadas laborales muchas veces a media noche. Una ciudad de 24 horas. Inmensa y a la vez ordenada y segura. Una ciudad que se puede visitar a través de la película Lost in Traslation, de Sofía Coppola.
Venecia tiene poco más de 100.000 habitantes. Es una ciudad por todos conocida. Sus canales, palacios, sus pequeñas plazoletas, sus calles laberínticas. Es una ciudad que parece fosilizada y al pasearla nos remite a tiempos
pasados. Además, más allá de los vaporettos que transcurren por ciertos canales, no hay otro modo de transporte que ir andando. Es una ciudad lenta, que esconde más de lo que muestra, en sus jardines privados o dentro de sus magníficas edificaciones. Con miles de turistas perdidos por unas calles de geometrías no cartesianas. Los libros de Donna Leon pueden ser una buena aproximación a esta ciudad mítica.
Y a pesar de todas estas asimetrías y de las distancias de toda índole que existen entre la una y la otra, en ninguna de las dos es útil una dirección con el nombre de la calle y el número del edificio, por que sus números no son correlativos. Estos están puestos un poco al azar, según la fecha de construcción de la edificación o por la historia de la calle.
Donde se encuentra el número dos, tres o diez, por poner un ejemplo, sólo lo saben los vecinos del barrio y sólo recurriendo a ellos puedes llegar al inmueble que buscas sin dar miles de vueltas. Para los taxistas en Tokio o para los habitantes de Venecia en general, una buena fórmula es indicarles que buscas un lugar cerca de algo peculiar (el color de un edificio, una iglesia, etc.) que identifique el sitio concreto al que quieres llegar.
Y esta forma tan poco usual de colocar la numeración en las calles indica una manera de vivir el barrio, el espacio que te une con tus vecinos, porque sólo unos pocos conocen el secreto de los números en sus calles. Secretos que unen ciudades dispares.
Profesora de Geografía Urbana
Óscar Celador Angón
La esencia de la democracia reside en que periódicamente los candidatos para gobernar presentan un programa electoral a la ciudadanía, la cual forma su opinión a través del ejercicio de sus libertades de expresión e información, y después traslada su decisión al respecto mediante el ejercicio de su derecho al sufragio. Pues bien, cualquier parecido entre lo que acabamos de describir y el proceso electoral recientemente celebrado en Afganistán no es más que una mera coincidencia.
Uno de los datos más preocupantes de las elecciones afganas es el papel que en las mismas han desempeñado las mujeres. Primero, porque la dignidad y los derechos y libertades de las mujeres chiíes han sido utilizados como moneda de cambio por el presidente Hamid Karzai, quien, con el objeto de ganar para su causa al voto fundamentalista, ha aprobado una ley que anula sus principales derechos, al subordinarlas en el terreno civil y de su libertad sexual a los deseos de sus padres y/o maridos. Y segundo, debido a que los talibanes han coaccionado y aterrorizado a la población afgana, pero en particular a sus mujeres, para que no ejercieran su derecho al voto.
Las estadísticas indican que los fundamentalistas islámicos han conseguido su propósito, ya que solamente ha votado aproximadamente el 50% de los electores y el 95% de las mujeres han optado por no participar en la cita electoral. El porcentaje de participación política femenina puede tener diversas lecturas, pero lo que resulta incuestionable es que desde la óptica democrática es inaceptable, pues parece imposible construir una sociedad civil soportada en la igualdad y en el goce de derechos y libertades fundamentales sobre los cimientos de la exclusión política por razón de sexo. ¿Qué valor pueden tener unas elecciones celebradas en un contexto social y político que ha permitido tácitamente que la mitad de la población electoral no participe en las mismas exclusivamente por su condición sexual? Y mucho más importante: ¿qué legitimidad política deben tener para Occidente los gobernantes que han sido elegidos de esta manera?
Los fundamentalismos religiosos siempre han conceptuado a la mujer como una mera posesión de los hombres en el sentido literal del término, por lo que defienden que su principal misión –como ocurre en todas las propiedades– es satisfacer los deseos y necesidades de sus dueños. De ahí que sólo a un ignorante se le pueda ocurrir que el hecho de que la Constitución de Afganistán establezca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es suficiente para eliminar las desigualdades y los tratos inhumanos y degradantes que las mujeres afganas llevan padeciendo desde hace siglos.
No es nada sencillo transformar a una sociedad que en los últimos 40 años se ha caracterizado por presentar los mayores niveles de pobreza y analfabetismo mundial, las guerras civiles y el fundamentalismo islámico en una democracia de corte occidental; pero lo que es evidente es que la liberación de las mujeres afganas del yugo fundamentalista no se producirá mientras que estas continúen ausentes del juego político.
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Ramón Cotarelo
En un tipo ideal de sistema parlamentario con Estado unitario hay una nítida separación entre el Gobierno y la oposición. En un Estado compuesto real, con órganos de gobierno en niveles distintos (nacional, subnacional y/o local), especialmente cuando esos gobiernos son autónomos, la línea de separación entre Gobierno y oposición se hace confusa, no porque ambos órdenes se mezclen, sino porque el partido de Gobierno en un nivel puede ser oposición en el siguiente.
En un caso extremo, en España, podría haber un Gobierno nacional del PP o del PSOE con todos los autonómicos en manos del otro partido, de forma que cada uno es Gobierno en un nivel y oposición en el otro. Así sucede en la realidad: el partido del Gobierno central es oposición en la Comunidad Autónoma de Madrid o en la de Valencia, así como en sus respectivos municipios, todas ellas administraciones territoriales de considerable envergadura demográfica y presupuestaria. Carece de sentido que el PP afirme que el Gobierno persigue a la oposición porque –aunque consiguiera demostrar tan repudiable hecho, cosa impensable pues no exhibe prueba alguna– no podría demostrar que el PP que gobierna en Madrid sea al mismo tiempo oposición por la elemental regla de la identidad de que una cosa no puede ser ella misma y su contraria al mismo tiempo. Y da la casualidad de que las principales persecuciones judiciales de presuntos comportamientos delictivos se dan en comunidades como Madrid, Valencia y Murcia, en las que gobierna el PP, o en otras como Baleares, en que lo hizo. Decir que el Gobierno persigue a la oposición cuando el partido supuestamente perseguido es a su vez Gobierno es una falsedad de política partidista. Y se añade una consecuencia igualmente perversa para el funcionamiento del sistema democrático: confundir la jerarquía de los niveles de Gobierno con falta de lealtad al conjunto utilizando, por ejemplo, los gobiernos de los niveles autonómicos para hacer oposición al Gobierno central.
La perversión reside en que así como se exige que el Gobierno central no discrimine comunidades autónomas en función de su partido de Gobierno, estas mismas se permiten el lujo de boicotear las políticas del Gobierno central en asuntos propios de las competencias de este, como hace la Comunidad Valenciana con la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la madrileña con la Ley de Dependencia. La situación se complica si a los distintos niveles internos en España unimos el de la Unión Europea, en donde el PP, oposición al Gobierno central en España y Gobierno en algunas de sus comunidades autónomas, también es gobierno de la UE, dado que el grupo del Partido Popular Europeo (en el que se integra el PP) es mayoritario en el Europarlamento. Llevar la insólita cuestión de la pretendida (y no probada) persecución de la oposición española al Parlamento europeo y pretender una declaración institucional de este es un golpe bajo para la Presidencia española del primer semestre de 2010 y una muestra de la nula lealtad del PP a los intereses del Estado español en su conjunto.
Catedrático en Ciencias Políticas
Jorge Calero
El sector público redistribuye constantemente recursos entre los ciudadanos. Algunas de sus funciones (pensemos, por ejemplo, en las que lleva a cabo la Seguridad Social) consisten, precisamente, en llevar a cabo esa redistribución. La imagen del sector público como “Robin Hood miope” alude a la dificultad que tiene para identificar de dónde tiene que obtener el dinero y a dónde tiene que llevarlo. Llevada al extremo, la miopía de Robin Hood hace que obtenga el dinero de los pobres y lo destine con generosidad a los ricos.
Pero, en el caso español, ¿es realmente miope el sector público cuando hace de Robin Hood? En buena medida sí. Cuando recauda impuestos y recibe cotizaciones de la Seguridad Social el efecto distributivo es prácticamente neutral. Se podría esperar que recibiera más de los grupos de renta más alta, debido a la progresividad formal de impuestos como el IRPF. Pero, incluso si nos centramos sólo en el IRPF, la progresividad queda compensada por una serie de deducciones que benefician a los grupos de renta más alta.
Pensemos en la reducción de la base por aportaciones a planes de pensiones privados, quizás el elemento más regresivo del sistema impositivo español, o en la recientemente reformada deducción por adquisición de vivienda habitual.
En el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, sabemos que la cuota patronal se traslada, en una elevada proporción, a los trabajadores por medio de salarios más reducidos. Si tenemos también en cuenta la evasión y la elusión fiscal, una mirada agregada a los ingresos del sector público nos indica algo sorprendente pero suficientemente establecido: los impuestos y cotizaciones nos retiran recursos en un porcentaje que se mantiene casi constante para los diferentes grupos de renta. Por tanto, cuando Robin Hood obtiene recursos, no tiene suficiente vista como para identificar a los ricos.
Y con los gastos tampoco acierta del todo. Hace años que ya no sólo son los pobres los beneficiarios del Estado del bienestar. La expansión de los servicios universales hace que los gastos se distribuyan cada vez más en función de criterios no relacionados directamente con la renta.
De hecho, de algunos servicios financiados públicamente se benefician más los grupos con mayores ingresos. Es esta una situación contradictoria desde el punto de vista de la viabilidad del Estado del bienestar: por una parte, hace más confusos sus objetivos, pero, por otra, garantiza que va a recibir apoyos que benefician su continuidad.
Hace días leí que la patronal, en Cataluña, instaba a la Generalitat a gastar los recursos adicionales procedentes del nuevo sistema de financiación autonómica en Sanidad, Educación y servicios sociales (y no en burocracia). Toda una señal de que el interés en el Estado del bienestar se ha extendido y obtiene apoyos no sólo de los más pobres. Puede, por tanto, que sea particularmente necesario corregir la miopía de Robin Hood a la hora de obtener ingresos, pero no lo sea tanto corregirla a la hora de distribuir gastos.
Catedrático de Economía Aplicada
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
James Lovelock es un científico mundialmente conocido por ser el autor de la hipótesis Gaia (nombre de la diosa que personificaba la Tierra en la mitología griega). Popularmente es más conocido aún por ser una de las grandes personalidades de la cultura verde que defiende la energía nuclear y el uso de las tecnologías más avanzadas como una forma eficaz de garantizar la supervivencia de la especie humana ante el cambio climático.
Los calores que padecemos en este mes de agosto pueden ser una buena excusa para echar una ojeada, de la mano de este sabio inconformista, por una de las fronteras más apasionantes e inciertas de la cultura científica actual. El contenido esencial de la hipótesis Gaia consiste en considerar la Tierra (incluyendo las rocas, los océanos, el aire y los seres vivos) como un sistema que se autorregula de forma que, a la larga, logra mantenerse en las condiciones más favorables para la continuidad de la vida. Durante años esta teoría ha sido ignorada y después atacada por la ciencia oficial. En la actualidad, el apoyo de otros científicos famosos, como Linn Margulis, y la celebración de varias conferencias mundiales sobre el tema han contribuido a perfilar los rasgos científicos de la teoría y a liberarla de la literatura fantástica, y algo mística, que la acompañó (y la perjudicó) desde el principio.
En su último libro (The Vanishing Face of Gaia. A final Warning) Lovelock se propone hacer un balance de Gaia en su contexto científico más riguroso, y lanzar “un último aviso”. Lovelock no desprecia las voces de alarma y los esfuerzos de algunos gobiernos por reducir las emisiones de CO2 y detener el calentamiento global promoviendo el uso de energías alternativas (aunque considera que la energía nuclear es imprescindible y que la única energía renovable que tiene un futuro prometedor es la solar térmica). Pero está convencido de que ya es demasiado tarde para eso. Lo que deberíamos estar haciendo, en su opinión, es prepararnos para lo inevitable: la Tierra entrará en un largo periodo cálido y la vida humana sólo podrá desarrollarse en las zonas más templadas que se salven del crecimiento de los mares y del calentamiento excesivo.
Para sobrevivir en esas condiciones, necesitaremos toda la ciencia y la tecnología de que podamos disponer. Pero, además, tendremos que cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y aceptar que lo importante es Gaia, ese sistema con vida propia, del que nosotros sólo somos una parte accidental. Un nuevo mundo será entonces posible. Aunque, por el momento, apenas hemos empezado a imaginarlo y sin embargo ya sospechamos que puede ser tarde para ayudar a
construirlo.
Claro que siempre nos queda el consuelo de pensar que en un mundo más cálido, como el de este mes de agosto, también se puede disfrutar de la vida, sobre todo si podemos desplazarnos cómodamente a la playa o al campo y utilizar artilugios tan poco ecológicos como el aire acondicionado. Quizá no alcancemos ya a disfrutar de un futuro verde, pero podríamos ayudar a que algunos disfruten, dentro de unos años, de un largo verano azul.
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
